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Judicializados homicidas de reincorporado y defensor de derechos humanos en el Meta

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Como parte de la estrategia de investigación y judicialización de homicidios contra defensores de derechos humanos y reincorporados, y avanzar en el desmantelamiento de las organizaciones criminales, la Fiscalía General de la Nación logró dos importantes acciones judiciales en el oriente del país.

Cárcel por afectaciones a defensores de derechos humanos

Las labores adelantadas por la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía fueron determinantes para que el Juzgado 2° Penal Municipal de control de garantías de Villavicencio (Meta) impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Andrés Oyola Lizcano, alias Mauricio, Maelo o Mono Loco, presunto integrante de la estructura disidente conocida como frente 27.

Este hombre fue imputado por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo simultáneo, homicidio en grado de tentativa agravado, desplazamiento forzado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones agravado.

Los elementos de prueba dan cuenta de que alias Mauricio estaría implicado en, por lo menos, cuatro casos de afectaciones contra defensores de derechos humanos, así:

  • Crimen de Armando Valencia Gallego, ocurrido el 20 de abril de 2020 en la vereda el Avión Caído de Vista Hermosa (Meta).
  • Tentativa de homicidio contra Diego Fernando Londoño Tamayo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Loma Linda, en Vista Hermosa (Meta), el 28 de abril de 2020.
  • Amenaza y desplazamiento de un reincorporado de las Farc, el 2 de marzo de 2020 en Vista Hermosa.
  • Amenaza y desplazamiento de tres habitantes de la vereda Loma Linda en Vista Hermosa, ocurrido el 3 de mayo de 2020. Dos de las víctimas eran integrantes la junta directiva de la Fundación Humanitaria para el Posconflicto (Fundahupos).

Oyola Lizcano fue capturado en un procedimiento realizado por la Policía Nacional en Puerto Rico (Caquetá).

  1. Condena por homicidio de reincorporado

La Fiscalía General de la Nación logró condena de 7 años de prisión contra José Pastor Calderón Vargas, por el crimen del reincorporado Duver Esneider Solano Sánchez, ocurrido el 22 de enero de 2020 en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Mariana Páez, en Mesetas (Meta).

Calderón Vargas, exintegrante de las desmovilizadas Farc y escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), disparó contra la víctima, de 22 años, en medio de una riña. Ante la contundencia de las evidencias, el agresor aceptó su responsabilidad y el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Martín (Meta) lo sentenció por el delito de homicidio agravado.

https://www.facebook.com/ElDiarioDelLlano/videos/4335882143092565

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía

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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.

La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.

A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.

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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán

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Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.

Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.

Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.

El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.

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Fiscalía investiga muerte de civil durante operación militar en Vista Hermosa, Meta

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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.

Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.

Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.

Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.

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