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Judicializado exalcalde de Puerto Gaitán por presuntas irregularidades en la compra de un bote

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La Fiscalía General de la Nación estableció que José Alex Fierro Guayara, quien ejerció como alcalde de Puerto Gaitán (Meta) en el periodo 2016 – 2019, habría direccionado presuntamente el contrato para la compra de un bote de rescate, de tal forma que fuera adjudicado a la corporación representada por una contratista, identificada como Angélica Ricardo Rojas.

Asimismo, fueron detectadas diversas irregularidades en todo el proceso contractual, en las cuales, al parecer, también participaron la entonces secretaria de Gobierno municipal Ermincia Granados; y el ingeniero Ferney Alexander Montaña Rodríguez, como intermediario.

En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a las cuatro personas presuntamente involucradas, según el posible nivel de participación, los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

Adicionalmente, según la Fiscalía a la señora Ricardo Rojas le fue imputado el delito de falsedad ideológica en documento público. Los cargos no fueron aceptados por los procesados, quienes deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.

El bote para Puerto Gaitán

El contrato investigado fue suscrito el 27 de junio de 2019, por un valor $368’208.234. Tenía por objeto el suministro de un bote con dos motores fuera de borda para el Cuerpo de Bomberos del municipio para salvaguardar la vida de turistas y residentes ante las emergencias ocasionadas por el río Manacacías.

La Fiscalía evidenció, por lo menos, 38 actuaciones presuntamente ilícitas durante la contratación. Inicialmente, se conoció que fue convocada una subasta pública, pero este mecanismo de selección se canceló. Posteriormente, se abrió un nuevo proceso que definió como requisitos para los ofertantes ser una pequeña y mediana empresa dedicada a la fabricación de estructuras flotantes.

Con este condicionamiento, al parecer, Angélica Ricardo Rojas cambió rápidamente la razón social de la corporación que representaba y pasó de la construcción de vías a la elaboración de botes. Finalmente, la Alcaldía de Puerto Gaitán, a través de la Secretaría de Gobierno, le entregó el contrato sin tener en cuenta que no contaba con la idoneidad ni el músculo financiero para cumplir.

De esta manera, el contrato fue suspendido en dos oportunidades, fueron modificadas las especificaciones técnicas y la señora Ricardo Rojas habría subcontratado varias actividades para entregar el bote en el tiempo establecido; sin embargo, lo hizo seis meses después, cuando el término definido era de 15 días.

En lo que respecta a la liquidación del contrato, la Fiscalía estableció que los funcionarios, presuntamente, comprometieron vigencias futuras sin justificación alguna.

Todas estas irregularidades identificadas generaron un detrimento a las finanzas del municipio en 188 millones de pesos.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Definen plan de acción a favor de las víctimas del conflicto en el Meta

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En un esfuerzo por articular acciones con los integrantes del Sistema de Comunicación para la Paz (SIPAZ) y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), liderada por GIZ Colombia, la secretaría de Derechos Humanos y Paz del Meta acordó un Plan de Acción Territorial, en beneficio de las víctimas del conflicto armado.

En ese contexto, se estableció la realización de dos jornadas móviles de oferta institucional del orden departamental y nacional, esperando atender más de 1.000 personas víctimas del conflicto armado, en los municipios de Uribe y Mapiripán.

Igualmente se acordó el acompañamiento, por parte de la gobernación del Meta, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los planes integrales de reparación colectiva de la población víctima, con el fortalecimiento a proyectos productivos del municipio de Mapiripán, aportando a la reparación integral en las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización.

Finalmente, se logró realizar un plan de acción con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través del cual se pretende contribuir con la verdad, la justicia, la restauración del daño y reparación a la población víctima.

Fuente: Gobernación del Meta

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Capturado en Villavicencio presunto integrante del Clan del Golfo

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Autoridades lograron capturar en Villavicencio al criminal conocido con el alias de ‘Ñato’, presunto integrante del grupo armado organizado ‘Clan del Golfo’ al servicio de la subestructura Gonzalo Oquendo Orrego.

La detención de esta persona materializó en cumplimiento a una orden de captura emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo (Vichada), por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión.

Alias ‘Ñato’ de 36 años de edad, es señalado de ser el autor material del homicidio con arma de fuego en la modalidad de sicariato del señor Juan Alfonso Aguilar Rivas; hecho registrado en junio 12 de 2022, en la inspección El Vergel del municipio de San Juan de Arama, Meta.

El capturado junto a las diligencias judiciales adelantadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía No. 187 de la Dirección Especializada Contra el Crimen Organizado de Villavicencio, Meta.

Fuente: Policía Meta

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JEP ordena plan para ubicar y atender a mujeres víctimas de violencia sexual en Puerto Gaitán

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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ordenó poner en marcha un plan de acción que permita ubicar, identificar y caracterizar a mujeres víctimas de estigmatización y violencia sexual en Puerto Gaitán, quienes fueron estigmatizadas como ‘Las calvas’ cuando eran niñas o adolescentes, por parte de grupos paramilitares que operaron en la zona, entre 2002 y 2004.

Según expedientes de la justicia ordinaria e informes de organizaciones de víctimas entregados a la JEP, las Autodefensas Unidas de Colombia que operaban en ese departamento implementaron medidas de control social, reclutamiento, abuso sexual y violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes. Los relatos allegados a la Jurisdicción indican que las autoridades del municipio tenían conocimiento de estos crímenes y no tomaron medidas para evitarlos ni para perseguir o castigar a los grupos ilegales que ejercían estos delitos.

Estas mujeres víctimas eran señaladas por los grupos de cometer “actos de desobediencia, faltar al colegio, ingresar a bares”, y por ello las sometieron a castigos como apartarlas de su núcleo familiar contra su voluntad para someterlas a trabajos forzados; también eran reclutadas por los grupos ilegales y sometidas a abuso y violencia sexual; otras, fueron expuestas al escarnio público rapándoles la cabeza, de allí el término estigmatizante con el que fueron conocidas por los pobladores de la región en aquella época.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas considera que estos hechos son de interés del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles; y del Caso 11, que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio.

Bajo ese contexto, la Sala convoca la articulación entre los despachos relatores de estos dos macrocasos con las siguientes dependencias de la JEP: Departamento de Atención a Víctimas (DAV), la Comisión de Género, la Comisión de Participación, la Oficina Asesora en Justicia Restaurativa, el Departamento de Enfoques Diferenciales y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) Representación de Víctimas.

A través de esta articulación se busca definir una metodología que facilite la ubicación de las víctimas y, en caso de que así lo deseen, ofrecerles asesoría para participar en los casos 08 y 11, en caso de que estos hechos sean priorizados por la Sala de Reconocimiento para ser investigados. Además, este plan de atención y tratamiento a las víctimas se abordará aplicando los enfoques diferenciales de género, étnico racial, territorial e interseccional; incluyendo, además, espacios de pedagogía.

La decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se toma en el marco del estudio de solicitud de sometimiento a la JEP de Édgar Humberto Silva González, quien se desempeñó como personero municipal de Puerto Gaitán durante la época de los hechos. Silva aún no ha sido aceptado en la Jurisdicción en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública. La aceptación de su sometimiento queda condicionada a los ajustes al régimen de condicionalidad, en materia de aportes efectivos de verdad y propuestas de reparación, que presente ante la sala.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP

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