META
Judicializado exalcalde de Puerto Gaitán por presuntas irregularidades en la compra de un bote
La Fiscalía General de la Nación estableció que José Alex Fierro Guayara, quien ejerció como alcalde de Puerto Gaitán (Meta) en el periodo 2016 – 2019, habría direccionado presuntamente el contrato para la compra de un bote de rescate, de tal forma que fuera adjudicado a la corporación representada por una contratista, identificada como Angélica Ricardo Rojas.
Asimismo, fueron detectadas diversas irregularidades en todo el proceso contractual, en las cuales, al parecer, también participaron la entonces secretaria de Gobierno municipal Ermincia Granados; y el ingeniero Ferney Alexander Montaña Rodríguez, como intermediario.
En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a las cuatro personas presuntamente involucradas, según el posible nivel de participación, los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
Adicionalmente, según la Fiscalía a la señora Ricardo Rojas le fue imputado el delito de falsedad ideológica en documento público. Los cargos no fueron aceptados por los procesados, quienes deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.
El bote para Puerto Gaitán
El contrato investigado fue suscrito el 27 de junio de 2019, por un valor $368’208.234. Tenía por objeto el suministro de un bote con dos motores fuera de borda para el Cuerpo de Bomberos del municipio para salvaguardar la vida de turistas y residentes ante las emergencias ocasionadas por el río Manacacías.
La Fiscalía evidenció, por lo menos, 38 actuaciones presuntamente ilícitas durante la contratación. Inicialmente, se conoció que fue convocada una subasta pública, pero este mecanismo de selección se canceló. Posteriormente, se abrió un nuevo proceso que definió como requisitos para los ofertantes ser una pequeña y mediana empresa dedicada a la fabricación de estructuras flotantes.
Con este condicionamiento, al parecer, Angélica Ricardo Rojas cambió rápidamente la razón social de la corporación que representaba y pasó de la construcción de vías a la elaboración de botes. Finalmente, la Alcaldía de Puerto Gaitán, a través de la Secretaría de Gobierno, le entregó el contrato sin tener en cuenta que no contaba con la idoneidad ni el músculo financiero para cumplir.
De esta manera, el contrato fue suspendido en dos oportunidades, fueron modificadas las especificaciones técnicas y la señora Ricardo Rojas habría subcontratado varias actividades para entregar el bote en el tiempo establecido; sin embargo, lo hizo seis meses después, cuando el término definido era de 15 días.
En lo que respecta a la liquidación del contrato, la Fiscalía estableció que los funcionarios, presuntamente, comprometieron vigencias futuras sin justificación alguna.
Todas estas irregularidades identificadas generaron un detrimento a las finanzas del municipio en 188 millones de pesos.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la restitución mediante compensación del predio rural ‘La Cristalina’, ubicado en la inspección del mismo nombre en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), en favor de una adulta mayor, cabeza de hogar y víctima del conflicto armado.
El predio, con una extensión de 999 hectáreas, fue adjudicado a la mujer en 1996 mediante resolución del antiguo INCORA, tras haberlo explotado económicamente desde 1975 junto a su compañero. Pero en 1998, ella fue desplazada en medio de los enfrentamientos entre las Farc y los paramilitares, lo que dio paso a una ocupación progresiva del terreno por parte de terceros.
Con el paso del tiempo, la mujer presentó la solicitud ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entidad que en efecto llevó el caso ante la justicia especializada, que a su vez emitió sentencia. El fallo establece que la mujer debe ser compensada, y se ordena al Municipio de Puerto Gaitán comprar el inmueble conforme a un avalúo comercial, debido a que parte del predio fue urbanizado, intervenido institucionalmente o está ocupado por familias con buena fe exenta de culpa.
Petrolera pagó servidumbres irregulares en ese terreno
Además, el Tribunal reconoce la participación de la empresa petrolera HOCOL S.A., que durante años realizó inversiones dentro del predio sin consentimiento de la propietaria legítima. Estas incluyeron obras de infraestructura social como centros de salud, andenes, guarderías y apoyo agrícola, así como pagos irregulares a ocupantes no legitimados por concepto de servidumbres petroleras.
El fallo reitera que HOCOL deberá evitar el enriquecimiento injustificado, preservando solo las servidumbres legalmente constituidas y sin vulnerar los derechos restituidos. También se reconoce el derecho de otros solicitantes sobre los predios ‘La Orquídea’ y ‘Casa Caserío’, tras comprobar su condición de víctimas.
El director territorial de la URT en Meta, Robert Gabriel Barreto Lara, recalcó: “este fallo es un precedente en la protección de los derechos territoriales de las víctimas del conflicto, en escenarios de alta complejidad social, institucional y empresarial”.
Fuente: Comunicaciones Restitución de Tierras
En el marco de la estrategia “Orgullo Llanero, Agenda en Territorio”, se dio a conocer la campaña “Llanero Hasta En La Placa”, que busca incrementar, de manera significativa, la matrícula de placas en los organismos de tránsito del Meta.
La estrategia invita a propietarios de vehículos que tienen placas foráneas, es decir, que están registradas en otras ciudades, a que la trasladen a cualquiera de los organismos de tránsito que funcionan en el departamento: Restrepo, Puerto López, Guamal, Villavicencio, Acacías o Granada.
César Charry Castellanos, gerente de Rentas, recordó que se crearon nuevos beneficios en el estatuto de rentas, que son descuentos del 60, 40 y 30%, durante tres años seguidos.
Para los vehículos nuevos, adicionalmente, se da el 60% en la matrícula.
Estos descuentos en el impuesto vehicular se suman a los beneficios por pronto pago que aplican entre enero y junio y que van entre el 15 y 5% de descuento.
Fuente: Gobernación del Meta
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Henry Alberto Zapata Barraza,presunto responsable del asesinato de un hombre en vía pública de Villavicencio (Meta), elpasado 7 de enero.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio agravado; y fabricación,tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos nofueron aceptados por el procesado.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, la víctima iba caminando con sucompañera sentimental, cuando fueron interceptados por dos hombres que se movilizabanen una motocicleta, desde la cual, al parecer, Zapata Barraza le disparó al hombre en variasocasiones.
La víctima fue trasladada al hospital departamental, donde perdió la vida por la gravedadde las heridas.
Servidores de la Policía Nacional hicieron efectiva la orden de captura contra este hombre,en el barrio Buque de Villavicencio.
Se conoció también, que el día del crimen el hoy imputado se encontraba con detencióndomiciliaria, por otro proceso.
Fuente: El Diario del Llano
