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Judicializado exalcalde de Puerto Gaitán por presuntas irregularidades en la compra de un bote
La Fiscalía General de la Nación estableció que José Alex Fierro Guayara, quien ejerció como alcalde de Puerto Gaitán (Meta) en el periodo 2016 – 2019, habría direccionado presuntamente el contrato para la compra de un bote de rescate, de tal forma que fuera adjudicado a la corporación representada por una contratista, identificada como Angélica Ricardo Rojas.
Asimismo, fueron detectadas diversas irregularidades en todo el proceso contractual, en las cuales, al parecer, también participaron la entonces secretaria de Gobierno municipal Ermincia Granados; y el ingeniero Ferney Alexander Montaña Rodríguez, como intermediario.
En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a las cuatro personas presuntamente involucradas, según el posible nivel de participación, los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
Adicionalmente, según la Fiscalía a la señora Ricardo Rojas le fue imputado el delito de falsedad ideológica en documento público. Los cargos no fueron aceptados por los procesados, quienes deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.
El bote para Puerto Gaitán
El contrato investigado fue suscrito el 27 de junio de 2019, por un valor $368’208.234. Tenía por objeto el suministro de un bote con dos motores fuera de borda para el Cuerpo de Bomberos del municipio para salvaguardar la vida de turistas y residentes ante las emergencias ocasionadas por el río Manacacías.
La Fiscalía evidenció, por lo menos, 38 actuaciones presuntamente ilícitas durante la contratación. Inicialmente, se conoció que fue convocada una subasta pública, pero este mecanismo de selección se canceló. Posteriormente, se abrió un nuevo proceso que definió como requisitos para los ofertantes ser una pequeña y mediana empresa dedicada a la fabricación de estructuras flotantes.
Con este condicionamiento, al parecer, Angélica Ricardo Rojas cambió rápidamente la razón social de la corporación que representaba y pasó de la construcción de vías a la elaboración de botes. Finalmente, la Alcaldía de Puerto Gaitán, a través de la Secretaría de Gobierno, le entregó el contrato sin tener en cuenta que no contaba con la idoneidad ni el músculo financiero para cumplir.
De esta manera, el contrato fue suspendido en dos oportunidades, fueron modificadas las especificaciones técnicas y la señora Ricardo Rojas habría subcontratado varias actividades para entregar el bote en el tiempo establecido; sin embargo, lo hizo seis meses después, cuando el término definido era de 15 días.
En lo que respecta a la liquidación del contrato, la Fiscalía estableció que los funcionarios, presuntamente, comprometieron vigencias futuras sin justificación alguna.
Todas estas irregularidades identificadas generaron un detrimento a las finanzas del municipio en 188 millones de pesos.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
