REGIÓN
JEP compulsa copias para que investiguen políticos casanareños y araucanos señalados por “Otoniel”
Ante la evidencia judicial que señala que un antiguo comandante de la Brigada XVII, seis agentes del Estado en Casanare y Arauca, y tres civiles, habrían contribuido a la consolidación del poder paramilitar en estos departamentos, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP compulsó copias para que la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y el Caso 08 de la misma sala los investigue.
La decisión es el resultado de un ejercicio de recaudo probatorio y contraste realizado por la magistratura, tras recoger el testimonio de Dairo Antonio Úsuga David, conocido como ‘Otoniel’. Esta diligencia se llevó a cabo los días 9, 10 y 11 de abril de 2024 en Estados Unidos, en el marco de los casos 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas, y 06, que se centra en la victimización de la Unión Patriótica.
La decisión, que fue el resultado de un proceso de contraste y recolección de pruebas, se dio después de recoger el testimonio entregado ante la JEP por Dairo Antonio Úsuga David, conocido como ‘Otoniel’, los días 9, 10 y 11 de abril de 2024 en Estados Unidos. Esta diligencia se llevó a cabo en el marco de los casos 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas, y 06, que se centra en la victimización de la Unión Patriótica.
En este contexto, la JEP ordenó la compulsa de copias respecto a:
- Julio Acosta Bernal, exrepresentante a la Cámara por Arauca, excónsul de Colombia en Singapur y exgobernador de Arauca, por facilitar el ingreso del Bloque Vencedores de Arauca y su participación en la expansión paramilitar en la región.
- Helí Cala López, exgobernador encargado de Casanare y exrepresentante a la Cámara por el mismo departamento, por su presunto apoyo logístico a las AUC en Casanare.
- Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, exdiputado y exgobernador de Casanare, por su presunta participación en la consolidación del poder paramilitar en la región.
- Milton Rodríguez Sarmiento, exsenador, por su presunta colaboración en la financiación y apoyo al Bloque Centauros en Casanare.
- Carlos Cárdenas Ortiz, exsenador, por su presunta participación en la consolidación del control paramilitar en Casanare.
- Mayor General Carlos Omairo Lemus Pedraza, por su presunta connivencia con grupos paramilitares en Arauca, lo que permitió su expansión en la región durante su comandancia de la Brigada XVIII del Ejército Nacional entre 2000 y 2003.
- Alfredo Guzmán Tafur, exalcalde de Tame, por su presunta contribución al establecimiento del Bloque Vencedores de Arauca.
- Andrés Rueda Gómez, empresario y exsecretario de infraestructura de Casanare, por la presunta apropiación de recursos públicos en favor de las AUC en la región.
- Sergio Hernández Gamarra, exrector de la Universidad de Cartagena, por su presunta colaboración financiera con las AUC en Casanare.
- Sigifredo Gómez Torreglosa, contratista de la Universidad de Cartagena, por su presunta vinculación en la ejecución de contratos para financiar actividades paramilitares en Casanare.
En su testimonio, Úsuga se refirió a la presunta responsabilidad de los implicados en la ejecución de graves violaciones a los derechos humanos. Según su relato, estos involucrados habrían colaborado con grupos paramilitares como el Bloque Centauros en Casanare y el Bloque Vencedores de Arauca, quienes perpetraron violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en dichas regiones.
Según su declaración, esta colaboración facilitó que los grupos paramilitares consolidaran su control territorial en Casanare y Arauca. Como resultado, cometieron violaciones graves como asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados, todo ello con la complicidad de actores locales y estatales, lo que permitió la perpetuación de estas atrocidades en las regiones afectadas.
La información proporcionada por Úsuga revela cómo, en Casanare, actores políticos y empresariales facilitaron recursos y contratos que financiaron las operaciones del Bloque Centauros, lo que permitió a este grupo incrementar su poder en la región. En Arauca, detalló cómo el Bloque Vencedores, una extensión del Bloque Centauros, contó con el respaldo de miembros de la fuerza pública y autoridades locales, consolidando así su dominio para combatir a otros grupos insurgentes y asegurar el control territorial.
De acuerdo con la magistratura, las conductas que motivaron esta decisión se relacionan con el presunto apoyo, financiación y promoción de grupos paramilitares. Por tal motivo, podrían enmarcarse en el delito de concierto para delinquir agravado, el cual se clasifica como un delito de lesa humanidad, conforme a lo indicado por la Corte Suprema de Justicia. Esto se debe, en parte, a que miembros del Bloque Centauros y del Bloque Vencedores de Arauca (BVA) de las AUC han sido declarados penalmente responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos entre, al menos, los años 2000 y 2006. Por tanto, el apoyo prestado a estas unidades del grupo armado podría ser considerado de carácter imprescriptible.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
