META
Cuatro capturas por irregularidades en contrato de internet para Colegios de Villavicencio

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un nuevo caso de malversación de recursos que afecta al sector educativo en Villavicencio (Meta), esta vez con la prestación del servicio de internet que supuestamente beneficiaría a instituciones educativas del municipio.
Mediante labores investigativas, se evidenciaron posibles irregularidades en la celebración del Convenio Interadministrativo 0787 del 11 de julio de 2016, entre la Secretaría de Educación de Villavicencio y Asomaroquia (Asociación Regional de Municipios de la Amazonía y la Orinoquía), por un valor superior a los mil novecientos millones de pesos, de los cuales el municipio aportaba $1.671 millones y la Asociación $261.
El objeto del convenio era la prestación del servicio de conectividad a 149 colegios oficiales de la capital de Meta, sin embargo, se conoció que se habrían generado presuntos sobrecostos, además de una aparente violación de los principios de contratación estatal, entre ellos los de planeación, transparencia, responsabilidad y objetividad.
La Fiscalía determinó que supuestamente se direccionó el contrato para favorecer a Asomaroquia, aun cuando esta empresa no era idónea para la ejecución del mismo. Los investigadores establecieron que para conseguir el propósito, al parecer se falsificaron documentos que acreditaban la experiencia de la compañía, así como los estudios previos.
Por otra parte, se detectó que también se adulteraron firmas de personas con las cuales supuestamente subcontrataron servicios, y los dineros destinados para ello presuntamente terminaron en manos de los investigados, producto de esos falsos contratos.
Con base en estas inconsistencias halladas, el ente acusador estableció la celebración del contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, que ocasionó un posible detrimento de $1.266’560.000 (mil doscientos sesenta y seis millones quinientos sesenta mil pesos).
Las capturas
El CTI de la Fiscalía capturó en Bogotá y Villavicencio a cuatro funcionarios que al parecer están implicados en el fraude.
1. Elmer González González, representante legal de Asomaroquia (Capturado en Villavicencio).
2. Néstor Humberto Romero García, gerente para el Desarrollo de las TIC, adscrito a Asomaroquia (Capturado en Bogotá).
3. Hugo Leonardo Ortíz Cárdenas, ingeniero supervisor por parte de la Secretaría de Educación de Villavicencio y quien además proyectó los estudios previos (Capturado en Villavicencio).
4. Jackelin Casallas Bautista, supervisora de Asomaroquia (Capturada en Bogotá).
Ante un juez de control de garantías de Villavicencio, la Fiscalía les imputó cargos a los detenidos —en calidad de coautores— como presuntos responsables de los delitos de:
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales
Peculado por apropiación
Falsedad ideológica en documento público
Falsedad en documento privado
Otras tres personas son investigadas por estos hechos, entre ellas, dos exfuncionarios de la Administración Municipal.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
META
Histórica sentencia ordena compensar a familia desplazada cuyo predio ocupó el Ejército

En un fallo sin precedentes, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio reconoció el derecho fundamental a la restitución de tierras de una pareja de esposos y sus hijos, víctimas de desplazamiento forzado en La Macarena (Meta), y ordenó su compensación, tras establecer que su predio fue ocupado ilegalmente por el Ejército Nacional.
La familia había adquirido en 1975 el terreno conocido como ‘Estadero Nápoles’, de 5.687 metros cuadrados, ubicado en la vereda Los Cristales, donde construyeron un hotel con discoteca y zona de recreación. Sin embargo, en 2002 fueron obligados a huir por amenazas de las Farc, y un año después, el inmueble fue incinerado y ocupado por tropas del Ejército, que instalaron allí una base militar de forma indefinida.
“Es un despojo imputable al Estado”
El juez Alejandro Barreto señaló que dicha ocupación constituye un acto de despojo imputable al Estado, al violar el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, al no existir legalidad ni compensación por el uso de un bien civil. Pese a las solicitudes de la familia, la institución castrense nunca reconoció su responsabilidad ni ofreció reparación.
Debido a la imposibilidad material de restituir el predio —estratégicamente ubicado junto al aeropuerto de La Macarena—, la sentencia ordenó una compensación a través de un nuevo terreno, el cual será entregado en la ciudad que elija la familia. También se garantizará su inclusión en la oferta institucional del Estado, como parte de su reparación integral.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Meta, destacó que este fallo representa un hito en el reconocimiento del papel del Estado en algunos despojos, y reafirma el compromiso institucional con la defensa de los derechos de las víctimas, incluso en contextos complejos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
META
Reclaman más de 15 mil hectáreas en favor del Resguardo Indígena Wacoyo, en Puerto Gaitán

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó una demanda ante el Juzgado Primero Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio, con el propósito de restablecer los derechos territoriales del Resguardo Indígena Wacoyo, ubicado en Puerto Gaitán (Meta).
A la fecha, el territorio colectivo está conformado por tres comunidades, integradas por 801 familias que pertenecen al pueblo ancestral Sikuani. Con esta acción judicial, se pretende la restitución de las 15.855 hectáreas más 9.453 metros cuadrados del resguardo. Así mismo se busca la reparación integral de estas personas, que han sufrido confinamiento, despojo y abandono.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, indicó que entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran: la culminación del proceso administrativo de ampliación, actualmente tramitado en la ANT, en concertación con la comunidad indígena; en caso de llegarse a presentar alguna situación de orden legal que impida hacerlo, que se adelante el trámite con predios que satisfagan sus necesidades y tengan viabilidad jurídica.
También se solicitó la formulación de planes integrales de reparación colectiva, para evitar vectores de contaminación ambiental; fomentar acciones tendientes a la reforestación y a reducir el riesgo de la ocurrencia de desastres naturales; la gestión de proyectos de desarrollo sostenible; así como la implementación de una política de etnoeducación, acceso a la salud con enfoque étnico y acceso a tecnología.
“Para el cumplimiento de la petición, la Unidad solicitó al ente judicial que ordene a las entidades competentes la adopción de dichas medidas, para garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales de las tres comunidades del Resguardo Indígena Wacoyo”, informó Barreto Lara.
Fuente: Comunicaciones URT
META
Llevaban 22 kilos de marihuana camuflados en varas de guadua, en Puerto Gaitán

La Policía Nacional en el departamento del Meta, en una operación adelantada en zona rural del municipio de Puerto Gaitán, capturó a tres hombres por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
El procedimiento se desarrolló gracias a información suministrada por una fuente humana, clave para interceptar una camioneta a la altura del kilómetro 106, en la vereda La Campiña del mencionado municipio.
Durante el registro al automotor, los uniformados hallaron 43 paquetes compactados de marihuana tipo creepy ocultos al interior de varas de guadua encapsuladas. El peso total del alijo fue de 21.500 gramos, con un valor estimado de 24 millones de pesos en el mercado ilegal.
Las investigaciones adelantadas por la SIJIN revelan que el cargamento tenía como destino final el departamento del Meta, y que su procedencia era el departamento del Cauca, con tránsito por el Quindío, según la guía de movilización. La droga estaba destinada al microtráfico, y se calcula que podrían haberse producido hasta 43.000 dosis individuales, lo que triplicaría su valor económico.
Los capturados, de 36, 40 y 45 años de edad, junto con el vehículo y la sustancia incautada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía Séptima Local de Puerto Gaitán por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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