META
Cuatro capturas por irregularidades en contrato de internet para Colegios de Villavicencio
La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un nuevo caso de malversación de recursos que afecta al sector educativo en Villavicencio (Meta), esta vez con la prestación del servicio de internet que supuestamente beneficiaría a instituciones educativas del municipio.
Mediante labores investigativas, se evidenciaron posibles irregularidades en la celebración del Convenio Interadministrativo 0787 del 11 de julio de 2016, entre la Secretaría de Educación de Villavicencio y Asomaroquia (Asociación Regional de Municipios de la Amazonía y la Orinoquía), por un valor superior a los mil novecientos millones de pesos, de los cuales el municipio aportaba $1.671 millones y la Asociación $261.
El objeto del convenio era la prestación del servicio de conectividad a 149 colegios oficiales de la capital de Meta, sin embargo, se conoció que se habrían generado presuntos sobrecostos, además de una aparente violación de los principios de contratación estatal, entre ellos los de planeación, transparencia, responsabilidad y objetividad.
La Fiscalía determinó que supuestamente se direccionó el contrato para favorecer a Asomaroquia, aun cuando esta empresa no era idónea para la ejecución del mismo. Los investigadores establecieron que para conseguir el propósito, al parecer se falsificaron documentos que acreditaban la experiencia de la compañía, así como los estudios previos.
Por otra parte, se detectó que también se adulteraron firmas de personas con las cuales supuestamente subcontrataron servicios, y los dineros destinados para ello presuntamente terminaron en manos de los investigados, producto de esos falsos contratos.
Con base en estas inconsistencias halladas, el ente acusador estableció la celebración del contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, que ocasionó un posible detrimento de $1.266’560.000 (mil doscientos sesenta y seis millones quinientos sesenta mil pesos).
Las capturas
El CTI de la Fiscalía capturó en Bogotá y Villavicencio a cuatro funcionarios que al parecer están implicados en el fraude.
1. Elmer González González, representante legal de Asomaroquia (Capturado en Villavicencio).
2. Néstor Humberto Romero García, gerente para el Desarrollo de las TIC, adscrito a Asomaroquia (Capturado en Bogotá).
3. Hugo Leonardo Ortíz Cárdenas, ingeniero supervisor por parte de la Secretaría de Educación de Villavicencio y quien además proyectó los estudios previos (Capturado en Villavicencio).
4. Jackelin Casallas Bautista, supervisora de Asomaroquia (Capturada en Bogotá).
Ante un juez de control de garantías de Villavicencio, la Fiscalía les imputó cargos a los detenidos —en calidad de coautores— como presuntos responsables de los delitos de:
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales
Peculado por apropiación
Falsedad ideológica en documento público
Falsedad en documento privado
Otras tres personas son investigadas por estos hechos, entre ellas, dos exfuncionarios de la Administración Municipal.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
