CASANARE
Inician jornadas virtuales sobre restitución de tierras en Casanare
Con el propósito de continuar divulgando la oferta institucional de la política de restitución de tierras como componente esencial de la reparación integral, consagrada en la Ley 1448 de 2011, además de la garantía al debido proceso y a la acción sin daño; la Unidad de Restitución de Tierras, realizará cuatro Jornadas de Socialización para el Departamento de Casanare.
Wilson Leyton, director territorial de la URT en Meta, explicó que estas jornadas virtuales están dirigidas a la Defensoría del Pueblo Departamental, Procuraduría, Gobernación de Casanare, 19 alcaldes del departamento, enlaces municipales de víctimas, personeros e integrantes de las mesas municipales y departamental de víctimas, quienes podrán conocer sus derechos y apropiarse de la información referente a las etapas del proceso restitutivo.
Las Jornadas Pedagógicas de Socialización Sobre Restitución de Tierras para el departamento de Casanare, se realizarán a través de la plataforma Zoom, los días 13 y 14 de octubre dirigidas a las entidades del orden departamental, y el 12 y 13 de noviembre de 2020, para las entidades municipales.
Los temas que se abordarán durante las socializaciones en Casanare son: generalidades de Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, competencias de la URT y diferencias con otras entidades, conceptos claves (propietario, poseedor, ocupante, tercero y segundo ocupante); ruta del proceso de restitución, ruta de atención a terceros, rol de los jueces y magistrados de restitución de tierras, tipos de órdenes que se imparten a entidades del orden departamental y municipal, y canales de articulación interinstitucional con la URT.
En Casanare hay 1398 solicitudes de restitución ante la Unidad, de las cuales el 10% se encuentran en etapa judicial, lo que indica que se están empezando a emitir sentencias de restitución de tierras.” Así las cosas, es importante que las instituciones que intervienen en estos procesos participen en las jornadas virtuales con las que podrán prepararse para dar cumplimiento a las órdenes que impartan los jueces y magistrados en sus fallos”, puntualizó Leyton.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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