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Indígenas de la Orinoquía reclaman la restitución de más de 500 mil hectáreas

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Con la acción judicial presentada recientemente por la Unidad de Restitución  de Tierras – URT en favor del Resguardo Indígena Morichalito Matsuldani, en reclamo de 9 mil hectáreas ubicadas en Puerto Carreño, se consolidan importantes cifras en las labores de la Dirección Territorial Bogotá, para proteger a las víctimas de despojo y/o abandono forzado de tierras en la Orinoquía colombiana.

Toda vez que, con ello, este despacho suma ya en ruta étnica diez demandas presentadas durante la actual administración, para buscar la restitución de más de 500 mil hectáreas de tierra en beneficio de los pueblos originarios.

Ante juzgados de restitución de Meta y Cundinamarca fueron radicados estos diez procesos legales. Así, la entidad espera no solo el restablecimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas de la Orinoquía, sino la reivindicación de sus derechos culturales, sociales, económicos e inmateriales.

Llama la atención que seis de las diez demandas de restitución presentadas se ubican en el río Guaviare, entre los departamentos de Vichada y Guainía, lo que da cuenta de la prioridad que se le ha dado a esta zona fuertemente afectada por el conflicto armado.

En resumen, estas son las diez demandas en mención:

  • Resguardo Indígena Morichalito Matsuldani, del pueblo Amorúa, ubicado en el municipio de Puerto Carreño (Vichada). Esta comunidad reclama la restitución de 9 mil hectáreas.

 

  • Comunidad Carpintero Palomas, de los pueblos Sikuani y Piapoco, ubicada entre Vichada y Guainía. Se pide el restablecimiento territorial de 43 mil hectáreas.

 

  • Comunidad Chigüiro, de los pueblos Sikuani y Piapoco, ubicada entre Guainía y Vichada. La demanda presentada reclama 6 mil hectáreas.

 

  • Comunidad Arrecifal, ubicada entre Guainía y Vichada. Se solicita la restitución de 108 mil hectáreas de tierra.

 

  • Comunidad Yamjolí, de los pueblos Piapoco, Sikuani y Sáliba, ubicada en Cumaribo (Vichada). Se pide el restablecimiento territorial de 3 mil 165 hectáreas.

 

  • Resguardo Indígena Guaco Bajo – Guaco Alto, de los pueblos Sikuani y Piapoco. Dichas comunidades reclaman sus derechos sobre 91 mil hectáreas.

 

  • Territorio Metiwa Guacamayas del pueblo Sikuani, ubicado en Cumaribo, (Vichada). Se solicita la restitución de 16 mil hectáreas.

 

  • Resguardo Indígena Chaparral y Barro Negro, del pueblo U’wa, ubicado en Casanare. La comunidad ancestral reclama un territorio de 17 mil hectáreas.

 

  • Resguardo Indígena Laguna Curvina – Sapuara, ubicado en Cumaribo (Vichada). Se pide el restablecimiento de los derechos sobre 77 mil hectáreas.

 

  • Resguardo Indígena Murciélago Altamira y comunidad de Barranco Picure, en Barrancominas (Guainía).

Las demandas presentadas por el equipo de Asuntos Étnicos de la Dirección Territorial Bogotá, cumplen con las disposiciones establecidas en el Decreto Ley 4633 de 2011, razón por la cual siete de ellas han sido ya admitidas por los Jueces Especializados de Meta y Cundinamarca.

Fuente: Unidad de Restitución  de Tierras

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Mujer cabeza de hogar será compensada por predios abandonados ante amenazas de las Farc

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Una mujer cabeza de hogar y madre de ocho hijos será compensada tras años de sufrimiento a causa de la violencia. Esta historia, que se desarrolla en la inspección de Los Alpes, en  Medina (Cundinamarca), tuvo un final feliz gracias al acompañamiento brindado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

Medina, un municipio conocido como la ‘Puerta al Llano’, ha sido escenario de dolor por la presencia de grupos armados, tal como lo padecieron esta mujer y su esposo, quienes adquirieron hace varios años dos predios con una extensión de más de 38 hectáreas. En ellos construyeron su hogar, con habitaciones, cocina y sala para vivir con sus hijos. También desarrollaron cultivos de café y maíz.

Pero su tragedia comenzó cuando el Frente 53 de las Farc hizo presencia en la zona y decidió convocar a los pobladores a reuniones para inventariar sus bienes. Además, grupos paramilitares conocidos como ‘Los Carranceros’ y ‘Los Buitragueños’ también sembraron el terror en la vereda.

El 4 de julio de 1998 marcó un antes y un después en la vida de esta familia: la pareja de esposos fue interceptada por miembros de las Farc mientras se dirigía a uno de sus predios. Aquel día fatídico, le dijeron al hombre que debía hacerles un mandado y se lo llevaron; desde entonces, su paradero permanece desconocido. Ante el temor y los rumores sobre la instalación de artefactos explosivos en la vivienda, la mujer huyó con sus ocho hijos hacia otra ciudad.

Tras años de dolor, llega la reparación integral

Con la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011, ella decidió acudir a la Unidad de Restitución de Tierras para que llevara su caso ante la justicia. Hoy, tras la decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, se ordenó la compensación por sus tierras dada su avanzada edad y el hecho de que ya no desea regresar a la vereda.

El director territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras, Robert Gabriel Barreto Lara, informó que “la URT comprará un nuevo terreno donde la beneficiaria elija vivir. Además, la justicia impartió otras órdenes para garantizar su reparación integral mediante acceso a la oferta institucional del Estado”.

El juez también ordenó que los predios abandonados pasen a ser administrados por el Grupo Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras y, además, solicitó a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) investigar el caso del esposo.

“Nos llena de satisfacción informar sobre esta nueva sentencia de restitución, porque nos permite avanzar en la construcción de paz y justicia para las víctimas del conflicto amado en este territorio”, puntualizó Robert Gabriel Barreto.

Fuente: Comunicaciones URT

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REGIÓN

Tribunal Administrativo de Boyacá anuló en primera instancia la elección del Alcalde de Tunja

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En decisión de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja, al acoger la teoría de los demandantes, de que el político se encontraba inhabilitado para ser elegido.

El Tribunal consideró que solo hasta diciembre de 2022, Krasnov terminó un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), yendo en contravía de la norma que señala que los candidatos a  cargos de elección popular no pueden haber contratado con el Estado en los últimos 12 meses previos a la elección.
Así las cosas, el contrato se terminó 10 meses antes de las votaciones, que fueron en octubre de 2023, por lo que su renuncia a la Universidad estuvo por fuera de los tiempos establecidos.
Los demandantes tambipén argumentaban que Krasnov no podía ser elegido por tener la doble nacionalidad ruso -ucraniana y colombiana, pero el Tribunal negó esta argumentación al aclarar que para optar por el cargo no es necesario ser colombiano de nacimiento.
Por ahora, se espera que el mandatario apele la decisión ante el Consejo de Estado, que entraría a definir en segunda instancia la continuidad de Krasnov en la Alcaldía de Tunja.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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REGIÓN

Corporinoquia emitió alertas por deslizamientos de tierra, inundaciones e incendios en su jurisdicción

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La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQIA informó que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha emitido una serie de alertas ambientales, dirigidas a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y a la población en general, con el fin de que se activen las alertas ante fenómenos naturales adversos que podrían impactar a la región.

Este boletín detalla las alertas emitidas y las recomendaciones pertinentes.

Tipos de alertas emitidas

1. Amenaza por deslizamientos de tierra: Se ha declarado alerta para los municipios de Guayabetal, Gutiérrez, Fosca y Paratebueno, por la posibilidad de deslizamientos de tierra.

2. Amenaza por inundación: Probabilidad de crecientes súbitas en el río Humea y sus afluentes, especialmente el río San Juanito. Especial atención en los municipios de Paratebueno y Medina.

Así mismo, Probabilidad de crecientes súbitas del río Guayuriba y sus afluentes, especialmente en la quebrada Blanca y en el río Negro a la altura de Quetame y Guayabetal (Cundinamarca). Se recomienda especial atención en los municipios de Villavicencio, Acacias y San Carlos de Guaroa (Meta).

3. Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal: Alertas en los municipios de Puerto Carreño, Vichada; Hato Corozal, La Salina, Paz de Ariporo y Trinidad, Casanare; Arauca, Tame, y Fortul, Arauca, ante la posibilidad de incendios forestales.

Recomendaciones a la población y Entidades

– Los municipios de mayor susceptibilidad a presencia de incendios, dado la combustibilidad de su cobertura vegetal, o qué históricamente han presentado mayor afectación por este tipo de eventos, deben hacer control y seguimiento a estas áreas, así como procesos comunitarios qué lleven a reducir su presencia.

– Implementar un sistema de monitoreo y creación de guarda-rayas en las áreas ambientalmente estratégicas a nivel municipal, que son susceptibles a la presencia de incendios.

– Con motivo de involucrar a las comunidades en la lucha contra los incendios forestales, se recomienda a la Entidad Territorial, conformar la red de vigías rurales como apoyo a la implementación de las estrategias municipales de respuesta en el marco del escenario por incendios forestales.

Fuente: Comunicaciones Corporinoquia

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