ARAUCA
Imponen detención domiciliaria a exgobernador de Arauca Facundo Castillo
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, como presunto responsable de irregularidades detectadas en un contrato relacionado con el Plan de Alimentación Escolar (PAE).
Los hechos investigados están relacionados con la modificación al contrato de prestación de servicios N°469 de diciembre de 2019, suscrito con la unión temporal ‘Alimentar Arauca’, cuyo objeto era garantizar el servicio de alimentación en los colegios oficiales priorizados.
El 23 de abril de 2020, el entonces mandatario acudió a una medida permitida con ocasión de la emergencia sanitaria por el COVID – 19. Cambió el tipo de ración de “preparada en sitio” por “preparada en casa” y fijó la entrega de una canasta básica de alimentos que equivaldría 20 raciones para cada niño, por un valor de $105.800. De esta manera, la Gobernación de Arauca pretendía llegar a 18.036 beneficiarios.
El material de prueba da cuenta de inconsistencias en el trámite y la celebración del contrato de modificación. Al parecer, se usaron tres cotizaciones para cumplir con un requisito, pero no existió un estudio de mercado real para definir el costo del componente alimentario. Adicionalmente, los peritos contables del CTI detectaron un posible sobrecosto por $860’975.373, entre otras posibles anomalías.
En ese sentido, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al mandatario los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Actualmente, Castillo Cisneros se encuentra privado de la libertad en centro carcelario y fue acusado por, supuestamente, entregar la contratación de Arauca a integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN. Asimismo, hay más líneas investigativas por otras aparentes irregularidades en el manejo de los recursos públicos del departamento.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
