CASANARE
Hoy decretarían calamidad pública para realizar obras en río Cravo Sur, vecinos se oponen
Aunque la Gobernación de Casanare envió maquinaria el día anterior para trabajar en el lecho del río Cravo Sur que nuevamente causó zozobra y destrozos a su paso por Yopal en algunas viviendas ubicadas en la margen derecha aguas abajo, los vecinos del sector siguen clamando que se hagan intervenciones definitivas y planificadas al río, que permitan superar de una vez por todas esta situación que se presenta cada año durante la temporada de invierno.
Nuevamente el fin de semana con una creciente que se presentó sobre la 1:30 de la mañana del domingo, el río Cravo Sur arremetió con furia sobre el talud derecho, causando el desbarrancamiento del jarillón que se había construido anteriormente a la altura del sitio conocido como “La Curiara” y de ahí en adelante a las viviendas ubicadas sobre la margen derecha del río aguas abajo, algunas de las cuales quedaron con los cimientos “en el aire”.
Vecinos del sector que hacen parte de la veeduría y que históricamente han convivido con el río Cravo Sur culpan de toda esta situación a las múltiples intervenciones sin planeación que se han hecho al lecho del afluente, para temas como aprovechamiento minero (trituradoras), canales de agua, paso de un gasoducto y demás, sin contar con un documento fundamental para conocer la dinámica de la cuenca como lo es el POMCA (Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca).
Señalan que Corporinoquia ha permitido y licenciado durante los últimos años múltiples intervenciones en diferentes sectores del río sin ninguna planificación, lo que ha generado inestabilidad en el cauce que en cada invierno toma un camino diferente, particularmente en los últimos años recostándose sobre la margen derecha del río.
Argumentan estas personas que que los trabajos que se adelantan durante cada emergencia son de mitigación, tratando de taponar el cauce dependiendo del camino que haya tomado en cada emergencia, pero desde hace más de dos años, y lo demuestran con las respectivas comunicaciones, han estado solicitando tanto a la Gobernación como a la Alcaldía de Yopal, que se construya una obra de contención definitiva, planeada y durante la temporada de verano, como debe ser.
Extraoficialmente se conoció ayer que hoy podría ser decretada la calamidad pública por parte del municipio, para que conjuntamente con la Gobernación de Casanare se trasladen recursos de manera extraordinaria y contratar obviando los procesos licitatorios y de selección idónea de contratistas la realización de la obra definitiva, ante lo cual los vecinos anunciaron nuevas denuncias ante los organismos de control, para evitar que esta obra que estaría por alrededor de los treinta mil millones de pesos se contrate sin la debida planeación y estudios. “Para qué decretar la calamidad si esta obra debe comenzar a ejecutarse en verano”, puntualizaron.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
