META
Hoy iniciaron los descuentos para pago de infracciones de tránsito en Meta
A partir de hoy los ciudadanos sancionados por cometer infracciones de tránsito podrán acceder a los beneficios que entrega el Instituto de Tránsito y Transporte del Meta, dando cumplimiento al decreto 678 de 2020, artículo 7, expedido por el Gobierno Nacional.
“Esta medida rige para los ciudadanos a los que se les haya impuesto una multa de tránsito sancionada antes del 20 de marzo de 2020, obteniendo descuentos del 20 y 10 por ciento sobre el capital y amnistía del 100 por ciento sobre los intereses”, explicó Edgar Jara, director de Tránsito Meta.
La medida también aplica para los infractores que hayan incumplido los acuerdos de pagos o los tengan vigentes y deseen acogerse al decreto para obtener el descuento y, quedar a paz y salvo.
Los descuentos se realizarán según las fechas establecidas para los pagos:
FECHA LÍMITE DE PAGO: Hasta el 31 de octubre de 2020.
PAGO DE CAPITAL: Paga solo el 80% del capital.
PAGO DE INTERESES: Sin intereses.
Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2020.
Paga el 90% del capital. Sin intereses.
Del 1 de enero de 2021 al 31 de mayo de 2021.
Paga el 100% del capital. Sin intereses.
Los ciudadanos sancionados en los corredores viales pertenecientes al Instituto de Tránsito Departamental, (impuestas por la Policía de Tránsito), deberán enviar un correo a: transitometacomparendos@gmail.com con nombre completo, cédula de ciudadanía y número de celular, deben estar pendientes de la respuesta y orientación que el funcionario de la entidad les indique.
Para los que tengan comparendos durante la medida de aislamiento no podrán acogerse a este nuevo decreto, por lo que aún tienen el descuento vigente sobre el 50 por ciento del valor de la multa que se hará efectivo tan pronto se levanten los términos y puedan realizar el curso y pagar durante los primeros 5 días.
Fuente: Gobernación de Meta
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
