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Cuatro túneles mejorarán la conexión entre Bogotá y los Llanos Orientales
El proyecto Chirajara-Fundadores, concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), permitirá la accesibilidad directa desde el centro de Colombia hasta los Llanos Orientales, una de las regiones más importantes para la economía del país. A la fecha, 1.520 empleos han retomado labores, de los 2.024 que se tienen estimados reanuden actividades de obra.
“Este proyecto tiene un avance muy significativo del 71% por encima de su programa de ejecución del 60%,. Contempla la construcción de 22,6 kilómetros de segunda calzada, seis túneles, 21 puentes vehiculares y siete puentes peatonales”, destacó Carlos García, Vicepresidente Ejecutivo de la entidad.
Entre las obras más representativas se destacan cuatro túneles de gran envergadura, entre ellos el túnel Buenavista, el más grande de este corredor vial, pues tiene una longitud de 4.558 metros y está ubicado entre los sectores Bijagual y Buenavista. A la fecha registra un avance del 53%.
Por su parte, el túnel 5, ubicado entre Susumuco y Pipiral, con una longitud de 1.655 metros, presenta un avance del 78%.
El túnel 3, que se construye entre Macalito y Susumuco, con una longitud de 1.447 metros, tiene un avance del 76%. Este túnel obtuvo su cale (encuentro de dos frentes de obra) a comienzos de marzo.
Y el túnel 2, ubicado entre el sector de Casa de Teja y Macalito, cuya longitud es de 550 metros, alcanza un avance del 90%.
Una vez termine la etapa de construcción del proyecto Chirajara – Fundadores y se entre en operación, se espera una reducción en 22 minutos en tiempos de viaje para transporte de carga.
Así las cosas, el proyecto beneficiará a los usuarios en términos de reducción en costos de operación y disminución de la accidentalidad, al estar construido con normas y especificaciones técnicas de calidad y seguridad.
La finalización de las obras en este corredor permitirá mayor desarrollo y accesibilidad directa a esta región que se destaca como despensa agrícola y ganadera, y por ser además una de las zonas de mayor producción de hidrocarburos en el orden nacional, tanto para el consumo interno como para la exportación.
Las obras de la vía al llano
El corredor entre Bogotá y Villavicencio tiene una longitud total de 85,6 kilómetros.
A comienzos del año, el Presidente Iván Duque hizo entrega de 10.5 km de segunda calzada en el tramo Chirajara – Fundadores. La obra contó con una inversión de $767 mil millones de pesos.
Igualmente, dentro de las obras que ya disfrutan los llaneros están el túnel La Pala, de 1.950 metros y el viaducto Pipiral, una megaestructura de 712 metros de largo.
Por otro lado, con los trabajos que se realizaron en el km 58, como el tablestacado, en el que se invirtieron más de 16 mil millones de pesos, se garantizó el tránsito por la vía las 24 horas del día.
Sobre la vía al Llano
La vía está dividida en tres tramos así:
Primer Tercio: Se inicia en el sector Usme, en la salida de Bogotá y finaliza en el sector El Tablón. Tiene una extensión de 34 kilómetros. Es un proyecto de primera generación de concesiones firmado hace 25 años.
Segundo Tercio: Está ubicado entre el Tablón y Chirajara. Comprende la construcción de 29 kilómetros de doble calzada, 45 puentes, 18 túneles y cuatro galerías de escape.
Tercio Final: Este tercio va desde Chirajara hasta Villavicencio. Tiene una extensión de 22,6 kilómetros y es un proyecto perteneciente al programa de autopistas de cuarta generación.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
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Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
