Lanzó fuertes críticas contra el General Mario Montoya

“Donde yo me oponga, donde yo diga que no, donde yo no siga los lineamientos de la brigada, muy seguramente me relevan del cargo, me echan de la Fuerza y pierde uno todo porque uno queda desamparado, en la calle. Son situaciones que se presentan y uno se involucra en esa situación ilegal también para que no le vaya a pasar a uno nada. Y más con el señor general (Mario) Montoya. El general Montoya era una persona muy arbitraria. Siempre lo he dicho con las personas privadas de la libertad, eso (Montoya) fue lo peor que le pasó al Ejército, porque era un militar que no pensaba, él siempre daba las órdenes arbitrariamente, sin pensar”. Así de cruda fue la respuesta del mayor retirado Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Militar Casanare, cuando le preguntaron en la Jurisdicción Especial para la Paz por qué nunca se negó a asesinar a civiles para presentarlos como guerrilleros abatidos en combate.

Su testimonio, recogido por los magistrados de la JEP Óscar Parra y Catalina Díaz el pasado 7 de diciembre, dura más de seis horas y constituye una bitácora de confesiones sobre cerca de 80 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por sus hombres mientras ofició como jefe del Gaula Casanare entre junio de 2006 y octubre de 2007. El oficial en retiro, de 47 años, pasó 11 años y 28 días detenido por estos crímenes, hasta que recobró su libertad en noviembre de 2018 tras someterse a la JEP. Soto Bracamonte, uno de los oficiales de más alta graduación que están contando detalles inéditos sobre estos crímenes, ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en enero de 1991 y se graduó como subteniente en 1993. Pasó por distintos batallones de ingenieros en Caquetá, Urabá, Bogotá y Bucaramanga. Finalmente, en junio de 2006, llegó como comandante del Gaula Militar en Casanare. Hasta entonces no había tenido líos con la justicia.

Desde los Llanos

En la práctica su jefe era el entonces coronel Henry William Torres Escalante, que fungía como comandante de la Brigada 16 con sede en Yopal, aunque no dependía funcionalmente de él. Años después Torres Escalante se convertiría en el primer general en ser detenido y acusado por la Fiscalía por los asesinatos de dos civiles en su jurisdicción, en hechos ocurridos en 2007. Precisamente, Torres Escalante le dio la bienvenida cuando lo trasladaron a ese lugar. Ahí, sostuvo, empezó su calvario. “En ese momento me felicita por haber llegado a una unidad élite, pues se encontraba, si no estoy mal, entre las 8 o 10 mejores del país por muertos. Eso era lo que sumaba en ese momento. Ya como que el casete (se) me empieza a cambiar. Una cosa dice la dirección de Gaulas: secuestro y extorsión. Y cuando llego a la brigada ya la cosa no era eso, allá lo que exigían eran muertos, presentar muertos (…) Y es cuando yo siento la presión”, aseguró el oficial en retiro.

Quería ser general, aclaró. Entonces explicó que el comandante del Ejército, general Mario Montoya Uribe, impuso un régimen de presiones por resultados y números en bajas que pronto derivó en una competencia entre la Brigada Cuarta, con sede en Medellín, y la 16, con sede en Casanare. Justamente, relató el mayor Soto Bracamonte, en el centro de operaciones de la Brigada 16, Montoya Uribe ordenó colocar un tablero en acrílico para llevar las estadísticas y tener el registro del último día en que esa unidad había reportado un muerto. Fue así como se dio una especie de rivalidad por éxitos operacionales entre el Batallón de Infantería Ramón Nonato, con sede en Tauramena, y el Gaula Casanare. El tablero del general Montoya estimulaba la contienda. “Desde que inicié el primer, segundo día, tercer día de comandante, ya me dijeron que cuándo iba a despegar (…) Entendí perfectamente que allá lo que esperaban eran muertos”.

Su relato resulta esclarecedor para entender cómo terminó una unidad militar, creada inicialmente para combatir la extorsión, deformada por una vorágine de asesinatos y pactos ilegales para torcer los números del conflicto. “A mí no me quedaba tiempo para buscar a los secuestrados. Prácticamente lo que llegaba (en recursos), en vez de gastarlo en rescate o pagando rescates, tocaba invertirlo en otras cosas porque la presión era muy fuerte”, señaló Soto Bracamonte y añadió: “En el año 2007 firmé un acta de compromiso donde yo debía dar, es que no recuerdo, si 20 o 25 muertos. Yo la firmé directamente. ¿Por qué razón la firmé? Porque el comandante de la División en su momento, (general) Guillermo Quiñones Quiroz, le puso una cuota a la brigada y la cuota fueron 100 muertos. Allá no dijeron: ‘Usted allá me da tantas capturas’. No, 100 muertos. Entonces con eso es más claro que lo que me estaban exigiendo eran muertos”.

Pero, según dijo, cuando estaban ad portas de cumplir las metas, de nuevo el general Guillermo Quiñones cambió los números y las exigencias al coronel Henry William Torres Escalante: “Luego de que la brigada llevaba 98, 99 muertos, el comandante de la División dijo: ‘Coronel Torres, ya la cuota no son 100, son 130. ¿Oyó?’”. En ese momento de la diligencia, el alto oficial en retiro insistió en que esas prácticas criminales no comenzaron en 2006, que venían de mucho tiempo atrás, pero que tampoco quería hacer acusaciones que no le constaran del todo. Entonces el magistrado Parra le preguntó al testigo cómo fue la génesis de ilegalidades cuando asumió la comandancia del Gaula. El mayor Soto agregó que el coronel Torres Escalante lo “apretó” por positivos, que lo citó a su oficina en la Brigada 16 y que ese día le presentó a dos enlaces para realizar estos crímenes: Wilson Rodríguez Mimisica, desmovilizado del grupo paramilitar de alias Martín Llanos, y José Ovidio Díaz.

“Me dice (el coronel Torres): ‘Vea, (este) conoce unos bandidos que están allá en Villavicencio, él los saca’. Pues ya cuando el comandante de la brigada habla en esos términos, pues ya uno entiende totalmente cuál es la política que maneja el comando de la brigada”. En ese instante, narró, supo que esos señores eran informantes del coronel Torres y, además, reclutadores de civiles. Y, siguiendo órdenes, empezó a trabajar con ellos. Usó dineros de gastos reservados para pagar esas operaciones ilegales, pagarles a Rodríguez y Díaz y comprar las armas que les plantaban a las víctimas para simular los combates. A veces, incluso, cuando escaseaba el dinero, tocaba pedirlo prestado; pero, insistió, había que dar resultados y reportarlos y poner esas cifras en el tablero de acrílico. “Muchas veces no había dinero y si no había no podía decirle al reclutador: ‘Oiga, espéreme que consignen’. No, uno tenía que conseguirlo y posteriormente se hacía la legalización”.

“Expertos para matar”

Seguidamente, Soto Bracamonte manifestó que en su reunión con el coronel Torres Escalante, este le dijo: “Te voy a mejorar el equipo de fútbol” y, para eso, además de gestionar el enlace con los reclutadores, trasladó a varios soldados “flojos para matar”. De acuerdo con su versión, que hoy verifica la JEP, el coronel Torres Escalante le envió varios suboficiales que manejaban información de estas operaciones criminales. ¿Cómo eran estas personas?, indagaron los magistrados. “Eran expertos para matar”. El mayor (r) aseveró que conocían el área, se movían bien en la zona, tenían contactos claves y casi que un protocolo establecido para escoger a las víctimas. En muchos casos se trató de desmovilizados de grupos guerrilleros o de autodefensa. De toda esta estrategia supo, insistió Soto, el coronel Torres Escalante. Es más, aseguró, de estas muertes irregulares primero le informaban a Torres.

El oficial en retiro sostuvo que Wilson Rodríguez Mimisica le entregó entre 12 y 15 víctimas y que los reclutadores, incluso, “aprovechaban hasta extorsionarlo a uno porque sabían que uno necesitaba presentar resultados”. Como el Gaula Casanare manejaba más recursos por el tema antiextorsión, se “pagaba” mejor por “los muertos”. Los civiles engañados eran de Villavicencio (Meta) y Villanueva y Monterrey (Casanare). El desmovilizado Rodríguez Mimisica, sin embargo, ha dado una versión distinta. En el informe que la Fiscalía le presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el año pasado sobre ejecuciones extrajudiciales, quedó consignado que, según el exparamilitar, Soto Bracamonte “lo presionaba y amenazaba por información y le hacía firmar bajo presión actas sobre presuntos integrantes de grupos armados ilegales de los cuales él no tenía conocimiento”.

A renglón seguido, el testigo contó varias anécdotas para retratar al general en retiro Mario Montoya Uribe —hoy también en la JEP por estos hechos—. Habló, específicamente, de una reunión en la capital del Meta, ordenada por Montoya, hacia agosto de 2006. Allí estuvieron los comandantes militares de la zona. En dicho encuentro, relató, los oficiales tuvieron que hacer una presentación en el auditorio para mostrar resultados. “Viene el general Montoya y empieza a hablar de muertos, ahí era muertos. A mí no me pasó nada porque el otro mayor (su antecesor en el Gaula Casanare) me había dejado como 10, y yo llevaba como 14 muertos. O sea que pasé sin llamado de atención”.

Otra suerte corrieron otros de sus compañeros. Al coronel que estaba al frente del batallón Joaquín París, en San José del Guaviare (Guaviare), lo regañó. “Le dijo: ‘Mi coronel, usted qué piensa, cero muertos, mire a ver, dígame si es que allá no hay nada que hacer. Si eso es no más (que) poner el batallón en línea, dispare y vaya y recoja’. Eso me llamó la atención. Y ahí dijo: ‘Seis meses es mucho para un mal comandante y muy poco para uno bueno. Hermano le doy un mes más, si no, lo relevo’. Y, efectivamente, lo relevó (…) A él le interesaban eran los litros de sangre”.

Esa expresión, añadió Soto Bracamonte, la oyó ese día, “y a esa reunión asistieron por lo menos unas 150 personas, no era ningún secreto”. Entonces volvió sobre la personalidad del excomandante del Ejército: “Siempre fue una persona que instigaba, arbitraria, que con sus gritos relevaba (…) Con sus amenazas todo el mundo le tenía miedo y él tenía el poder para trasladarlo a uno, para hacerlo echar”. El declarante contó que Montoya siempre ascendía a quienes tenían medallas de orden público, es decir, a quienes mostraran los mejores resultados en número de bajas. “Montoya siempre hablaba de litros de sangre y eso en el Ejército significaba muertos”. En ese instante puso otro ejemplo del contexto de presiones: ocurrió en 2007 durante otra visita del comandante del Ejército a la Brigada 16. “Llegó el general Montoya y dijo: ‘Mi coronel Torres (Escalante), esta brigada lleva 15 días sin un muerto, hermano. Esto es un mensaje subliminal para que lo releve del cargo”.

Esas supuestas cuotas de muertos, según el testigo, se imponían desde lo más alto de la pirámide del Ejército e iban descendiendo hasta los soldados. Pero ¿sabía el general Montoya lo que estaba ocurriendo?, le preguntaron directamente los magistrados al testigo, quien contestó: “Eso no es que él (Montoya) no sabía, él sabía todo lo que estaba pasando, todo el Estado Mayor del Ejército inclusive”. No obstante, el exjefe del Ejército, quien también se acogió a la JEP y que es investigado por al menos un centenar de crímenes perpetrados durante su comandancia, siempre ha reivindicado su inocencia. De vuelta al testimonio, Soto Bracamonte señaló que en Casanare hizo muchas operaciones ilegales con el DAS de la época, que altos funcionarios del organismo de inteligencia parecían entrenados en simulación de combates, que ellos mismos lo instruyeron para que siempre se llevaran armas a los lugares del asesinato y se les plantaran a las víctimas.

“El DAS, mejor dicho, tenía hasta mayor conocimiento, llegaba la persona, aquí está el muerto, anotaciones de inteligencia y le levanto el perfil criminal y listo”, contó también. Insistió en que muchas de esas operaciones que después terminaron en investigaciones de la justicia penal militar no avanzaron porque se consideraba que si detectives del DAS habían colaborado y, además, tenían funciones de policía judicial, la legalidad de estos hechos estaba fuera de discusión. Después de reseñar este capítulo, el declarante relató lo ocurrido con un miliciano del frente 28 de las Farc, que una vez capturado por el Gaula terminó como su informante. Su nombre: José Zacarías Valencia. Y aunque en principio le habían dado la orden de matarlo, Soto Bracamonte se opuso, aseguró.

Los magistrados le preguntaron por la suerte de los reclutadores e informantes, y el mayor retirado contestó: “Todos están vivos. A mí sí me lo propusieron (matarlos), pero no acepté, porque sí me dijeron que estábamos dejando ruedas sueltas (…) los informantes, prácticamente los que estuvieron conmigo o reclutadores, están detenidos, pero no están muertos”. Luego narró cómo se hacían esas operaciones ilegales: “Cogían (a la víctima) y la llevaban a un lugar y la asesinaban. Y en el informe, por escrito, se simulaba como si fuese un enfrentamiento (…) Uno sigue la orden de operación sustentándola para darle un viso de legalidad”. La JEP le indicó que tenía documentadas al menos 63 muertes ilegales durante su comandancia en el Gaula. El testigo reconoció que la cifra podía ser de hasta 80.

Durante su larga declaración de más de seis horas, el mayor Soto Bracamonte habló con nombres y apellidos de varios involucrados en estos homicidios, incluidos varios oficiales que aún no han sido tocados por la justicia y cuyas identidades reservamos para no afectar la investigación. También relató que solía decirles a sus hombres que ellos definían si hacían o no los asesinatos y puso un ejemplo: “En muchas oportunidades varios suboficiales y comandantes vinieron: ‘No, mi mayor, eso no se podía’. (Wilson Rodríguez) Mimisica llevó al Gaula una vez a una persona con retardo mental. Entonces la persona que estaba de comandante dijo: ‘No, no, mi mayor, esta persona aquí nos trajo a un man que no tiene los cinco sentidos’. La situación ellos la sabían. Pero en últimas ellos tomaban la decisión. Obviamente yo la sabía desde que ellos (los militares) salían”. Por eso, al final, Soto dijo que no quería tener esas felicitaciones en su hoja de vida obtenidas con esos crímenes.

Uno de los oficiales más salpicados por sus revelaciones es el hoy general Henry William Torres Escalante, quien fue detenido y acusado por la Fiscalía por las muertes de Daniel Torres y su hijo Roque, ejecutadas en 2007 por hombres de la Brigada 16 que los hicieron pasar por supuestos milicianos del Eln. En realidad, Roque Torres lo que estaba haciendo era denunciando los falsos positivos de esa brigada. Y así lo hizo constar en una declaración judicial tomada siete meses antes de su asesinato. Hoy Torres Escalante también está en la JEP. Pero el testimonio del mayor Soto Bracamonte lo pone en nuevos apuros judiciales: no solo lo vinculan a otros hechos ilícitos, sino que entregó detalles, documentos y órdenes de operaciones falsas para justificar esas muertes. Su versión constituye un aporte fundamental para el esclarecimiento de decenas de homicidios cometidos en Casanare entre 2006 y 2007.

Habla la defensa de Montoya

“La versión del mayor (r) Soto Bracamonte resulta inverosímil”. Para el defensor del general (r) Mario Montoya, el abogado Andrés Garzón, no hay otra manera de calificar las palabras del oficial en retiro ante la JEP. Garzón aclaró que no conoce esa declaración, aunque señaló algo que, en su criterio, llama mucho la atención: “Hay una particularidad en las versiones que tratan de enlodar al general (r) Montoya. Siempre son oficiales retirados y todos, a pesar de haber sido comandantes de una unidad menor, como el Gaula de un departamento, manifiestan haber tenido una reunión o haber escuchado al comandante del Ejército dando esas órdenes. Para quienes hemos estudiado un poco la estructura militar, eso es imposible. El comandante del Ejército no va por todo el país hablando con unidades menores”.

Según explicó Garzón, “el comandante se comunica con las divisiones, ellas a su vez con las brigadas, las brigadas con unidades menores (batallones, pelotones y compañías). Todos ahora dicen que escucharon y estuvieron con el general (r) Montoya. Eso no es cierto. Tan es así, que cuando se les exijan elementos materiales probatorios, no los tendrán o los tendrán que inventar. En cambio, nosotros tenemos los soportes de todas las directivas que se impartieron. Las tiene la Fiscalía desde hace más de tres años. Quienes están hablando fueron retirados por el Ejército, a quien le tocaba firmar esas bajas era al general (r) Mario Montoya. No se puede confundir a la opinión pública. Vamos a llevar las pruebas para refutarlos y luego a solicitar que sean expulsados de la JEP. Ellos no están diciendo la verdad”.

Fuente: El Espectador.