META
Habitantes de 89 barrios en Villavicencio en peligro por disputas entre bandas y grupos criminales urbanos

Habitantes de 89 barrios, en seis de las diez comunas de Villavicencio, están corriendo peligro debido a la reciente ola focalizada de violencia contra los migrantes venezolanos, como consecuencia de la estigmatización que enfrentan, pues un grupo reducido de ellos ha incurrido en actos de criminalidad, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Los hechos están relacionados, añadió el Defensor, “con la disputa por el control de actividades que generan rentas ilícitas en la capital del Meta. Al existir grupos criminales urbanos, que cuentan con arraigo histórico en la ciudad y un marcado liderazgo de personas con renombre a nivel local, se disparó la confrontación entre esos grupos y bandas emergentes, que son más débiles territorialmente hablando y están conformadas por algunas personas de origen venezolano”.
En carta enviada al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, la Defensoría del Pueblo le dio a conocer la Alerta Temprana de Inminencia 06 de 2024, con la que hace un llamado para que sean protegidos los habitantes de los barrios y asentamientos humanos del perímetro urbano en riesgo.
Señala el funcionario que, desde el pasado 2 de enero y hasta el 19 de febrero registraron 11 homicidios, tres casos de desplazamiento forzado y uno de amenaza de las autodenominadas ‘Mafia las Águilas’, hechos criminales relacionados con las denominadas ‘purgas’.
Por eso, agregó Camargo Assis, “hay temor de que durante los próximos días se sigan presentando más homicidios, amenazas y desplazamientos forzados, focalizando población vulnerable tanto de colombianos como de población migrante del vecino país”.
Para la Defensoría del Pueblo, es factible que la población civil focalizada siga siendo objeto de violaciones a los derechos humanos por atentados contra la vida, la seguridad y la libertad personal, que se pueden agudizar, además, por reclutamiento forzado y utilización de niñas, niños y adolescentes, extorsiones, ataques indiscriminados contra población migrante y enfrentamientos armados entre bandas urbanas.
Fuente: Defensoría del Pueblo
META
En el Meta, Defensoría y URT buscan que se cumplan fallos de restitución de tierras

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Defensoría del Pueblo adelantaron una Mesa Bilateral en el Meta, con el propósito de analizar casos emblemáticos de restitución y dar cumplimiento a las órdenes judiciales vigentes en la región.
La reunión estuvo presidida por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Gabriel Barreto, y la defensora regional del Pueblo, Dorys Ruiz Vanegas, quienes ratificaron el compromiso institucional de garantizar la representación y participación de la población vulnerable en los procesos de restitución de tierras.
Durante la jornada se abordó el caso emblemático del predio ‘El Carpintero’, ubicado en el municipio de Cabuyaro, el cual se encuentra en etapa judicial e involucra a alrededor de 422 terceros intervinientes, cuya representación judicial estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se revisaron seis casos con sentencias que ordenan sucesiones, con el fin de hacer efectivas las órdenes de compensación emitidas por los jueces y magistrados especializados.
Durante la reunión se recordó que un tercero es toda persona que tiene una relación o un interés sobre el predio objeto de reclamación. Dicha persona pasa a ser tercero interviniente cuando decide materializar su participación en el proceso, es decir, cuando solicita ser escuchado o presenta pruebas.
Con esta Mesa Bilateral, se reafirmó el cumplimiento de la Instrucción Administrativa Conjunta 002 de 2019, suscrita entre la URT y la Defensoría del Pueblo, que busca garantizar atención jurídica, asesoría y acompañamiento a terceros intervinientes y a segundos ocupantes reconocidos en etapa posfallo.
Finalmente, las entidades acordaron que la próxima sesión de la mesa se llevará a cabo el 4 de diciembre, con el fin de verificar los avances en los compromisos adquiridos y continuar fortaleciendo la protección de los derechos de las comunidades víctimas y terceros ocupantes en el Meta.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
META
Condenan a más de 35 años de cárcel a mujer que asesinó a otra por comentarios

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de conocimiento condenara a Angélica María Romero Manrique, de 26 años, a la pena de 35 años y 6 meses de prisión por el asesinato de una mujer en el barrio Industrial de Villavicencio (Meta), ocurrido el 9 de julio de 2018. La procesada fue hallada culpable del delito de homicidio agravado.
De acuerdo con la investigación de la Unidad de Vida de la Seccional Meta, Romero Manrique interceptó a la víctima cuando caminaba en vía pública junto a su hijo menor de edad. Tras iniciar una riña por supuestos comentarios que habría escuchado, la agresora la atacó con un arma cortopunzante.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. El juez negó la suspensión condicional de la pena y la sustitución por prisión domiciliaria, por lo que la condenada deberá cumplir la sentencia en centro carcelario.
La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. La Fiscalía destacó que este resultado reafirma su compromiso con la judicialización de los responsables de delitos que afectan la vida y la integridad de las personas.
Fuente: El Diario del Llano
META
Ya se habían separado por violencia intrafamiliar, ahora se fue a la cárcel por feminicidio

A la cárcel fue enviado un hombre de 47 años, como presunto responsable de quitarle la vida a su excompañera sentimental, en hechos ocurridos la noche del pasado 9 de septiembre, en un sector residencial de Acacías (Meta).
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, el hombre habría llegado a la casa de la víctima, en el barrio La Independencia, donde, al parecer, le causó múltiples heridas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo, ocasionándole la muerte.
El procesado había sido judicializado y condenado en 2020, por violencia intrafamiliar contra la víctima, quien entonces convivía con él y por esos hechos se separaron.
Fuente: El Diario del Llano
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