META
Habitantes de 89 barrios en Villavicencio en peligro por disputas entre bandas y grupos criminales urbanos
Habitantes de 89 barrios, en seis de las diez comunas de Villavicencio, están corriendo peligro debido a la reciente ola focalizada de violencia contra los migrantes venezolanos, como consecuencia de la estigmatización que enfrentan, pues un grupo reducido de ellos ha incurrido en actos de criminalidad, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Los hechos están relacionados, añadió el Defensor, “con la disputa por el control de actividades que generan rentas ilícitas en la capital del Meta. Al existir grupos criminales urbanos, que cuentan con arraigo histórico en la ciudad y un marcado liderazgo de personas con renombre a nivel local, se disparó la confrontación entre esos grupos y bandas emergentes, que son más débiles territorialmente hablando y están conformadas por algunas personas de origen venezolano”.
En carta enviada al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, la Defensoría del Pueblo le dio a conocer la Alerta Temprana de Inminencia 06 de 2024, con la que hace un llamado para que sean protegidos los habitantes de los barrios y asentamientos humanos del perímetro urbano en riesgo.
Señala el funcionario que, desde el pasado 2 de enero y hasta el 19 de febrero registraron 11 homicidios, tres casos de desplazamiento forzado y uno de amenaza de las autodenominadas ‘Mafia las Águilas’, hechos criminales relacionados con las denominadas ‘purgas’.
Por eso, agregó Camargo Assis, “hay temor de que durante los próximos días se sigan presentando más homicidios, amenazas y desplazamientos forzados, focalizando población vulnerable tanto de colombianos como de población migrante del vecino país”.
Para la Defensoría del Pueblo, es factible que la población civil focalizada siga siendo objeto de violaciones a los derechos humanos por atentados contra la vida, la seguridad y la libertad personal, que se pueden agudizar, además, por reclutamiento forzado y utilización de niñas, niños y adolescentes, extorsiones, ataques indiscriminados contra población migrante y enfrentamientos armados entre bandas urbanas.
Fuente: Defensoría del Pueblo
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
