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Gobierno radicó en el Congreso proyecto de ley ordinaria que reglamenta la Jurisdicción Agraria

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Los ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino; de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, y del Interior, Juan Fernando Cristo, radicaron este martes ante el Congreso de la República el proyecto de ley ordinaria que reglamenta la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia.

Con la norma, el Gobierno del Cambio avanza en el cumplimiento del mandato popular y del punto uno del Acuerdo de Paz, promoviendo instituciones y mecanismos de justicia ágiles y de fácil acceso para las poblaciones rurales en los que se puedan tramitar conflictos agrarios.

El proyecto de ley ordinaria radicado tiene como objetivo determinar las competencias de los jueces agrarios y el tipo de conflictos que resolverán, como los relacionados con posesión y tenencia de la tierra, servidumbres agrarias, deslinde y amojonamiento de predios agrarios y los que surjan de las actividades de producción agrarias, entre otros.

Además, establece las reglas especiales para que los procedimientos judiciales sean expeditos y garantistas.

Esta iniciativa se convierte en el primer proyecto de ley presentado por el Gobierno del Cambio durante el actual periodo legislativo y tendrá su primer debate en la Comisión Primera del Senado.

El acto contó con el acompañamiento de congresistas y representantes de organizaciones campesinas, indígenas, afro y de derechos humanos.

Vea el acto de radicación del proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria aquí.

Un paso hacia el Acuerdo Nacional

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que el proyecto “va de la mano con el plan de choque del Gobierno Nacional para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz en la segunda mitad de su mandato”.

Indicó que con la iniciativa se cumple con otro compromiso que hizo el presidente Gustavo Petro durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 20 de julio, en el sentido de que los proyectos que se radiquen sean socializados, buscando la mayor concertación posible con todas las bancadas.

Sostuvo que este proyecto es parte del “espíritu del Gobierno de construir un Acuerdo Nacional: que el primer punto del Acuerdo sea alrededor de hacer justicia con la gente que vive en el campo colombiano, con los millones de campesinos que están esperando que sus problemas allá, en el territorio, donde los viven, sean resueltos rápidamente y con base en la ley, sean resueltos por una autoridad especializada en la justicia agraria en Colombia”.

El derecho a la tierra y a la semilla

Por su parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, expresó que este proyecto de jurisdicción agraria busca saldar la deuda histórica con la población rural, al “acercar la justicia a los territorios olvidados” y “unir el derecho a la justicia agraria al derecho a la dignidad y a la vida digna de los campesinos y comunidades étnicas”.

Precisó que el proyecto contiene herramientas que garantizan “el acceso a la justicia para evitar que los conflictos sean resueltos de manera violenta”, mediante principios de “derecho a la tierra y derecho a la semilla”.

“Lean ustedes el proyecto, asuman ustedes el proyecto y entiéndanlo desde una construcción jurídica” para que puedan ustedes asumir una posición y no sean influenciados frente a la desinformación”, pidió la ministra de Justicia al Congreso de la República.

Esta es la más profunda apuesta por la paz

A su vez, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, manifestó que con esta propuesta el Gobierno Nacional no solo está avanzando en la implementación del Acuerdo de Paz, sino que también está “cumpliendo un anhelo del pueblo colombiano de más de 90 años: que sean jueces de la República los que permitan hacer tránsito a los conflictos de la tierra”, sin la intervención de los actores violentos.

“Esta apuesta de la justicia agraria es la más profunda apuesta por la paz”, recalcó la ministra de Agricultura y sostuvo que, de esta manera, el Gobierno del Cambio hoy le dice al país que “podemos construir un acuerdo de todos y de todas por la paz de Colombia”.

“Los convocamos a defender nuevamente, quizá con más ahínco, con mayor amor, este proyecto, que es el proyecto de las campesinas y de los campesinos, que es el proyecto de la paz, que es el proyecto para que la tierra productiva en Colombia sea la potencia agroalimentaria”, puntualizó Martha Carvajalino.

Logros en materia de normas agrarias

Con la Jurisdicción Agraria, el Gobierno del Cambio no solo garantizará que las mujeres rurales, los pequeños y medianos productores y los miembros de grupos étnicos participen de las actuaciones judiciales que puedan afectar sus derechos, sino que, además, promueve la formación de especialistas en derecho agrario y el fortalecimiento de consultorios jurídicos.

Durante el actual Gobierno, los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Justicia y del Derecho e Interior avanzaron hacia el cumplimiento del Acuerdo de Paz, logrando la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2023, que reformó la Constitución Política para incluir la Jurisdicción Agraria como parte de la rama judicial.

Asimismo, el Gobierno Nacional logró la aprobación de la Ley Estatutaria que reglamenta la estructura de la jurisdicción y establece los criterios para distribuir los jueces en todo el territorio nacional.

“El Ejecutivo confía en que el Congreso de la República tramite y apruebe prontamente esta ley para que la Jurisdicción Agraria sea una realidad”, indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado de prensa.

Fuente: ministerios de Justicia, Agricultura e Interior

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Colombia tendrá por primera vez una política pública de alimentación escolar

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La Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) oficializó la formulación de esta política estructural, que convierte el PAE en una política de Estado y no solo en un programa gubernamental. El objetivo: blindar su operación más allá de los ciclos políticos y asegurar que cada niño, niña y joven reciba una alimentación balanceada y pertinente durante su formación escolar.

“Después de 60 años, este Gobierno le dejará a Colombia su primera política pública de alimentación escolar. El Gobierno del Cambio tomó la decisión de elevar el PAE a política de Estado”, afirmó Sebastián Rivera, director de la UApA.

La nueva política se basa en cinco ejes estratégicos que buscan fortalecer el impacto del programa en las aulas y las comunidades:

  1. Garantía de derechos: la alimentación escolar se reconoce como un derecho fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes.
  2. Financiamiento sostenible: se establecen mecanismos financieros a largo plazo para asegurar la continuidad y expansión del PAE.
  3. Calidad y nutrición mejoradas: las minutas alimentarias serán revisadas y actualizadas con base en criterios técnicos, nutricionales y participación comunitaria.
  4. Participación ciudadana: estudiantes, familias y comunidades educativas participarán en la toma de decisiones, promoviendo transparencia y pertinencia local.
  5. Monitoreo y evaluación rigurosos: se implementarán sistemas de seguimiento robustos para garantizar eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

La formulación de esta política responde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, donde se reconoce la seguridad alimentaria como un problema estructural. Para ello, la UApA ha habilitado un espacio de participación abierta a través de un formulario en línea y sus redes sociales.

“Esto va más allá de entregar alimentos en la jornada escolar. Hablamos de soberanía alimentaria, de nutrición saludable y de una política construida entre todos: sector público, privado, ONG, comunidad educativa y familias”, explicó Rivera.

La consolidación del PAE como política pública enfrenta retos en la gestión descentralizada, la infraestructura y la capacitación, pero representa un avance determinante para proteger los derechos de la niñez y la juventud.

Con esta decisión, el Gobierno nacional fortalece su compromiso con la equidad y el desarrollo humano, sentando las bases para una Colombia donde la alimentación escolar sea un derecho garantizado, no una excepción.

Fuente: Comunicaciones Mineducación

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Antes del 30 de mayo, entidades públicas a reportar empleos de carrera que estén en vacancia

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Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) solicitaron a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, orden territorial y Corporaciones Autónomas Regionales, reportar los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva.

Las entidades deben proporcionar esta información a Función Pública antes del viernes 30 de mayo de 2025 para la elaboración del Plan Anual de Vacantes que será enviado a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

El Plan Anual de Vacantes es un instrumento técnico de medición que permite conocer a la Comisión y ciudadanías el número de cargos de carrera administrativa que se encuentran vacantes en el sector público y cuáles hacen parte de procesos de selección.

Función Pública aclaró que el diligenciamiento de esta información no exime a las entidades del reporte de vacantes en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) y la inscripción o actualización del Registro Público de Carrera Administrativa (RPCA).

El cumplimiento de este reporte debe ser verificado por el o la jefe de control interno o quien haga sus veces en las entidades, ya que en caso de incumplimiento u omisión deben reportar a la Dirección de Vigilancia y Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC.

Las entidades están obligadas a diligenciar la información de los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva con corte al 31 de diciembre de 2024 a través de este enlace.

Fuente: Comunicaciones Función Pública

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Desempleo en marzo se redujo a 9,6 %, reveló DANE: El más bajo desde 2017

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El desempleo en marzo de 2025 disminuyó 1,7 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado y se ubicó en 9,6 % desde el 11,3 % de 2024. Esto significa una variación absoluta de 1’057.000 personas ocupadas, reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE.

De acuerdo con la entidad, se trata de la tasa más baja desde 2017, resultado que se explica por la menor desocupación en las 13 principales ciudades del país y sus áreas metropolitanas que para el tercer mes de este año se ubicó en 9,3 %, que representa una disminución de 1,4 p.p. respecto del año pasado (10,8 %).

La tasa global de participación se ubicó en 67,4% (en marzo de 2024 fue de 67,1 %) y la tasa de ocupación quedó en 61,1 % (59,9 % en marzo del año pasado).

El estudio revela que la población del país en edad de trabajar llegó en marzo pasado a 40’514.000 personas, de las cuales 23’702.000 es la población ocupada (1’057.000 más que el año pasado); 2’522.000 es la población desocupada (con una disminución de 359.000 personas) y 14’289.000 personas están fuera de la fuerza laboral (amas de casa, estudiantes, pensionados, etc.) que se redujo en marzo último en 138.000 personas.

Por dominio geográfico, mientras en el total nacional la variación de población ocupada fue de 4,7 p.p., en Otras cabeceras llegó a 9 %, la cifra más alta desde 2018, y en las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas la variación fue de +3,4 p.p.

​Ocupación por actividades

El DANE informó que por ramas de actividad económica, el sector Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aportó  381 mil nuevos ocupados y representa 15,5 % del total nacional; le siguen Industrias manufactureras con 218 mil nuevos ocupados (11,1 %); Alojamiento y servicios de comida con 153 mil nuevos ocupados (7,3 %); Transporte y almacenamiento con 132 mil nuevos ocupados (7,5 %); Construcción aportó 125 mil ocupados (7 %); Comercio y reparación de vehículos 101 mil ocupados nuevos (17,6 %) y Actividades artísticas entretenimiento y recreación con 100 mil nuevos ocupados (8,4 % del total nacional).

Por sexo, la población masculina ocupada creció en 543 mil personas, mientras la femenina en 514 mil.

Por rangos de edad, la franja de 25 a 54 años entre los hombres redujo la desocupación en 152 mil personas, mientras en las mujeres la variación fue de 47 mil personas en el mismo rango etario.

​Desempleo​ por ciudades

El informe del DANE también da cuenta de que por encima del promedio nacional de desocupación (9,6 %) en marzo pasado estuvieron: Arauca con 29,2 %; Quibdó 29 %, Buenaventura 26,3 %, Mocoa 24,7 %, Barrancabermeja 24,6 % y Tumaco 23,3 %, entre las que da mayor tasa de desempleo.

Y las que registraron menor variación fueron Inírida 7,6 %, Mitú 6,7 %, Rionegro 6,1 % y Leticia 4,7 %.

​Informalidad y juventud

El sector informal de la economía para el tercer mes del año se ubicó en 57,7 % en todo el país; en los centros poblados y rural disperso llegó a 84,3 %; en las 23 principales ciudades del país fue de 45,2 % y en las 13 ciudades con área metropolitana se ubicó la informalidad en 43,9 %.

El DANE también midió la brecha de género en tasa de desocupación. Para el trimestre enero – marzo de 2025 la brecha de género en materia de desempleo fue de 9,8 puntos porcentuales, pues mientras los hombres registraron una tasa de desempleo de 13 % las mujeres registraron 22, 8 %.

En este mismo periodo, la población más joven (15 – 24 años) la desocupación a nivel nacional se redujo en 2,9 p.p., mientras que en las 23 principales ciudades del país se redujo en 3 p.p. En Quibdó este indicador subió 8,4 %, y en Cartagena se redujo 6,7 %.

Fuente: Comunicaciones DANE

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