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Gobierno radicó en el Congreso proyecto de ley ordinaria que reglamenta la Jurisdicción Agraria

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Los ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino; de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, y del Interior, Juan Fernando Cristo, radicaron este martes ante el Congreso de la República el proyecto de ley ordinaria que reglamenta la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia.

Con la norma, el Gobierno del Cambio avanza en el cumplimiento del mandato popular y del punto uno del Acuerdo de Paz, promoviendo instituciones y mecanismos de justicia ágiles y de fácil acceso para las poblaciones rurales en los que se puedan tramitar conflictos agrarios.

El proyecto de ley ordinaria radicado tiene como objetivo determinar las competencias de los jueces agrarios y el tipo de conflictos que resolverán, como los relacionados con posesión y tenencia de la tierra, servidumbres agrarias, deslinde y amojonamiento de predios agrarios y los que surjan de las actividades de producción agrarias, entre otros.

Además, establece las reglas especiales para que los procedimientos judiciales sean expeditos y garantistas.

Esta iniciativa se convierte en el primer proyecto de ley presentado por el Gobierno del Cambio durante el actual periodo legislativo y tendrá su primer debate en la Comisión Primera del Senado.

El acto contó con el acompañamiento de congresistas y representantes de organizaciones campesinas, indígenas, afro y de derechos humanos.

Vea el acto de radicación del proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria aquí.

Un paso hacia el Acuerdo Nacional

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que el proyecto “va de la mano con el plan de choque del Gobierno Nacional para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz en la segunda mitad de su mandato”.

Indicó que con la iniciativa se cumple con otro compromiso que hizo el presidente Gustavo Petro durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 20 de julio, en el sentido de que los proyectos que se radiquen sean socializados, buscando la mayor concertación posible con todas las bancadas.

Sostuvo que este proyecto es parte del “espíritu del Gobierno de construir un Acuerdo Nacional: que el primer punto del Acuerdo sea alrededor de hacer justicia con la gente que vive en el campo colombiano, con los millones de campesinos que están esperando que sus problemas allá, en el territorio, donde los viven, sean resueltos rápidamente y con base en la ley, sean resueltos por una autoridad especializada en la justicia agraria en Colombia”.

El derecho a la tierra y a la semilla

Por su parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, expresó que este proyecto de jurisdicción agraria busca saldar la deuda histórica con la población rural, al “acercar la justicia a los territorios olvidados” y “unir el derecho a la justicia agraria al derecho a la dignidad y a la vida digna de los campesinos y comunidades étnicas”.

Precisó que el proyecto contiene herramientas que garantizan “el acceso a la justicia para evitar que los conflictos sean resueltos de manera violenta”, mediante principios de “derecho a la tierra y derecho a la semilla”.

“Lean ustedes el proyecto, asuman ustedes el proyecto y entiéndanlo desde una construcción jurídica” para que puedan ustedes asumir una posición y no sean influenciados frente a la desinformación”, pidió la ministra de Justicia al Congreso de la República.

Esta es la más profunda apuesta por la paz

A su vez, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, manifestó que con esta propuesta el Gobierno Nacional no solo está avanzando en la implementación del Acuerdo de Paz, sino que también está “cumpliendo un anhelo del pueblo colombiano de más de 90 años: que sean jueces de la República los que permitan hacer tránsito a los conflictos de la tierra”, sin la intervención de los actores violentos.

“Esta apuesta de la justicia agraria es la más profunda apuesta por la paz”, recalcó la ministra de Agricultura y sostuvo que, de esta manera, el Gobierno del Cambio hoy le dice al país que “podemos construir un acuerdo de todos y de todas por la paz de Colombia”.

“Los convocamos a defender nuevamente, quizá con más ahínco, con mayor amor, este proyecto, que es el proyecto de las campesinas y de los campesinos, que es el proyecto de la paz, que es el proyecto para que la tierra productiva en Colombia sea la potencia agroalimentaria”, puntualizó Martha Carvajalino.

Logros en materia de normas agrarias

Con la Jurisdicción Agraria, el Gobierno del Cambio no solo garantizará que las mujeres rurales, los pequeños y medianos productores y los miembros de grupos étnicos participen de las actuaciones judiciales que puedan afectar sus derechos, sino que, además, promueve la formación de especialistas en derecho agrario y el fortalecimiento de consultorios jurídicos.

Durante el actual Gobierno, los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Justicia y del Derecho e Interior avanzaron hacia el cumplimiento del Acuerdo de Paz, logrando la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2023, que reformó la Constitución Política para incluir la Jurisdicción Agraria como parte de la rama judicial.

Asimismo, el Gobierno Nacional logró la aprobación de la Ley Estatutaria que reglamenta la estructura de la jurisdicción y establece los criterios para distribuir los jueces en todo el territorio nacional.

“El Ejecutivo confía en que el Congreso de la República tramite y apruebe prontamente esta ley para que la Jurisdicción Agraria sea una realidad”, indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado de prensa.

Fuente: ministerios de Justicia, Agricultura e Interior

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Preocupación por tutela que ordena suspender exploración en pozo Uchuva 2

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 La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) manifestaron su preocupación por el fallo de tutela que ordena la suspensión de la actividad de exploración de gas natural en el pozo Uchuva 2.

Las empresas de la industria del gas natural respetan y acatan las decisiones judiciales, sin embargo, esta decisión compromete el abastecimiento de gas natural que beneficia hoy a 36 millones de colombianos, aun cuando las entidades competentes demostraron que no se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a la comunidad indígena de Taganga.

En relación con el proyecto de Uchuva 2 y el cumplimiento de los trámites requeridos para su ejecución, la ACP y Naturgas señalan que el Bloque Tayrona del que hace parte el pozo Uchuva 2, está localizado a 31 kilómetros de la línea de costa, en aguas profundas (837 metros de lámina de agua) en mar territorial colombiano, en donde la empresa operadora ha ejecutado diversas actividades por más de 20 años, en cumplimiento del contrato firmado en 2004 con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Las actividades exploratorias ejecutadas fueron aprobadas por las autoridades competentes. La empresa operadora ha cumplido con todos los requisitos regulatorios y trámites requeridos, incluyendo la Determinación de la No presencia de Comunidades Indígenas en el área de influencia del proyecto, el licenciamiento ambiental, y la obtención de los permisos de la Dirección General Marítima (DIMAR). Sus actividades se han adelantado cumpliendo los más altos estándares de calidad y sin ningún impacto ambiental registrado.

Con la ejecución del proyecto NO se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a ninguna comunidad indígena, toda vez que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior (DANCP), mediante Resolución ST-1630 de 2023, confirmó la NO presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, y por tanto tampoco su afectación directa.

La certificación de no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto ha sido reiterada por la entidad en varios actos administrativos. Y en los 18 años que la empresa lleva ejecutando el proyecto, nunca se había manifestado ningún requerimiento o reporte de impactos por parte de la comunidad.

Tampoco se encuentra demostrada afectación directa relacionada con la actividad de pesca artesanal, teniendo en cuenta que las conclusiones del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), organización adscrita al Ministerio de Ambiente, confirmó la no existencia de actividad de pesca artesanal en el área de influencia del proyecto. Conclusión confirmada también por la ANLA.

En cuanto a la afectación a la seguridad energética, los gremios profundizaron en que:

  1. En Colombia, exceptuando los proyectos costa afuera (incluido Uchuva), los nuevos descubrimientos son insuficientes para reponer las reservas de petróleo y gas que se consumen. Los proyectos costa afuera tienen una alta prospectividad para gas, la cual es clave para revertir la disminución crítica y progresiva que vienen registrando las reservas de gas en el país; desde 2012 han caído en un 58%.
  2. El índice de reposición de reservas en los últimos 10 años (2014-2023) es del 25%, es decir, que se está descubriendo menos gas del que se produce/consume, de cada 10 pies cúbicos que se producen, se adicionan 2,5. Por lo anterior, el factor Reservas/Producción también evidencia una crítica situación en la disponibilidad de gas, ratificando la necesidad de aumentar la exploración y el desarrollo de este energético, así como de resolver las contingencias para incrementar las reservas y la producción.
  3. En 2023 se registró un incremento en recursos contingentes existentes del 29%, de los cuales la mayoría corresponde a recursos costa afuera. Este incremento es resultado del trabajo e inversiones realizadas por las empresas, y para viabilizarlos e incorporarlos como reservas se requiere exploración y desarrollo.

Finalmente, la ACP y Naturgas reiteran que es crucial que el país mantenga un entorno de estabilidad jurídica que favorezca el desarrollo de proyectos esenciales para su futuro energético, sin comprometer los derechos de las comunidades ni la seguridad energética del país; y hacen un llamado al trabajo articulado y al diálogo constructivo con todos los actores nacionales y regionales para asegurar que los colombianos sigan contando con un abastecimiento confiable y sostenible de gas natural.

Fuente: Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas)

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Bomberos Yopal se esfuerzan para extinguir gigantesco incendio forestal en Tolima

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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal entregó informe sobre las labores realizadas en respuesta al incendio forestal que afecta la zona rural de Natagaima, Tolima. En el lugar, se encuentran 10 unidades entre ellas el Sargento Waldo Ramírez quien están a cargo de la operación.

Las temperaturas en la zona oscilan entre los 38 y 40 grados Celsius, con vientos de entre 18 y 27 km/h. El terreno es escarpado, con pendientes pronunciadas, y el material vegetal se encuentra en un avanzado estado de deshidratación, lo que complica aún más el control del incendio. Estas condiciones han generado fallas en las estrategias iniciales de contención.

El primer día, el personal trabajó en la construcción de una línea de defensa, pero un cambio inesperado en la velocidad y dirección del viento provocó que los esfuerzos se perdieran durante la tarde. En el segundo día de labores, en la vereda Pocharco, se logró controlar el fuego en uno de los sectores.

Ayer, 16 de septiembre, el incendio se reactivó nuevamente en la vereda Pocharco, pero el difícil acceso al terreno ha retrasado las labores de extinción. Se espera que el fuego avance hacia una zona más accesible para poder continuar con los esfuerzos de control.

En horas de la tarde, se determinó movilizar al personal hacia el municipio de Dolores, ya que el incendio ha superado los límites de Natagaima, afectando zonas rurales de este municipio vecino. También se evalúa la posibilidad de acampar en áreas cercanas al incendio para reducir los tiempos de traslado, que actualmente son de aproximadamente dos horas en vehículo desde la zona de emergencia hasta el casco urbano de Natagaima.

El equipo está empleando herramientas manuales y sopladoras, además de realizar ataques directos y construir nuevas líneas de defensa.

Fuente: Bomberos Yopal

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Proponen aumentar gradualmente la licencia de paternidad de 2 a 12 semanas

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El Gobierno del Cambio, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Trabajo, propuso aumentar de manera progresiva de 2 semanas a 12 las licencias de paternidad remuneradas.

La propuesta está contenida en el proyecto de Reforma Laboral, que estudia el Congreso de la República en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, y que pretende cerrar las brechas laborales entre hombres y mujeres y equilibrar el cuidado de los hijos en la familia.

A través del documento ‘Las licencias de paternidad: una apuesta para la redistribución del cuidado y la generación de empleo’, las dos entidades analizan los impactos sociales y económicos que traería la ampliación de esta licencia en el país.

De ser aprobada, la licencia de paternidad aumentaría gradualmente de dos semanas (actualmente) a ocho semanas en 2024; a 10 semanas en 2025 y a 12 semanas en 2026.

De esta forma, la licencia de paternidad tendría la misma duración que hoy tiene la licencia de maternidad, y el pago de este reconocimiento económico quedaría “a cargo de la EPS o la entidad que haga sus veces o la entidad que determine la Ley de Seguridad Social o el Gobierno nacional, y será reconocida por el nacimiento o adopción de hijas e hijos’.

De acuerdo con Alberto Bejarano, director de Desarrollo Social del DNP, con las licencias igualitarias de paternidad y de maternidad se reduce la brecha laboral entre hombres y mujeres y se garantiza el derecho a que ambos padres tengan la oportunidad de cuidar a sus hijos recién nacidos.

“La igualdad en la responsabilidad, el trato y las condiciones para eliminar la discriminación en el mercado de trabajo contra las mujeres es la base de la política de igualdad de género que se promueve en el marco de la reforma laboral igualitaria’, dijo el funcionario.

Bejarano, además, comentó que el DNP avanza en la elaboración de documentos Conpes relacionados con igualdad de género en temas del cuidado, comunidades Lgbtiq+, trabajo digno y decente, y reforma laboral.

Creación de empleo

El documento del DNP asegura que, si las empresas deciden reemplazar a las personas que salen a licencia de paternidad y maternidad, se necesitarían entre 6.000 y 18.000 trabajadores nuevos, dependiendo del porcentaje de trabajadores en licencia que se reemplacen: si se reemplaza 25% de los trabajadores en licencia, se necesitarán 6.000 trabajadores; si es 50% de las labores se necesitarán 11.995 trabajadores, y si el reemplazo es de 75% de los trabajadores en licencia se necesitarán 18.000 trabajadores nuevos.

Agrega el estudio que, además, al tener licencias de maternidad y paternidad igualitarias, “disminuye la penalización sobre el empleo de las mujeres, al dejar de considerarlas únicas responsables del cuidado de los hijos e hijas’.

 Fuente: Departamento Nacional de Planeación – DNP

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