REGIÓN
Gobierno Nacional pide que se suspenda convocatoria del paro
El Coordinador de la Gran Conversación Nacional y Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Diego Molano, anunció este lunes la disposición del Gobierno de buscar los mecanismos para trabajar en una mesa paralela de diálogo con los integrantes del llamado Comité de Paro, para discutir los planteamientos que le entregaron al Jefe de Estado la semana anterior, así como la solicitud que le hicieron a los promotores de que suspendan la convocatoria del 4 de diciembre.
En diálogo con medios de comunicación, Molano aseguró que en el encuentro que sostuvieron el sábado, gracias a la gestión del exvicepresidente Angelino Garzón, le hicieron una solicitud al Comité para que no hagan la convocatoria de paro del miércoles.
En este sentido, la petición la hicieron “ante el clamor colombiano, ante la necesidad de que el país inicie una época navideña tranquila, que suspendieran el paro del 4, de modo que no sigan afectando el desarrollo de las actividades de comercio, de las actividades de transporte y que Colombia pueda retornar a una vida normal y tranquila en estas épocas decembrinas”.
Insistió en que esta petición tuvo como objetivo “mostrar que el Gobierno sigue en su Conversación Nacional, que es un proceso incluyente y abierto; que tiene esta disposición de tener esta mesa abierta paralela de diálogo con el Comité del Paro, pero en aras siempre de encontrar soluciones, que es lo que quiere el Presidente Duque y, por supuesto, haciendo este llamado de que suspendan el paro del 4 y estamos dispuestos y listos a sentarnos con ellos esta tarde o mañana para discutir sobre esta agenda que se les planteó el sábado anterior”.
Sobre la respuesta del Comité, Molano comentó que “ellos dijeron que iban a revisar, que iban a analizar”.
El Director del Dapre aseguró, además, que el Gobierno y el Presidente Iván Duque han “hecho el planteamiento, que sigue la Conversación Nacional, pero con ellos nos vamos a sentar a definir claramente, la metodología, el dialogo y el alcance”.
“Les explicamos que hay algunos temas que tienen que ver más con el Congreso de la República, con otras ramas del sector, como es el caso del sector judicial”, anotó Molano, al reiterar que lo que se pretende es que “podamos nosotros –sin ultimátums–, sentarnos a resolver este problema, particularmente, frente a los 13 temas que han sido señalados”.
Enfatizó que el Gobierno tiene “toda la voluntad, como lo ha señalado el Presidente Duque, de que sigamos adelante con la conversación y de que esta mesa de dialogo, que se establezca con ellos, tenga unos puntos de conexión con la Conversación Nacional”.
Fuente: Presidencia de la República
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
