META
Gobierno debe asumir mantenimiento de vía al Llano
Así lo establecen los contratos que hay con el corredor vial
El corredor vial Bogotá – Villavicencio está localizado en los departamentos de Cundinamarca y Meta con una longitud total de 85,6 km. Inicia en el límite del distrito de Bogotá y termina en la intersección Los Fundadores en Villavicencio.
Para este este corredor se realizaron dos contratos de concesión: el 444 de 1994 Bogotá – Villavicencio a cargo de, en su momento, Coviandina con una inversión de 3 billones de pesos de la época. Y el contrato 005 de 2015 de iniciativa privada (Chirajara -Fundadores) a cargo de Coviandes, ahora responsable del mantenimiento y operación de toda la vía, junto con una nueva calzada de 32 kilómetros que va desde Chirajara hasta Villavicencio.
Con una inversión de 6 billones de pesos también para aquel año, desde 1994 hasta hoy el gran inversionista de estos concesionarios es Corficolombiana, que pertenece al Grupo Aval.
En el 2015, cuando el consorcio Coviandes asume la operación y mantenimiento de la vía, lo hace bajo la modalidad de Asociación Público Privada conocida como APP, en donde el empresario presenta una estructuración de un proyecto al Estado, calcula su rentabilidad y ganancias mediante peajes, y así dispone sus recursos para realizar las obras que el Estado no puede llevar a cabo por falta de dinero.
El Ministerio de Transporte bajo dirección, en ese entonces, de Natalia Abello, y la Agencia Nacional de Infraestructura a cargo de Luis Fernando Andrade, recibieron la estructuración y decidieron firmar el contrato con algunos reparos. Reparos que el actual Ministerio de Transporte califica como graves errores y que hoy tienen a la vía cerrada.
Los puntos críticos de la vía son 137 y su mantenimiento quedó en manos del Gobierno Nacional. Así quedó establecido en el contrato: “en virtud de lo anterior, es claro que dentro de las actividades que debe realizar el concesionario para el mantenimiento del corredor vial quedó expresamente excluido la atención de puntos críticos y sus correspondientes soluciones definitivas”.
Sobre ese punto, la concesionaria expresó lo siguiente en un comunicado: “Coviandes se permite aclarar que las obligaciones descritas en el adicional 1 al contrato de concesión 444 de 1994, tienen como objeto el de construir, operar y mantener la carretera Bogotá – Villavicencio, no estabilizar la cordillera oriental, macizo en formación caracterizado por su inestabilidad geológica”.
Para el actual gobierno nacional, ese punto del contrato no solo le ha generado pérdidas millonarias al oriente colombiano, sino que además está descuadrando las finanzas del Estado.
“Inicialmente solo fueron 85 mil millones de pesos, solo, entre comillas, después fue necesario conseguir 30 mil millones de pesos más para extender dos túneles falsos para proteger realmente la vía”, dice el viceministro de infraestructura, Manuel Felipe Rodríguez.
La Contraloría por su parte advierte que pese a que en el contrato esta eximida de esa obligación, está verificando si el consorcio es responsable de lo que hoy le está pasando a la montaña de la vía al Llano.
Tras conocer esta historia, se consultó al exministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas para saber por qué el gobierno le quitó esa responsabilidad al concesionario, una decisión que hoy muchos califican como un grave error. Rojas manifestó que “Lo que pasa en ese momento es que se genera la doble calzada y no se marcan las inestabilidades, pero vuelvo y repito, es que lo que se contrató, fue el último tramo y no el tramo que hoy esta inestable. Ese era solamente mantenimiento, no se evidenció la inestabilidad y no se metió sobre el alcance de la concesión”.
Para el exministro existirían dos explicaciones para que el gobierno no exigiera a la concesionaria la mitigación de los riesgos: “o que no le vieron la gravedad del caso, o que la inestabilidad no existía a la gravedad como hoy existe en este momento y por eso tampoco fue planteada en la iniciativa”.
Como si fuera poco, la vía alterna al Llano, la del Sisga, que comunica a Bogotá con Villavicencio en 10 horas más de tiempo, tiene el mismo problema: en su contrato también se excluyeron los puntos críticos.
Mientras se establece si esta crisis la generó el clima de la zona, los trabajos en la montaña o la falta de previsión, el país espera que se produzca la reapertura rápida y segura de la vía que comunica al centro con el oriente y que es vital para la economía del país.
Fuente: Noticias Caracol
El Instituto Nacional de Salud confirmó la presencia del virus de fiebre amarilla en un mono aullador (Alouatta seniculus) encontrado muerto el pasado 5 de mayo en una zona hídrica entre las veredas La Llanerita y Apiay, cerca de la vía a Puerto López, en el departamento del Meta.
El hallazgo se produjo tras el reporte de un transeúnte, lo que permitió a profesionales de Cormacarena atender el caso y trasladar el ejemplar al laboratorio de patología de la Universidad de los Llanos.
Aunque los análisis confirmaron la infección por fiebre amarilla, las autoridades establecieron que la causa de la muerte fueron las heridas físicas que presentaba el animal, especialmente en la cabeza y el rostro. Las muestras fueron enviadas al Laboratorio Departamental de Salud Pública del Meta, que coordinó el estudio junto al Instituto Nacional de Salud.
Cormacarena, junto con las secretarías de Salud del Meta y Villavicencio, reiteró que los primates no transmiten directamente la fiebre amarilla a los humanos. Estos animales son considerados centinelas, es decir, alertan sobre la presencia del virus en el entorno, lo que permite a las autoridades activar medidas de vigilancia y prevención.
En respuesta al caso, las autoridades sanitarias instaron a la comunidad a vacunarse contra la fiebre amarilla, usar toldillos, eliminar criaderos de mosquitos y evitar el contacto con fauna silvestre. También se habilitó la Línea de Atención de Fauna Silvestre (321 482 0327) para reportar primates enfermos o muertos.
Se recordo una vez más, que la vacuna contra la fiebre amarilla es gratuita y se recomienda para todos, sin importar su estado de afiliación al sistema de salud. Se recomienda buscar atención médica antes de vacunarse, especialmente para personas mayores de 60 años.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Fiscalía General de la Nación judicializó a José Luis Fernández Zabala, por su presunta responsabilidad en las exigencias económicas ilegales a un comerciante en Puerto Gaitán.
Por estos hechos, un fiscal seccional le imputó el delito de extorsión agravada, cargo que no aceptó.
De acuerdo con la investigación, el comerciante comenzó a recibir llamadas, en las cuales le exigían pagar dinero a cambio de no atentar contra su vida y sus bienes.
Debido a las presiones, la víctima alcanzó a transferir más de 43.000.000 de pesos, a través de giros a seis personas diferentes, entre ellas a Fernández Zabala, desde el 2 de febrero de 2024.
Servidores de la Policía y el Ejército Nacional capturaron al procesado en zona rural de San Andrés de Cuerquia (Antioquia), en cumplimiento de una orden judicial.
Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
META
Fuerza Pública habilita dos nuevos municipios en el Meta para avanzar en la restitución de tierras
Durante una reunión del Comité Operativo Local de Restitución del Meta, quedaron habilitadas dos nuevas zonas que suman 26.205 hectáreas.
Tras el aval de seguridad otorgado por la Fuerza Pública, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ahora podrá adelantar gestiones de tipo social, catastral y judicial en favor de los reclamantes, así como dar respuesta a las familias víctimas de despojo y/o abandono forzado en estos dos municipios.
Con el aval otorgado, se creará la microzona de Mesetas, sobre la vía nacional que comunica a este municipio con el de Uribe. Tendrá una extensión de 5.495 hectáreas, en las que se ubican 32 predios solicitados en restitución de tierras e incluye las veredas: Oriente, Bajo Cuncia, El Porvenir y La Barrialosa.
La segunda microzona aprobada es la del municipio de Puerto Rico, con una extensión de 20.708 hectáreas, en las que se ubican 42 solicitudes de restitución de tierras y están las veredas: Caños Negros, Caño Raya, Guacamayas, La Lindosa y El Oasis.
En desarrollo de la reunión, mandos de la Fuerza Pública analizaron las condiciones de seguridad de los municipios del Meta, definieron la continuidad de las actuaciones de la Unidad para atender solicitudes en la etapa administrativa del proceso, y garantizaron el acompañamiento para las salidas a terreno en Vista Hermosa, Mesetas, Uribe, Puerto Rico, Lejanías, Puerto Lleras, La Macarena y Puerto Gaitán.
Fuente: Comunicaciones URT
