Connect with us

META

Gobierno debe asumir mantenimiento de vía al Llano

Published

on

Así lo establecen los contratos que hay con el corredor vial

El corredor vial Bogotá – Villavicencio está localizado en los departamentos de Cundinamarca y Meta con una longitud total de 85,6 km. Inicia en el límite del distrito de Bogotá y termina en la intersección Los Fundadores en Villavicencio.

Para este este corredor se realizaron dos contratos de concesión: el 444 de 1994 Bogotá – Villavicencio a cargo de, en su momento, Coviandina con una inversión de 3 billones de pesos de la época. Y el contrato 005 de 2015 de iniciativa privada (Chirajara -Fundadores) a cargo de Coviandes, ahora responsable del mantenimiento y operación de toda la vía, junto con una nueva calzada de 32 kilómetros que va desde Chirajara hasta Villavicencio.

Con una inversión de 6 billones de pesos también para aquel año, desde 1994 hasta hoy el gran inversionista de estos concesionarios es Corficolombiana, que pertenece al Grupo Aval.

En el 2015, cuando el consorcio Coviandes asume la operación y mantenimiento de la vía, lo hace bajo la modalidad de Asociación Público Privada conocida como APP, en donde el empresario presenta una estructuración de un proyecto al Estado, calcula su rentabilidad y ganancias mediante peajes, y así dispone sus recursos para realizar las obras que el Estado no puede llevar a cabo por falta de dinero.

El Ministerio de Transporte bajo dirección, en ese entonces, de Natalia Abello, y la Agencia Nacional de Infraestructura a cargo de Luis Fernando Andrade, recibieron la estructuración y decidieron firmar el contrato con algunos reparos. Reparos que el actual Ministerio de Transporte califica como graves errores y que hoy tienen a la vía cerrada.

Los puntos críticos de la vía son 137 y su mantenimiento quedó en manos del Gobierno Nacional. Así quedó establecido en el contrato: “en virtud de lo anterior, es claro que dentro de las actividades que debe realizar el concesionario para el mantenimiento del corredor vial quedó expresamente excluido la atención de puntos críticos y sus correspondientes soluciones definitivas”.

Sobre ese punto, la concesionaria expresó lo siguiente en un comunicado: “Coviandes se permite aclarar que las obligaciones descritas en el adicional 1 al contrato de concesión 444 de 1994, tienen como objeto el de construir, operar y mantener la carretera Bogotá – Villavicencio, no estabilizar la cordillera oriental, macizo en formación caracterizado por su inestabilidad geológica”.

Para el actual gobierno nacional, ese punto del contrato no solo le ha generado pérdidas millonarias al oriente colombiano, sino que además está descuadrando las finanzas del Estado.

“Inicialmente solo fueron 85 mil millones de pesos, solo, entre comillas, después fue necesario conseguir 30 mil millones de pesos más para extender dos túneles falsos para proteger realmente la vía”, dice el viceministro de infraestructura, Manuel Felipe Rodríguez.

La Contraloría por su parte advierte que pese a que en el contrato esta eximida de esa obligación, está verificando si el consorcio es responsable de lo que hoy le está pasando a la montaña de la vía al Llano.

Tras conocer esta historia, se consultó al exministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas para saber por qué el gobierno le quitó esa responsabilidad al concesionario, una decisión que hoy muchos califican como un grave error. Rojas manifestó que “Lo que pasa en ese momento es que se genera la doble calzada y no se marcan las inestabilidades, pero vuelvo y repito, es que lo que se contrató, fue el último tramo y no el tramo que hoy esta inestable. Ese era solamente mantenimiento, no se evidenció la inestabilidad y no se metió sobre el alcance de la concesión”.

Para el exministro existirían dos explicaciones para que el gobierno no exigiera a la concesionaria la mitigación de los riesgos: “o que no le vieron la gravedad del caso, o que la inestabilidad no existía a la gravedad como hoy existe en este momento y por eso tampoco fue planteada en la iniciativa”.

Como si fuera poco, la vía alterna al Llano, la del Sisga, que comunica a Bogotá con Villavicencio en 10 horas más de tiempo, tiene el mismo problema: en su contrato también se excluyeron los puntos críticos.

Mientras se establece si esta crisis la generó el clima de la zona, los trabajos en la montaña o la falta de previsión, el país espera que se produzca la reapertura rápida y segura de la vía que comunica al centro con el oriente y que es vital para la economía del país.

Fuente: Noticias Caracol

META

Procuraduría le pone la lupa a la elección del Personero Municipal de Puerto López

Published

on

By

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.

El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.

La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.

La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.

Continue Reading

META

A la cárcel por feminicidio de madre e hija en Puerto Gaitán por una deuda

Published

on

By

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.

El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.

La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.

Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.

Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).

Lea también: Conmoción en Puerto Gaitán por feminicidio de madre e hija, capturan un sospechoso

Continue Reading

META

Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada

Published

on

By

Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.

Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.

Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.

Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).

“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.

Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lo Mas Leido