ARAUCA
Gobernador de Arauca se refirió al trabajador de OXY que dio positivo de Covid-19
El Gobernador de Arauca José Facundo Castillo Cisneros lamentó la situación registrada con el trabajador del Campo Petrolero de Caño Limón quien resultó positivo el 8 de mayo para el COVID-19.
Ante este hecho se han tomado las medidas sanitarias correspondientes, como el aislamiento social de las personas que tuvieron contacto directo con el afectado, y la desinfección en el área aledaña en donde se encuentra alojada esta persona.
Debido a que es un paciente asintomático la atención médica y sicológica se le está brindando en el lugar que se hospeda por parte de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, con todas las garantías de bioseguridad para él, sus compañeros de aislamientos y quienes lo están atendiendo.
Sin embargo, la Gobernación se permite aclarar que:
- El paciente ingresó a este Departamento el pasado 4 de mayo, por vía terrestre, proveniente de Villanueva Santander, según el mismo reveló, lo que pudo constatarse con el seguimiento satelital que se tiene sobre los vehículos que arriban a la región.
- Esta persona se hospedó en un hotel del municipio capital, donde asegura que únicamente salió a realizarse la prueba que le exigían en el Complejo Petrolero de Caño Limón para retomar labores, en el laboratorio autorizado, en un vehículo de la empresa.
- La prueba fue realizada por un laboratorio privado el día 5 de mayo y remitida al siguiente día a la ciudad de Bogotá. El 8 de mayo desde la capital del país se confirmó que el paciente tenía COVID-19. El trabajador asegura que no salió del hotel y que tampoco estuvo en el complejo petrolero.
El mandatario aseguró que es muy lamentable que esta situación termine afectando a todo el Departamento y ponga en riesgo a la comunidad araucana. Por esta razón envió una carta al presidente y gerente general de Occidental en Colombia Ed Hanley, pidiéndole claridad en torno de la situación registrada pues en este caso los protocolos de bioseguridad tomados por la petrolera fallaron, dejando en riesgo a los cerca de 300 mil araucanos.
Fuente: Gobernación de Arauca
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
