CASANARE
Gobernación no presupuestó recursos para Unitrópico: Diputado Pipe Becerra
El diputado Felipe Becerra hizo pública una denuncia sobre el tema de los recursos asignados para Unitrópico como Universidad Pública. Según lo indicado por Becerra dichos recursos al parecer no están reflejados en el proyecto de Presupuesto 2020.
Según el diputado, en la ley 1937 de 2018 del 6 de septiembre, se dio la facultad para que el Gobernador, Diputados y el Gobierno Nacional junto con toda el área administrativa de Unitrópico procedieran a lograr la gestión correspondiente para transformar la universidad Unitrópico en Pública.
“Hace 14 meses que venimos hablando que la ley nos facultó para empezar a gestionar lo que fuera requerido. Nos preocupa por que la ley ordena que las tres partes deben poner plata, Gobernación, Unitrópico y Nación, el señor Gobernador nos habló que habían 16 mil millones de pesos que el Gobierno Nacional aportaba y nos habló de unas gestiones de orden internacional cerca de 4 mil millones, lastimosamente ayer nos explicaban que ese dinero no es permanente en el tiempo y la Universidad requiere que esa plata sea permanente”, expresó Becerra.
Dijo el Diputado, que hace apenas dos días les llegó la certificación la cual leyó ante la Asamblea y funcionarios de la Gobernación, donde el ministerio de Hacienda a través de la persona encargada del crédito público certifica que solamente designaron 4 mil 700 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional, cuando se requieren 35 mil millones de pesos. Cabe aclarar que Unitrópico dio la palabra de aportar 3.500 millones de pesos lo cual proyectó de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Lo que quiere decir que faltarían entre 22 mil o 23 mil millones para completar la partida.
¿Dónde está la plata?
Agregó Felipe Becerra, que la pregunta qué se hace es cuánto va a aportar la Gobernación de Casanare “preocupante porque en este momento no hay solución a esa pregunta, no se ha resuelto, no podemos aceptar que terminando este periodo no podamos destinar una partida presupuestal que garantice en el tiempo los recursos, esto quiere decir que el nuevo gobernador tenga las herramientas para que en su posesión en enero de 2020 pueda con toda la voluntad ir a hacer las gestiones correspondientes ante el ministerio de Educación y Hacienda, pero lastimosamente en este momento no hay ninguna partida presupuestal para dicha gestión”, adujo el corporado.
Lo que sugieren
“La gobernación no tiene los 20 mil millones de pesos que hacen falta, dónde está ese recurso, si existe voluntad, nosotros como diputados sugerimos aprovechar que hoy tenemos a la mano el proyecto de presupuesto y hacer lo necesario para que el Gobernador autorice de los 441.506 millones de pesos que son del presupuesto de 2020, 263 mil millones son de aportes de la Administración Central, quedarían 177 mil millones de pesos que son de recursos propios de la Entidad, por favor que designe, que se siente con su jurídico y busque ese rubro y así sean mil millones dejemos esa herramienta al próximo gobernador para que cuando llegue no tenga el problema de empezar hasta ahora hablar de Universidad Pública, pues siendo así se tomaría entre 6 o 7 meses en presentar y hacer aprobar el plan de desarrollo y quedaría para 2021”, puntualizó el diputado Felipe Becerra.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
