En entrevista con El Diario del Llano, el Gerente de Naturaleza y Vecinos de Geopark, Aníbal Fernández de Soto, se refirió al balance de las obras adelantadas en el departamento de Casanare y sus municipios gracias al mecanismo de Obras por Impuestos, y cómo éstas impulsan vida, oportunidades y progreso para los territorios. Destacó además, como estas alianzas público-privadas crean valor compartido, impulsan el desarrollo territorial y fortalecen la permanencia de GeoPark como una empresa comprometida con el país.

¿Cuál es el balance de la inversión realizada en el departamento de Casanare y sus municipios a través del mecanismo de obras por impuestos?

El balance es muy positivo. En GeoPark creemos que la energía que producimos impulsa algo más grande: vida, oportunidades y progreso para los territorios. Y Obras por Impuestos es una herramienta que nos permite traducir ese propósito en obras reales, útiles y sostenibles.

En 2025 anunciamos tres nuevas iniciativas para Casanare, con una inversión superior a los $24.000 millones de pesos, que beneficiarán a más de 16.000 personas en el departamento. Estas incluyen la dotación de mobiliario escolar a sedes rurales de Monterrey y Sabanalarga, y dos proyectos de infraestructura vial en Tauramena: la pavimentación de la vía La Venganza y la rehabilitación del puente La Tarqueña, en conjunto con Parex. Estos se suman a seis proyectos previos ejecutados por la Compañía en Colombia, consolidando una inversión total de más de $57.000 millones de pesos en el marco de este mecanismo desde 2021.

Pero más allá de las cifras, lo relevante es lo que esto representa: alianzas público-privadas que crean valor compartido, impulsan el desarrollo territorial y fortalecen nuestra permanencia como empresa comprometida con el país. En paralelo, hemos invertido más de $30.000 millones de pesos en proyectos socioambientales en Casanare en los últimos tres años, con un enfoque claro en mejorar condiciones de vida de nuestras comunidades vecinas, fomentar autonomía económica de los territorios donde operamos, construir obras al servicio de la comunidad y promover un medioambiente sano y sostenible.

¿Qué sectores se han visto beneficiados con esta inversión y por qué la compañía ve con buenos ojos este mecanismo para realizar inversión en el departamento?

Las inversiones a través de Obras por Impuestos han impactado sectores clave como educación, infraestructura vial y desarrollo comunitario, todos alineados con los planes de desarrollo locales y las prioridades de las comunidades.
Este año, por ejemplo, contribuiremos al mejoramiento de espacios escolares con mobiliario nuevo en zonas rurales y a mejorar la conectividad vial en Tauramena, facilitando el transporte de personas y productos, e impulsando la economía local. Todo esto se traduce en progreso tangible que perdura en el tiempo.

Valoramos profundamente este mecanismo porque nos permite cumplir con nuestras obligaciones fiscales de una manera eficiente y con sentido, transformando impuestos en prosperidad social. Además, garantiza la articulación con autoridades locales, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y los ministerios sectoriales, asegurando la pertinencia y sostenibilidad de cada proyecto.

Es una muestra de cómo la energía puede ir más allá del barril: convertirse en infraestructura, educación, desarrollo y oportunidades.

¿Cuál es el procedimiento que deben seguir las comunidades para solicitar a GeoPark este tipo de obras por impuestos? ¿Cómo opera el mecanismo?

El mecanismo funciona a través de la postulación de proyectos por parte de alcaldías y gobernaciones en municipios priorizados como ZOMAC o PDET. Estos proyectos ingresan al banco de la ART y, una vez aprobados, las empresas pueden seleccionar los que estén alineados con su presencia territorial para ejecutar directamente la obra con cargo a su impuesto de renta.

Las comunidades interesadas deben acercarse a sus autoridades locales para proponer necesidades o iniciativas que puedan traducirse en proyectos viables bajo este esquema. Desde GeoPark, trabajamos de manera coordinada con administraciones municipales y departamentales para identificar y priorizar proyectos que generen valor social y territorial.

Lo más importante es que este mecanismo permite convertir los impuestos en soluciones concretas que mejoran la calidad de vida, fortalecen la infraestructura y dinamizan las economías locales.

¿Cuántas solicitudes de este tipo tienen actualmente en espera de respuesta?

En este momento no tenemos solicitudes pendientes en trámite. Con satisfacción, culminamos el proceso de postulación de los proyectos que ejecutaremos en 2025, en coordinación estrecha con las autoridades del departamento y los municipios.

Actualmente, estamos concentrados en la gestión y alistamiento para la ejecución de las tres iniciativas ya aprobadas por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), en articulación con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Educación. Nuestro compromiso es que cada obra responda a necesidades reales, se ejecute con rigor técnico y fortalezca la confianza de las comunidades en este tipo de instrumentos de desarrollo.

Adicionalmente, seguimos trabajando de la mano con las autoridades locales en la identificación de nuevas necesidades y oportunidades, para que en el futuro podamos formular conjuntamente más proyectos que aporten al desarrollo integral y sostenible del territorio.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

El Tribunal Administrativo de Casanare adelantó la primera audiencia dentro de la Acción Popular interpuesta por el diputado de Casanare Heyder Alexander Silva, con la que se busca lograr la nivelación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para los usuarios del municipio de Yopal y la población indígena del departamento, quienes hoy no reciben este diferencial a pesar de las dificultades de acceso a servicios de salud de alta complejidad.

Durante la audiencia, el diputado explicó que esta acción cobra especial relevancia en el contexto actual, donde se discute a nivel nacional la suficiencia de la UPC y el desfinanciamiento del sistema de salud. Según Silva, mientras los demás 18 municipios de Casanare reciben la UPC diferencial, Yopal –que concentra la mayor cantidad de usuarios de Capresoca EPS– no cuenta con ese beneficio, lo que impide cubrir servicios como transporte y viáticos para tratamientos especializados fuera del departamento.

Son más de $13 mil millones anuales

El diputado también denunció que Capresoca EPS, única entidad que atiende a la población indígena del departamento, tampoco recibe la UPC diferencial para estos usuarios por no ser una EPS exclusivamente indígena, lo que representa una desventaja en la financiación de servicios para pacientes de alto costo. Según Silva, la diferencia de más de 13 mil millones de pesos anuales afecta directamente la continuidad del servicio para personas con cáncer, VIH o enfermedades renales.

En la audiencia, las entidades accionadas –entre ellas los Ministerios de Salud y Hacienda, la Superintendencia de Salud, el ADRES y Capresoca– manifestaron no haber vulnerado derechos colectivos, argumentando la falta de competencia en el tema. No se logró un pacto de cumplimiento, por lo que el proceso continuará en etapa probatoria.

Finalmente, el diputado hizo un llamado al Gobierno Departamental, asociaciones de usuarios y congresistas de Casanare para que se vinculen como coadyuvantes en el proceso, resaltando que esta acción busca garantizar el acceso efectivo a la salud para miles de usuarios y asegurar la viabilidad financiera de Capresoca EPS.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

Desfinanciar proyectos que beneficien a población víctima del conflicto armado, adultos mayores y a la niñez, es uno de los efectos que podría enfrentar el municipio al tener que garantizar la alimentación de la población privada de la libertad que llega, en el caso de Yopal, a las carceletas ubicadas en la Estación de Policía.

Este fue el tema central en la reunión convocada por la Procuraduría Regional, a la que asistieron los 19 alcaldes de Casanare, donde los mandatarios entregaron balance de las acciones adelantadas para dar cumplimento a los planes de alimentación para la prestación de este servicio a la población privada de la libertad.

“Que le quiten esa carga a los municipios”

Durante este encuentro el alcalde Marco Tulio Ruíz Riaño destacó que “en el Congreso de los Municipios organizado por Ascopitales en Cartagena, el pasado 1,2 y 3 de mayo, se tocó este tema y se dijo que se empezarían las gestiones para que sea solicitarle al Gobierno Nacional que les quite esta carga a los municipios, pues no es viable por lo limitados recursos que se tienen”.

Ruíz Riaño señaló además que, “en Yopal tenemos 111 personas privadas de la libertad, 70 son de acá y el resto de otras partes de Casanare, y hasta del país. Nos toca garantizarles la alimentación que al año nos cuesta alrededor de $1.400 millones, y el municipio no los tiene”.

La reunión que se realizó en el Comando del Departamento de Policía Casanare, fue acompañada por la Policía Nacional, INPEC, Defensoría del Pueblo y Personería Municipal, entre otras entidades.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare