NACIONALES
Fiscalía suspende órdenes de captura a 19 disidentes de las Farc
El pasado 9 de febrero pasado, el presidente Gustavo Petro, en el marco de sus competencias legales y constitucionales, emitió la Resolución 0014 en la cual solicitó al Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado, la suspensión de órdenes de captura contra 20 personas que serían reconocidas como representantes del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc-EP, para acercamientos con el Gobierno nacional.
El día 16 de febrero pasado, el Fiscal General de la Nación remitió al Presidente Petro una comunicación en la cual solicitaba aclarar si 11 de esas personas hacían parte de un grupo armado organizado al margen de la ley que decidió no suscribir el Acuerdo de Paz de la Habana, y por lo tanto, si eran integrantes de alguna organización criminal con la cual se adelantara un nuevo Acuerdo de Paz.
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El 8 de marzo, el Presidente, le envió respuesta al Fiscal General en la cual planteó sus razones constitucionales y legales para pedir la suspensión de esas órdenes de captura y señaló en la comunicación que remplazaba la primera resolución, por la resolución 039 de 2023, en la cual se excluía la solicitud inicial para suspender la orden de captura contra Javier Alonso Veloza García, alias Jhon Mechas.
El Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, luego de sopesar los argumentos presentados por el Presidente Petro, y de acuerdo a sus competencias legales y constitucionales, decidió suspender las órdenes de captura dictadas o que sean dictadas en contra de 19.
Ellas son:
- Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Leo
- Farby Edison Parra Parra, alias Richard
- Robinson de Jesús González, alias Caicedo
- Willinton Henao Gutierrez, alias Olmedo
- Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrei
- Omar Pardo Galeano, alias Antonio Medina
- Ciro Alfonso Romero Ospina, alias Willy Romero
- Ivan Jacob Idribo Arredondo, alias Marlon
- Diverney Valencia, alias Herson
- Deison Rodrigo Ortiz Camallo, alias Esteban González
- Wilmar Pasu Rivera, alias David Arenas
- Luis Carlos Pinilla Cortéz, alias Oscar Barreto
- Anderson Andrei Vargas, alias Kevin
- Oscar Eduardo Sandoval Noscué
- Luis Hernán Ochoa
- Fabio Giraldo Giraldo,
- Jaime Muñoz Dorado
- Leydy Tatiana Rojas
- Eliecer Palomeque Córdoba.
Es importante destacar que ninguna de las personas solicitadas en la resolución 039 de 2023, en la que ya estaba excluido alias Jhon Mechas, tienen órdenes de captura con fines de extradición.
Esta decisión es diferente a la solicitud hecha por el presidente el 11 de enero de este año, que buscaba beneficiar a miembros del Clan del Golfo y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC; narcotraficantes y paramilitares, en donde sigue considerando la Fiscalía que no existe un fundamento jurídico y constitucional para poder pedir el levantamiento de esas órdenes de captura.
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En este caso concreto, para la Fiscalía existe el fundamento porque el Presidente Petro le dio carácter político a los disidentes que no firmaron el Acuerdo de Paz de la Habana y a los disidentes que firmaron el Acuerdo de Paz de la Habana y lo incumplieron, en ese sentido es una decisión política del Presidente de la República de avanzar en los diálogos.
Es importante destacar que los procesos penales y de extinción de dominio contra estas personas continúan vigentes y esta decisión no afecta su desenlace.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
NACIONALES
La JEP no aceptó al exjefe jurídico de la Gobernación de Casanare en gobierno de Raúl Flórez
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de sometimiento presentada por Henry Villarraga Oliveros, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, al considerar que no cumplió con el requisito de aportar verdad plena, presentó argumentos exculpatorios y negó la existencia de patrones macrocriminales ampliamente demostrados en su contra.
Según la decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Villarraga omitió información clave que habría permitido esclarecer su presunto papel en el encubrimiento de graves crímenes del conflicto armado, particularmente en el caso del coronel (r) Robinson González del Río, investigado por ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
La JEP recordó que contra Villarraga cursan varios procesos penales y disciplinarios por, presuntamente, ofrecer asesoría ilegal al oficial retirado y comprometerse a influir para que uno de sus procesos fuera trasladado a la Justicia Penal Militar, buscando garantizar impunidad frente a crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El tribunal especial concluyó que el exmagistrado incumplió las condiciones básicas exigidas para acceder a los beneficios del sistema transicional, pues su aporte se limitó a justificar sus actuaciones con argumentos jurídicos y a cuestionar el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, alegando una supuesta “guerra jurídica” contra miembros de la fuerza pública.
Para la Sala, requerir nuevamente al solicitante para que hiciera un aporte de verdad sustancial representaría un desgaste injustificado del aparato judicial, más aún cuando Villarraga ha tenido múltiples oportunidades para hacerlo en los procesos que se adelantan en su contra.
El expediente fue remitido a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde cursa un proceso disciplinario en etapa de acusación y otro penal cuya apertura quedó sin efectos. La JEP, además, rechazó cualquier discurso estigmatizante o desobligante frente a las víctimas, la sociedad y las instituciones del Estado.
El Senador José Vicente Carreño Castro radicó el Proyecto de Ley 135 de 2025 que reconoce y establece “a los agentes de protección o escoltas requeridos como una profesión y/u oficio de alto riesgo”, en la medida que este trabajo está en proteger a personas con la posibilidad de sufrir un atentado, por lo que deben prevenir y enfrentar este tipo de eventualidad, lo que de inmediato los convierte también en blanco de los agresores.
Carreño Castro reveló que “al establecer de alto riesgo esta profesión u oficio, los agentes de protección o escoltas quedan cobijados en las ´Pensiones especiales de vejez´, establecido en los Artículos 3 al 10 del Decreto 2090 de 2003, adicionando esta iniciativa legislativa una modificación al Artículo 8 –modificado a la vez por el Artículo 1 del Decreto 2655 de 2014- en el sentido de que este régimen especial de pensión, incluye a los trabajadores vinculados a esta actividad hasta el 31 de diciembre de 2034, y no solo hasta el 31 de diciembre de 2024, como lo establece el mencionado Decreto 2655”.
La iniciativa legislativa –que ahora pasa a la Comisión VII del Senado- le fija al SENA la tarea de estructurar “un pensum académico con ciclos de competencias laborales, técnico, tecnólogo y profesional en seguridad dirigido este personal, para lo cual podrá celebrar convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales”, con el fin de que este ejercicio no solo sea considerado un oficio, sino además como una nueva profesión con todos la validación constitucional y legal, como la plantea el mencionado proyecto de ley.
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Icetex abre convocatorias de créditos educativos para miembros y exmiembros de la Fuerza Pública
Dos nuevas convocatorias de los fondos para personas que brindan o prestaron su servicio a la fuerza pública, abrieron su etapa de inscripciones. Estas oportunidades son la apertura de postulaciones de los fondos en administración MinDefensa Ley 1699 de 2013 y Fomento para la Educación Superior Ley de veteranos 1979 de 2019, que brindan crédito condonable del 90 % para estudios de educación superior.
Las convocatorias destinan su apoyo financiero a los nuevos beneficiarios/as a partir del primer semestre académico de 2026 y apoyará los estudios de educación superior de los colombianos/as seleccionados.
Cada fondo cubre hasta por 11 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) destinados a cubrir el valor de la matrícula ordinaria por cada período académico semestral a cursar. Los beneficiarios/as también recibirán apoyo de sostenimiento por un (1) SMMLV por período académico y gastos de derechos de grado, así como una prima de garantía que ampara riesgos en caso de muerte, invalidez física o mental del estudiante.
“Desde el Gobierno nacional y con la gestión administrativa y sostenible del ICETEX, seguimos impulsando oportunidades de educación que transforman vidas a quienes han hecho parte de la fuerza pública. Como nación y desde el sector institucional estamos honrando el servicio que han brindado al país para garantizar la seguridad y el bienestar de sus habitantes”, resaltó el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo.
Los dos programas y sus públicos objetivos son los siguientes:
1. Fondo en Administración MinDefensa Ley 1699 de 2013 – Ministerio de Defensa Nacional / ICETEX
Financiado por MinDefensa y administrador por el ICETEX, este fondo está dirigido a pensionados/as por invalidez y/o su hijo menor de 25 años con cesión de beneficios. También está destinado a viudas/os, huérfanos/as o padres del miembro de la fuerza pública que haya fallecido o desaparecido en servicio activo, únicamente por acción directa del enemigo o en combate, ya sea en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público, o en conflicto internacional. Los aspirantes deben pertenecer a estratos socioeconómicos 1, 2 o 3.
Estas personas deben estar cobijadas por el artículo 2 de la Ley 1699 de 2013, e los artículos 28 y 29 de la Ley 1979 de 2019.
Este Fondo en Administración MinDefensa Ley 1699 de 2013 apoya los gastos para estudios de pregrado o educación para el trabajo y desarrollo humano en el país.
2. Fondo Fomento para la Educación Superior Ley de veteranos 1979 de 2019 – Ministerio de Defensa Nacional / Ministerio de Educación Nacional / ICETEX
Es financiado por MinDefensa y MinEducación y administrador por el ICETEX. Está dirigido a veteranos/as con asignación de retiro, pensionados por invalidez, reservistas de honor y víctimas en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, por hechos ocurridos en servicio activo y en razón en ocasión del mismo. También, está dirigido a viudas, huérfanos o padres del miembro de la fuerza pública que hayan fallecido o desaparecido en servicio activo, únicamente por acción directa del enemigo o en combate o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional. También, los aspirantes deben pertenecer a estratos 1, 2 o 3.
Estas personas deben estar cobijadas por el artículo 2 de la Ley 1979 de 2019.
El Fondo Fomento para la Educación Superior Ley de veteranos 1979 de 2019apoya los gastos para estudios de pregrado o posgrado.
Condiciones para la inscripción
Los aspirantes a los dos fondos deben estar admitidos o matriculados en la institución de educación superior donde van a estudiar (y que sea reconocida por el Ministerio de Educación). Ellos deben haber presentado la prueba Saber 11 (en caso de aplicar para estudios de primer semestre académico) o haber aprobado el período académico anterior (en caso de aplicar para estudios de segundo semestre en adelante).
¿Cómo se obtiene la condonación?
El beneficio de condonación es del 90 % del valor del crédito educativo y se otorga luego de que el beneficiario culmine con grado su programa financiado. La solicitud de condonación (con carta), así como la certificación o copia de diploma y de acta de grado (o su certificado equivalente en el caso de haber realizado un programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano).
Conoce toda la información sobre estas convocatorias, sus requisitos y detalle de cada convocatoria en los siguientes enlaces (en los cuales también se deben hacer las correspondientes inscripciones):
Fondo en Administración MinDefensa Ley 1699 de 2013 – Ministerio de Defensa Nacional / ICETEX: https://web.icetex.gov.co/es/-
Fondo Fomento para la Educación Superior Ley de veteranos 1979 de 2019 – Ministerio de Defensa Nacional / Ministerio de Educación Nacional / ICETEX: https://web.icetex.gov.co/es/-
