CASANARE
Fiscalía Seccional Casanare entregó balance de resultados del año
Homicidio, falsificación de documentos oficiales para movilización de ganado, hurto y comercialización de celulares, además de extorsión y tráfico de estupefacientes, hacen parte los hechos más relevantes en cuando a crimen organizado en Casanare durante el 2020.
Así, fue posible judicializar 21 personas lo cual se tradujo en mejoras en la seguridad ciudadana en este departamento del oriente colombiano.
· En las acciones operativas adelantadas por los investigadores, se destaca la desarticulación del GDCO ‘Los Falsica’, compuesta por 4 personas, 2 de ellos funcionarios públicos. Además, se estableció que los supuestos integrantes de este grupo delincuencial se dedicaban a adulterar documentos y sistemas de información para burlar la acción de las autoridades y facilitar el movimiento irregular de ganado que había sido hurtado, o en su defecto que era ingresado de contrabando al territorio nacional.
· El material probatorio y la evidencia física recaudadas por la Fiscalía permitieron el esclarecimiento del homicidio del líder sindical Álvaro Ramírez Montaña, quien fue ultimado por orden de su excompañera sentimental.
Los hechos se presentaron el 4 de mayo de 2015. Según se logró precisar, de la residencia de la víctima habrían sido hurtados 60 millones de pesos, los mismos que habrían servido para pagar el crimen. Las pesquisas adelantadas por la policía judicial evidenciaron que la mujer capturada y judicializada, habría sido quien ordenó la muerte de Ramírez Montaña. Por estos hechos la implicada fue cobijada con medida de aseguramiento privativo de su libertad.
· Otro de los resultados que hacen parte del balance que deja el 2020 en la seccional Casanare es la desarticulación de dos grupos de delincuencia común organizada dedicados al hurto, comercialización de celulares y tráfico de estupefacientes. Se trata de los denominados ‘Smart’ y ‘Los Intocables’, quienes fueron impactados con la judicialización de 15 personas.
· Los comerciantes de ganado también fueron favorecidos por las acciones de la Fiscalía. Uno de los casos de connotación tiene que ver con la judicialización de 10 personas quienes fueron imputadas como presuntas responsables del delito de abigeato agravado o hurto de ganado. Estas acciones se cumplieron en el mes de octubre.
· Terminando el año fue judicializado un hombre, presuntamente, implicado en el delito de feminicidio siendo su excompañera sentimental la víctima. La mujer fue ultimada con arma cortopunzante, luego de lo cual el imputado se entregó a las autoridades, ante las cuales aceptó los cargos.
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Fuente: Fiscalía Seccional Casanare
CASANARE
Yopal fortalece procesos de resocialización, se donaron elementos de aseo, alimentos y ropa
La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, a través del programa habitante de calle y con el apoyo de la gestora social Paula Ruíz, impulsó la estrategia “diciembre es amor, y en familia es mejor”. Se realizó una jornada de donación de elementos de aseo, alimentos no perecederos y ropa, destinada a usuarios de la Fundación Caminos de Vida que adelantan procesos de desintoxicación y resocialización.
Esta iniciativa busca fortalecer las acciones humanitarias y el acompañamiento integral a quienes transitan procesos de recuperación del consumo de sustancias psicoactivas y habitabilidad en calles. La Administración Municipal reafirma su compromiso de brindar herramientas para reconstruir proyectos de vida, ofrecer segundas oportunidades y transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad.
Durante la jornada, diversas entidades y personas, incluyendo ciudadanos, empresas, comerciantes y funcionarios públicos, aportaron insumos esenciales. Estas donaciones son clave para mejorar las condiciones de bienestar de los beneficiarios y contribuir a su permanencia en el proceso terapéutico.
La Secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández Forero, enfatizó la relevancia de sumar esfuerzos interinstitucionales y comunitarios para dignificar la vida de quienes enfrentan desafíos. “Estas donaciones representan más que elementos materiales; son un mensaje de esperanza para quienes están dando pasos valientes hacia su recuperación”, expresó.
Finalmente, la administración municipal hizo una invitación a toda la ciudadanía, empresas y organizaciones a unirse a estas acciones solidarias. El objetivo es claro: transformar vidas y generar oportunidades reales para que las personas puedan reinsertarse positivamente en la sociedad de Yopal.
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
