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Fiscalía imputó cargos a contratistas de alcantarillado y acueducto en Villavicencio

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La Fiscalía imputó cargos al exdirector técnico operativo y exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Meta (EDESA), Orlando Guzmán Virgüez; al representante de una unión temporal, Fernando René Rojas Otalora; y al interventor Rafael Ángel Sandoval González, por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en la contratación y ejecución de un sistema de acueducto y alcantarillado en zona rural de Villavicencio.

El contrato investigado fue suscrito en 2011, por un valor de 2.350 millones de pesos y con un plazo de ocho meses.

Las pruebas dan  cuenta de que los hoy procesados, como integrantes de comité técnico del proyecto, habrían autorizado un cambio de diseño y del trazado de las obras previstas. En ese sentido, los trabajos se trasladaron a un sector de alto riesgo de remoción de masas e inundaciones, que estaba en la vertiente de una quebrada.

Ante las evidentes dificultades, un ingeniero definió un plan de estabilidad que contempló cinco obras distintas para salvar el sistema de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, los acusados, al parecer, solamente avalaron una de estas y con unas características técnicas diferentes.

No acatar las indicaciones, supuestamente, generó que la estructura sufriera graves daños con ocasión de un derrumbe ocurrido en 2016.  Es así como se firmó un nuevo contrato  para reconstruir los tramos afectados y concluir las obras pendientes. Esto generó un detrimento patrimonial por $171’000.000.

La Fiscalía identificó otras presuntas inconsistencias en distintas fases del proceso de contratación y ejecución como: ampliación del plazo definido, de ocho meses a cuatro años; construcción de 140 acometidas domiciliarias de las 440 pactadas; pago del valor total del contrato y liquidación de este con un acta de satisfacción, sin que el sistema de acueducto y alcantarillado estuviera terminado y en funcionamiento.

Adicionalmente, se conoció que las familias a beneficiar recibieron agua potable en 2018, mucho después del tiempo esperado.

En ese sentido, un Fiscal de la Dirección especializada contra la corrupción acusó formalmente al exgerente de EDESA y al representante de la unión temporal por los delitos de peculado y contrato sin el lleno de requisitos legales; mientras que el interventor deberá responder en juicio por el delito de peculado.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Cormacarena aprobó construcción del acueducto en Lejanías

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Más de 10.000 personas que habitan el casco urbano del municipio de Lejanías, serán las beneficiadas de este proyecto que consiste en la construcción de una fuente alterna de suministro de agua y optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, para uso doméstico y consumo humano.

Con este nuevo acueducto, Cormacarena, la Gobernación del Meta y la alcaldía, buscan poner fin a los constantes cortes de agua e inconvenientes que se presentaban en la prestación de este servicio público, mejorando así la calidad de vida de los habitantes garantizando el abastecimiento del recurso hídrico con calidad y continuidad.

Para tal iniciativa, la Corporación Ambiental otorgó permiso de concesión de aguas superficiales para captar en la fuente hídrica del río Güejar y aprobó el permiso de ocupación de cauce para la construcción de una bocatoma y seis pasos elevados, los cuales transportarán el líquido a la Planta de Tratamiento de Agua Potable.

Para Cormacarena es fundamental el trabajo articulado con las administraciones municipales y la Empresa de Servicios Públicos, en la formulación y ejecución de planes que solucionen las problemáticas ambientales de los territorios y a su vez, atienden las necesidades de las comunidades.

Fuente: Cormacarena

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Municipios del Ariari se unen para prevenir violencias contra la mujer

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Bajo la estrategia ‘Jornadas en territorio’, que adelanta la Secretaría de la Mujer del Meta, esta dependencia está llegando con su equipo de trabajo a los diferentes municipios, con el fin de garantizar los derechos y acceso a la justicia de las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia.

Esta vez el grupo visitó los municipios de Granada y Fuentedeoro, en la región del Ariari, para fortalecer la ruta de atención a mujeres víctimas y hacer seguimiento a las solicitudes propuestas durante la jornada.

Después de tener claras las solicitudes de las comunidades, se adelantaron sendas reuniones con las administraciones municipales, así como con las entidades de la ruta de atención de violencia como Policía, Comisaría de Familia y la Secretaría de Salud, entre otras, para garantizar que los requerimientos de las mujeres tengan su debida atención y seguimiento.

En Fuentedeoro se realizó una jornada primeramente con la Mesa Municipal de Mujeres con el propósito de conocer las fallas que ellas consideran que se están presentando en el momento de acceder a la justicia.

Luego de tener conocimiento de los requerimientos, se articularon acciones junto con las entidades competentes de la ruta de atención para que ellos como responsables de atender y brindar seguridad, fortalezcan sus procesos.

Esta labor que realiza el Gobierno departamental se hace asegurar el acceso a la justicia, acceso a la atención en salud, la seguridad, dignidad y la vida de todas las mujeres del departamento del Meta, así como así mitigar las barreras y fortalecer la seguridad de todas.

Fuente: Gobernación del Meta

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Operativo evitó quema de 20 hectáreas del Parque Nacional La Macarena

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En un operativo conjunto en Vistahermosa, Cormacarena, el Ejército Nacional y el equipo de Bomberos del municipio, evitaron que avanzara una jornada de quema en área de bosque de la vereda Agua Linda, a sólo un kilómetro del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, ecosistema representativo del departamento.

Dos personas capturadas por la destrucción de doce hectáreas de bosque y la protección de por lo menos veinte hectáreas del Distrito de Manejo Integrado Macarena Norte, hacen parte de los resultados de la oportuna reacción de las autoridades que buscan detener la deforestación en las áreas protegidas del territorio.

La Corporación recuerda que la ley estima penas de 60 a 144 meses de prisión y multas hasta de 50.000 salarios mínimos para quienes desarrollen acciones de deforestación; además, se advierte que la pérdida y degradación de estas áreas genera cambios abruptos en el ecosistema y pone en riesgo el hábitat de múltiples especies silvestres.

Finalmente, la entidad agradece a la comunidad  el apoyo y la  información brindada, e invita a denunciar afectaciones ambientales al 3103341377, o comunicarse a la Regional Ariari, al número 3142959105, si se trata de una situación que afecte los recursos naturales en los municipios del sur del Meta.

Fuente: Cormacarena

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