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Fiscalía imputó cargos a contratistas de alcantarillado y acueducto en Villavicencio
La Fiscalía imputó cargos al exdirector técnico operativo y exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Meta (EDESA), Orlando Guzmán Virgüez; al representante de una unión temporal, Fernando René Rojas Otalora; y al interventor Rafael Ángel Sandoval González, por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en la contratación y ejecución de un sistema de acueducto y alcantarillado en zona rural de Villavicencio.
El contrato investigado fue suscrito en 2011, por un valor de 2.350 millones de pesos y con un plazo de ocho meses.
Las pruebas dan cuenta de que los hoy procesados, como integrantes de comité técnico del proyecto, habrían autorizado un cambio de diseño y del trazado de las obras previstas. En ese sentido, los trabajos se trasladaron a un sector de alto riesgo de remoción de masas e inundaciones, que estaba en la vertiente de una quebrada.
Ante las evidentes dificultades, un ingeniero definió un plan de estabilidad que contempló cinco obras distintas para salvar el sistema de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, los acusados, al parecer, solamente avalaron una de estas y con unas características técnicas diferentes.
No acatar las indicaciones, supuestamente, generó que la estructura sufriera graves daños con ocasión de un derrumbe ocurrido en 2016. Es así como se firmó un nuevo contrato para reconstruir los tramos afectados y concluir las obras pendientes. Esto generó un detrimento patrimonial por $171’000.000.
La Fiscalía identificó otras presuntas inconsistencias en distintas fases del proceso de contratación y ejecución como: ampliación del plazo definido, de ocho meses a cuatro años; construcción de 140 acometidas domiciliarias de las 440 pactadas; pago del valor total del contrato y liquidación de este con un acta de satisfacción, sin que el sistema de acueducto y alcantarillado estuviera terminado y en funcionamiento.
Adicionalmente, se conoció que las familias a beneficiar recibieron agua potable en 2018, mucho después del tiempo esperado.
En ese sentido, un Fiscal de la Dirección especializada contra la corrupción acusó formalmente al exgerente de EDESA y al representante de la unión temporal por los delitos de peculado y contrato sin el lleno de requisitos legales; mientras que el interventor deberá responder en juicio por el delito de peculado.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
