META
Fiscalía imputó cargos a contratistas de alcantarillado y acueducto en Villavicencio
La Fiscalía imputó cargos al exdirector técnico operativo y exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Meta (EDESA), Orlando Guzmán Virgüez; al representante de una unión temporal, Fernando René Rojas Otalora; y al interventor Rafael Ángel Sandoval González, por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en la contratación y ejecución de un sistema de acueducto y alcantarillado en zona rural de Villavicencio.
El contrato investigado fue suscrito en 2011, por un valor de 2.350 millones de pesos y con un plazo de ocho meses.
Las pruebas dan cuenta de que los hoy procesados, como integrantes de comité técnico del proyecto, habrían autorizado un cambio de diseño y del trazado de las obras previstas. En ese sentido, los trabajos se trasladaron a un sector de alto riesgo de remoción de masas e inundaciones, que estaba en la vertiente de una quebrada.
Ante las evidentes dificultades, un ingeniero definió un plan de estabilidad que contempló cinco obras distintas para salvar el sistema de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, los acusados, al parecer, solamente avalaron una de estas y con unas características técnicas diferentes.
No acatar las indicaciones, supuestamente, generó que la estructura sufriera graves daños con ocasión de un derrumbe ocurrido en 2016. Es así como se firmó un nuevo contrato para reconstruir los tramos afectados y concluir las obras pendientes. Esto generó un detrimento patrimonial por $171’000.000.
La Fiscalía identificó otras presuntas inconsistencias en distintas fases del proceso de contratación y ejecución como: ampliación del plazo definido, de ocho meses a cuatro años; construcción de 140 acometidas domiciliarias de las 440 pactadas; pago del valor total del contrato y liquidación de este con un acta de satisfacción, sin que el sistema de acueducto y alcantarillado estuviera terminado y en funcionamiento.
Adicionalmente, se conoció que las familias a beneficiar recibieron agua potable en 2018, mucho después del tiempo esperado.
En ese sentido, un Fiscal de la Dirección especializada contra la corrupción acusó formalmente al exgerente de EDESA y al representante de la unión temporal por los delitos de peculado y contrato sin el lleno de requisitos legales; mientras que el interventor deberá responder en juicio por el delito de peculado.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
El Instituto Nacional de Salud confirmó la presencia del virus de fiebre amarilla en un mono aullador (Alouatta seniculus) encontrado muerto el pasado 5 de mayo en una zona hídrica entre las veredas La Llanerita y Apiay, cerca de la vía a Puerto López, en el departamento del Meta.
El hallazgo se produjo tras el reporte de un transeúnte, lo que permitió a profesionales de Cormacarena atender el caso y trasladar el ejemplar al laboratorio de patología de la Universidad de los Llanos.
Aunque los análisis confirmaron la infección por fiebre amarilla, las autoridades establecieron que la causa de la muerte fueron las heridas físicas que presentaba el animal, especialmente en la cabeza y el rostro. Las muestras fueron enviadas al Laboratorio Departamental de Salud Pública del Meta, que coordinó el estudio junto al Instituto Nacional de Salud.
Cormacarena, junto con las secretarías de Salud del Meta y Villavicencio, reiteró que los primates no transmiten directamente la fiebre amarilla a los humanos. Estos animales son considerados centinelas, es decir, alertan sobre la presencia del virus en el entorno, lo que permite a las autoridades activar medidas de vigilancia y prevención.
En respuesta al caso, las autoridades sanitarias instaron a la comunidad a vacunarse contra la fiebre amarilla, usar toldillos, eliminar criaderos de mosquitos y evitar el contacto con fauna silvestre. También se habilitó la Línea de Atención de Fauna Silvestre (321 482 0327) para reportar primates enfermos o muertos.
Se recordo una vez más, que la vacuna contra la fiebre amarilla es gratuita y se recomienda para todos, sin importar su estado de afiliación al sistema de salud. Se recomienda buscar atención médica antes de vacunarse, especialmente para personas mayores de 60 años.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Fiscalía General de la Nación judicializó a José Luis Fernández Zabala, por su presunta responsabilidad en las exigencias económicas ilegales a un comerciante en Puerto Gaitán.
Por estos hechos, un fiscal seccional le imputó el delito de extorsión agravada, cargo que no aceptó.
De acuerdo con la investigación, el comerciante comenzó a recibir llamadas, en las cuales le exigían pagar dinero a cambio de no atentar contra su vida y sus bienes.
Debido a las presiones, la víctima alcanzó a transferir más de 43.000.000 de pesos, a través de giros a seis personas diferentes, entre ellas a Fernández Zabala, desde el 2 de febrero de 2024.
Servidores de la Policía y el Ejército Nacional capturaron al procesado en zona rural de San Andrés de Cuerquia (Antioquia), en cumplimiento de una orden judicial.
Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
META
Fuerza Pública habilita dos nuevos municipios en el Meta para avanzar en la restitución de tierras
Durante una reunión del Comité Operativo Local de Restitución del Meta, quedaron habilitadas dos nuevas zonas que suman 26.205 hectáreas.
Tras el aval de seguridad otorgado por la Fuerza Pública, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ahora podrá adelantar gestiones de tipo social, catastral y judicial en favor de los reclamantes, así como dar respuesta a las familias víctimas de despojo y/o abandono forzado en estos dos municipios.
Con el aval otorgado, se creará la microzona de Mesetas, sobre la vía nacional que comunica a este municipio con el de Uribe. Tendrá una extensión de 5.495 hectáreas, en las que se ubican 32 predios solicitados en restitución de tierras e incluye las veredas: Oriente, Bajo Cuncia, El Porvenir y La Barrialosa.
La segunda microzona aprobada es la del municipio de Puerto Rico, con una extensión de 20.708 hectáreas, en las que se ubican 42 solicitudes de restitución de tierras y están las veredas: Caños Negros, Caño Raya, Guacamayas, La Lindosa y El Oasis.
En desarrollo de la reunión, mandos de la Fuerza Pública analizaron las condiciones de seguridad de los municipios del Meta, definieron la continuidad de las actuaciones de la Unidad para atender solicitudes en la etapa administrativa del proceso, y garantizaron el acompañamiento para las salidas a terreno en Vista Hermosa, Mesetas, Uribe, Puerto Rico, Lejanías, Puerto Lleras, La Macarena y Puerto Gaitán.
Fuente: Comunicaciones URT
