CASANARE
Fiscalía descubrió red delictiva señalada de cazar y vender carne de chigüiro
Las acciones investigativas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, en articulación con la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO), puso al descubierto una red delictiva señalada de promover la caza indiscriminada de chigüiros y la comercialización ilegal de la carne en Bogotá, la Costa Atlántica, Santander, Norte de Santander y otras zonas del país.
Cinco presuntos integrantes de esta organización ilícita fueron capturados y presentados ante un juez de control de garantías, entre ellos los hermanos Yeison Javier y Juan Camilo Sosa López. Estos dos hombres serían los cabecillas y financiadores de toda la actividad criminal, desde la captura de los animales en las sabanas y los cuerpos de agua de Casanare, hasta el sacrificio y posterior distribución de la carne.
De acuerdo con el material de prueba, la carne era vendida a plazas de mercado y restaurantes. A estos puntos, al parecer, era trasladada en vehículos acondicionados para el transporte de pescado. De esta forma intentaban evadir a las autoridades; sin embargo, hay indicios de que llegaba en mal estado y pésimas condiciones para el consumo humano.
En Colombia, el chigüiro es una especie silvestre protegida y catalogada como patrimonio natural, por los que su caza está prohibida para garantizar la conservación y supervivencia. Excepcionalmente, se permite con permisos y licencias ambientales, requisitos que no reunía la estructura delincuencial afectada.
En ese sentido, la Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado e ilícito aprovechamiento de los recursos renovables.
Por disposición del juez de control de garantías los hermanos Sosa López; así como Germán Rodríguez Romero, quien sería el cazador principal de chigüiro en Casanare, recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.
Los otros dos investigados deberán cumplir medias no privativas de la libertad, ellos son: Pedro Alberto Vargas Sanabria y César Augusto Becerra, presuntos transportadores y distribuidores.
Incautaciones
En seis meses de investigación la Fiscalía y la Policía Nacional le incautaron cerca de cuatro toneladas de carne de chigüiro a esta organización, en dos operativos distintos realizados en Bogotá y Yopal (Casanare).
En las diligencias quedaron en evidencia las pésimas condiciones de salubridad en las que se almacenaba y transportaba el producto. Adicionalmente, se obtuvo información que ha sido de relevancia para identificar a los señalados cabecillas de la red, al supuesto principal cazador y a los encargados de la distribución de la carne.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Secretaría de Educación de Yopal informa a la ciudadanía sobre múltiples solicitudes y quejas de padres de familia. Estas están relacionadas con dificultades para matricular a sus hijos debido a inconsistencias en la validez de estudios cursados previamente en modalidades no presenciales o “homeschooling”.
Se ha evidenciado que algunos estudiantes provienen de instituciones que ofrecen educación virtual o homeschooling sin la licencia de funcionamiento reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Esta situación impide la homologación, validación o reconocimiento oficial de los grados cursados, conforme a la normativa vigente.
La secretaría recuerda que en Colombia, la educación formal debe ser impartida por establecimientos educativos debidamente autorizados, con licencia de funcionamiento expedida por el Ministerio de Educación y registro en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE). Las instituciones sin este reconocimiento no pueden emitir certificaciones válidas.
Además, se han identificado casos de estudiantes con estudios en el exterior que realizaron supuestas “validaciones” en instituciones no facultadas legalmente, afectando la continuidad académica. La presentación de Pruebas Saber 11° (ICFES) y los procesos de validación de bachillerato están regulados por el Estado y requieren autorización oficial.
Por lo anterior, se hace un llamado preventivo a padres y acudientes para que verifiquen que la institución educativa cuente con licencia de funcionamiento vigente, esté registrada oficialmente ante el Ministerio de Educación y tenga reconocimiento para la prestación del servicio educativo formal. La secretaría reitera su compromiso con el derecho a la educación y la orientación familiar.
Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Tauramena la tarde del 21 de febrero de 2026. Sobre las 6:12 p.m., en la vereda Cabañas, fue ultimado con arma de fuego el ciudadano Jaime Orlando León Sierra, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba departiendo bebidas embriagantes en una tienda del sector cuando fue abordado por otro hombre que también permanecía en el establecimiento. Entre ambos se habría generado una discusión, al parecer por linderos de un predio, que escaló rápidamente, momento en el que el presunto agresor desenfundó un arma de fuego y disparó contra León Sierra, causándole la muerte en el lugar.
Tras el ataque, el señalado responsable huyó en una motocicleta color negro con azul con rumbo hacia la zona rural. Las autoridades confirmaron que el presunto agresor ya está plenamente identificado y adelantan labores para lograr su captura en el menor tiempo posible.
Según información conocida, el hombre registra antecedentes en calidad de investigado por delitos como homicidio, lesiones personales, daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas, amenazas y acceso carnal. Testigos lo describen como una persona con comportamiento violento cuando consume licor. El caso quedó en manos de los organismos competentes, que avanzan en la recolección de pruebas y testimonios.
A 31 años y 3 meses de prisión fue condenado Olegario Mendivelso, de 55 años, por el feminicidio agravado de su compañera sentimental Fidelia Tarache Tumay, en hechos ocurridos el pasado 25 de septiembre de 2025 en zona rural de Yopal. La decisión fue adoptada por un juez de conocimiento, quien avaló el preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con las pruebas recopiladas por el ente acusador, el hoy sentenciado llegó hasta la finca donde trabajaba la víctima e ingresó a la vivienda por una ventana. Una vez dentro, la atacó con un arma cortopunzante, causándole múltiples heridas que le provocaron la muerte. Según la investigación, el ataque se originó porque la víctima no quería continuar con la relación.
El fallo judicial también impuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años, además de la suspensión de cualquier mecanismo sustitutivo o subrogado penal.
La sentencia es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. Con este resultado, la Fiscalía destacó el avance del proceso judicial y la sanción impuesta por este crimen que enluta a una familia en el departamento de Casanare.
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