CASANARE
Fiscalía acusó a dos exgobernadores de Casanare por presuntas irregularidades de contratación
Las labores investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron al descubierto supuestas irregularidades de contratación, que se habrían presentado entre 2005 y 2007 en Casanare.
Las investigaciones señalan que el 4 de agosto de 2005, el entonces gobernador Helí Cala López, suscribió un convenio con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB), cuyo objeto era “la cooperación y asistencia técnica para la coadyuvancia en la gestión de programas y proyectos que se consideraron viables para el plan de desarrollo del departamento”.
Terminaron haciendo otras cosas
Contrario a la cooperación y la asistenia técnica en la gestión de programas y proyectos, la SECAB terminó ejecutando contratos de obra, adecuaciones, suministro y adquisición de bienes, entre otros conceptos, por más de 94.000 millones de pesos, que correspondían a recursos públicos.
Para la Fiscalía, la contratación de obras y otras necesidades básicas para los municipios de Casanare debía ser asumida por los entonces gobernadores, mediante procesos de selección y adjudicación como lo establece la ley. En ese sentido, dicha responsabilidad no podía cederse a un tercero, más aún, cuando había de por medio dineros del departamento. Es decir, mediante esa figura evadieron las Licitaciones que debían realizarse para estas obras.
Cobró coima
Adicionalmente, el material indica que en uno de los acuerdos o cartas, el número nueve, que contempló continuación de la construcción del matadero regional en Paz de Ariporo, se presentó un posible detrimento patrimonial.
Dicho proyecto fue entregado al Consorcio Construcciones M.V., al que le fue pagado un anticipo de 50% del valor total del contrato ($1.411’379.265). Los testimonios y otros elementos permitieron conocer que, a través de diferentes maniobras, la suma del anticipo, algo más de $600’000.000, habría llegado a manos del gobernador de la época, Helí Cala López.
Por estos hechos, un fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó al exgobernador Cala López por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con peculado por apropiación. El exmandatario participó en la firma del convenio con el organismo internacional y avaló 57 de los 59 acuerdos o cartas suscritos. Adicionalmente, hay indicios de que, supuestamente, se quedó con recursos del departamento.
Whitman siguió
De otra parte, el exgobernador Whitman Herney Porras Pérez (septiembre de 2006 – diciembre de 2007) fue acusado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Estaría involucrado en los dos últimos acuerdos o cartas celebrados por la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB).
Este proceso investigativo se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).
Lea también: Dos exgobernadores y varios exfuncionarios condenados en Casanare por la Contraloría General
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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