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Familia víctima de los paramilitares en Puerto Gaitán fue compensada con vivienda

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Después de 15 años, José Enrique Hernández* y su familia, cumplirán el sueño de volver a tener una vivienda en reemplazo del predio que debieron dejar abandonado en la vereda de San Pedro de Arimena.

La vida para los Hernández*, siempre estuvo marcada por el destierro: inicialmente en 1993 debieron salir desplazados desde el municipio Mesetas (Meta) rumbo a Villavicencio por la presión de la guerrilla. Luego, en 1999, se fueron a probar suerte a Puerto Gaitán, donde se establecieron en un terreno baldío de 15 hectáreas al que denominaron “Villa María” y el cual también tuvieron que abandonar por culpa de la violencia paramilitar.

“En nuestra finca teníamos una casa de madera y cultivábamos plátano, maíz, caña, árboles frutales y arroz. Corría el año 2004 cuando llegaron a la zona integrantes del bloque Centauros de las Autodefensas al mando a alias “Aguila” y convencieron a uno de mis hijos de que se fuera a trabajar con ellos a una finca”, señaló José Enrique*.

Añadió que “seis meses después me enteré de que mi hijo se encontraba en un retén, me fui a buscarlo y lo convencí de que regresara con su familia y que luego se marchara para Bogotá. A los dos meses de la huida de mi hijo los paramilitares fueron a nuestra vivienda y nos amenazaron, por eso el 20 de julio de 2005 en la madrugada, salimos huyendo en una canoa hacia el casco urbano de Puerto Gaitán y luego hacia Bogotá” narró don José.

“Con la compensación que se entregará a esta familia víctima del desplazamiento forzado, la URT contribuirá con el mejoramiento de sus condiciones de vida”, afirmó el director de la Unidad en Meta, Wilson Leyton.

La sentencia emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio Especializado en Restitución de Tierras, también establece que los Hernández*, deben ser incluidos en programas de generación de ingresos y acceso a la oferta institucional del Estado, que buscan reparar integralmente a las víctimas de la violencia y deben contar con una efectiva atención y acompañamiento médico para garantizarles condiciones de salud y vida digna.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

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Cormacarena investiga masiva muerte de abejas en Puerto López

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muerte de abejas

Durante tres días funcionarios de la Corporación realizaron acompañamiento en el municipio de Puerto López, a apicultores que denunciaron la muerte de cientos de abejas en el sector.

Fueron 27 los apicultores afectados por la muerte masiva de abejas, de 34 que se visitaron en diferentes zonas del municipio. Los apiarios con mayor daño se encuentran ubicados en las veredas la Unión de San juan, El Toro y Las Leonas, donde quedaron sin uso 305 panales ante el fallecimiento de la especie.

La Corporación con el fin de determinar si la causa de muerte obedece a la aplicación de algún agroquímico, como lo denunció la comunidad, solicitó al Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, copia de los resultados de las muestras tomadas en campo para determinar la residualidad de plaguicidas en ellas. Además, pedirá realicen la verificación de aplicación y dosis de agroquímicos en el sector.

Son varias las medidas que Cormacarena adoptó para ayudar a los campesinos de la zona, dentro de los que se destaca asignar recursos económicos para el fortalecimiento de apicultores del departamento del Meta, como parte del cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan de Acción Institucional – Somos vida, somos Meta.

La entidad seguirá con la investigación del caso, y pondrá en conocimiento del ANLA la afectación de los apicultores del departamento; también oficiará a los Ministerios de Agricultura y al de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la problemática que enfrentan hoy los productores de miel, cera, y propóleo del municipio, que perdieron su principal fuente económica.

Igualmente, se implementarán jornadas de sensibilización sobre el uso responsable de agroquímicos; se crearán encuentros entre apicultores y agricultores donde se coordinen los procesos y tiempos de producción, y se articularán esfuerzos con la institucionalidad pública para hacer seguimiento al uso adecuado de material que ponga en riesgo la salud pública y la vida de la fauna silvestre.

Fuente: Comunicaciones Cormacarena

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Policía descubrió construcción ilegal en zona ambiental protegida de Villavicencio

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El operativo se llevó a cabo tras recibir una llamada anónima que advertía de daño a la flora y ocupación ilegal de predios en la parte alta del barrio San José de Villavicencio, zona protegida por el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Guatiquía – POMCA Guatiquía.

Allí fueron capturados dos hombres que realizaban en labores de construcción de dos viviendas con madera obtenida de la tala ilegal, lona verde y tejas de zinc en un área de 60 m2 cada una.

La semana pasada en la Reserva Forestal Protectora de Buenavista, también se suspendió la construcción de una vivienda en obra civil; y el sellamiento de dos construcciones de obra habitacional en el Distrito de Conservación Kirpas – Pinilla – La Cuerera que dejó además la captura de tres personas.

Las autoridades ambientales están dando prioridad a estos casos, ya que las personas aprovechan para afectar el medio ambiente en medio del aislamiento preventivo obligatorio.

Fuente: Cormacarena

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Juez de Villavicencio ordena cárcel a hombre que agredía frecuentemente a su pareja

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Aunque se allanó a los cargos imputados por violencia intrafamiliar agravada, Fabián Andrés Celis Riveros de 36 años continuará en la cárcel cumpliendo una pena de 35 meses de prisión, ordenados en su contra.

El Juzgado 7o Penal Municipal con funciones de conocimiento de Villavicencio dictó el fallo en contra de Celis Riveros, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía Local, que demostró la acumulación de hechos de violencia contra la víctima.

La víctima denunció en septiembre de 2019 y afirmó que las agresiones se venían presentando de manera reiterada verbal, física y sicológicamente, desde meses atrás, pero guardó silencio por temor a represalias en contra suya o de sus hijos.

Por la última agresión sufrida, la víctima recibió por parte del Instituto de Medicina Legal una incapacidad de 10 días.

En el fallo emitido por el juzgado se negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria.

El fallo fue enviado al Inpec para ser notificado a Celis Riveros, quien se encuentra detenido en la cárcel, donde permanecerá hasta que cumpla la condena.

Fuente: Fiscalía General

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