Durante tres días funcionarios de la Corporación realizaron acompañamiento en el municipio de Puerto López, a apicultores que denunciaron la muerte de cientos de abejas en el sector.

Fueron 27 los apicultores afectados por la muerte masiva de abejas, de 34 que se visitaron en diferentes zonas del municipio. Los apiarios con mayor daño se encuentran ubicados en las veredas la Unión de San juan, El Toro y Las Leonas, donde quedaron sin uso 305 panales ante el fallecimiento de la especie.

La Corporación con el fin de determinar si la causa de muerte obedece a la aplicación de algún agroquímico, como lo denunció la comunidad, solicitó al Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, copia de los resultados de las muestras tomadas en campo para determinar la residualidad de plaguicidas en ellas. Además, pedirá realicen la verificación de aplicación y dosis de agroquímicos en el sector.

Son varias las medidas que Cormacarena adoptó para ayudar a los campesinos de la zona, dentro de los que se destaca asignar recursos económicos para el fortalecimiento de apicultores del departamento del Meta, como parte del cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan de Acción Institucional – Somos vida, somos Meta.

La entidad seguirá con la investigación del caso, y pondrá en conocimiento del ANLA la afectación de los apicultores del departamento; también oficiará a los Ministerios de Agricultura y al de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la problemática que enfrentan hoy los productores de miel, cera, y propóleo del municipio, que perdieron su principal fuente económica.

Igualmente, se implementarán jornadas de sensibilización sobre el uso responsable de agroquímicos; se crearán encuentros entre apicultores y agricultores donde se coordinen los procesos y tiempos de producción, y se articularán esfuerzos con la institucionalidad pública para hacer seguimiento al uso adecuado de material que ponga en riesgo la salud pública y la vida de la fauna silvestre.

Fuente: Comunicaciones Cormacarena

El operativo se llevó a cabo tras recibir una llamada anónima que advertía de daño a la flora y ocupación ilegal de predios en la parte alta del barrio San José de Villavicencio, zona protegida por el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Guatiquía – POMCA Guatiquía.

Allí fueron capturados dos hombres que realizaban en labores de construcción de dos viviendas con madera obtenida de la tala ilegal, lona verde y tejas de zinc en un área de 60 m2 cada una.

La semana pasada en la Reserva Forestal Protectora de Buenavista, también se suspendió la construcción de una vivienda en obra civil; y el sellamiento de dos construcciones de obra habitacional en el Distrito de Conservación Kirpas – Pinilla – La Cuerera que dejó además la captura de tres personas.

Las autoridades ambientales están dando prioridad a estos casos, ya que las personas aprovechan para afectar el medio ambiente en medio del aislamiento preventivo obligatorio.

Fuente: Cormacarena

Aunque se allanó a los cargos imputados por violencia intrafamiliar agravada, Fabián Andrés Celis Riveros de 36 años continuará en la cárcel cumpliendo una pena de 35 meses de prisión, ordenados en su contra.

El Juzgado 7o Penal Municipal con funciones de conocimiento de Villavicencio dictó el fallo en contra de Celis Riveros, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía Local, que demostró la acumulación de hechos de violencia contra la víctima.

La víctima denunció en septiembre de 2019 y afirmó que las agresiones se venían presentando de manera reiterada verbal, física y sicológicamente, desde meses atrás, pero guardó silencio por temor a represalias en contra suya o de sus hijos.

Por la última agresión sufrida, la víctima recibió por parte del Instituto de Medicina Legal una incapacidad de 10 días.

En el fallo emitido por el juzgado se negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria.

El fallo fue enviado al Inpec para ser notificado a Celis Riveros, quien se encuentra detenido en la cárcel, donde permanecerá hasta que cumpla la condena.

Fuente: Fiscalía General