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Familia víctima de los paramilitares en Puerto Gaitán fue compensada con vivienda

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Después de 15 años, José Enrique Hernández* y su familia, cumplirán el sueño de volver a tener una vivienda en reemplazo del predio que debieron dejar abandonado en la vereda de San Pedro de Arimena.

La vida para los Hernández*, siempre estuvo marcada por el destierro: inicialmente en 1993 debieron salir desplazados desde el municipio Mesetas (Meta) rumbo a Villavicencio por la presión de la guerrilla. Luego, en 1999, se fueron a probar suerte a Puerto Gaitán, donde se establecieron en un terreno baldío de 15 hectáreas al que denominaron “Villa María” y el cual también tuvieron que abandonar por culpa de la violencia paramilitar.

“En nuestra finca teníamos una casa de madera y cultivábamos plátano, maíz, caña, árboles frutales y arroz. Corría el año 2004 cuando llegaron a la zona integrantes del bloque Centauros de las Autodefensas al mando a alias “Aguila” y convencieron a uno de mis hijos de que se fuera a trabajar con ellos a una finca”, señaló José Enrique*.

Añadió que “seis meses después me enteré de que mi hijo se encontraba en un retén, me fui a buscarlo y lo convencí de que regresara con su familia y que luego se marchara para Bogotá. A los dos meses de la huida de mi hijo los paramilitares fueron a nuestra vivienda y nos amenazaron, por eso el 20 de julio de 2005 en la madrugada, salimos huyendo en una canoa hacia el casco urbano de Puerto Gaitán y luego hacia Bogotá” narró don José.

“Con la compensación que se entregará a esta familia víctima del desplazamiento forzado, la URT contribuirá con el mejoramiento de sus condiciones de vida”, afirmó el director de la Unidad en Meta, Wilson Leyton.

La sentencia emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio Especializado en Restitución de Tierras, también establece que los Hernández*, deben ser incluidos en programas de generación de ingresos y acceso a la oferta institucional del Estado, que buscan reparar integralmente a las víctimas de la violencia y deben contar con una efectiva atención y acompañamiento médico para garantizarles condiciones de salud y vida digna.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía

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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.

La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.

A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.

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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán

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Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.

Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.

Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.

El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.

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Fiscalía investiga muerte de civil durante operación militar en Vista Hermosa, Meta

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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.

Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.

Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.

Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.

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