META
Familia desplazada en Granada, recuperó su finca y emprendió con cultivos
La familia Mosquera, pasó de ser víctima de la violencia a convertirse en emprendedora del campo. Después de recuperar el predio “Maracaibo”, ubicado en la vereda El Crucero, sus integrantes le apostaron a la siembra de 2.5 hectáreas de cacao y maracuyá, como alternativa productiva para garantizar su sustento económico.
En 2001, Jair Ignacio Mosquera, su esposa e hijos adquirieron la finca de 11 hectáreas en la cual cultivaban plátano, maracuyá, maíz y otros productos de pancoger. Desde el año 2003, la situación de orden público se agudizó en la zona por la presencia de paramilitares quienes cobraban vacunas a los campesinos; pero fue en 2014 que, ante la imposibilidad de pagar los cobros ilegales, la familia Mosquera recibió amenazas de muerte y fue obligada a abandonar el predio y a desplazarse hacia Samaná, Caldas.
Los Mosquera acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras para que esta entidad llevara su caso ante la justicia, y fue así como en abril de 2020 el Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, emitió sentencia mediante la cual ordenó la restitución del predio y otros beneficios para su reparación integral.
Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, señaló “en cumplimiento de esta sentencia, la Unidad hizo entrega material del predio a la familia Mosquera y luego le otorgó un subsidio por $36 millones para la implementación del proyecto mediante sistema agroforestal que consiste en el establecimiento de un cultivo de 2.5 hectáreas sembradas con 2.125 plantas de cacao y 1.500 matas de maracuyá como sombrío transitorio; y además le aseguramos la venta de la cosecha con la gestión del contrato de comercialización con la empresa Work Cacao por 10 años ”.
Finalmente, la directora Jenny Capote, destacó que la Unidad de Restitución de Tierras, reafirma su compromiso con las víctimas del despojo y abandono forzado de tierras, al acompañarlas en el proceso de retorno al campo y transformación de sus vidas.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras, Territorial Meta
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
META
Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
