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Familia desplazada en Granada, recuperó su finca y emprendió con cultivos

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La familia Mosquera, pasó de ser víctima de la violencia a convertirse en emprendedora del campo. Después de recuperar el predio “Maracaibo”, ubicado en la vereda El Crucero, sus integrantes le apostaron a la siembra de 2.5 hectáreas de cacao y maracuyá, como alternativa productiva para garantizar su sustento económico.

En 2001, Jair Ignacio Mosquera, su esposa e hijos adquirieron la finca de 11 hectáreas en la cual cultivaban plátano, maracuyá, maíz y otros productos de pancoger. Desde el año 2003, la situación de orden público se agudizó en la zona por la presencia de paramilitares quienes cobraban vacunas a los campesinos; pero fue en 2014 que, ante la imposibilidad de pagar los cobros ilegales, la familia Mosquera recibió amenazas de muerte y fue obligada a abandonar el predio y a desplazarse hacia Samaná, Caldas.

Los Mosquera acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras para que esta entidad llevara su caso ante la justicia, y fue así como en abril de 2020 el Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, emitió sentencia mediante la cual ordenó la restitución del predio y otros beneficios para su reparación integral.

Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, señaló “en cumplimiento de esta sentencia, la Unidad hizo entrega material del predio a la familia Mosquera y luego le otorgó un subsidio por $36 millones para la implementación del proyecto mediante sistema agroforestal que consiste en el establecimiento de un cultivo de 2.5 hectáreas sembradas con 2.125 plantas de cacao y 1.500 matas de maracuyá como sombrío transitorio; y además le aseguramos la venta de la cosecha con la gestión del contrato de comercialización con la empresa Work Cacao por 10 años ”.

Finalmente, la directora Jenny Capote, destacó que la Unidad de Restitución de Tierras, reafirma su compromiso con las víctimas del despojo y abandono forzado de tierras, al acompañarlas en el proceso de retorno al campo y transformación de sus vidas.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras, Territorial Meta

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A la cárcel por atentar contra la vida de un hombre en Puerto Gaitán, capturados en flagrancia

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.

En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.

Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.

Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.

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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años

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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.

Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.

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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.

La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.

A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.

El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.

El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.

Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.

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