CASANARE
Familia de Támara recibió dignamente el cuerpo de su familiar desaparecido hace casi 26 años
Dimas Paredes Sigua, oriundo del municipio de Támara, Casanare, desapareció a sus 33 años en el departamento de Casanare en 1996. Esta fue la tercera pérdida que sufrió la familia Paredes como consecuencia del conflicto armado en dicha zona.
Los cuatro hermanos de Dimas sienten que haberlo encontrado, aunque sin vida, alivia parte de ese dolor que han llevado por años y conservan la esperanza de dar con el paradero de su padre y hermano menor, quienes desaparecieron años antes que Dimas.
Según Belén, hermana de Dimas, fue en 2022 cuando se enteró de la existencia de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas por un mensaje de perifoneo que escuchó al pasar por el frente de su casa y que invitaba a la comunidad a asistir a una jornada de atención para quienes tuvieran familiares desaparecidos. Ese mismo día, Belén adelantó el proceso de solicitud de búsqueda.
La investigación humanitaria adelantada por la Unidad de Búsqueda permitió recoger indicios de que el cuerpo de Dimas estaba inhumado como cuerpo no identificado en el cementerio de Aguazul, en el departamento de Casanare, Fue en noviembre de 2022, cuando Belén pudo participar en la acción humanitaria de recuperación de 28 cuerpos, entre los que se encontraba el de Dimas.
Otro paso de este proceso de investigación fue la toma de muestras biológicas, las cuales la Entidad entregó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la identificación del cuerpo. Belén recuerda que, además de las muestras biológicas, una pequeña mancha en uno de los dientes de Dimas ayudó a la confirmación de su identidad.
La entrega digna de Dimas¨
Durante la acción humanitaria de entrega digna del cuerpo, en diálogo con el apoyo psicosocial por parte de la Unidad para las Víctimas, los hermanos Paredes recordaron a Dimas como un hombre alegre y estricto en sus cosas personales. Así mismo, reconocieron que el momento más difícil de este proceso de búsqueda fue la confirmación de su muerte. Este espacio también estuvo acompañado de la alcaldía municipal y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Finalizado este primer acto, el cuerpo de Dimas fue trasladado al nuevo cementerio del municipio de Paz de Ariporo, donde hermanos y sobrinos le dieron el último adiós.
Carolina Olmos Chacón, coordinadora del grupo interno de trabajo territorial de Casanare, confirmó que esta entrega digna se suma a otras diez en los municipios de Sácama, Yopal, Paz de Ariporo y Villanueva, en Casanare, y San Luis de Gaceno en Boyacá. La funcionaria aseguró que es precisamente la entrega digna uno de los momentos más anhelados por las familias buscadoras porque es este el comienzo al alivio de su dolor que se ha prolongado por años, como consecuencia de la desaparición de sus seres queridos.
Igualmente la funcionaria invitó a las personas que puedan tener información del paradero de personas dadas por desaparecidas, para que puedan hacer sus aportes de información de manera confidencial, reservada y sin fines judiciales, para así impulsar la búsqueda de 2.400 personas dadas por desaparecidas que registra el departamento de Casanare, frente a un universo nacional de 111.640 personas desaparecidas.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
