META
Familia campesina logró su primera cosecha en tierras restituidas en el Meta
Unos pocos meses, sumados a la constancia, la dedicación y el amor, fueron suficientes para que el predio, “La Valentina”, pasara de ser un rastrojo, por cuenta de más de 10 años de abandono, a transformarse en una finca productiva.
“De la mano de Dios que nos dio la oportunidad de regresar, logramos recuperar esta tierra, la pusimos a producir y estamos mejorando nuestra calidad de vida”, manifestó Abad Valencia, un pensionado de la policía, quien fue desterrado por la guerrilla de las Farc.
A dos horas y media de Villavicencio por una ruta rodeada de hermosos paisajes, donde se observan arreboles, mágicos atardeceres, caminos bañados por las aguas cristalinas del río Ariari y se aprecia la fusión de las tonalidades verdes de la inmensa llanura; se encuentra “La Valentina” un terreno de 4 hectáreas, ubicadas en la vereda Caño Tigre del municipio de El Castillo en el Meta.
En esa tierra próspera, don Abad, un hombre valiente, serio, maduro, de mediana estatura, y su esposa Consuelo, trabajan todos los días de sol a sol para cumplir el sueño de ver florecer la finca que tanto aman. Allí, luego de recuperar y devolverles su predio, la Unidad de Restitución de Tierras, implementó un proyecto productivo de cacao y sombrío de plátano, con una inversión de $36 millones, que permitió la siembra de 2.800 plantas de cacao y 3.000 de plátano, y como componente de seguridad alimentaria se inició la cría de aves de corral.
Frutos de la restitución
Gracias a este acompañamiento brindado por la URT, la familia Valencia, se acerca cada vez más a lograr su propósito de consolidarse como productores del campo llanero, porque, con el orgullo que caracteriza a esta pareja de campesinos emprendedores, sacaron su primera cosecha de plátano hartón, una variedad que produce un fruto grande y robusto de cáscara gruesa que se cultiva en clima cálido. Ellos esperan que en poco tiempo el cacao de sus frutos.
“Gracias a la asesoría de los profesionales de restitución de tierras, que nos consiguieron un acuerdo de comercialización, vendimos una tonelada y media de plátano a la comercializadora ASOFRUD del Ariari, que nos pagó a $26.000 la arroba. Consideramos que es un buen precio para nuestro producto, que es
de excelente calidad”, contó Abad, quien no ocultó su alegría por cosechar los primeros frutos de la restitución.
Historia del desplazamiento
La historia de la familia Valencia, se remonta al año 2009, cuando luego de pensionarse de la Policía Nacional, don Abad y Consuelo adquirieron el predio en el que emprendieron cultivos maracuyá y guayaba, además de la cría de cachamas en cuatro lagos destinados para ello.
Su infortunio ocurrió a partir de 2012, cuando cinco hombres armados y uniformados con ponchos negros, llegaron hasta su vivienda y los conminaron a salir de inmediato o de lo contario se atuvieran a las consecuencias. “Un vecino del mercado nos advirtió que debíamos marcharnos, porque si no lo hacíamos, la guerrilla nos mataría”.
Fue así que, ante las múltiples amenazas recibidas por su condición de ex miembro de la Policía, el señor Valencia, junto con su mujer y sus hijos, decidieron desplazarse hacia otro municipio, de forma definitiva, el 7 de febrero de 2013.
¡La restitución transforma vidas!
El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, César Santoyo, informó que después de creer que habían perdido la tierra por la que tanto lucharon, los Valencia, revivieron la esperanza cuando se enteraron de que podrían iniciar un proceso ante la justicia.
“En efecto, ellos presentaron su solicitud en nuestras oficinas en Villavicencio y como resultado de las labores de representación judicial y acompañamiento que les brindamos, llevamos el caso ante la justicia, y logramos que esta familia, además de regresar a su predio, tenga acceso a la oferta institucional del Estado en materia de reparación integral”, dijo el director territorial de la URT.
Como complemento a la orden de devolución de las 4 hectáreas y mil 449 metros cuadrados, la Unidad de Restitución de Tierras, continuará brindando el acompañamiento con el proyecto productivo que les permite obtener el sustento y mejorar la economía familiar.
Santoyo, concluyó que “esta familia llanera es la prueba de que con la restitución de tierras se están transformadas vidas y territorios”. Destacó que, a la fecha, en el departamento del Meta, se han invertido cerca de $3 mil millones en la puesta en marcha de 102 proyectos agropecuarios en tierras restituidas, en líneas productivas de ganadería bovina, porcicultura y cultivos de cítricos, plátano, cacao y aguacate, entre otros.
Asimismo, la URT en Meta, ha suscrito 35 acuerdos de comercialización con entidades para garantizar la compra anticipada de las cosechas de las familias que pasaron de ser víctimas a convertirse en emprendedoras del campo llanero.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras – URT
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
