META
Familia campesina logró su primera cosecha en tierras restituidas en el Meta
Unos pocos meses, sumados a la constancia, la dedicación y el amor, fueron suficientes para que el predio, “La Valentina”, pasara de ser un rastrojo, por cuenta de más de 10 años de abandono, a transformarse en una finca productiva.
“De la mano de Dios que nos dio la oportunidad de regresar, logramos recuperar esta tierra, la pusimos a producir y estamos mejorando nuestra calidad de vida”, manifestó Abad Valencia, un pensionado de la policía, quien fue desterrado por la guerrilla de las Farc.
A dos horas y media de Villavicencio por una ruta rodeada de hermosos paisajes, donde se observan arreboles, mágicos atardeceres, caminos bañados por las aguas cristalinas del río Ariari y se aprecia la fusión de las tonalidades verdes de la inmensa llanura; se encuentra “La Valentina” un terreno de 4 hectáreas, ubicadas en la vereda Caño Tigre del municipio de El Castillo en el Meta.
En esa tierra próspera, don Abad, un hombre valiente, serio, maduro, de mediana estatura, y su esposa Consuelo, trabajan todos los días de sol a sol para cumplir el sueño de ver florecer la finca que tanto aman. Allí, luego de recuperar y devolverles su predio, la Unidad de Restitución de Tierras, implementó un proyecto productivo de cacao y sombrío de plátano, con una inversión de $36 millones, que permitió la siembra de 2.800 plantas de cacao y 3.000 de plátano, y como componente de seguridad alimentaria se inició la cría de aves de corral.
Frutos de la restitución
Gracias a este acompañamiento brindado por la URT, la familia Valencia, se acerca cada vez más a lograr su propósito de consolidarse como productores del campo llanero, porque, con el orgullo que caracteriza a esta pareja de campesinos emprendedores, sacaron su primera cosecha de plátano hartón, una variedad que produce un fruto grande y robusto de cáscara gruesa que se cultiva en clima cálido. Ellos esperan que en poco tiempo el cacao de sus frutos.
“Gracias a la asesoría de los profesionales de restitución de tierras, que nos consiguieron un acuerdo de comercialización, vendimos una tonelada y media de plátano a la comercializadora ASOFRUD del Ariari, que nos pagó a $26.000 la arroba. Consideramos que es un buen precio para nuestro producto, que es
de excelente calidad”, contó Abad, quien no ocultó su alegría por cosechar los primeros frutos de la restitución.
Historia del desplazamiento
La historia de la familia Valencia, se remonta al año 2009, cuando luego de pensionarse de la Policía Nacional, don Abad y Consuelo adquirieron el predio en el que emprendieron cultivos maracuyá y guayaba, además de la cría de cachamas en cuatro lagos destinados para ello.
Su infortunio ocurrió a partir de 2012, cuando cinco hombres armados y uniformados con ponchos negros, llegaron hasta su vivienda y los conminaron a salir de inmediato o de lo contario se atuvieran a las consecuencias. “Un vecino del mercado nos advirtió que debíamos marcharnos, porque si no lo hacíamos, la guerrilla nos mataría”.
Fue así que, ante las múltiples amenazas recibidas por su condición de ex miembro de la Policía, el señor Valencia, junto con su mujer y sus hijos, decidieron desplazarse hacia otro municipio, de forma definitiva, el 7 de febrero de 2013.
¡La restitución transforma vidas!
El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, César Santoyo, informó que después de creer que habían perdido la tierra por la que tanto lucharon, los Valencia, revivieron la esperanza cuando se enteraron de que podrían iniciar un proceso ante la justicia.
“En efecto, ellos presentaron su solicitud en nuestras oficinas en Villavicencio y como resultado de las labores de representación judicial y acompañamiento que les brindamos, llevamos el caso ante la justicia, y logramos que esta familia, además de regresar a su predio, tenga acceso a la oferta institucional del Estado en materia de reparación integral”, dijo el director territorial de la URT.
Como complemento a la orden de devolución de las 4 hectáreas y mil 449 metros cuadrados, la Unidad de Restitución de Tierras, continuará brindando el acompañamiento con el proyecto productivo que les permite obtener el sustento y mejorar la economía familiar.
Santoyo, concluyó que “esta familia llanera es la prueba de que con la restitución de tierras se están transformadas vidas y territorios”. Destacó que, a la fecha, en el departamento del Meta, se han invertido cerca de $3 mil millones en la puesta en marcha de 102 proyectos agropecuarios en tierras restituidas, en líneas productivas de ganadería bovina, porcicultura y cultivos de cítricos, plátano, cacao y aguacate, entre otros.
Asimismo, la URT en Meta, ha suscrito 35 acuerdos de comercialización con entidades para garantizar la compra anticipada de las cosechas de las familias que pasaron de ser víctimas a convertirse en emprendedoras del campo llanero.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras – URT
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Defensoría del Pueblo adelantaron una Mesa Bilateral en el Meta, con el propósito de analizar casos emblemáticos de restitución y dar cumplimiento a las órdenes judiciales vigentes en la región.
La reunión estuvo presidida por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Gabriel Barreto, y la defensora regional del Pueblo, Dorys Ruiz Vanegas, quienes ratificaron el compromiso institucional de garantizar la representación y participación de la población vulnerable en los procesos de restitución de tierras.
Durante la jornada se abordó el caso emblemático del predio ‘El Carpintero’, ubicado en el municipio de Cabuyaro, el cual se encuentra en etapa judicial e involucra a alrededor de 422 terceros intervinientes, cuya representación judicial estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se revisaron seis casos con sentencias que ordenan sucesiones, con el fin de hacer efectivas las órdenes de compensación emitidas por los jueces y magistrados especializados.
Durante la reunión se recordó que un tercero es toda persona que tiene una relación o un interés sobre el predio objeto de reclamación. Dicha persona pasa a ser tercero interviniente cuando decide materializar su participación en el proceso, es decir, cuando solicita ser escuchado o presenta pruebas.
Con esta Mesa Bilateral, se reafirmó el cumplimiento de la Instrucción Administrativa Conjunta 002 de 2019, suscrita entre la URT y la Defensoría del Pueblo, que busca garantizar atención jurídica, asesoría y acompañamiento a terceros intervinientes y a segundos ocupantes reconocidos en etapa posfallo.
Finalmente, las entidades acordaron que la próxima sesión de la mesa se llevará a cabo el 4 de diciembre, con el fin de verificar los avances en los compromisos adquiridos y continuar fortaleciendo la protección de los derechos de las comunidades víctimas y terceros ocupantes en el Meta.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de conocimiento condenara a Angélica María Romero Manrique, de 26 años, a la pena de 35 años y 6 meses de prisión por el asesinato de una mujer en el barrio Industrial de Villavicencio (Meta), ocurrido el 9 de julio de 2018. La procesada fue hallada culpable del delito de homicidio agravado.
De acuerdo con la investigación de la Unidad de Vida de la Seccional Meta, Romero Manrique interceptó a la víctima cuando caminaba en vía pública junto a su hijo menor de edad. Tras iniciar una riña por supuestos comentarios que habría escuchado, la agresora la atacó con un arma cortopunzante.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. El juez negó la suspensión condicional de la pena y la sustitución por prisión domiciliaria, por lo que la condenada deberá cumplir la sentencia en centro carcelario.
La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. La Fiscalía destacó que este resultado reafirma su compromiso con la judicialización de los responsables de delitos que afectan la vida y la integridad de las personas.
Fuente: El Diario del Llano
A la cárcel fue enviado un hombre de 47 años, como presunto responsable de quitarle la vida a su excompañera sentimental, en hechos ocurridos la noche del pasado 9 de septiembre, en un sector residencial de Acacías (Meta).
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, el hombre habría llegado a la casa de la víctima, en el barrio La Independencia, donde, al parecer, le causó múltiples heridas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo, ocasionándole la muerte.
El procesado había sido judicializado y condenado en 2020, por violencia intrafamiliar contra la víctima, quien entonces convivía con él y por esos hechos se separaron.
Fuente: El Diario del Llano
