META
Familia campesina logró su primera cosecha en tierras restituidas en el Meta
Unos pocos meses, sumados a la constancia, la dedicación y el amor, fueron suficientes para que el predio, “La Valentina”, pasara de ser un rastrojo, por cuenta de más de 10 años de abandono, a transformarse en una finca productiva.
“De la mano de Dios que nos dio la oportunidad de regresar, logramos recuperar esta tierra, la pusimos a producir y estamos mejorando nuestra calidad de vida”, manifestó Abad Valencia, un pensionado de la policía, quien fue desterrado por la guerrilla de las Farc.
A dos horas y media de Villavicencio por una ruta rodeada de hermosos paisajes, donde se observan arreboles, mágicos atardeceres, caminos bañados por las aguas cristalinas del río Ariari y se aprecia la fusión de las tonalidades verdes de la inmensa llanura; se encuentra “La Valentina” un terreno de 4 hectáreas, ubicadas en la vereda Caño Tigre del municipio de El Castillo en el Meta.
En esa tierra próspera, don Abad, un hombre valiente, serio, maduro, de mediana estatura, y su esposa Consuelo, trabajan todos los días de sol a sol para cumplir el sueño de ver florecer la finca que tanto aman. Allí, luego de recuperar y devolverles su predio, la Unidad de Restitución de Tierras, implementó un proyecto productivo de cacao y sombrío de plátano, con una inversión de $36 millones, que permitió la siembra de 2.800 plantas de cacao y 3.000 de plátano, y como componente de seguridad alimentaria se inició la cría de aves de corral.
Frutos de la restitución
Gracias a este acompañamiento brindado por la URT, la familia Valencia, se acerca cada vez más a lograr su propósito de consolidarse como productores del campo llanero, porque, con el orgullo que caracteriza a esta pareja de campesinos emprendedores, sacaron su primera cosecha de plátano hartón, una variedad que produce un fruto grande y robusto de cáscara gruesa que se cultiva en clima cálido. Ellos esperan que en poco tiempo el cacao de sus frutos.
“Gracias a la asesoría de los profesionales de restitución de tierras, que nos consiguieron un acuerdo de comercialización, vendimos una tonelada y media de plátano a la comercializadora ASOFRUD del Ariari, que nos pagó a $26.000 la arroba. Consideramos que es un buen precio para nuestro producto, que es
de excelente calidad”, contó Abad, quien no ocultó su alegría por cosechar los primeros frutos de la restitución.
Historia del desplazamiento
La historia de la familia Valencia, se remonta al año 2009, cuando luego de pensionarse de la Policía Nacional, don Abad y Consuelo adquirieron el predio en el que emprendieron cultivos maracuyá y guayaba, además de la cría de cachamas en cuatro lagos destinados para ello.
Su infortunio ocurrió a partir de 2012, cuando cinco hombres armados y uniformados con ponchos negros, llegaron hasta su vivienda y los conminaron a salir de inmediato o de lo contario se atuvieran a las consecuencias. “Un vecino del mercado nos advirtió que debíamos marcharnos, porque si no lo hacíamos, la guerrilla nos mataría”.
Fue así que, ante las múltiples amenazas recibidas por su condición de ex miembro de la Policía, el señor Valencia, junto con su mujer y sus hijos, decidieron desplazarse hacia otro municipio, de forma definitiva, el 7 de febrero de 2013.
¡La restitución transforma vidas!
El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, César Santoyo, informó que después de creer que habían perdido la tierra por la que tanto lucharon, los Valencia, revivieron la esperanza cuando se enteraron de que podrían iniciar un proceso ante la justicia.
“En efecto, ellos presentaron su solicitud en nuestras oficinas en Villavicencio y como resultado de las labores de representación judicial y acompañamiento que les brindamos, llevamos el caso ante la justicia, y logramos que esta familia, además de regresar a su predio, tenga acceso a la oferta institucional del Estado en materia de reparación integral”, dijo el director territorial de la URT.
Como complemento a la orden de devolución de las 4 hectáreas y mil 449 metros cuadrados, la Unidad de Restitución de Tierras, continuará brindando el acompañamiento con el proyecto productivo que les permite obtener el sustento y mejorar la economía familiar.
Santoyo, concluyó que “esta familia llanera es la prueba de que con la restitución de tierras se están transformadas vidas y territorios”. Destacó que, a la fecha, en el departamento del Meta, se han invertido cerca de $3 mil millones en la puesta en marcha de 102 proyectos agropecuarios en tierras restituidas, en líneas productivas de ganadería bovina, porcicultura y cultivos de cítricos, plátano, cacao y aguacate, entre otros.
Asimismo, la URT en Meta, ha suscrito 35 acuerdos de comercialización con entidades para garantizar la compra anticipada de las cosechas de las familias que pasaron de ser víctimas a convertirse en emprendedoras del campo llanero.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras – URT
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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