CASANARE
Expolicía fue condenado por homicidio de dos hombres en San Luis de Gaceno
El patrullero y otro uniformado dispararon en 19 ocasiones contra tres hombres impactando entre cuatro y siete veces el cuerpo de las víctimas.
Atendiendo la solicitud de la Fiscalía General, el Tribunal Superior de Boyacá condenó a 27 años y 6 meses de prisión a Manuel Lorenzo Mercado Pérez, quien fue encontrado responsable del asesinato de dos hombres, en hechos ocurridos el 27 de enero de 2013 en el municipio boyacense de San Luis de Gaceno.
Esta decisión revoca la determinación de un juez de primera instancia y se da luego de que la Fiscalía interpusiera un recurso de apelación contra dicho fallo. La determinación modificada por el Tribunal, declaró responsable a Mercado Pérez como autor de homicidio cometido con exceso en legítima defensa, y lo condenó a cinco años de prisión, además de concederle el beneficio de detención domiciliaria.
La reciente sentencia ordena, además, la captura del exintegrante de la Policía Nacional, y lo absuelve por la muerte de uno las víctimas fatales, quien perdió la vida en medio de un intercambio de disparos entre el uniformado y las víctimas
El caso
El 27 de enero del 2013 el patrullero Manuel Lorenzo Mercado Pérez, como comandante de guardia de la estación de policía de San Luis de Gaceno (Boyacá), se desplazó junto al patrullero Freddy Andrés Rodríguez al parque principal del municipio para atender un caso de agresión femenina.
Al llegar al lugar los presuntos agresores no se encontraban, y la mujer manifestó no querer colocar ninguna querella por lo ocurrido. A pesar de ello los dos uniformados se dirigieron hacia un establecimiento comercial ubicado a la salida del pueblo donde se encontraban siete hombres, uno de ellos, novio de la mujer agredida.
Tras una corta conversación se inició el intercambio de disparos que terminaron con la muerte de: Miguel Ángel Lozano Buitrago, Wilman Edmilson Vargas Salguero y Carlos Darío Rivera Roa. Uno de los uniformados fue impactado en dos oportunidades.
La investigación
La investigación de los hechos fue asumida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Boyacá que mediante los peritajes de balística establecieron que las armas de los uniformados fueron accionadas en 19 oportunidades; siete de las cuales impactaron en el cuerpo de Carlos Darío Rivera Roa y cuatro en el de Miguel Ángel Lozano Buitrago y Carlos Darío Rivera.
Durante la investigación también se comprobó que Carlos Darío Rivera disparó contra los uniformados, ocasionando dos heridas con arma de fuego a Manuel Lorenzo Mercado Pérez.
Por estas razones el Tribunal de Boyacá absolvió Mercado Pérez por la muerte de Rivera, por presumirse la legítima defensa.
El patrullero Freddy Andrés Rodríguez fue sentenciado por los mismos hechos. El fiscal de este caso presentó un recurso de apelación al fallo de primera instancia.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal condenó a 45 años y ocho meses de prisión (550 meses) a Diego Andrés Suárez Daza, hallado culpable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años. Suárez Daza fue capturado en 2024 en Cajicá, a donde había huido e intentaba pasar desapercibido como mecánico.
El fallo, emitido en aplicación de la normativa colombiana sobre violencia de género, busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos, como en este caso que causó conmoción en su momento en la capital casanareña.
El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2021 en la residencia de la víctima, ubicada en el barrio Bicentenario de Yopal. Suárez Daza, expareja sentimental de Sonia, ingresó al domicilio y la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello. El cuerpo fue hallado por familiares que, alarmados por su ausencia en su local del Terminal de Transportes, acudieron a buscarla.
En el momento del ataque, Sonia se encontraba en casa con su hija de tres años, quien dormía en otra habitación. La violencia del hecho y la presencia de la menor en el lugar conmovieron profundamente a la comunidad yopaleña, que desde entonces ha exigido justicia por este brutal crimen, llegando incluso a realizar un plantón frente a la sede de la Fiscalía.
La investigación reveló que la víctima había denunciado amenazas previas y enfrentaba un conflicto por la fijación de la cuota alimentaria de la niña. Estos antecedentes fueron considerados por el juez como agravantes en el contexto de violencia intrafamiliar y de género.
Con esta condena, las autoridades reafirman su compromiso de sancionar con severidad los feminicidios y proteger los derechos de las mujeres, especialmente en contextos donde persiste la violencia ejercida por exparejas o personas cercanas.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal condenó a 44 años de prisión (528 meses) a Kilver Alfonso Mariño Ávila por el feminicidio de su expareja, Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní.
La decisión judicial, que fue apelada por la defensa del condenado, se dio tras comprobar que el hombre atacó brutalmente a la mujer con un arma blanca en un establecimiento público, como fue de amplio conocimiento.
Según el relato de los hechos, la víctima, de 38 años, fue abordada por Mariño Ávila mientras trabajaba, y en medio de una discusión por el uso de una motocicleta, el agresor la persiguió y le causó una herida mortal en el abdomen. Aunque varios ciudadanos intentaron auxiliarla, la gravedad de la lesión le provocó la muerte minutos después.
Mariño Ávila huyó del lugar tras cometer el crimen, pero fue capturado esa misma noche gracias a la oportuna reacción de la Policía y la colaboración de la comunidad. La víctima había denunciado previamente amenazas por parte del agresor.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.
Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.
La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas. La magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron tortura contra persona protegida, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.
Hubo tortura antes de asesinarlos
En el análisis de estos 17 hechos, en los que fueron asesinadas 26 personas, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate.
Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.
Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad trasladó algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de que continúe la indagación sobre los pormenores del trato recibido por las víctimas antes de su muerte, en relación con comparecientes que participaron directamente en los hechos, pero cuya situación jurídica fue remitida a esa instancia de la JEP porque no fueron seleccionados como máximos responsables.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento envió al Subcaso Costa Caribe II información sobre hechos cometidos por el compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en la Brigada XVI en el departamento de Casanare, para que también sean tenidos en cuenta en dicha investigación, en la que fue imputado como máximo responsable, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Los seis comparecientes llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.
Fuente: Comunicaciones JEP
