Con el propósito de restituir los derechos territoriales del Resguardo Indígena Puerto Viejo y Puerto Esperanza, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante la justicia especializada en Villavicencio.

Actualmente, el territorio colectivo está conformado por 39 familias que se ubican en el municipio de Miraflores, en el departamento del Guaviare. Con la acción judicial, se pretende reclamar 9.956 hectáreas y 542 metros cuadrados
a favor de los pueblos Cubeo, Desano, Siriano, Guanano, Tuyuca, Tukano y Sikuani; afectados por confinamiento, desplazamiento, abandono forzoso y despojo.

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta y Guaviare, indicó que “el acompañamiento de la URT tiene como objetivo lograr la reparación integral de esta comunidad indígena, que ha sido víctima del conflicto y la violencia por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales”.

Entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran: garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales y el saneamiento del Resguardo Indígena Puerto Viejo y Puerto Esperanza. Lo anterior, teniendo en
cuenta las dos ocupaciones identificadas en el territorio ancestral, mediante la jornada de caracterización de afectaciones territoriales realizada por el equipo étnico de la URT.

Finalmente, la Unidad solicitó a la justicia que, en concertación con los pueblos originarios que integran la comunidad, se avance en el diseño y posterior instalación (en puntos estratégicos) de vallas alusivas a la existencia y límites definitivos del Resguardo Indígena Puerto Viejo y Puerto Esperanza.

El objetivo es informar de manera clara las sanciones frente a la invasión y ocupación indebida por parte de personas no pertenecientes a este resguardo. Además, se deberá realizar, con la comunidad colindante, jornadas en las que se socialicen los límites del territorio, tomando como referente lo expuesto por la comunidad en el escrito de demanda de restitución de tierras.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

Ecopetrol y Parex Resources suscribieron cinco acuerdos para desarrollar nuevas actividades de exploración y producción de hidrocarburos en dos grandes cuencas de Colombia.

Los primeros cuatro acuerdos de colaboración se desarrollarán en la cuenca del Putumayo, para ejecutar actividades principalmente en los municipios de Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Caicedo y Puerto Asís, así como Ipiales, en el departamento de Nariño.

Allí se adelantarán actividades de desarrollo y exploración por un valor aproximado de 350 millones de dólares, con las cuales se espera incorporar volúmenes incrementales de crudo asociados a campos existentes y recursos prospectivos en áreas cercanas a infraestructura.

El otro acuerdo se ejecutará en la cuenca Piedemonte, específicamente en el bloque Farallones, que tiene como área de influencia los municipios de Ubalá y Medina, en el departamento de Cundinamarca, y el municipio de Santa María, en Boyacá. Parex Resources se incorpora como socio y futuro operador.

En este acuerdo, que se tiene contemplado iniciar el próximo año, se definió la perforación de un pozo exploratorio en la Fase 1, en busca de gas y crudo liviano, e inversiones adicionales en una siguiente fase por un valor aproximado de 60 millones de dólares.

Esta nueva alianza con Parex Resources es una muestra de la apuesta que tienen las dos compañías en continuar con la actividad exploratoria en esta cuenca de interés estratégico en la búsqueda de nuevas reservas de gas y de crudo liviano.

En materia de inversión social, estos acuerdos tienen previsto destinar recursos superiores a 10 millones de dólares en los próximos tres años, en fomento a la microempresa productiva, bienes y servicios locales, y el apoyo a servicios básicos como agua potable para las comunidades, entre otros.

Los cuatro acuerdos de Putumayo están sujetos a la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio, mientras que el de Farallones debe ser aprobado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Fuente: Ecopetrol

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhon Edwin Cumanaica Gaitán, por su presunta responsabilidad en el asesinato de un ciudadano, ocurrido el pasado 15 de noviembre, en una finca en zona rural de Cumaribo (Vichada).

Un fiscal seccional en Vichada le imputó el delito de homicidio agravado y un juez de control de garantías ordenó su traslado inmediato a la cárcel.

La investigación permitió establecer que el procesado sostuvo una discusión con la víctima, en ese momento habría sacado un arma de fuego de su habitación  y le disparó causándole la muerte.

El hombre huyó del lugar y posteriormente se presentó ante las autoridades. Allí aceptó ser el responsable de la muerte de la víctima.

Fuente: Fiscalía General de la Nación