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Imputan cargos a exfuncionarios del Meta por contrato de telemedicina

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El servicio de telemedicina para el departamento de Meta fue contratado hace 10 años, nunca funcionó y hoy tiene a varios exfuncionarios vinculados a una investigación por presuntos hechos de corrupción.

En 2008, la Secretaría de Salud Departamental suscribió un contrato cercano a los $6 mil millones de pesos con la empresa Arolen, para que pusiera en marcha el proyecto tecnológico; sin embargo, la Fiscalía demostró que, presuntamente, no hubo estudios profundos de pre factibilidad ni se tuvo en cuenta la poca capacidad de los hospitales que prestarían la atención de telemedicina.

Posteriormente, de acuerdo al material probatorio, se realizó un nuevo proceso contractual por $872 millones para fortalecer el servicio que, en realidad, nunca entró en funcionamiento.

Los elementos recopilados evidenciaron que se habría pagado un anticipo y un valor adicional por la supuesta deducción en la liquidación del contrato, sin que fuera ejecutado. Los investigadores encontraron que se crearon varias facturas para acreditar el cumplimiento en las responsabilidades pactadas.

Por estos hechos, en los que supuestamente fueron apropiados irregularmente $518 millones de pesos, la Fiscalía imputó a cuatro exfuncionarios y al contratista ante el Juzgado 3º Ambulante Penal de Garantías de Villavicencio. Los procesados son:

Carmen Sofía Motta Sepúlveda, exsecretaria de Salud Departamental (2008).

Mónica del Pilar Anzola Roa, exsecretaria de Salud Departamental (2011).

Eduardo Guillermo Cadena, exsecretario de Salud Departamental (2015).

William Fernando Romero Torres, exsecretario de Planeación Departamental.

Carlos Eduardo Gamboa Plata, contratista de la empresa Arolen.

En las audiencias fueron formulados cargos por peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado.

Carley Fernando Urbano Buriticá, director comercial de la empresa Arolen, no asistió a la diligencia de imputación y se fijó nueva fecha para el 10 de abril de 2018, ante el Juzgado 3º Ambulante Penal de Garantías de Villavicencio.

Fuente: Prensa Fiscalía General de la Nación

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Superindustria multó por más de 2.000 millones a empresas mineras del Meta

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La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad única de competencia, sancionó a 11 agentes de mercado y a 9 personas naturales, al quedar demostrado que llevaron a cabo dos acuerdos restrictivos de la libre competencia económica celebrados y ejecutados por distintas empresas mineras de la zona de Guamal, Acacías y Castilla La Nueva en el departamento del Meta.

Esto en el mercado de producción de materiales para la construcción extraídos en lecho de río, cuyos compradores principales son los contratistas de ECOPETROL.

El primer acuerdo anticompetitivo consistió en la asignación de cuotas de suministro, denominada por los cartelistas como la repartición equitativa. En este acuerdo teniendo en cuenta el número de títulos mineros que distintas personas tenían en la zona, se acordó que el 40% del suministro de material pétreo para las solicitudes realizadas por los contratistas de ECOPETROL, correspondería a JOSÉ HÉCTOR MURILLO CASTILLO y SERVIPETRÓLEOS; y el 60% restante a los mineros afiliados a la ASOCIACIÓN DE MINEROS DE GUAMAL, ACACÍAS Y CASTILLA LA NUEVA – ASOMGUACA. Esta práctica se presentó desde 2011 hasta mayo de 2016.

El segundo acuerdo anticompetitivo buscó garantizar y complementar el cumplimiento efectivo de la asignación de cuotas de suministro, y consistió en la fijación de precios del material pétreo que los mismos agentes de mercado establecieron año a año desde 2012 hasta febrero de 2016.

De igual forma, quedó demostrado que la ASOCIACIÓN DE MINEROS DE GUAMAL, ACACÍAS Y CASTILLA LA NUEVA – ASOMGUACA, como agremiación de los mineros de la región, constituyó un sistema y procedimiento que limitó la libre competencia económica en el mercado descrito al fungir como el vehículo a través del cual se coordinó la operación, logística, seguimiento, vigilancia y control de los acuerdos anticompetitivos celebrados por los mineros. De igual manera sirvió como portavoz del gremio y los cartelistas ante ECOPETROL y las diferentes autoridades locales.

EL CASO

La investigación se inició como consecuencia de la denuncia presentada por el CONSORCIO M&O, contratista aliado de ECOPETROL. A su vez, ECOPETROL mediante distintas denuncias presentadas ante esta Autoridad también informó de la existencia de posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de producción de materiales para la construcción extraídos en lecho del río en los municipios de Guamal, Acacías y Castilla La Nueva en el departamento del Meta.

Posteriormente, y en el marco de la etapa preliminar de la investigación, JOSÉ HÉCTOR MURILLO CASTILLO, TRITURADOS Y TRITURADOS LTDA., TRITURADOS MINA LA ISLA S.A.S., PIÑEROS BARRERA Y COMPAÑÍA LTDA., ALUVIALES LA FORTUNA S.A.S., SUMINISTROS MINEROS DEL LLANO LTDA. y la ASOCIACIÓN DE MINEROS DE GUAMAL, ACACÍAS Y CASTILLA LA NUEVA – ASOMGUACA, solicitaron ingresar como delatores al Programa de Beneficios por Colaboración. De esta manera, los agentes confesaron su participación en los acuerdos restrictivos de la libre competencia económica, reconociendo su responsabilidad y aportando pruebas relevantes que demostraban la existencia y ejecución de un acuerdo de asignación de cuotas de suministro, así como de uno de fijación de precios en el mercado referido.

¿QUÉ SIGUE?

Una vez en firme la decisión, la Superintendencia la comunicará a: las Alcaldías municipales de Guamal, Acacías y Castilla La Nueva del departamento del Meta, con el fin de que ante cualquier indicio de alguna práctica restrictiva de la libre competencia la comuniquen de manera inmediata a la Superintendencia; al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería.

Contra la decisión procede el recurso de reposición.

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio

 

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Cayó alias Mario, se había fugado de custodia judicial en Villavicencio

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La Policía Metropolitana de Villavicencio logró durante la últimas horas la captura mediante orden judicial de Jorge Enrique Parra Ovalle, de 25 años, conocido en el mundo delincuencial como «Mario», el cual se había fugado de las instalaciones del Centro de Protección y Prevención Nº3 de la ciudad, el pasado 20 de enero de 2021, donde se encontraba privado de la libertad por el delito de homicidio agravado.

Gracias a la información suministrada mediante fuente humana y al trabajo investigativo que adelantaron los funcionarios de Policía Judicial para dar con su ubicación, las autoridades materializaron su captura sobre la vía principal del barrio Canaán, cuando deambulaba por este sector en compañía de su compañera sentimental; evidenciando que había cambiado su aspecto físico para evitar ser identificado por las autoridades.

«Mario» hacía parte de la estructura delincuencial «Los Marios», la cual fue desarticulada en el mes de noviembre de 2020 y las autoridades lo señalaban como el responsable y/o partícipe de cinco hechos de violencia registrados en la ciudad.

Este sujeto será presentado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaral, autoridad judicial que lo requería por el delito de fuga de presos.

Fuente: Policía Meta

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Meta tendrá proyecto de ganadería sostenible por 25 mil millones

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00El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, anunció la creación de un programa por 25 mil millones de pesos para el fortalecimiento de la ganadería regenerativa en el departamento del Meta.

Este consiste en aprovechar el excremento de los animales para que se protejan las áreas que habitan y sembrar árboles para bajar la temperatura de los mismos, generando mayor productividad.

El funcionario nacional fue enfático en el trabajo que realiza de la mano del Gobierno departamental, para dar culminación a la planta Hordofrutícola de Granada.

Por otra parte, Julio Romero, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Meta, destacó la importancia de este trabajo conjunto: ”Con el proyecto de ganadería sostenible llegaremos a diez municipios mejorando las condiciones productivas por área, además de la puesta en marcha de 9.200 millones de pesos para obras complementarios de la planta Hortofrutícola de Granada. Es un balance muy positivo para nuestra región”, puntualizó.

Fuente: Gobernación del Meta

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