CASANARE
Estudio del IGAC revela que en Casanare las tierras no son bien aprovechadas por sus pobladores
De los cuatro departamentos que conforman la Orinoquia colombiana, Casanare es el más óptimo para incentivar la cría de ganado y algunos cultivos, implementando algunas prácticas de manejo debido a sus suelos ácidos, revela un estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC.
Según el IGAC, aunque este plus es altamente conocido por los casanareños, el potencial actual del departamento se queda corto con la capacidad que cuentan sus tierras.
Según el Agustín Codazzi, actualmente solo el 18,8% de las tierras casanareñas presentan algún desarrollo agropecuario (en su mayoría ganado), cuando sus tierras arables están presentes en el 31,2% del área.
Sin embargo, la actividad agropecuaria ya consolidada se realiza en algunos terrenos no aptos para tal fin. Este caso se da principalmente sobre el margen occidental del río Casanare, en los municipios de Sabanalarga, Monterrey, Chámeza, Recetor, Aguazul, Yopal, Nunchía y Támara, cuyas zonas son consideradas tierras no arables para el uso agroforestal.
Por el desaprovechamiento productivo, el porcentaje de tierras para el uso forestal y de conservación es más elevado de lo que debería ser; tiene 67,1% de su área para actividades como sistemas agroforestales, forestales, agroforestería, cultivos semipermanentes o protección, pero en la realidad se dan en el 70,9%.
Este anuncio fue hecho por el IGAC en la conmemoración del Día Mundial del Suelo, fecha que fue celebrada por la entidad en un evento simultáneo en 21 departamentos con los suelos más afectados por la sobrecarga agropecuaria. En Yopal el evento fue presidido por el director Territorial Casanare, Niyer Lozano Vallejo.
Otros hallazgos
El IGAC reveló que Casanare es el departamento número 15 del país con mayor porcentaje de su área con conflictos de uso del suelo, el más destacado en la Orinoquia.
El 42,3% de sus suelos presenta un uso inadecuado: 31,5% por subutilización y 10,8% por sobreutilización. Esto se debe a que muchas de las tierras con capacidad productiva están siendo desaprovechadas. Entre tanto, el 48,1% respeta la verdadera vocación y capacidad del suelo.
El territorio cuenta con estudios semidetallados en solo el 9% de su área, un factor que impide que su ordenamiento productivo y ambiental se realice de manera acorde a las características de sus suelos.
Fuente: Prensa IGAC
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
