CASANARE
¿Está la comunidad de Yopal preparada ante una posible emergencia con el río Cravo Sur?
El diputado Pedro Felipe Becerra llamó la atención para que los organismos correspondientes comiencen a preparar a la comunidad yopaleña con procesos pedagógicos, para saber cómo actuar en caso de una eventual emergencia por desbordamiento, avalancha o creciente del río Cravo Sur.
Señaló el cabildante, que si bien es cierto la situación de la capital casanareña no es de alarma como se concibió erróneamente en días anteriores, es pertinente que la comunidad conozca cómo actuar ante una eventual situación de emergencia, que son situaciones naturales para las que hay que estar preparados por simple instinto de supervivencia.
Consideró el integrante de la duma seccional, que hay entidades como Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y las Oficinas de Gestión del Riesgo, que deben estar haciendo un trabajo con toda la comunidad yopaleña para instruirla sobre estos temas.
“Realmente estamos preparados si llegase a suceder esto? En nuestras casas tenemos los elementos que necesitaríamos? Sabemos qué rutas coger? Cuáles son las rutas indicadas?”, se preguntó el integrante de la Asamblea Departamental.
Tristes recuerdos
Recordó Becerra Vargas, como en años anteriores ante una falsa alarma de avalancha del río Cravo Sur emitida por un medio de comunicación, la comunidad se llenó de pánico y la salida de Yopal hacia el sur del departamento colapsó por la gente tratando de ponerse a salvo ante semejante eventualidad.
“Todo el mundo pensó que se venía la catástrofe más grande y quedamos embotellados ahí en el rond point en las afueras de Yopal, eso no puede volver a suceder, tenemos que prepararnos, hay que hacer un trabajo pedagógico muy importante para genera los mecanismos de prevención y mitigación urgentes para las riberas del río Cravo Sur”, anotó el diputado Pedro Felipe Becerra.
Agregó que se requiere urgentemente tener los resultados del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del río que es responsabilidad de Corporinoquia, así como entrar a revisar y cumplir las órdenes que ha emitido el Tribunal Administrativo de Casanare con la Acción Popular instaurada por los habitantes de las veredas La Calceta y La Manga.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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