META
Entregaron vacas preñadas a familias campesinas de Puerto López
La Fundación Colombia Ganadera (FUNDAGÁN) y la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios (Vecol S. A.) unieron esfuerzos para realizar la entrega de siete vacas preñadas a igual número de familias en el municipio de Puerto López, Meta, como parte del programa “Una Vaca por la Paz”.
Esta donación tiene como objetivo brindar a las familias una herramienta para el desarrollo, mejorar su seguridad alimentaria y generar ingresos.
Las vacas preñadas no solo son un apoyo material, sino un símbolo de renovación y resiliencia, que encarna los valores de la temporada navideña. Estas familias recibirán un recurso importante para mejorar sus condiciones de vida, al mismo tiempo que se les brindará una oportunidad para fortalecer su bienestar económico y social.
Un regalo con proyección a largo plazo
La donación de estas vacas preñadas no solo beneficiará a las familias de manera inmediata con la leche que producirán, sino que a largo plazo permitirá generar ingresos mediante la venta de productos lácteos y la comercialización de las crías. Además, gracias al acompañamiento técnico las familias aprenderán a implementar buenas prácticas de producción, lo que les permitirá administrar de manera más eficiente sus recursos y predios durante dos años.
Apoyo integral a las familias
A través de su alianza con la Corporación Organización El Minuto de Dios, FUNDAGÁN también postulará a las familias beneficiarias para recibir mejoras en sus viviendas. Esta postulación busca mejorar tres áreas clave de sus hogares: baños, pisos y cocinas.
El objetivo es garantizar que las familias no solo accedan a recursos productivos, sino que también cuenten con condiciones de vida dignas, lo que complementará su desarrollo integral y promoverá una mejor calidad de vida.
Un mensaje de esperanza para el futuro
La entrega de estas vacas preñadas en Puerto López representa un mensaje claro de esperanza y solidaridad. Este acto no solo resalta la importancia de la cooperación entre el sector privado y las organizaciones sociales, sino que también demuestra cómo el apoyo a las comunidades rurales puede generar cambios significativos y duraderos.
Fuente: FUNDAGAN
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
