ARAUCA
Enfrentamientos entre grupos ilegales agravan situación de orden público en Arauca
La Defensoría del Pueblo solicitó a todas las instituciones del Estado hacer presencia y garantizar los derechos de la comunidad de la vereda Siberia 1, en Tame, Arauca, porque quedó en medio de los enfrentamientos entre el ELN y una facción disidente de las Farc.
Una misión humanitaria de la entidad, conformada por funcionarios de su Regional Arauca y representantes de la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica, evidenció en el lugar la grave afectación a los derechos humanos de familias campesinas y de la comunidad indígena del resguardo La Esperanza.
Los combates tienen inmerso en un ambiente de permanente temor y zozobra a los habitantes del sector. Hay cuerpos sin vida de combatientes cuyo proceso de levantamiento está en manos de las autoridades.
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La población está con restricciones a la movilidad, limitaciones al acceso a la educación y actividades tradicionales, desabastecimiento de alimentos, sin energía eléctrica, tampoco cuenta con agua potable. Además, la misión constató daños en viviendas y bienes y encontró artefactos sin explotar, que la fuerza pública adelanta el proceso de desactivación.
Toda esta situación contraría el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y vulnera los derechos de quienes viven en la zona donde tienen lugar las hostilidades, razón por la que las autoridades deben atender la compleja situación de derechos humanos, implementar acciones urgentes y eficaces que permitan la activación de rutas de atención y protección, necesarias para salvaguardar los derechos de la comunidad.
Los riesgos advertidos por la Defensoría
Días atrás, la Defensoría solicitó a la institucionalidad atender la crítica situación, también agravada por el conflicto entre actores armados al margen de la ley, en Puerto Rondón (Arauca), pues cerca de 280 familias debieron confinarse en el sector conocido como Marreros, varias de ellas en centros educativos y casas comunales, y poco más de 180 se vieron obligadas a emprender un desplazamiento masivo interveredal.
A través de las Alertas Tempranas 023 del 2021, emitida para Puerto Rondón y Cravo Norte, y 011 del 2023, para Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, la institución nacional garante de los derechos humanos advirtió los graves riesgos para la población civil a causa de la confrontación entre los actores armados ilegales.
La Defensoría del Pueblo reitera el llamado a los grupos armados en conflicto a cesar todas las acciones que puedan afectar a la población civil, a dejarla por fuera del conflicto y a mostrar gestos de paz.
Fuente: Defensoría del Pueblo
El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.
Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.
Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.
El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
