CASANARE
En Yopal se judicializa al cuarto capturado por atentado a la Escuela General Santander
Como Álvaro Mateus fue identificado el sujeto capturado por la Policía, señalado de pertenecer al ELN y quien sería uno de los presuntos responsables del atentado con carro bomba del pasado mes de enero en Bogotá, donde murieron 22 cadetes.
Las investigaciones determinaron que Mateus le habría girado 20 millones de pesos a Wilson Arévalo, la persona que, según la justicia, trajo la camioneta con la que se cometió el atentado desde Arauca hasta la capital del país. Además, le estaba pagando el abogado a Arévalo por el proceso al que se enfrenta por el ataque al ‘corazón‘ de la Policía.
El general Óscar Atehortúa, director de la Policía, aseguró que este hombre en menos de 7 años logró mover más de 24.000 millones se pesos y llevaba 12 años delinquiendo con el ELN. Igualmente, sostuvo que esta persona tenía sin justificar ante la DIAN más de 5.000 millones de pesos y 15 vehículos.
La fiscal contra el crimen organizado Claudia Carrasquilla, dijo que Álvaro Mateus y alias Pablito “tenían una relación desde hace 12 años, se logró establecer que fue designado para que manejará la parte financiera del ELN en el Frente Oriental”.
Pero la empresa de lácteos, con sede en Bogotá y propiedad de Mateus, finalmente fue utilizada para lavar activos de la guerrilla y los vehículos de carga era utilizados para el tráfico de cocaína, armamento y explosivos para el ELN.
Este cuarto capturado por el atentado a la Escuela de Cadetes deberá responder por los delitos de rebelión, concierto para delinquir, financiación al terrorismo y grupos de delincuencia organizado.
El capturado aceptó cargos y se espera en las próximas horas un Juez de Control de Garantías de Yopal (Casanare), hasta donde fue trasladado, le defina la medida de aseguramiento.
Fuente: www.opanoticias.com
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Michael Alexis Botía Gutiérrez, alias “Popi”, y a William Stiven Botía Gutiérrez, hermanos señalados de dedicarse al tráfico local de estupefacientes en distintos sectores de Yopal. Un fiscal de la Seccional Casanare les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Las capturas se realizaron en flagrancia durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en una vivienda ubicada en el barrio Flor Amarillo de Yopal.
En medio del operativo, las autoridades incautaron un revólver calibre 38, 13 cartuchos, cerca de 300 gramos de clorhidrato de cocaína, 600 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación y comercialización de sustancias alucinógenas.
Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Michael Alexis Botía Gutiérrez, mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de las actividades ilegales que presuntamente desarrollaban los hermanos Botía.
La Alcaldía de Yopal adjudicó oficialmente el contrato para la demolición mecánica de las Torres del Silencio, proyecto de vivienda que durante cerca de 14 años mantuvo en vilo a sus ocupantes, por las protuberantes fallas estructurales que hacían temer que en cualquier momento iban a colapsar, por lo que las autoridades, después de un estudio de patología y muchas cosas más, determinaron que lo mejor era evacuarlas y demolerlas, para dar paso a un nuevo proyecto.
De acuerdo con el proceso publicado en SECOP II, la Licitación Pública fue otorgada a la empresa Ingoser Ingeniería de Obras y Servicios S.A.S., domiciliada en Fonseca, Guajira. Se presentaron cinco oferentes a nivel nacional, y tras cumplir cada una de las etapas únicamente Ingoser S.A.S. logró quedar habilitada en todos los requisitos exigidos.
El contrato fue adjudicado por un valor de $1.593.743.720, con un plazo de 45 días de ejecución y contempla la demolición de la infraestructura de las torres, una vez se complete la etapa de legalización y firma electrónica del contrato.
Luego de esta adjudicación, cuya audiencia final duró cerca de 8 horas con suspensiones y demás, la Alcaldía de Yopal debe dar inicio en próximos días, a la demolición de las Torres del Silencio, para que la Gobernación entre a construir el nuevo proyecto.
Un robusto dique construido en la vereda San Pascual en Yopal, ha devuelto la tranquilidad a más de 500 familias de El Amparo, San Pascual y El Barbillal, protegiéndolas de las fuertes crecientes del río Cravo Sur. La obra, entregada hace un año, ha permitido que comunidades campesinas vuelvan a sembrar y transitar con normalidad en zonas que antes eran arrasadas por el afluente.
Con la llegada de la actual temporada de lluvias, Wilson Porras, director de Gestión del Riesgo, realizó un monitoreo exhaustivo al comportamiento de la estructura. Los resultados confirmaron su efectividad, garantizando la protección de cultivos, viviendas y la vía de acceso, puntos críticos que históricamente sufrían las embestidas del río.
La obra, culminada en mayo de 2025, se ejecutó mediante la instalación de bolsas tipo big bag y mantos de control de erosión en un punto donde el afluente solía desbordarse. Durante años, las familias campesinas presenciaron cómo el río destruía sus sembrados, aislaba sus viviendas y convertía amplias zonas productivas en terrenos inservibles; un panorama que hoy ha cambiado radicalmente.
Este proyecto se erige como un modelo de articulación interinstitucional, involucrando al gobierno de César Ortiz Zorro, la Alcaldía de Yopal, diputados, el sector privado y la propia comunidad. El éxito y el impacto positivo de la intervención han llevado a que esta obra sea tomada como piloto para la construcción de cinco jarillones adicionales, que actualmente se están finalizando en los municipios de Paz de Ariporo, Nunchía, Trinidad, Aguazul y Villanueva.
