CASANARE
En Yopal se judicializa al cuarto capturado por atentado a la Escuela General Santander
Como Álvaro Mateus fue identificado el sujeto capturado por la Policía, señalado de pertenecer al ELN y quien sería uno de los presuntos responsables del atentado con carro bomba del pasado mes de enero en Bogotá, donde murieron 22 cadetes.
Las investigaciones determinaron que Mateus le habría girado 20 millones de pesos a Wilson Arévalo, la persona que, según la justicia, trajo la camioneta con la que se cometió el atentado desde Arauca hasta la capital del país. Además, le estaba pagando el abogado a Arévalo por el proceso al que se enfrenta por el ataque al ‘corazón‘ de la Policía.
El general Óscar Atehortúa, director de la Policía, aseguró que este hombre en menos de 7 años logró mover más de 24.000 millones se pesos y llevaba 12 años delinquiendo con el ELN. Igualmente, sostuvo que esta persona tenía sin justificar ante la DIAN más de 5.000 millones de pesos y 15 vehículos.
La fiscal contra el crimen organizado Claudia Carrasquilla, dijo que Álvaro Mateus y alias Pablito “tenían una relación desde hace 12 años, se logró establecer que fue designado para que manejará la parte financiera del ELN en el Frente Oriental”.
Pero la empresa de lácteos, con sede en Bogotá y propiedad de Mateus, finalmente fue utilizada para lavar activos de la guerrilla y los vehículos de carga era utilizados para el tráfico de cocaína, armamento y explosivos para el ELN.
Este cuarto capturado por el atentado a la Escuela de Cadetes deberá responder por los delitos de rebelión, concierto para delinquir, financiación al terrorismo y grupos de delincuencia organizado.
El capturado aceptó cargos y se espera en las próximas horas un Juez de Control de Garantías de Yopal (Casanare), hasta donde fue trasladado, le defina la medida de aseguramiento.

Fuente: www.opanoticias.com
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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