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En Villavicencio abuelo fue condenado por tráfico de estupefacientes

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Una pena de 21 años y 33 días de prisión y multa de 2.668 salarios mínimos legales mensuales vigentes tendrá que pagar Olimpo Monroy Roa, de 72 años, luego de ser hallado responsable del tráfico de cocaína en el oriente del país, por hechos ocurridos en mayo de 2013 en vía que comunica a San José del Guaviare (Guaviare) con Puerto Concordia (Meta).

Durante el desarrollo del juicio, la Fiscalía Especializada demostró la responsabilidad del condenado en el transporte de 12.000 grs de cocaína, empacados en 22 paquetes, que estaban escondidos en el tanque de gasolina del automóvil en el que se movilizaba.

El hallazgo se dio al momento en que integrantes de la policía antinarcóticos lo detuvieron en un retén de control instalado en la vía, donde un agente canino detectó la sustancia en medio de una inspección.

La sentencia ordenó conceder al anciano prisión domiciliaria teniendo en cuenta su estado de salud, por problemas de hipertensión arterial y diabetes.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Villavicencio, a prisión mujer que drogó a un hombre y robó todas sus pertenencias

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación fue asegurada con detención intramural Laura Vanessa Sedano Barney, de 27 años, como presunta responsable de apoderarse de los bienes de un hombre a quien habría reducido en Villavicencio.

Según la Fiscalía, los hechos se presentaron en enero de 2023 en sector residencial del barrio Palmar Coralina, donde la mujer, luego de ganarse la confianza de la víctima a quien contactó por redes sociales, la habría inducido a ingerir una bebida alcohólica con una sustancia tóxica que lo dejó en estado de indefensión para luego, al parecer, despojarlo de bienes avaluados en más de nueve millones de pesos.

La mujer se habría apoderado de una motocicleta, un celular, un televisor, joyas y dinero en efectivo entre otros elementos de la víctima.

Mediante orden judicial Sedano Barney fue capturada en el barrio La Madrid, por investigadores del CTI de la Fiscalía, Policía y Ejército Nacional; en audiencia con un juez de garantías la Fiscalía le imputó cargos por el delito de hurto calificado, el cual no aceptó.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Influencer llanero se grabó matando a una falsa coral y ahora tendrá que enfrentar a la justicia

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En los últimos días se conoció un video grabado por el creador de contenido Juan Sebastián Rodríguez, quien en redes sociales aparece como ‘El Llanero Matapalo’,  donde rocía gasolina y prende fuego a una falsa coral (Erythrolamprus bizona), e incita a que otras personas hagan lo mismo.

Frente al caso de maltrato, Cormacarena rechazó la conducta de intolerancia y anunció que tomará las medidas correctivas y sancionatorias, para que este caso no quede en vano.

Cormacarena rechaza tajantemente las conductas realizadas por este mal influenciador, que no solo demuestra su desconocimiento por la fauna silvestre, sino que también, infringe la normatividad ambiental y el código penal. Frente a este caso, vamos a iniciar los procesos sancionatorios de conformidad con la Ley 1333 de 2009, y se compulsará copia a la Fiscalía General de la Nación para que esta persona responda por los delitos ambientales que pudo haber cometido con sus actuaciones, sentenció Ronal Lozano, subdirector de Autoridad Ambiental de Cormacarena.

La entidad ambiental indica que la falsa coral es una especie de serpiente no venenosa; el color del dorso cambia de acuerdo a la subespecie, el patrón que muestran sus escamas está compuesto de bandas alternadas de rojo, negro y amarillo; o blanco, negro y rojo. No obstante, en algunas subespecies este patrón se mantiene, pero en forma de manchas en vez de bandas.

Esta especie sigue un mecanismo de mimetismo batesiano, que consiste en imitar a otra especie para protegerse. En su caso, su coloración es similar a la serpiente coral, una serpiente venenosa.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Dos allegados a Víctor Carranza señalados por apropiación de baldíos en el Meta

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La Fiscal General de la Nación puso en evidencia un entramado de corrupción tras el cual estaría el fallecido zar de las esmeraldas Víctor Carranza, su abogado de confianza y un comerciante de piedras preciosas.

La investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción evidenció que en 1992 el zar de las esmeraldas, por intermedio del abogado FernandelAlonso recibió 26.939 hectáreas de terrenos baldíos ubicados en zona rural de Puerto Gaitán (Meta).

Se presume que la negociación se dio aprovechando la norma que facultaba al antiguo Instituto de Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT), a entregar terrenos baldíos a habitantes de la región que no los tuvieran, con el compromiso de no comercializarlas antes de 15 años.

Al parecer, Alonso logró que 27 personas, entre empleados y conocidas de Víctor Carranza fueran reconocidos como locales. Así lograron acceder a la mencionada extensión de terreno; misma que vendieron en 12 años después (2007). Los compradores fueron cinco ciudadanos del círculo cercano del esmeraldero boyacenseun médico veterinario, un escolta y tres esmeralderos. El valor pactado alcanzo 743 millones de pesos.

Los trámites para la adjudicación de los baldíos, el englobe de los terrenos, su escrituración, registro y posterior venta se cumplió en una notaría de Villavicencio (Meta) y en registros públicos de Puerto Gaitán.

Información en poder de la Fiscalía evidencia que de esta negociación habría participado el también comerciante de piedras preciosas Jaime Rojas García. Este último, al igual que Fernandel Alonso fueron imputados como posibles responsables de los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.Cargos no aceptados por Alonso.

Debido a que Rojas García decidió ausentarse de la audiencia de imputación de cargos, sin pronunciarse sobre los delitos en su contra; la Fiscalía inició un nuevo proceso penal a él como posible responsable del punible de impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas.

La Fiscalía investiga la aparente participación en estos hechos de corrupción de varios empleados de una notaría de Villavicencio (Meta) que habrían avalado los trámites que permitieron que los terrenos en cuestión fueran usufructuados por de manera irregular por más de 20 años, hasta cuando, en febrero de 2015 fueron anularon los actos administrativos que concedieron la adjudicación y posesión.    

A pesar de esto la investigación determinó que varios de los beneficiarios no residían ni tenían una actividad económica en la región. También se habría recurrido a poderes falsos, muchos de estos firmados por personas que ya habían fallecido, documentos con huellas ilegibles, entre otras irregularidades.

Estas maniobras habrían permitido que Rojas García incrementara su patrimonio injustificado para los supuestos implicados, superior a los 6.000 millones de pesos.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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