META
En Cementerio de Puerto López buscarán restos de 30 personas desaparecidas en el conflicto
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-, en desarrollo del Plan Regional de Búsqueda Centro Oriente Meta, en articulación con el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda- Colectivo -OFB- identificaron los primeros 25 lugares de interés forense en el Cementerio de Puerto López, donde se presume podrían estar más de 30 cuerpos de personas desaparecidas en esta región por hechos en razón del conflicto armado.
Con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Puerto López se desarrolló una jornada pedagógica de atención y asesoría a familiares de personas dadas por desaparecidas, que incluyó la presentación del Plan Regional de Búsqueda, la recepción de solicitudes de búsqueda y la socialización con las familias de los avances en la investigación humanitaria y extrajudicial para dar con el paradero de sus seres queridos, entre otras.
El Colectivo OFB brindó asesoría psicosocial y jurídica a más de 30 familias que se vincularon a la jornada, esto, en desarrollo del trabajo que adelantan por la defensa de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado. A su turno, la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- asesoró la acreditación de víctimas en el Macrocaso 07 sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas atendió consultas sobre la inclusión en el Registro Único de Víctimas y la ruta para la reparación integral.
En esta jornada pedagógica la UBPD recibió 30 solicitudes de búsqueda que presentaron madres, hijas, hermanos y hermanas de las personas dadas por desaparecidas en esta región, algunos desde la década de los 80. En su mayoría las personas que buscan a un ser querido manifestaron haber sido víctimas de otros hechos de violencia en razón del conflicto armado, como desplazamiento forzado, homicidios y amenazas.
Para la ubicación de los sitios de interés forense en el Cementerio de Puerto López, la UBPD se apoyó en la caracterización del campo santo que construyó el Colectivo OFB en desarrollo de la Estrategia ‘Red de Apoyo’ de la UBPD, que garantiza la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en el proceso de búsqueda masiva y organizada de los Planes Regionales de Búsqueda. La Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación de la UBPD, avanzó en el registro topográfico y cartográfico del cementerio y la ubicación de los 25 primeros lugares de interés para la intervención en los próximos meses del cementerio.
Las acciones desarrolladas hacen parte del Plan Regional de Búsqueda Centro Oriente, en el que se ha identificado un universo inicial de 742 personas dadas por desaparecidas en los municipios de Barranca de Upía, Cabuyaro, San Carlos de Guaroa, San Martín y Puerto López, siendo estos dos últimos lo que más registros de desaparición presentan, con 338 y 267 casos, respectivamente.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, UBPD
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
Lea también: Conmoción en Puerto Gaitán por feminicidio de madre e hija, capturan un sospechoso
