META
En Cementerio de Puerto López buscarán restos de 30 personas desaparecidas en el conflicto
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-, en desarrollo del Plan Regional de Búsqueda Centro Oriente Meta, en articulación con el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda- Colectivo -OFB- identificaron los primeros 25 lugares de interés forense en el Cementerio de Puerto López, donde se presume podrían estar más de 30 cuerpos de personas desaparecidas en esta región por hechos en razón del conflicto armado.
Con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Puerto López se desarrolló una jornada pedagógica de atención y asesoría a familiares de personas dadas por desaparecidas, que incluyó la presentación del Plan Regional de Búsqueda, la recepción de solicitudes de búsqueda y la socialización con las familias de los avances en la investigación humanitaria y extrajudicial para dar con el paradero de sus seres queridos, entre otras.
El Colectivo OFB brindó asesoría psicosocial y jurídica a más de 30 familias que se vincularon a la jornada, esto, en desarrollo del trabajo que adelantan por la defensa de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado. A su turno, la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- asesoró la acreditación de víctimas en el Macrocaso 07 sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas atendió consultas sobre la inclusión en el Registro Único de Víctimas y la ruta para la reparación integral.
En esta jornada pedagógica la UBPD recibió 30 solicitudes de búsqueda que presentaron madres, hijas, hermanos y hermanas de las personas dadas por desaparecidas en esta región, algunos desde la década de los 80. En su mayoría las personas que buscan a un ser querido manifestaron haber sido víctimas de otros hechos de violencia en razón del conflicto armado, como desplazamiento forzado, homicidios y amenazas.
Para la ubicación de los sitios de interés forense en el Cementerio de Puerto López, la UBPD se apoyó en la caracterización del campo santo que construyó el Colectivo OFB en desarrollo de la Estrategia ‘Red de Apoyo’ de la UBPD, que garantiza la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en el proceso de búsqueda masiva y organizada de los Planes Regionales de Búsqueda. La Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación de la UBPD, avanzó en el registro topográfico y cartográfico del cementerio y la ubicación de los 25 primeros lugares de interés para la intervención en los próximos meses del cementerio.
Las acciones desarrolladas hacen parte del Plan Regional de Búsqueda Centro Oriente, en el que se ha identificado un universo inicial de 742 personas dadas por desaparecidas en los municipios de Barranca de Upía, Cabuyaro, San Carlos de Guaroa, San Martín y Puerto López, siendo estos dos últimos lo que más registros de desaparición presentan, con 338 y 267 casos, respectivamente.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, UBPD
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
