CASANARE
En Boyacá y Casanare hallados depósitos ilegales con material de guerra e intendencia
Tropas de la Octava División del Ejército Nacional, mediante el desarrollo de operaciones militares coordinadas con la Policía Nacional, lograron en las últimas horas, importantes resultados a favor de la seguridad de la región.
La primera acción se llevó a cabo en la vereda Monquirá del municipio Pisba, Boyacá, hasta donde llegaron las tropas quienes luego de labores de inteligencia e información ciudadana, lograron la ubicación de un depósito ilegal perteneciente al frente José David Suárez del Eln, que contenía 73 cartuchos de diferentes calibres, un proveedor 5.56mm, un kilogramo de TNT, seis equipos de campaña, dos chalecos multipropósito, un cerrojo para fusil y una memoria USB.
Así mismo, las tropas en coordinación con la Policía Nacional, sobre la vía marginal del Llano, entre los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal, lograron la ubicación de un depósito ilegal con una pistola 9mm, dos proveedores y nueve cartuchos para la misma, un escopeta 12mm y seis cartuchos del mismo calibre, al parecer perteneciente a las disidencias del Frente 28 de las Farc.
De igual manera, tropas en coordinación con la Policía Nacional, en la vereda Cruz Verde del municipio de Támara, gracias a información ciudadana, lograron la incautación de 220 galones de gasolina ilegal, que se encontraban ocultos en la parte boscosa y al parecer pertenecía al frente Adonay Ardila Pinilla del Eln.
Por otra parte, en la vereda La Palestina de San Luis de Palenque, en operaciones militares contra delitos ambientales, con apoyo de la Policía, se logró la captura en flagrancia de cuatro personas por el ilícito aprovechamiento de recursos naturales, la incautación de 23 metros cúbicos de madera y la inmovilización de dos vehículos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
