REGIÓN
En Boyacá Fiscalía presenta estrategia para judicializar ofensores sexuales
Con el propósito de aumentar el esclarecimiento de los delitos de violencia sexual contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, la Dirección Seccional de Fiscalía Boyacá designó dos fiscales, exclusivamente, para conocer los delitos de este tipo que se presentan en los municipios de Duitama y Sogamoso.
Estos funcionarios se suman a los cuatro fiscales Caivas que ya están destinados a atender de manera exclusiva esta temática.
Con esta asignación se busca impulsar las investigaciones relacionadas con los delitos de violencia sexual y que a la fecha se encuentran en estado de indagación. Para de esta manera adelantar estos casos de manera oportuna, eficaz y eficiente.
A la par de esta estrategia entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre realizó una jornada de formulación de imputación en delitos sexuales, haciendo énfasis en hechos registrados durante el 2020. En esta jornada se imputaron a 85 presuntos agresores en delitos relacionados con la violación a las libertades sexuales
Otra línea de acción que entra a reforzar esta estrategia será la continuidad a las mesas de trabajo y seguimiento continuo e impulso procesal a los casos y las visitas que el director seccional realiza, junto con su asesor de fiscalías, a diferentes municipios del departamento.
El director seccional de Fiscalías de Boyacá, desde su posesión ha estado presente en los municipios de Garagoa, Guateque, Sogamoso, Duitama, Paipa y Monguí.
Con esta estrategia, se espera aumentar las sentencias condenatorias a personas implicadas en delitos sexuales. En lo corrido del año los fiscales destacados para conocer casos por el referido delito han logrado que diferentes jueces hayan proferido 30 sentencias condenatorias contra abusadores sexuales siendo sus condenas en promedio de entre los 6 y 18 años de prisión.
Así la Fiscalía habla con resultados.
Algunas de las sentencias obtenidas son:
- Ante el contundente material probatorio presentado por el ente investigador, Luis Miguel Sánchez Español, aceptó su responsabilidad en el delito de acceso carnal violento. Por esto un juez de conocimiento lo sentenció a 15 años de prisión.
Los hechos por los que fue condenado Sánchez Español ocurrieron el 21 de mayo de 2019 en el municipio de Pesca (Boyacá), donde dos mujeres de avanzada edad (madre e hija) fueron sorprendidas y atacadas brutalmente con arma blanca. Una de ellas fue accedida sexualmente de manera violenta.
- Dos hombres fueron condenados a 16 años y 6 meses de prisión, cada uno, por haber accedido sexualmente y de manera violenta; en el primer caso a su sobrina de 10 años de edad; y en el segundo, a su hermana de 15 años de edad. Casos como este muestran como en muchos de los hechos delictivos los responsables son familiares de las víctimas.
- Vanessa Balanta Osorio purga una pena de 6 años por facilitar el abuso de una niña menor de 14 años de edad.
- Cuando los menores son victimarios también son sancionados. En la Seccional Boyacá se han presentado en 2020 cuatro sentencias sancionatorias a menores implicados en delitos de violencia sexual.
Se espera que en los próximos meses las cifras, en cuanto a sentencias condenatorias por delitos como los referidos, aumenten en el departamento de Boyacá pues a la fecha los fiscales de esta seccional hacen presencia en 572 juicos en los que se judicializan casos como los mencionados.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
REGIÓN
Investigan al exgobernador de Boyacá Ramiro Barragán por contratar obras con Fondos Mixtos
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.


