CASANARE
Empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado rindió informe ante Concejo de Yopal
Atendiendo a la convocatoria realizada por el Concejo Municipal de Yopal, la EAAAY presentó informe en debate de Control Político, respondiendo al cuestionario radicado por el corporado sobre la prestación del servicio de aseo en la ciudad y las inquietudes frente a la actividad de aprovechamiento en el municipio.
Durante su intervención, Jairo Bossuet Pérez, Gerente de la EAAAY, estuvo acompañado por la Directora de Aseo, Esperanza Ramírez; el Director Comercial, Sebastián Hernández y demás miembros del equipo de trabajo, quienes se encargaron de disipar las diferentes dudas de los honorables concejales en el recinto.
Informe
En primer lugar, se dio claridad frente a que la EAAAY no es una empresa prestadora del servicio recolección de material aprovechable, y que en Yopal, a la fecha se encuentran 6 empresas del servicio de aprovechamiento o ECA’s (Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento) registradas ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD, reglamentadas según el decreto 596 de 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Siendo estas empresas las prestadoras y cobradoras del servicio de recolección de residuos no aprovechables en la ciudad.
Así mismo, se explicó que de acuerdo a este decreto del Ministerio de Vivienda, la EAAAY como empresa prestadora del servicio de Aseo de Yopal, está OBLIGADA a incluir en su factura el cobro de la actividad de aprovechamiento que desarrollan estas ECA’s. Es decir, la EAAAY hace el recaudo del valor correspondiente al material aprovechable que reportan estas empresas ante la plataforma SUI de la SSPD y de la misma manera estos recursos son girados a estas ECA’s cada mes y que de no hacerse el recaudo de la actividad desarrollada por las ECA’s o girar sus pagos, acarrearía con sanciones monetarias para la empresa por el incumplimiento de los establecido por la norma.
Además, se aclaró que el incremento de este ítem en la factura en el último mes, se debe a tres factores: 1. El ingreso de cuatro (4) nuevas empresas de aprovechamiento en la ciudad, 2. Dos (2) de estas nuevas empresas reportan gran cantidad de toneladas aprovechadas, como es el caso de ECOCLEAN con 410 toneladas y GREEN ENERGY con 756 toneladas y 3. Se está reflejando un cobro retroactivo de toneladas aprovechadas que no fueron reportadas en los primeros meses del año, por aplazamiento de la SSPD al reporte de ese momento y que ahora deben ser pagadas.
Finalmente, se reiteró que la EAAAY es una empresa operadora y prestadora del servicio de Aseo, correspondiente a los componentes de recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios NO aprovechables, de los cuales ha demostrado ante todas las autoridades y entidades de control y vigilancia, la prestación y manejo óptimo de estos servicios.
Aunque la empresa no tiene competencias como entidad reguladora ni sancionatoria en ningún caso, si ha venido adelantando observaciones y solicitudes para un mayor seguimiento la situación con las ECA’s ante la SSPD, que de acuerdo al Artículo 2.3.2.5.5.4 del decreto 596, es el único ente vigilante y regulador para estas empresas y para esta actividad.
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal condenó a 45 años y ocho meses de prisión (550 meses) a Diego Andrés Suárez Daza, hallado culpable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años. Suárez Daza fue capturado en 2024 en Cajicá, a donde había huido e intentaba pasar desapercibido como mecánico.
El fallo, emitido en aplicación de la normativa colombiana sobre violencia de género, busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos, como en este caso que causó conmoción en su momento en la capital casanareña.
El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2021 en la residencia de la víctima, ubicada en el barrio Bicentenario de Yopal. Suárez Daza, expareja sentimental de Sonia, ingresó al domicilio y la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello. El cuerpo fue hallado por familiares que, alarmados por su ausencia en su local del Terminal de Transportes, acudieron a buscarla.
En el momento del ataque, Sonia se encontraba en casa con su hija de tres años, quien dormía en otra habitación. La violencia del hecho y la presencia de la menor en el lugar conmovieron profundamente a la comunidad yopaleña, que desde entonces ha exigido justicia por este brutal crimen, llegando incluso a realizar un plantón frente a la sede de la Fiscalía.
La investigación reveló que la víctima había denunciado amenazas previas y enfrentaba un conflicto por la fijación de la cuota alimentaria de la niña. Estos antecedentes fueron considerados por el juez como agravantes en el contexto de violencia intrafamiliar y de género.
Con esta condena, las autoridades reafirman su compromiso de sancionar con severidad los feminicidios y proteger los derechos de las mujeres, especialmente en contextos donde persiste la violencia ejercida por exparejas o personas cercanas.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal condenó a 44 años de prisión (528 meses) a Kilver Alfonso Mariño Ávila por el feminicidio de su expareja, Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní.
La decisión judicial, que fue apelada por la defensa del condenado, se dio tras comprobar que el hombre atacó brutalmente a la mujer con un arma blanca en un establecimiento público, como fue de amplio conocimiento.
Según el relato de los hechos, la víctima, de 38 años, fue abordada por Mariño Ávila mientras trabajaba, y en medio de una discusión por el uso de una motocicleta, el agresor la persiguió y le causó una herida mortal en el abdomen. Aunque varios ciudadanos intentaron auxiliarla, la gravedad de la lesión le provocó la muerte minutos después.
Mariño Ávila huyó del lugar tras cometer el crimen, pero fue capturado esa misma noche gracias a la oportuna reacción de la Policía y la colaboración de la comunidad. La víctima había denunciado previamente amenazas por parte del agresor.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.
Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.
La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas. La magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron tortura contra persona protegida, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.
Hubo tortura antes de asesinarlos
En el análisis de estos 17 hechos, en los que fueron asesinadas 26 personas, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate.
Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.
Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad trasladó algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de que continúe la indagación sobre los pormenores del trato recibido por las víctimas antes de su muerte, en relación con comparecientes que participaron directamente en los hechos, pero cuya situación jurídica fue remitida a esa instancia de la JEP porque no fueron seleccionados como máximos responsables.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento envió al Subcaso Costa Caribe II información sobre hechos cometidos por el compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en la Brigada XVI en el departamento de Casanare, para que también sean tenidos en cuenta en dicha investigación, en la que fue imputado como máximo responsable, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Los seis comparecientes llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.
Fuente: Comunicaciones JEP
