A través de una Acción de Tutela admitida por el Tribunal Administrativo de Casanare, Fiduagraria busca que no se haga efectivo el embargo de sus cuentas bancarias ni se le obligue a constituir caución ante una compañía de seguros, ordenado por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal dentro de una Acción Popular promovida por un ciudadano, por el famoso caso de los patrimonios autónomos, en el gobierno de Witman Porras.

El pasado 01 de febrero de 2018, el Juzgado Primero Administrativo de Yopal decretó el embargo de varias cuentas de las empresas a donde fueron a parar los recursos de las regalías de Casanare, para asegurar el cumplimiento de la sentencia por parte de quienes deberán responder con sus peculios por la defraudación a los recursos públicos de Casanare.

Así las cosas, el Juzgado Primero Administrativo de Yopal decretó el embargo de recursos de Fiduagraria hasta por $70 mil millones de pesos; de Cosacol hasta por $25 mil millones de pesos; de Chacón Bernal Asociados Ltda hasta por $7.800 millones de pesos, y del Grupo Esquema hasta por $23.500 millones de pesos.

Ante un recurso interpuesto por Fiduagraria, el pasado 14 de marzo de 2018 el Juzgado Primero Administrativo sustituyó la medida de embargo y retención de los recursos, por la obligación de constituir una caución, por la misma cuantía, ante una compañía de seguros, pero Fiduagraria considera que se le están vulnerando los derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Ahora, mediante una Acción de Tutela que ya fue admitida por el Tribunal Administrativo de Casanare, pretende que estas decisiones queden sin efecto. Argumenta que ejerce la Acción de Tutela, como medida transitoria para la protección de los derechos presuntamente vulnerados, “y para evitar un perjuicio irremediable de inminente materialización de no evitarse la práctica de las medidas cautelares en los términos ordenados”.

Una de las principales defensas de Fiduagraria es que en Acciones Populares no procede una medida cautelar como el embargo con el fin de asegurar el cumplimiento de una condena, que tenga como propósito indemnizar a la entidad titular de los recursos públicos de cuya pérdida es culpable. Es decir, no se debe recurrir al embargo para indemnizar a Casanare cuando solo el departamento es culpable por haber invertido los recursos en los mencionados patrimonios autónomos.

Como se recuerda, Casanare giró en total $63 mil millones procedentes de excedentes de regalías para estos patrimonios autónomos a seis empresas privadas para financiar sus actividades, con el compromiso de reintegrarlos junto con el valor de unos rendimientos pactados. Vencido el término para reintegrar las respectivas sumas de dinero, tan solo una de esas empresas cumplió totalmente su obligación, las demás lo hicieron parcialmente, adeudando al departamento de Casanare, con liquidación a la fecha, la suma de $49.047.600.000.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare