CASANARE
Fiduagraria busca que no la embarguen por recursos de Casanare en patrimonios autónomos
A través de una Acción de Tutela admitida por el Tribunal Administrativo de Casanare, Fiduagraria busca que no se haga efectivo el embargo de sus cuentas bancarias ni se le obligue a constituir caución ante una compañía de seguros, ordenado por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal dentro de una Acción Popular promovida por un ciudadano, por el famoso caso de los patrimonios autónomos, en el gobierno de Witman Porras.
El pasado 01 de febrero de 2018, el Juzgado Primero Administrativo de Yopal decretó el embargo de varias cuentas de las empresas a donde fueron a parar los recursos de las regalías de Casanare, para asegurar el cumplimiento de la sentencia por parte de quienes deberán responder con sus peculios por la defraudación a los recursos públicos de Casanare.
Así las cosas, el Juzgado Primero Administrativo de Yopal decretó el embargo de recursos de Fiduagraria hasta por $70 mil millones de pesos; de Cosacol hasta por $25 mil millones de pesos; de Chacón Bernal Asociados Ltda hasta por $7.800 millones de pesos, y del Grupo Esquema hasta por $23.500 millones de pesos.
Ante un recurso interpuesto por Fiduagraria, el pasado 14 de marzo de 2018 el Juzgado Primero Administrativo sustituyó la medida de embargo y retención de los recursos, por la obligación de constituir una caución, por la misma cuantía, ante una compañía de seguros, pero Fiduagraria considera que se le están vulnerando los derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Ahora, mediante una Acción de Tutela que ya fue admitida por el Tribunal Administrativo de Casanare, pretende que estas decisiones queden sin efecto. Argumenta que ejerce la Acción de Tutela, como medida transitoria para la protección de los derechos presuntamente vulnerados, “y para evitar un perjuicio irremediable de inminente materialización de no evitarse la práctica de las medidas cautelares en los términos ordenados”.
Una de las principales defensas de Fiduagraria es que en Acciones Populares no procede una medida cautelar como el embargo con el fin de asegurar el cumplimiento de una condena, que tenga como propósito indemnizar a la entidad titular de los recursos públicos de cuya pérdida es culpable. Es decir, no se debe recurrir al embargo para indemnizar a Casanare cuando solo el departamento es culpable por haber invertido los recursos en los mencionados patrimonios autónomos.
Como se recuerda, Casanare giró en total $63 mil millones procedentes de excedentes de regalías para estos patrimonios autónomos a seis empresas privadas para financiar sus actividades, con el compromiso de reintegrarlos junto con el valor de unos rendimientos pactados. Vencido el término para reintegrar las respectivas sumas de dinero, tan solo una de esas empresas cumplió totalmente su obligación, las demás lo hicieron parcialmente, adeudando al departamento de Casanare, con liquidación a la fecha, la suma de $49.047.600.000.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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