CASANARE
El Yopal que se quiere y el arboricidio de la Marginal de la Selva
A mansalva y con la venia de Corporinoquia, -una entidad secuestrada hace tiempo por los intereses de la camarilla enturnada-, se cometió el arboricidio que confirma las razones por las cuáles existe tan alto grado de desaprobación ciudadana y desconfianza hacia ella entre los Casanareños.
La tala debió hacerse, como se firman muchos contratos en Casanare, fuera del horario usual, eso sí habilitado legalmente, quizás a partir de las 9 de la noche, pues nadie dio cuenta que se estaba perpetrando y es cuando habitualmente aparecen, las cucarachas, los ratones, etc. etc. y a partir de la cual se tiene derecho a recibir el recargo de un 75%, claro está, me refiero al salario por trabajar las horas extras, no sean malpensados.
¿Se imaginan la logística para talar 404 árboles? ¿El número de camiones requeridos? ¿El número de motosierras utilizadas ?; más de una, como las que usaban quienes perpetraban masacres, y por supuesto más-acre, no puede ser símil para esta situación botánica, tal vez menos Acre, un estado del Brasil azotado por la deforestación de sus selvas.
¿Cuántos operarios estarían involucrados en la milimétrica operación? No, para que fuera sobre segura, pues no se trata de ningún delito-, o aprovechando el toque de queda de la cuarentena, porque para eso están las excepciones a ella, ni para que no nos demos cuenta, porque es el horario de descanso. No señores, nada de eso, es como decimos los abogados por la potísima razón, de no causar traumatismo en el tráfico de tan importantísima vía, Y para ello tocaba hacerlo de una, no D1, la marca de almacenes de los Santodomingo.
Algún ambientalista expresó que “el mal ya estaba hecho”, y que él se hubiera encadenado a uno de esos árboles. Tiene razón y lo hubiéramos acompañado, pero después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga; aunque en la entidad prenombrada dizque hubo una funcionaria que se lucía por hacerlos. No, no, no, para eso están todos los permisos en regla, como cierto dogma religioso, se atravesó al sentir ciudadano, sin romperlo ni mancharlo, como sí se tratará de un himen complaciente. Es para cumplir el loable fin de que Yopal tenga otra ciclovía, así las que existen estén invadidas por comerciantes, abandonadas, desarticuladas y cuando están pendientes el cumplimiento de muchas sentencias de acciones populares, relacionadas con obras de saneamiento ambiental. ¿Qué pensarán del costo de la obra, – aproximado al monto del endeudamiento que pretende el Alcalde de Yopal, por vía de ejemplo, la comunidad vecina del Caño Usivar? ¿Dónde está la pertinencia del gasto público y su priorización? En este caso mientras que no haya voluntad política, para la construcción de obras pendiente hace años, que huelan mier-coles, jueves y demás días de la semana a putrefacto como muchos contratos públicos.
Surgen algunas preguntas, por supuesto no superarán las 404 que fue el número de árboles talados.
¿Cuándo se socializo ese proyecto de ciclovía? ¿Consta que la comunidad fue informada, de que incluía la tala de ese número de árboles? ¿Por qué su diseño arquitectónico no respetó e integró la presencia de esos 404 árboles? Sí el proyecto cuesta como aparece en fotos, $ 32.500 millones, ¿Cuáles eran los términos de su componente y concepto ambiental?
Ahora interesados en la construcción de otras ciclovías, harán lo mismo afirmando que es distinto. En este caso se echó por la alcantarilla, la muy buena idea del circuito del agua. Los ciclistas, que están haciendo deporte en el Parque de la Iguana; o los que transitan la vía a Sirivana, que expresen su opinión, porque entre autoridades hay un pacto de silencio. Que cuenten acerca de hacer deporte bajo la sombra, en medio de los árboles y a cualquier hora del día. Mientras, esa ciclovía habrá de usarse antes de que salga o cuando se vaya el sol. Como cuando debieron talar esos 404 árboles, inmisericordemente después de muchos años de crecimiento, sanos la mayoría. Los arboricidas no solo existen, en el Amazonas, Chocó o en la Serranía de las Quinchas en Boyacá, también los hay urbanos, de oficina, perfumados y bien vestidos, como los de la Marginal de la selva.
Fuente: Miguel Alfonso Pérez Figueredo – Abogado – Columnista Invitado
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
