CASANARE
El Yopal que se quiere y el arboricidio de la Marginal de la Selva
A mansalva y con la venia de Corporinoquia, -una entidad secuestrada hace tiempo por los intereses de la camarilla enturnada-, se cometió el arboricidio que confirma las razones por las cuáles existe tan alto grado de desaprobación ciudadana y desconfianza hacia ella entre los Casanareños.
La tala debió hacerse, como se firman muchos contratos en Casanare, fuera del horario usual, eso sí habilitado legalmente, quizás a partir de las 9 de la noche, pues nadie dio cuenta que se estaba perpetrando y es cuando habitualmente aparecen, las cucarachas, los ratones, etc. etc. y a partir de la cual se tiene derecho a recibir el recargo de un 75%, claro está, me refiero al salario por trabajar las horas extras, no sean malpensados.
¿Se imaginan la logística para talar 404 árboles? ¿El número de camiones requeridos? ¿El número de motosierras utilizadas ?; más de una, como las que usaban quienes perpetraban masacres, y por supuesto más-acre, no puede ser símil para esta situación botánica, tal vez menos Acre, un estado del Brasil azotado por la deforestación de sus selvas.
¿Cuántos operarios estarían involucrados en la milimétrica operación? No, para que fuera sobre segura, pues no se trata de ningún delito-, o aprovechando el toque de queda de la cuarentena, porque para eso están las excepciones a ella, ni para que no nos demos cuenta, porque es el horario de descanso. No señores, nada de eso, es como decimos los abogados por la potísima razón, de no causar traumatismo en el tráfico de tan importantísima vía, Y para ello tocaba hacerlo de una, no D1, la marca de almacenes de los Santodomingo.
Algún ambientalista expresó que “el mal ya estaba hecho”, y que él se hubiera encadenado a uno de esos árboles. Tiene razón y lo hubiéramos acompañado, pero después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga; aunque en la entidad prenombrada dizque hubo una funcionaria que se lucía por hacerlos. No, no, no, para eso están todos los permisos en regla, como cierto dogma religioso, se atravesó al sentir ciudadano, sin romperlo ni mancharlo, como sí se tratará de un himen complaciente. Es para cumplir el loable fin de que Yopal tenga otra ciclovía, así las que existen estén invadidas por comerciantes, abandonadas, desarticuladas y cuando están pendientes el cumplimiento de muchas sentencias de acciones populares, relacionadas con obras de saneamiento ambiental. ¿Qué pensarán del costo de la obra, – aproximado al monto del endeudamiento que pretende el Alcalde de Yopal, por vía de ejemplo, la comunidad vecina del Caño Usivar? ¿Dónde está la pertinencia del gasto público y su priorización? En este caso mientras que no haya voluntad política, para la construcción de obras pendiente hace años, que huelan mier-coles, jueves y demás días de la semana a putrefacto como muchos contratos públicos.
Surgen algunas preguntas, por supuesto no superarán las 404 que fue el número de árboles talados.
¿Cuándo se socializo ese proyecto de ciclovía? ¿Consta que la comunidad fue informada, de que incluía la tala de ese número de árboles? ¿Por qué su diseño arquitectónico no respetó e integró la presencia de esos 404 árboles? Sí el proyecto cuesta como aparece en fotos, $ 32.500 millones, ¿Cuáles eran los términos de su componente y concepto ambiental?
Ahora interesados en la construcción de otras ciclovías, harán lo mismo afirmando que es distinto. En este caso se echó por la alcantarilla, la muy buena idea del circuito del agua. Los ciclistas, que están haciendo deporte en el Parque de la Iguana; o los que transitan la vía a Sirivana, que expresen su opinión, porque entre autoridades hay un pacto de silencio. Que cuenten acerca de hacer deporte bajo la sombra, en medio de los árboles y a cualquier hora del día. Mientras, esa ciclovía habrá de usarse antes de que salga o cuando se vaya el sol. Como cuando debieron talar esos 404 árboles, inmisericordemente después de muchos años de crecimiento, sanos la mayoría. Los arboricidas no solo existen, en el Amazonas, Chocó o en la Serranía de las Quinchas en Boyacá, también los hay urbanos, de oficina, perfumados y bien vestidos, como los de la Marginal de la selva.
Fuente: Miguel Alfonso Pérez Figueredo – Abogado – Columnista Invitado
Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Hugo Díaz la tarde de este domingo 4 de enero de 2026, en cercanías al Peaje de San Pedro en la vía Villanueva – Monterrey, en la vereda Aeropuerto, jurisdicción del municipio de Villanueva.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el siniestro vial involucró una camioneta Mazda CX-5 y una motocicleta Bajaj Boxer de placa MRF50C, en la que se movilizaba la víctima fatal.
Según el reporte de las autoridades, el automóvil se desplazaba en sentido Villanueva – Monterrey y, al parecer, habría invadido el carril contrario, colisionando de frente con la motocicleta que transitaba por la misma vía en sentido contrario.
El impacto fue tan brutal, que el motociclista quedó fuera de la vía con múltiples lesiones. Testigos cuestionan que la ambulancia tardó cerca de 20 minutos para llegar a atender la emergencia. Unidades de policía judicial del CTI adelantaron los actos urgentes que permitan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.
Hugo Díaz era habitante del municipio de Barranca de Upía, donde era reconocido como una persona apreciada por su comunidad, que hoy lamenta profundamente su fallecimiento. Las autoridades continúan con la investigación para establecer responsabilidades.
El reciente incremento en la tarifa del peaje San Pedro, ubicado en jurisdicción del municipio de Villanueva (Casanare), desató una fuerte inconformidad entre usuarios frecuentes de la vía que comunica a Monterrey con Yopal.
Transportadores, taxistas y residentes de la región denunciaron que el aumento —que en algunos casos supera el 60 %— se aplicó sin una socialización previa suficiente y está generando un impacto económico inmediato en las actividades laborales y comerciales.
Según la comunidad, teniendo en cuenta que están próximas a entrar en funcionamiento otras dos casetas de peaje en el trayecto Villanueva – Yopal, un viaje de ida y regreso podría costar entre $60.000 y $120.000 pesos, una carga que consideran insostenible para quienes deben transitar a diario por esta vía. La situación motivó protestas y reuniones con autoridades, en las que los usuarios expresaron su rechazo al alza y exigieron explicaciones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la concesionaria Covioriente.
Frente a los reclamos, la ANI y Covioriente argumentaron que el incremento está respaldado “resolución en mano” y hace parte del contrato de concesión del proyecto vial Villavicencio–Yopal. Explicaron que el ajuste quedó habilitado tras la entrega de la Unidad Funcional número 4, correspondiente al tramo Villanueva–Monterrey, la cual fue recibida oficialmente en 2025.
Valores indexados desde 2015
De acuerdo con la ANI, las tarifas del peaje San Pedro fueron definidas desde 2015 mediante la Resolución 1070 de ese año, pero no se habían aplicado porque la unidad funcional no se había entregado en los tiempos previstos. Con la recepción del tramo, el contrato permite aplicar de una sola vez los valores indexados desde 2015, lo que explica el fuerte incremento registrado en 2026.
No obstante, uno de los puntos que más preocupa a la comunidad es que, en la práctica, se esté aplicando de manera retroactiva lo pactado en el contrato. Esta acumulación de ajustes no realizados durante casi una década es lo que, según los usuarios, hace que el aumento actual sea “inmenso”, más aún si se tiene en cuenta que a partir del próximo 16 de enero se sumará el incremento anual ordinario autorizado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Durante los encuentros con la comunidad también se cuestionó que el peaje esté cobrando la tarifa plena cuando, a juicio de los usuarios, aún existen obras pendientes en el corredor vial, como señalización, iluminación, adecuaciones en zonas urbanas y soluciones en puntos críticos de accidentalidad. La ANI respondió que la entrega de la unidad funcional no depende de obras adicionales solicitadas posteriormente y que estas no impiden la aplicación de la tarifa contractual.
Tarifas preferenciales
Otro tema de debate fue el acceso a las tarifas preferenciales, que buscan mitigar el impacto del peaje en los habitantes de la zona de influencia. La comunidad señaló que los trámites son complejos, con demoras en la entrega de dispositivos electrónicos y requisitos que dejan por fuera a transportadores de carga y a usuarios que no transitan diariamente por el peaje.
Ante este panorama, el diputado Henry Pérez, presidente de la Asamblea de Casanare, propuso modificar la resolución que regula las tarifas preferenciales para flexibilizar los criterios de acceso y agilizar los trámites para los usuarios locales de Villanueva, Aguaclara y Monterrey. La delegada de la ANI manifestó disposición para estudiar ajustes normativos y elevar las propuestas al Ministerio de Transporte, aunque aclaró que mientras no se modifique la resolución vigente, Covioriente debe seguir aplicando las tarifas actuales.
Como conclusión del encuentro, se acordó la conformación de un comité de seguimiento entre comunidad y autoridades, así como el inicio de un trabajo articulado para proponer cambios a la normativa de tarifas preferenciales. Entre tanto, la concesionaria reiteró que los cobros continuarán bajo el marco legal vigente, mientras la comunidad anunció que mantendrá la presión social mediante manifestaciones pacíficas, a la espera de soluciones que reduzcan el impacto económico del peaje San Pedro sobre los usuarios frecuentes.
Con información y fotografía de Conexión Medios
La proliferación de mensajes de texto fraudulentos ha generado creciente preocupación entre ciudadanos de Casanare, quienes en los últimos días han reportado la llegada masiva de SMS que aparentan provenir de empresas reconocidas como operadores de telefonía móvil, cajas de compensación, prestadores de servicios públicos, inclusive, de entidades bancarias. En los mensajes se anuncian supuestos bonos, cortes de energía o suspensiones de servicios por presunto no pago, con el objetivo de inducir a las personas a ingresar a enlaces externos.
Según los afectados, los mensajes imitan el formato de comunicaciones oficiales y, en algunos casos, parecen originarse desde canales de mensajería asociados a empresas como Claro, lo que genera mayor confusión y credibilidad. Sin embargo, al intentar verificar la información, no hay respuesta por parte de los remitentes, no es posible bloquear los números ni reportarlos de manera efectiva, y las empresas consultadas aseguran no tener relación con dichos envíos.
Fraude digital
Autoridades y usuarios advierten que al acceder a los enlaces incluidos en estos mensajes se activa un mecanismo de fraude digital que permite a los delincuentes robar cuentas de WhatsApp, acceder a información personal y comprometer datos sensibles, lo que ha dejado a numerosas víctimas incomunicadas y expuestas a nuevos delitos informáticos.
Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía no abrir enlaces sospechosos, no ingresar datos personales ni códigos de verificación, y desconfiar de cualquier mensaje que genere urgencia o amenaza de suspensión de servicios. Asimismo, se insiste en verificar directamente con las empresas prestadoras por canales oficiales y denunciar estos hechos ante las autoridades competentes para evitar que más personas caigan en este tipo de estafas.
