CASANARE
El ‘trueque’ entre la JEP y General (R) acusado de falsos positivos en Casanare
El alto oficial no ha podido recuperar su libertad
Sin mucho éxito la Jurisdicción Especial de Paz resolvió la solicitud que el general en retiro Henry Torres Escalante elevó hace unos meses a una de sus secciones. En ella, el oficial investigado por falsos positivos pedía que le concedieran la libertad condicionada sin cumplir con el tiempo estipulado por la ley -5 años- para poder acceder al beneficio.
Este jueves a través de un comunicado la Sección de Apelación, encargada de evaluar el recurso, le informó que no era posible acatar su solicitud, pero le dejó una ventana abierta. “Los miembros de la fuerza pública pueden acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento por una medida no privativa de la libertad, siempre y cuando hagan aportes de verdad tempranos, extraordinarios y exhaustivos, sujetos a un estricto régimen de condicionalidad”, se lee en el documento.
Si bien la JEP reiteró que la ley indica que los integrantes de la fuerza pública procesados por haber cometido crímenes graves en el conflicto deben estar detenidos al menos cinco años antes de acceder al beneficio de la libertad condicionada, también admitió términos para poder eventualmente hacer una excepción a la regla.
En ese sentido, los miembros de la Sección de Apelación incluyeron un nuevo término en su vocabulario: “verdad extraordinaria”. Desde su creación y el momento en que más de 2.126 miembros de la fuerza pública y casi 10.000 de la Farc se acogieron a la justicia transicional el país comenzó a escuchar los términos verdad temprana y exhaustiva como un requisito para acceder a los beneficios del sistema, pero no “extraordinaria” como se acentuó esta vez.
De alguna forma, entre líneas, los magistrados le propusieron un trueque al primer general que se somete a la JEP: información temprana, extraordinaria y exhaustiva sobre la mesa a cambio de una libertad condicionada antes de tiempo. Es decir, Torres Escalante podría recuperar su libertad casi dos años después de haber sido capturado en la medida que decida prender el ventilador y cooperar revelando todo lo que pueda saber sobre las ejecuciones extrajudiciales en las que está involucrado y otros altos mandos de la institución castrense. “La Sección precisó que el beneficio de la sustitución de la medida de detención preventiva, en los términos anotados, puede solicitarse cuando se lleve por lo menos un año de privación de la libertad”, puntualiza la JEP.
Así y solo así, los magistrados podrían entrar a evaluar el recurso con el que insistentemente Torres Escalante ha intentado recuperar su libertad. Si decide aceptar la oferta, el alto oficial se convertiría en uno de los primeros comparecientes que tendrían acceso a un proceso prioritario para resolver de manera pronta y definitiva su situación jurídica. Esto siempre y cuando entrega información valiosa que permita esclarecer el caso 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
Desde que en 2007 estalló el escándalo, más de 3.500 uniformados fueron detenidos, acusados de haber asesinado a cerca de 6.000 personas para presentarlas como bajas de la guerrilla. De ese número cerca del 80 por ciento son soldados o suboficiales. Solo en 2016 un grupo de 12 oficiales superiores, con grados de teniente coronel y coronel, fueron detenidos y están bajo investigación.
Torres Escalante es uno de ellos, la Fiscalía lo acusa por la muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, acribillados en marzo de 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se trataba de miembros de la XVI Brigada del Ejército en Casanare comandada por el alto oficial que hace un año firmó el acta de sometimiento ante la justicia transicional.
Si bien a Torres se le enjuicia por esos dos homicidios, el expediente contiene 85 casos más de ejecuciones cometidas por miembros de la brigada que comandó. Parte de la artillería de la Fiscalía contra el general Torres incluye 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios.
Uno de los más contundentes es el del teniente retirado Marco Fabián García, condenado a 22 años de cárcel por un falso positivo, quien dijo que a su comandante, Torres, “siempre se le tuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”. Aunque para la Fiscalía no existe duda de que Torres participó en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior” ahora es la JEP quien se encargará de resolver su caso.
Falta ver si como muchos miembros de la fuerza pública Torres Escalante quien fue capturado en 2018 y recluido en una unidad militar en el norte de Bogotá podrá enfrentar su juicio en libertad. De ser así la decisión proferida este jueves para resolver solo su solicitud tendría un efecto cascada entre muchos otros militares aprovecharán la excepción para también ellos conquistar beneficios tempranos por ahí.
Fuente: Semana.com
En una iniciativa para promocionar su riqueza cultural y turística, Casanare presentará “Bogotá Palpita Joropo” del 3 al 5 de julio en la capital del país. Esta estrategia, liderada por la Dirección Departamental de Cultura y Turismo, sirve como antesala al 5.º Festival Mundial del Arraigo Llanero ‘Casanare Palpita 2026’, invitando a los colombianos a vivir la gran fiesta del Llano en Aguazul.
La gira promocional, impulsada por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, busca fortalecer la difusión del departamento a nivel nacional. El objetivo es posicionar a Casanare como un destino donde la tradición, el turismo y la identidad llanera se experimentan con orgullo, llevando la cultura regional más allá de sus fronteras habituales.
Durante tres días, centros comerciales como Bima, Salitre Plaza y Titán Plaza serán el epicentro de una vibrante muestra del folclor casanareño. Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de artistas llaneros, shows de contrapunteo, demostraciones en vivo de los emblemáticos Cantos de Trabajo de Llano y un concurso de baile de joropo en pareja.
Además de las expresiones artísticas, la iniciativa ofrecerá a los visitantes la oportunidad de explorar la oferta turística y cultural del departamento, fomentando la conexión con la identidad llanera. Se espera que esta exposición atraiga a un nuevo público hacia las tradiciones de Casanare.
La estrategia busca acercar al público bogotano a la esencia del Llano y motivarlos a participar en el Festival Mundial del Arraigo Llanero “Casanare Palpita 2026”, programado del 23 al 26 de julio en Aguazul. Este festival reunirá lo mejor de la música, la danza, las tradiciones, el emprendimiento y la gastronomía de Casanare.
La agenda de “Bogotá Palpita Joropo” incluye presentaciones el 3 de julio en Bima (12:00 m.), el 4 de julio en Salitre Plaza (2:00 p. m.) y el 5 de julio en Titán Plaza (10:00 a. m.). Con estas actividades, Casanare adelanta en Bogotá la experiencia que miles de visitantes disfrutarán en Aguazul.
CASANARE
“Lo que empieza mal, termina mal”: Gerente de Red Salud sobre el fallido hospital de Trinidad
La construcción del nuevo hospital de Trinidad podría quedar oficialmente encaminada hacia su liquidación una vez expire, el próximo 13 de julio, la última suspensión del contrato. Así se conoció al término de una mesa de seguimiento liderada por la Contraloría General de la República, en la que se concluyó que el proyecto presenta serias deficiencias desde su planeación y ejecución.
La gerente de Red Salud Casanare, Lady Patricia Bohórquez, indicó que la prioridad será proteger los recursos públicos, mientras el organismo de control anunció que promoverá las actuaciones necesarias para establecer eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.
De acuerdo con Red Salud Casanare, el contrato apenas alcanza un avance cercano al 3 %, pese a que el contratista recibió un anticipo superior a los 2.600 millones de pesos. La entidad evaluará hacer efectivas las pólizas para recuperar los recursos desembolsados y determinar la responsabilidad tanto del contratista como de la interventoría por el presunto manejo irregular de esos dineros. La continuidad o terminación definitiva del proyecto dependerá del concepto técnico de la interventoría, aunque las fallas detectadas en diseños, aspectos estructurales y condiciones técnicas ponen en duda la viabilidad de continuar con la obra.
Sumado a todas las falencias, se encontró que el contratista con el dinero del anticipo hizo la demolición del antiguo Centro de Salud donde se construiría la nueva infraestructura, y ahora no existe ni el antiguo, y mucho menos el nuevo que apenas lleva el 3% de ejecución. En una mesa de trabajo realizada por iniciativa de la Alcaldía, se encontró que, presuntamente, en los diseños de la red de aires acondicionados se suplantó a un ingeniero que aparece firmando los mismos.
Comunidad la principal perjudicada
La alcaldesa de Trinidad, Damaris Abril, reconoció que la comunidad ha sido la principal perjudicada por la paralización del proyecto y admitió que desde su formulación se presentaron errores de planeación que hoy impiden avanzar en la construcción del hospital. Por ello, pidió que se adopten decisiones de fondo que permitan reiniciar el proceso bajo condiciones técnicas adecuadas y con garantías para el manejo transparente de los recursos públicos.
Entretanto, el gerente departamental de la Contraloría, Reyneiro Flechas, confirmó que será remitido un informe ejecutivo a la Contraloría Delegada para el Sistema General de Regalías, con el propósito de definir las acciones legales correspondientes y evaluar la compulsa de copias ante la Fiscalía y la Procuraduría.
Paralelamente, Red Salud Casanare y la Secretaría Departamental de Salud anunciaron medidas transitorias para reforzar la atención médica en Trinidad, entre ellas la instalación de infraestructura provisional u hospitales de campaña, que permita ampliar la capacidad del servicio de urgencias mientras se resuelve el futuro del proyecto.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ender Lisandro Sierra Martínez y Nelson Luis Carmona Vásquez, quienes estarían implicados en el hurto de una camioneta de alta gama en zona rural del municipio de Maní.
Los hechos ocurrieron el pasado 27 de junio en la vereda Las Islas del citado municipio, donde los procesados, de manera violenta y en la modalidad de atraco con arma de fuego, se apoderaron del vehículo y emprendieron la huida. Sin embargo, el oportuno aviso de la comunidad permitió su captura en flagrancia por parte de la Policía Nacional.
Un fiscal de la Seccional Casanare les imputó los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y hurto calificado y agravado. Los procesados no aceptaron los cargos.
Durante el procedimiento, fue recuperada la camioneta y se logró la incautación de una pistola y 14 proyectiles calibre 9 milímetros.
