CASANARE
El ‘trueque’ entre la JEP y General (R) acusado de falsos positivos en Casanare
El alto oficial no ha podido recuperar su libertad
Sin mucho éxito la Jurisdicción Especial de Paz resolvió la solicitud que el general en retiro Henry Torres Escalante elevó hace unos meses a una de sus secciones. En ella, el oficial investigado por falsos positivos pedía que le concedieran la libertad condicionada sin cumplir con el tiempo estipulado por la ley -5 años- para poder acceder al beneficio.
Este jueves a través de un comunicado la Sección de Apelación, encargada de evaluar el recurso, le informó que no era posible acatar su solicitud, pero le dejó una ventana abierta. “Los miembros de la fuerza pública pueden acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento por una medida no privativa de la libertad, siempre y cuando hagan aportes de verdad tempranos, extraordinarios y exhaustivos, sujetos a un estricto régimen de condicionalidad”, se lee en el documento.
Si bien la JEP reiteró que la ley indica que los integrantes de la fuerza pública procesados por haber cometido crímenes graves en el conflicto deben estar detenidos al menos cinco años antes de acceder al beneficio de la libertad condicionada, también admitió términos para poder eventualmente hacer una excepción a la regla.
En ese sentido, los miembros de la Sección de Apelación incluyeron un nuevo término en su vocabulario: “verdad extraordinaria”. Desde su creación y el momento en que más de 2.126 miembros de la fuerza pública y casi 10.000 de la Farc se acogieron a la justicia transicional el país comenzó a escuchar los términos verdad temprana y exhaustiva como un requisito para acceder a los beneficios del sistema, pero no “extraordinaria” como se acentuó esta vez.
De alguna forma, entre líneas, los magistrados le propusieron un trueque al primer general que se somete a la JEP: información temprana, extraordinaria y exhaustiva sobre la mesa a cambio de una libertad condicionada antes de tiempo. Es decir, Torres Escalante podría recuperar su libertad casi dos años después de haber sido capturado en la medida que decida prender el ventilador y cooperar revelando todo lo que pueda saber sobre las ejecuciones extrajudiciales en las que está involucrado y otros altos mandos de la institución castrense. “La Sección precisó que el beneficio de la sustitución de la medida de detención preventiva, en los términos anotados, puede solicitarse cuando se lleve por lo menos un año de privación de la libertad”, puntualiza la JEP.
Así y solo así, los magistrados podrían entrar a evaluar el recurso con el que insistentemente Torres Escalante ha intentado recuperar su libertad. Si decide aceptar la oferta, el alto oficial se convertiría en uno de los primeros comparecientes que tendrían acceso a un proceso prioritario para resolver de manera pronta y definitiva su situación jurídica. Esto siempre y cuando entrega información valiosa que permita esclarecer el caso 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
Desde que en 2007 estalló el escándalo, más de 3.500 uniformados fueron detenidos, acusados de haber asesinado a cerca de 6.000 personas para presentarlas como bajas de la guerrilla. De ese número cerca del 80 por ciento son soldados o suboficiales. Solo en 2016 un grupo de 12 oficiales superiores, con grados de teniente coronel y coronel, fueron detenidos y están bajo investigación.
Torres Escalante es uno de ellos, la Fiscalía lo acusa por la muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, acribillados en marzo de 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se trataba de miembros de la XVI Brigada del Ejército en Casanare comandada por el alto oficial que hace un año firmó el acta de sometimiento ante la justicia transicional.
Si bien a Torres se le enjuicia por esos dos homicidios, el expediente contiene 85 casos más de ejecuciones cometidas por miembros de la brigada que comandó. Parte de la artillería de la Fiscalía contra el general Torres incluye 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios.
Uno de los más contundentes es el del teniente retirado Marco Fabián García, condenado a 22 años de cárcel por un falso positivo, quien dijo que a su comandante, Torres, “siempre se le tuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”. Aunque para la Fiscalía no existe duda de que Torres participó en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior” ahora es la JEP quien se encargará de resolver su caso.
Falta ver si como muchos miembros de la fuerza pública Torres Escalante quien fue capturado en 2018 y recluido en una unidad militar en el norte de Bogotá podrá enfrentar su juicio en libertad. De ser así la decisión proferida este jueves para resolver solo su solicitud tendría un efecto cascada entre muchos otros militares aprovecharán la excepción para también ellos conquistar beneficios tempranos por ahí.
Fuente: Semana.com
CASANARE
Casanare inicia año lectivo con clases desde el 26 de enero y canasta educativa garantizada
El año lectivo 2026 en Casanare iniciará con una agenda clara enfocada en el mejoramiento continuo de la calidad educativa y en el fortalecimiento de todo el ciclo formativo, desde la educación inicial hasta el tránsito a la educación superior. Así lo confirmó el secretario de Educación Departamental, Diego Ardila Plazas, al destacar que este propósito responde al mandato del gobernador César Ortiz Zorro de consolidar una educación integral y con mayores oportunidades para los estudiantes del departamento.
De acuerdo con el calendario escolar, los docentes regresarán a las instituciones educativas este martes 13 de enero para cumplir con las semanas institucionales y adelantar los procesos de planeación académica. Entre tanto, el 26 de enero comenzará oficialmente el calendario escolar para los estudiantes de los 18 municipios no certificados de Casanare, marcando el inicio de las clases en todas las sedes educativas oficiales.
El secretario informó que el departamento cuenta con la canasta educativa asegurada para esta vigencia. En diciembre de 2025 fue adjudicado el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficiará a más de 15 mil estudiantes, así como la estrategia de residencias escolares, ambos en proceso de alistamiento para iniciar de manera oportuna. Además, el servicio de transporte escolar continúa garantizado mediante un contrato vigente desde septiembre de 2025 hasta mediados de 2026.
Finalmente, Ardila Plazas hizo un llamado a padres de familia, acudientes y alcaldes municipales a sumarse a la “matriculatón”, una estrategia que busca evitar que niños, niñas y jóvenes queden por fuera del sistema educativo. El objetivo es lograr una matrícula estable desde el inicio de febrero y avanzar, de manera paralela, en la articulación con la educación superior, para facilitar el acceso de los estudiantes casanareños a la universidad, uno de los principales sueños de la comunidad educativa del departamento.
CASANARE
Accidente en la Marginal del Llano deja una motociclista fallecida en Paz de Ariporo
Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de un siniestro vial que dejó una mujer fallecida, ocurrido en la vía Marginal del Llano, al norte de Casanare, más exactamente a la salida del municipio de Paz de Ariporo hacia Pore.
De manera preliminar, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía señaló como hipótesis que el conductor de un microbús afiliado a la empresa Libertadores no habría conservado la distancia de seguridad, mientras que en el caso de la motocicleta se analiza una posible impericia en la conducción.
El hecho se registró el pasado domingo 11 de enero de 2026, hacia la 1:30 de la tarde, en el kilómetro 89+200 de esta importante arteria vial, en jurisdicción del municipio de Paz de Ariporo. El choque involucró un busetón de placas SSR-570, y una motocicleta identificada con la placa RRX51G.
De acuerdo con el informe oficial, ambos vehículos se desplazaban en sentido Paz de Ariporo – Yopal cuando, al parecer, la conductora de la motocicleta realizó un cambio repentino de carril, situación que habría desencadenado el impacto.
Como consecuencia del fuerte choque, Bertha Leticia Guerrero, quien conducía la motocicleta, falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El caso quedó a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso de investigación y determinación de responsabilidades.
CASANARE
Personería de Pore se pronunció por parálisis en la construcción de la Plaza de Mercado
La Personería Municipal de Pore dio a conocer e informó a la Contraloría General de la República, los resultados de una mesa de trabajo adelantada para analizar la crítica situación de las obras de construcción de la plaza de mercado, las cuales permanecen paralizadas pese al tiempo transcurrido desde su inicio. La mesa de trabajo, realizada con participación del contratista, la interventoría, la supervisión del contrato y concejales del municipio, evidenció serias falencias en la ejecución del proyecto y riesgos para los recursos públicos invertidos.
Según lo expuesto, la obra, contratada en 2023 y financiada con recursos del Sistema General de Participaciones y un crédito bancario, presenta un avance físico de apenas el 43 %, luego de más de 27 meses desde su acta de inicio. Aunque el contrato tenía un plazo inicial de seis meses y ha contado con prórrogas, suspensiones y un reinicio en julio de 2025, los avances recientes han sido mínimos, situación que genera preocupación por el posible incumplimiento del nuevo plazo, fijado para febrero de 2026.
Durante la mesa de trabajo se concluyó que una de las principales causas de la parálisis es la falta de autorización del Ministerio de Cultura para las modificaciones contractuales realizadas en 2024, requisito indispensable por tratarse de una obra ubicada en zona declarada patrimonio histórico y cultural. La Personería advirtió una débil gestión por parte del contratista, quien no ha entregado oportunamente los informes técnicos necesarios para dicho trámite, mientras que la interventoría y la supervisión señalaron que existen actividades no sujetas a esa autorización que deberían ejecutarse para evitar el deterioro de la estructura ya construida.
El organismo de control alertó sobre este proyecto, teniendo en cuenta que el mismo se financia con un crédito del cual ya se han desembolsado recursos, se han pagado actas parciales al contratista y se han realizado abonos a capital e intereses a la entidad bancaria, sin que la obra esté al servicio de la comunidad.
La Personería anunció que continuará ejerciendo seguimiento estricto como veedora del tesoro público, y no descarta remitir informes a las autoridades competentes para que se adelanten las acciones fiscales, disciplinarias o penales a que haya lugar.
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