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El ‘trueque’ entre la JEP y General (R) acusado de falsos positivos en Casanare

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El alto oficial no ha podido recuperar su libertad

Sin mucho éxito la Jurisdicción Especial de Paz resolvió la solicitud que el general en retiro Henry Torres Escalante elevó hace unos meses a una de sus secciones. En ella, el oficial investigado por falsos positivos pedía que le concedieran la libertad condicionada sin cumplir con el tiempo estipulado por la ley -5 años- para poder acceder al beneficio.

Este jueves a través de un comunicado la Sección de Apelación, encargada de evaluar el recurso, le informó que no era posible acatar su solicitud, pero le dejó una ventana abierta. “Los miembros de la fuerza pública pueden acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento por una medida no privativa de la libertad, siempre y cuando hagan aportes de verdad tempranos, extraordinarios y exhaustivos, sujetos a un estricto régimen de condicionalidad”, se lee en el documento.

Si bien la JEP reiteró que la ley indica que los integrantes de la fuerza pública procesados por haber cometido crímenes graves en el conflicto deben estar detenidos al menos cinco años antes de acceder al beneficio de la libertad condicionada, también admitió términos para poder eventualmente hacer una excepción a la regla.

En ese sentido, los miembros de la Sección de Apelación incluyeron un nuevo término en su vocabulario: “verdad extraordinaria”. Desde su creación y el momento en que más de 2.126 miembros de la fuerza pública y casi 10.000 de la Farc se acogieron a la justicia transicional el país comenzó a escuchar los términos verdad temprana y exhaustiva como un requisito para acceder a los beneficios del sistema, pero no “extraordinaria” como se acentuó esta vez.

De alguna forma, entre líneas, los magistrados le propusieron un trueque al primer general que se somete a la JEP: información temprana, extraordinaria y exhaustiva sobre la mesa a cambio de una libertad condicionada antes de tiempo. Es decir, Torres Escalante podría recuperar su libertad casi dos años después de haber sido capturado en la medida que decida prender el ventilador y cooperar revelando todo lo que pueda saber sobre las ejecuciones extrajudiciales en las que está involucrado y otros altos mandos de la institución castrense. “La Sección precisó que el beneficio de la sustitución de la medida de detención preventiva, en los términos anotados, puede solicitarse cuando se lleve por lo menos un año de privación de la libertad”, puntualiza la JEP.

Así y solo así, los magistrados podrían entrar a evaluar el recurso con el que insistentemente Torres Escalante ha intentado recuperar su libertad. Si decide aceptar la oferta, el alto oficial se convertiría en uno de los primeros comparecientes que tendrían acceso a un proceso prioritario para resolver de manera pronta y definitiva su situación jurídica. Esto siempre y cuando entrega información valiosa que permita esclarecer el caso 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

Desde que en 2007 estalló el escándalo, más de 3.500 uniformados fueron detenidos, acusados de haber asesinado a cerca de 6.000 personas para presentarlas como bajas de la guerrilla. De ese número cerca del 80 por ciento son soldados o suboficiales. Solo en 2016 un grupo de 12 oficiales superiores, con grados de teniente coronel y coronel, fueron detenidos y están bajo investigación.

Torres Escalante es uno de ellos, la Fiscalía lo acusa por la muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, acribillados en marzo de 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se trataba de miembros de la XVI Brigada del Ejército en Casanare comandada por el alto oficial que hace un año firmó el acta de sometimiento ante la justicia transicional.

Si bien a Torres se le enjuicia por esos dos homicidios, el expediente contiene 85 casos más de ejecuciones cometidas por miembros de la brigada que comandó. Parte de la artillería de la Fiscalía contra el general Torres incluye 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios.

Uno de los más contundentes es el del teniente retirado Marco Fabián García, condenado a 22 años de cárcel por un falso positivo, quien dijo que a su comandante, Torres, “siempre se le tuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”. Aunque para la Fiscalía no existe duda de que Torres participó en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior” ahora es la JEP quien se encargará de resolver su caso.

Falta ver si como muchos miembros de la fuerza pública Torres Escalante quien fue capturado en 2018 y recluido en una unidad militar en el norte de Bogotá podrá enfrentar su juicio en libertad. De ser así la decisión proferida este jueves para resolver solo su solicitud tendría un efecto cascada entre muchos otros militares aprovecharán la excepción para también ellos conquistar beneficios tempranos por ahí.

Fuente: Semana.com

 

CASANARE

Casanare refuerza medidas contra tabaco y vapeadores para proteger a jóvenes

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La Secretaría de Salud de Casanare continúa fortaleciendo las acciones de prevención frente al consumo de tabaco, cigarrillos electrónicos y vapeadores. El enfoque principal está en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con el propósito de proteger su salud y promover entornos libres de humo y aerosoles.

Según el médico Pedro Cruz, estos productos están lejos de ser inofensivos. Explicó que, aunque se promocionan como alternativas menos dañinas, contienen nicotina y otras sustancias químicas que pueden generar dependencia y afectar el funcionamiento de los pulmones, el corazón y el cerebro.

En Colombia, el tabaquismo está asociado a cerca de 34.800 muertes cada año, lo que lo convierte en uno de los principales problemas de salud pública prevenibles. Por ello, el departamento continúa fortaleciendo las estrategias de prevención, educación y sensibilización orientadas a reducir el consumo de estos productos y sus consecuencias.

Para enfrentar esta problemática, se han socializado los lineamientos del Programa de Cesación de Tabaco con las IPS del departamento, capacitando al talento humano en salud y desarrollando campañas educativas a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), incluyendo la difusión de la cartilla “En tus manos, felizmente saludable”.

Las EPS también se han sumado a este esfuerzo, realizando actividades de información y educación sobre los riesgos asociados al consumo de cigarrillos convencionales, vapeadores y otros productos. Asimismo, se fortalecen las acciones de promoción y vigilancia de los espacios libres de humo y aerosoles en los municipios del departamento.

Los resultados de las encuestas nacionales de consumo de sustancias psicoactivas evidencian avances: mientras en 2019 el 10,5% de la población entre 12 y 65 años reportaba consumo de tabaco, para 2023 esta cifra se redujo al 5,3% de la población de 10 años o más. El municipio de Monterrey expidió el Decreto 069 de 2025, que prohíbe a menores de edad el uso, porte, distribución, préstamo, alquiler, venta y consumo de estos productos.

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EPSs mala paga tienen en crisis de pagos al HORO, pediatras entran en cese de actividades

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El gerente del Hospital Regional de la Orinoquía, Andrés Ávila, aseguró que la crisis que hoy afecta el pago de honorarios a especialistas se debe a la cartera acumulada de $287.000 millones de pesos que adeudan las EPS, de los cuales el 52 % corresponde a Capresoca.

Según explicó, aunque el hospital factura cerca de 8.000 millones de pesos mensuales a esta entidad, recibe menos del 50 % de esos recursos, situación que ha generado retrasos en los pagos a más de 100 profesionales vinculados mediante Contratos de Prestación de Servicios (CPS). Incluso, el mes anterior el pago no alcanzó al 50% de ese valor y solo llegaron $3.600 millones.

Como consecuencia de esta situación, los nueve pediatras contratistas del centro asistencial iniciaron un cese de actividades tras completar cuatro meses sin recibir sus honorarios. Los especialistas señalaron que la falta de remuneración afecta su estabilidad económica, familiar y social, y advirtieron que la continuidad del problema podría comprometer la atención especializada de niños, niñas y adolescentes en Casanare.

Los médicos indicaron que buscan una salida concertada con la administración del hospital y anunciaron una reunión para explorar alternativas que permitan normalizar los pagos y restablecer plenamente la prestación del servicio. Mientras tanto, la gerencia informó que actualmente se adeudan cerca de 5.100 millones de pesos a profesionales de distintas especialidades.

Pese a la protesta, el Hospital Regional aseguró que mantiene garantizada la atención de urgencias y los servicios prioritarios mediante un plan de contingencia apoyado por especialistas de planta. Además, confirmó que adelanta mesas de trabajo con Capresoca, Nueva EPS, Sanitas y otras entidades responsables de cartera, así como gestiones con la Gobernación de Casanare, y espera concretar durante esta semana un importante giro de recursos producto de procesos de conciliación.

El Gerente Andrés Ávila señaló que se espera esta semana además, una importante suma de parte de la Secretaría de Salud Departamental, como pago de los servicios que se prestan a la población migrante.

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Mujer de 66 años murió tras ser atacada con arma blanca en Maní; hay un capturado

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Una mujer identificada como Mariela Riaño Bermúdez, de 66 años, falleció luego de resultar gravemente herida con arma blanca durante un hecho de violencia ocurrido este lunes 1 de junio hacia la 1:30 de la tarde en la calle 18 con carrera 4 de Maní.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la agresión se presentó en medio de una confrontación con su arrendador. La víctima fue trasladada inicialmente para recibir atención médica y posteriormente remitida al Hospital Regional de la Orinoquía (HORO) en Yopal, donde falleció sobre las 5:30 de la tarde debido a la gravedad de las lesiones.

La rápida reacción de la Policía permitió la captura de Germán Antonio Gaitán, de 70 años, señalado como presunto responsable del ataque. Durante el procedimiento, los uniformados le hallaron un cuchillo que habría sido utilizado en la agresión.

Las autoridades informaron además que el capturado registra una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de violencia intrafamiliar. Los actos urgentes y la investigación del caso fueron asumidos por unidades de la SIJIN.

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