CASANARE
El ‘trueque’ entre la JEP y General (R) acusado de falsos positivos en Casanare
El alto oficial no ha podido recuperar su libertad
Sin mucho éxito la Jurisdicción Especial de Paz resolvió la solicitud que el general en retiro Henry Torres Escalante elevó hace unos meses a una de sus secciones. En ella, el oficial investigado por falsos positivos pedía que le concedieran la libertad condicionada sin cumplir con el tiempo estipulado por la ley -5 años- para poder acceder al beneficio.
Este jueves a través de un comunicado la Sección de Apelación, encargada de evaluar el recurso, le informó que no era posible acatar su solicitud, pero le dejó una ventana abierta. “Los miembros de la fuerza pública pueden acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento por una medida no privativa de la libertad, siempre y cuando hagan aportes de verdad tempranos, extraordinarios y exhaustivos, sujetos a un estricto régimen de condicionalidad”, se lee en el documento.
Si bien la JEP reiteró que la ley indica que los integrantes de la fuerza pública procesados por haber cometido crímenes graves en el conflicto deben estar detenidos al menos cinco años antes de acceder al beneficio de la libertad condicionada, también admitió términos para poder eventualmente hacer una excepción a la regla.
En ese sentido, los miembros de la Sección de Apelación incluyeron un nuevo término en su vocabulario: “verdad extraordinaria”. Desde su creación y el momento en que más de 2.126 miembros de la fuerza pública y casi 10.000 de la Farc se acogieron a la justicia transicional el país comenzó a escuchar los términos verdad temprana y exhaustiva como un requisito para acceder a los beneficios del sistema, pero no “extraordinaria” como se acentuó esta vez.
De alguna forma, entre líneas, los magistrados le propusieron un trueque al primer general que se somete a la JEP: información temprana, extraordinaria y exhaustiva sobre la mesa a cambio de una libertad condicionada antes de tiempo. Es decir, Torres Escalante podría recuperar su libertad casi dos años después de haber sido capturado en la medida que decida prender el ventilador y cooperar revelando todo lo que pueda saber sobre las ejecuciones extrajudiciales en las que está involucrado y otros altos mandos de la institución castrense. “La Sección precisó que el beneficio de la sustitución de la medida de detención preventiva, en los términos anotados, puede solicitarse cuando se lleve por lo menos un año de privación de la libertad”, puntualiza la JEP.
Así y solo así, los magistrados podrían entrar a evaluar el recurso con el que insistentemente Torres Escalante ha intentado recuperar su libertad. Si decide aceptar la oferta, el alto oficial se convertiría en uno de los primeros comparecientes que tendrían acceso a un proceso prioritario para resolver de manera pronta y definitiva su situación jurídica. Esto siempre y cuando entrega información valiosa que permita esclarecer el caso 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
Desde que en 2007 estalló el escándalo, más de 3.500 uniformados fueron detenidos, acusados de haber asesinado a cerca de 6.000 personas para presentarlas como bajas de la guerrilla. De ese número cerca del 80 por ciento son soldados o suboficiales. Solo en 2016 un grupo de 12 oficiales superiores, con grados de teniente coronel y coronel, fueron detenidos y están bajo investigación.
Torres Escalante es uno de ellos, la Fiscalía lo acusa por la muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, acribillados en marzo de 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se trataba de miembros de la XVI Brigada del Ejército en Casanare comandada por el alto oficial que hace un año firmó el acta de sometimiento ante la justicia transicional.
Si bien a Torres se le enjuicia por esos dos homicidios, el expediente contiene 85 casos más de ejecuciones cometidas por miembros de la brigada que comandó. Parte de la artillería de la Fiscalía contra el general Torres incluye 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios.
Uno de los más contundentes es el del teniente retirado Marco Fabián García, condenado a 22 años de cárcel por un falso positivo, quien dijo que a su comandante, Torres, “siempre se le tuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”. Aunque para la Fiscalía no existe duda de que Torres participó en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior” ahora es la JEP quien se encargará de resolver su caso.
Falta ver si como muchos miembros de la fuerza pública Torres Escalante quien fue capturado en 2018 y recluido en una unidad militar en el norte de Bogotá podrá enfrentar su juicio en libertad. De ser así la decisión proferida este jueves para resolver solo su solicitud tendría un efecto cascada entre muchos otros militares aprovecharán la excepción para también ellos conquistar beneficios tempranos por ahí.
Fuente: Semana.com
El alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruíz, junto a la secretaria de Infraestructura, Adriana Hernández, realizó una visita de seguimiento a las obras de pavimentación de la vía a Mate´pantano, donde se confirmó el inicio de la instalación de carpeta asfáltica en este corredor de 4,5 kilómetros.
En el sector de La Subasta ya se adelantan labores de aplicación de asfalto, tras la ejecución de trabajos previos como la adecuación y ampliación de la estructura vial, así como la conformación de base y subbase. Estas acciones permiten avanzar en la consolidación de la vía y mejorar las condiciones de transitabilidad en esta zona rural.
“Les dije que yo mismo iba a supervisar las obras. Hoy lo estamos haciendo y ya vemos resultados con el inicio del asfaltado en la vía a Matepantano”, señaló el alcalde durante el recorrido.
Por su parte, la secretaria de Infraestructura señaló que se mantiene un seguimiento permanente a los frentes de obra, con el objetivo de asegurar su avance y calidad. “Seguimos trabajando con ritmo constante para que estas intervenciones se traduzcan en resultados visibles para los ciudadanos”, indicó.
La intervención busca optimizar los tiempos de desplazamiento y fortalecer la conexión de este corredor con otros sectores del municipio, incluyendo áreas de interés productivo y turístico.
Durante la jornada también se realizó seguimiento a otros frentes de obra en la ciudad, entre ellos la carrera 33A, que registra un avance del 70 %, así como la calle 23A entre carreras 24 y 27, y la carrera 28B, donde continúan las labores de pavimentación.
CASANARE
En mayo inician pruebas del Sistema de Cámaras de Videovigilancia de Yopal, listo Centro de Monitoreo
Yopal se prepara para poner en marcha uno de los sistemas de videovigilancia más modernos del país, con la entrada en funcionamiento del nuevo Centro de Inteligencia y Videovigilancia, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.
“El ojo de la ciudad está aquí, donde vigilaremos cada calle de Yopal y sus centros poblados, poniéndole un cerco a los delincuentes y mejorando la percepción de seguridad de nuestro departamento”, expresó el gobernador al referirse a este proyecto, que cuenta con una inversión de 40 mil millones de pesos y alcanza el 90% de ejecución. La iniciativa contempla la instalación de 238 cámaras de seguridad, de las cuales 233 ya están ubicadas en el área urbana de Yopal y en los corregimientos de Morichal, La Chaparrera, El Morro y La Niata.
Asimismo, las cámaras cuentan con tecnología de reconocimiento facial y lectura de placas, lo que permitirá identificar y rastrear personas y vehículos sospechosos. El sistema también incluye más de 100 kilómetros de fibra óptica y un moderno centro de monitoreo y control ubicado en el edificio Emiro Sossa, donde ya se completó la instalación de aires acondicionados, equipos técnicos, mobiliario, y están en adecuaciones de infraestructura en los pisos quinto y sexto.
Por otra parte, Julio Ramos, secretario de Gobierno, explicó que la estructura física ya se encuentra al 100% y que durante mayo se desarrollará la fase de pruebas para verificar conectividad, configuración técnica y corregir cualquier novedad antes de su entrega oficial. “Hemos trabajado mes a mes para que este centro lo entreguemos en mayo. Ya está la postería, la instalación de cámaras y toda la fibra óptica”, señaló.
CASANARE
Capresoca responde que no es responsable de las obligaciones de PROMED con personal de enfermería
Capresoca EPS se pronunció frente a la manifestación realizada este lunes por personal de enfermería vinculado a la IPS PROMED, quienes exigen el pago de honorarios por servicios prestados en el marco del contrato N.° 165 de 2025. La entidad aclaró que dicho contrato tenía una duración de nueve meses y un valor superior a los 7.400 millones de pesos.
Según Capresoca, con corte a febrero de 2026 se han girado más de 5.110 millones de pesos, equivalentes al 68 % del valor total del contrato, tras cumplir con los procesos de radicación, auditoría y aprobación de cuentas. Asimismo, indicó que el contrato se encuentra actualmente en etapa de liquidación, con un valor proyectado pendiente de pago cercano a los 1.389 millones de pesos, luego de aplicar descuentos por glosas, retenciones y saldos no ejecutados.
Que responda PROMED
La EPS precisó que el pago restante se realizará una vez se completen los trámites administrativos en las áreas contable, financiera y jurídica, y se cuente con la respectiva disponibilidad presupuestal. Sin embargo, enfatizó que, conforme a lo establecido en el contrato y la normativa laboral vigente, no tiene responsabilidad sobre las obligaciones laborales adquiridas por PROMED con su personal, al tratarse de un prestador autónomo.
Finalmente, Capresoca indicó que los trabajadores afectados pueden acudir a las instancias legales correspondientes para reclamar sus derechos, proceso que, según la entidad, es necesario para activar posibles mecanismos ante la aseguradora que respalda el contrato. La situación mantiene la preocupación del personal de salud, que continúa a la espera del pago por los servicios prestados.
