CASANARE
El ‘trueque’ entre la JEP y General (R) acusado de falsos positivos en Casanare
El alto oficial no ha podido recuperar su libertad
Sin mucho éxito la Jurisdicción Especial de Paz resolvió la solicitud que el general en retiro Henry Torres Escalante elevó hace unos meses a una de sus secciones. En ella, el oficial investigado por falsos positivos pedía que le concedieran la libertad condicionada sin cumplir con el tiempo estipulado por la ley -5 años- para poder acceder al beneficio.
Este jueves a través de un comunicado la Sección de Apelación, encargada de evaluar el recurso, le informó que no era posible acatar su solicitud, pero le dejó una ventana abierta. “Los miembros de la fuerza pública pueden acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento por una medida no privativa de la libertad, siempre y cuando hagan aportes de verdad tempranos, extraordinarios y exhaustivos, sujetos a un estricto régimen de condicionalidad”, se lee en el documento.
Si bien la JEP reiteró que la ley indica que los integrantes de la fuerza pública procesados por haber cometido crímenes graves en el conflicto deben estar detenidos al menos cinco años antes de acceder al beneficio de la libertad condicionada, también admitió términos para poder eventualmente hacer una excepción a la regla.
En ese sentido, los miembros de la Sección de Apelación incluyeron un nuevo término en su vocabulario: “verdad extraordinaria”. Desde su creación y el momento en que más de 2.126 miembros de la fuerza pública y casi 10.000 de la Farc se acogieron a la justicia transicional el país comenzó a escuchar los términos verdad temprana y exhaustiva como un requisito para acceder a los beneficios del sistema, pero no “extraordinaria” como se acentuó esta vez.
De alguna forma, entre líneas, los magistrados le propusieron un trueque al primer general que se somete a la JEP: información temprana, extraordinaria y exhaustiva sobre la mesa a cambio de una libertad condicionada antes de tiempo. Es decir, Torres Escalante podría recuperar su libertad casi dos años después de haber sido capturado en la medida que decida prender el ventilador y cooperar revelando todo lo que pueda saber sobre las ejecuciones extrajudiciales en las que está involucrado y otros altos mandos de la institución castrense. “La Sección precisó que el beneficio de la sustitución de la medida de detención preventiva, en los términos anotados, puede solicitarse cuando se lleve por lo menos un año de privación de la libertad”, puntualiza la JEP.
Así y solo así, los magistrados podrían entrar a evaluar el recurso con el que insistentemente Torres Escalante ha intentado recuperar su libertad. Si decide aceptar la oferta, el alto oficial se convertiría en uno de los primeros comparecientes que tendrían acceso a un proceso prioritario para resolver de manera pronta y definitiva su situación jurídica. Esto siempre y cuando entrega información valiosa que permita esclarecer el caso 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
Desde que en 2007 estalló el escándalo, más de 3.500 uniformados fueron detenidos, acusados de haber asesinado a cerca de 6.000 personas para presentarlas como bajas de la guerrilla. De ese número cerca del 80 por ciento son soldados o suboficiales. Solo en 2016 un grupo de 12 oficiales superiores, con grados de teniente coronel y coronel, fueron detenidos y están bajo investigación.
Torres Escalante es uno de ellos, la Fiscalía lo acusa por la muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, acribillados en marzo de 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se trataba de miembros de la XVI Brigada del Ejército en Casanare comandada por el alto oficial que hace un año firmó el acta de sometimiento ante la justicia transicional.
Si bien a Torres se le enjuicia por esos dos homicidios, el expediente contiene 85 casos más de ejecuciones cometidas por miembros de la brigada que comandó. Parte de la artillería de la Fiscalía contra el general Torres incluye 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios.
Uno de los más contundentes es el del teniente retirado Marco Fabián García, condenado a 22 años de cárcel por un falso positivo, quien dijo que a su comandante, Torres, “siempre se le tuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”. Aunque para la Fiscalía no existe duda de que Torres participó en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior” ahora es la JEP quien se encargará de resolver su caso.
Falta ver si como muchos miembros de la fuerza pública Torres Escalante quien fue capturado en 2018 y recluido en una unidad militar en el norte de Bogotá podrá enfrentar su juicio en libertad. De ser así la decisión proferida este jueves para resolver solo su solicitud tendría un efecto cascada entre muchos otros militares aprovecharán la excepción para también ellos conquistar beneficios tempranos por ahí.
Fuente: Semana.com
Un contrato suscrito por Capresoca para la vigencia 2026 encendió las alarmas de los organismos de control, tras una denuncia anónima que advierte presuntas irregularidades en la contratación y un posible detrimento de los recursos del sistema de salud. Se trata del contrato No. 252 de 2026, firmado con la empresa Focus Group SM S.A.S. por un valor de $1.440 millones, cuyo objeto sería el apoyo a la supervisión contractual de la red de servicios de salud, pese a que dichas funciones ya estarían cubiertas por otros contratos vigentes.
Según el documento radicado ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, varias de las actividades asignadas a Focus Group SM S.A.S. presentarían duplicidad funcional con el contrato No. 073 de 2026, suscrito por Capresoca con la firma SOSALUD S.A.S. por $4.080 millones, cuyo objeto es la auditoría integral de cuentas médicas, administrativas y financieras. El análisis expone que labores como auditoría técnica, revisión de facturación, análisis de RIPS y CUPS, auditoría de calidad asistencial y apoyo en recobros ya estaban contempladas y remuneradas en el contrato de auditoría principal, lo que podría representar pagos redundantes con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS.
La denuncia también pone en cuestión la idoneidad del contratista Focus Group SM S.A.S., empresa creada en 2024 y domiciliada en Santa Marta, cuyo objeto social y perfil, según su propio sitio web, estaría enfocado principalmente en asesoría empresarial, marketing y apoyo a emprendimientos, sin evidencia clara de experiencia técnica en auditoría en salud. Además, se advierte un posible conflicto de interés, ya que la empresa es del mismo departamento de origen del actual subgerente administrativo y financiero de Capresoca, situación que, aunque no constituye por sí sola una irregularidad, sí genera cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
El documento señala que estas contrataciones se realizaron mientras Capresoca permanece bajo medida de intervención forzosa de la Superintendencia de Salud, contexto en el cual se exigiría mayor rigor en el manejo de los recursos públicos. Por ello, el denunciante solicitó a los entes de control iniciar investigaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal, con el fin de determinar si existió detrimento patrimonial, delegación indebida de funciones esenciales y eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales de funcionarios y contratistas involucrados.
CASANARE
Joven muere en Pore tras recibir disparo accidental con arma de fuego, autoridades investigan
Un joven perdió la vida en un hecho trágico ocurrido la noche del 6 de febrero en el municipio de Pore, tras recibir un disparo con arma de fuego que, según las primeras versiones oficiales, habría sido accidental.
El caso se registró hacia las 7:28 p. m. en la entrada al asentamiento Mi Nuevo Porvenir. De acuerdo con la información preliminar, la víctima, identificada como Sergio Iván Teatín Cuevas, compartía bebidas embriagantes con varias personas, cuando uno de los presentes desenfundó un arma de fuego y realizó disparos al aire; posteriormente, al bajar el arma, se habría accionado de manera accidental impactándolo en el tórax.
Tras el hecho, el presunto responsable, Luis Miguel Bocanegra Hernández, trasladó al joven al hospital local de Pore, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de la herida. Las autoridades reportaron que el arma, una pistola marca Jericho calibre 9 mm con permiso de porte, fue entregada voluntariamente.
Personal policial realizó la captura del ciudadano por el delito de homicidio y adelantó la inspección técnica al lugar, donde se recolectaron varias vainillas. El caso quedó en manos de las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.
El gobernador César Ortiz Zorro visitó Paz de Ariporo para socializar un proyecto de adecuación y mejoramiento de puestos de salud, una iniciativa clave para fortalecer la prestación de servicios sanitarios en el territorio. Esta intervención busca revertir el abandono de más de 15 años que han sufrido estas infraestructuras.
Durante el encuentro con la comunidad, se presentó el inicio de obra de las adecuaciones de los Puestos de Atención Primaria en Salud (PAPS) del municipio. Se dialogó sobre las intervenciones previstas para atender necesidades históricas en materia de atención básica, las cuales beneficiarán a más de 41 mil habitantes.
Los diez Puestos de Atención Primaria en Salud que serán intervenidos en Paz de Ariporo son La Barranca, El Boral, Caño Chiquito, Centro Gaitán, La Motuz, Las Guamas, Las Mercedes, Puerto Brasilia, Rincón Hondo y San Luis de Ariporo. La inversión superará los 2.610 millones de pesos, como parte de una estrategia integral que proyecta la remodelación de 82 puestos de atención primaria en todo Casanare.
El gobernador Ortiz Zorro señaló que el propósito de su administración es fortalecer la red hospitalaria del departamento, asegurando que estos puestos de salud ya cuentan con los recursos para su adecuación y que los proyectos de dotación están formulados. Destacó el liderazgo del departamento a nivel nacional en la gestión de estas remodelaciones.
La secretaria de Salud departamental, Tatiana Chávez, expresó su satisfacción por la recuperación de más de 10 puestos de salud en Paz de Ariporo y anunció que la estrategia se extenderá a todo el departamento, con una proyección de recuperación de 74 puestos de atención primaria. Lady Patricia Bohórquez Cuevas, gerente de Red Salud Casanare, confirmó la apertura oficial de las adecuaciones con recursos del Gobierno nacional.
Asimismo, el gobernador abordó el proyecto del hospital de segundo nivel del municipio, explicando que, tras reiniciar el proceso por la inviabilidad de los estudios y diseños iniciales, ya se cuenta con la aprobación del estudio de oferta y demanda, los diseños arquitectónicos y de ingeniería, y el componente económico, a la espera de la asignación final de recursos.
