CASANARE
El ‘trueque’ entre la JEP y General (R) acusado de falsos positivos en Casanare
El alto oficial no ha podido recuperar su libertad
Sin mucho éxito la Jurisdicción Especial de Paz resolvió la solicitud que el general en retiro Henry Torres Escalante elevó hace unos meses a una de sus secciones. En ella, el oficial investigado por falsos positivos pedía que le concedieran la libertad condicionada sin cumplir con el tiempo estipulado por la ley -5 años- para poder acceder al beneficio.
Este jueves a través de un comunicado la Sección de Apelación, encargada de evaluar el recurso, le informó que no era posible acatar su solicitud, pero le dejó una ventana abierta. “Los miembros de la fuerza pública pueden acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento por una medida no privativa de la libertad, siempre y cuando hagan aportes de verdad tempranos, extraordinarios y exhaustivos, sujetos a un estricto régimen de condicionalidad”, se lee en el documento.
Si bien la JEP reiteró que la ley indica que los integrantes de la fuerza pública procesados por haber cometido crímenes graves en el conflicto deben estar detenidos al menos cinco años antes de acceder al beneficio de la libertad condicionada, también admitió términos para poder eventualmente hacer una excepción a la regla.
En ese sentido, los miembros de la Sección de Apelación incluyeron un nuevo término en su vocabulario: “verdad extraordinaria”. Desde su creación y el momento en que más de 2.126 miembros de la fuerza pública y casi 10.000 de la Farc se acogieron a la justicia transicional el país comenzó a escuchar los términos verdad temprana y exhaustiva como un requisito para acceder a los beneficios del sistema, pero no “extraordinaria” como se acentuó esta vez.
De alguna forma, entre líneas, los magistrados le propusieron un trueque al primer general que se somete a la JEP: información temprana, extraordinaria y exhaustiva sobre la mesa a cambio de una libertad condicionada antes de tiempo. Es decir, Torres Escalante podría recuperar su libertad casi dos años después de haber sido capturado en la medida que decida prender el ventilador y cooperar revelando todo lo que pueda saber sobre las ejecuciones extrajudiciales en las que está involucrado y otros altos mandos de la institución castrense. “La Sección precisó que el beneficio de la sustitución de la medida de detención preventiva, en los términos anotados, puede solicitarse cuando se lleve por lo menos un año de privación de la libertad”, puntualiza la JEP.
Así y solo así, los magistrados podrían entrar a evaluar el recurso con el que insistentemente Torres Escalante ha intentado recuperar su libertad. Si decide aceptar la oferta, el alto oficial se convertiría en uno de los primeros comparecientes que tendrían acceso a un proceso prioritario para resolver de manera pronta y definitiva su situación jurídica. Esto siempre y cuando entrega información valiosa que permita esclarecer el caso 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
Desde que en 2007 estalló el escándalo, más de 3.500 uniformados fueron detenidos, acusados de haber asesinado a cerca de 6.000 personas para presentarlas como bajas de la guerrilla. De ese número cerca del 80 por ciento son soldados o suboficiales. Solo en 2016 un grupo de 12 oficiales superiores, con grados de teniente coronel y coronel, fueron detenidos y están bajo investigación.
Torres Escalante es uno de ellos, la Fiscalía lo acusa por la muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, acribillados en marzo de 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se trataba de miembros de la XVI Brigada del Ejército en Casanare comandada por el alto oficial que hace un año firmó el acta de sometimiento ante la justicia transicional.
Si bien a Torres se le enjuicia por esos dos homicidios, el expediente contiene 85 casos más de ejecuciones cometidas por miembros de la brigada que comandó. Parte de la artillería de la Fiscalía contra el general Torres incluye 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios.
Uno de los más contundentes es el del teniente retirado Marco Fabián García, condenado a 22 años de cárcel por un falso positivo, quien dijo que a su comandante, Torres, “siempre se le tuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”. Aunque para la Fiscalía no existe duda de que Torres participó en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior” ahora es la JEP quien se encargará de resolver su caso.
Falta ver si como muchos miembros de la fuerza pública Torres Escalante quien fue capturado en 2018 y recluido en una unidad militar en el norte de Bogotá podrá enfrentar su juicio en libertad. De ser así la decisión proferida este jueves para resolver solo su solicitud tendría un efecto cascada entre muchos otros militares aprovecharán la excepción para también ellos conquistar beneficios tempranos por ahí.
Fuente: Semana.com
CASANARE
Formulan cargos a 2 policías de carreteras por muerte de joven en Casanare en 2021
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el entonces intendente de la Policía y jefe del cuadrante vial No. 3 Araguaney de la Seccional de Tránsito y Transporte de Casanare, Geiler Camacho Molano y el patrullero Emmanuel Iván Silva Rodríguez (2021), por la muerte del joven Johan Sebastián Ortega, de 20 años, quien se movilizaba en una motocicleta junto con su compañera, por la vía Yopal – Paz de Ariporo.
Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre de 2021, en el kilómetro 25 de la citada vía. Allí, tras una persecución policial el intendente Camacho Molano habría disparado su arma de fuego de dotación oficial contra el ciudadano causándole una grave herida en el cuello que le produjo instantes después la muerte.
Advierte el Ministerio Público que la acción se habría producido por el hecho de no atender de manera inmediata el llamado que se le hizo para detener la motocicleta, razón que no se constituía, a juicio de la Procuraduría, razón válida para dispararle.
El Ministerio Público también cuestionó la conducta del patrullero Silva Rodríguez, quien, al parecer, sin justa causa, no habría auxiliado al joven que resultó gravemente herido por el disparo que le propinó el intendente Molano.
De acuerdo con las pruebas recaudadas el investigado no lo habría trasladado de manera inmediata, pese a contar con el vehículo policial para hacerlo y, una vez decidió transportarlo, se detuvo en dos oportunidades perdiendo tiempo valioso para la atención médica que requería el ciudadano, quien ingresó al Hospital Regional de la Orinoquia sin signos vitales.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la conducta de los uniformados como falta gravísima a título de dolo.
¿Cómo fueron los hechos?
Como se recuerda en este caso que causó conmoción en Casanare, los dos jóvenes se desplazaban en motocicleta hacia una finca y pararon antes del retén, como lo narró en su momento Jenny Carolina Prieto, la mujer que acompañaba a la víctima mortal, al momento de los hechos, quien narró pormenorizadamente cómo fueron los mismos, lanzando graves acusaciones contra la Policía Nacional, señalando además que nada de lo que se les acusa es cierto, y que al joven le dispararon a quemarropa luego de una persecución policial. Este fue el relato de la joven, para la época de los hechos.
CASANARE
Yopal refuerza detección temprana del VIH y búsqueda activa, este año se han registrado 7 casos
El municipio de Yopal ha fortalecido significativamente sus estrategias de detección temprana y atención integral del VIH en los últimos años. Esto se ha logrado mediante la ampliación de la búsqueda activa institucional y el incremento de tamizajes en los servicios de salud.
Según el seguimiento epidemiológico de la Secretaría de Salud Municipal, en 2024 se notificaron 90 casos, en 2025 la cifra fue de 100 y, en lo corrido de 2026, se han registrado 7 casos. Las autoridades sanitarias atribuyen este incremento, en parte, al fortalecimiento de las acciones de detección, que permiten identificar y vincular oportunamente a las personas a tratamiento.
Las medidas implementadas incluyen la expansión de pruebas diagnósticas en diversos puntos de atención, el desarrollo de jornadas de sensibilización y una estrecha articulación con los prestadores de servicios de salud. Esto asegura un seguimiento clínico adecuado y el acceso a una atención integral para quienes lo necesitan.
Se enfatiza que un diagnóstico temprano es crucial para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, reducir significativamente el riesgo de transmisión del virus y asegurar el inicio oportuno de los tratamientos, lo que contribuye a controlar la propagación.
Finalmente, la Secretaría de Salud recomienda a la comunidad mantener prácticas de autocuidado, como el uso constante de preservativos en todas las relaciones sexuales, realizarse la prueba de VIH periódicamente y acudir a los servicios de salud ante cualquier inquietud o síntoma, promoviendo la prevención activa.
CASANARE
Alcaldía de Yopal acerca servicios a personas con discapacidad en San Rafael de Morichal
La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud Municipal de Yopal realizaron una jornada de caracterización y revisión de historias clínicas en el corregimiento de San Rafael de Morichal, dirigida a personas con discapacidad. Esta iniciativa busca expedir el Certificado de Discapacidad sin necesidad de que los ciudadanos se trasladen al casco urbano.
Un equipo interdisciplinario de la Administración Municipal llevó directamente al territorio este proceso, evitando que los habitantes de la zona rural deban incurrir en gastos y dificultades de desplazamiento para realizar el trámite esencial para el reconocimiento de su condición.
El Certificado de Discapacidad es un documento fundamental que identifica y caracteriza la condición de la persona mediante una valoración clínica multidisciplinaria. Esto permite reconocer sus necesidades y orientar de forma diferenciada las intervenciones institucionales en salud y atención social, fortaleciendo la planeación de estrategias.
La secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández, enfatizó que estas jornadas facilitan el acceso a los servicios en áreas donde los traslados son complejos. Señaló que la administración está “acercando la oferta institucional a las comunidades”, y el programa de Discapacidad adelanta una búsqueda activa para consolidar información que permita una atención diferencial y oportuna.
El proceso contó con el acompañamiento activo de la Secretaría de Salud Municipal, que se encargó de la revisión de las historias clínicas. Esto fue crucial para la valoración multidisciplinaria necesaria para acceder al Certificado de Discapacidad, cumpliendo con los lineamientos técnicos vigentes.
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