CASANARE
El ‘trueque’ entre la JEP y General (R) acusado de falsos positivos en Casanare
El alto oficial no ha podido recuperar su libertad
Sin mucho éxito la Jurisdicción Especial de Paz resolvió la solicitud que el general en retiro Henry Torres Escalante elevó hace unos meses a una de sus secciones. En ella, el oficial investigado por falsos positivos pedía que le concedieran la libertad condicionada sin cumplir con el tiempo estipulado por la ley -5 años- para poder acceder al beneficio.
Este jueves a través de un comunicado la Sección de Apelación, encargada de evaluar el recurso, le informó que no era posible acatar su solicitud, pero le dejó una ventana abierta. “Los miembros de la fuerza pública pueden acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento por una medida no privativa de la libertad, siempre y cuando hagan aportes de verdad tempranos, extraordinarios y exhaustivos, sujetos a un estricto régimen de condicionalidad”, se lee en el documento.
Si bien la JEP reiteró que la ley indica que los integrantes de la fuerza pública procesados por haber cometido crímenes graves en el conflicto deben estar detenidos al menos cinco años antes de acceder al beneficio de la libertad condicionada, también admitió términos para poder eventualmente hacer una excepción a la regla.
En ese sentido, los miembros de la Sección de Apelación incluyeron un nuevo término en su vocabulario: “verdad extraordinaria”. Desde su creación y el momento en que más de 2.126 miembros de la fuerza pública y casi 10.000 de la Farc se acogieron a la justicia transicional el país comenzó a escuchar los términos verdad temprana y exhaustiva como un requisito para acceder a los beneficios del sistema, pero no “extraordinaria” como se acentuó esta vez.
De alguna forma, entre líneas, los magistrados le propusieron un trueque al primer general que se somete a la JEP: información temprana, extraordinaria y exhaustiva sobre la mesa a cambio de una libertad condicionada antes de tiempo. Es decir, Torres Escalante podría recuperar su libertad casi dos años después de haber sido capturado en la medida que decida prender el ventilador y cooperar revelando todo lo que pueda saber sobre las ejecuciones extrajudiciales en las que está involucrado y otros altos mandos de la institución castrense. “La Sección precisó que el beneficio de la sustitución de la medida de detención preventiva, en los términos anotados, puede solicitarse cuando se lleve por lo menos un año de privación de la libertad”, puntualiza la JEP.
Así y solo así, los magistrados podrían entrar a evaluar el recurso con el que insistentemente Torres Escalante ha intentado recuperar su libertad. Si decide aceptar la oferta, el alto oficial se convertiría en uno de los primeros comparecientes que tendrían acceso a un proceso prioritario para resolver de manera pronta y definitiva su situación jurídica. Esto siempre y cuando entrega información valiosa que permita esclarecer el caso 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
Desde que en 2007 estalló el escándalo, más de 3.500 uniformados fueron detenidos, acusados de haber asesinado a cerca de 6.000 personas para presentarlas como bajas de la guerrilla. De ese número cerca del 80 por ciento son soldados o suboficiales. Solo en 2016 un grupo de 12 oficiales superiores, con grados de teniente coronel y coronel, fueron detenidos y están bajo investigación.
Torres Escalante es uno de ellos, la Fiscalía lo acusa por la muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, acribillados en marzo de 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se trataba de miembros de la XVI Brigada del Ejército en Casanare comandada por el alto oficial que hace un año firmó el acta de sometimiento ante la justicia transicional.
Si bien a Torres se le enjuicia por esos dos homicidios, el expediente contiene 85 casos más de ejecuciones cometidas por miembros de la brigada que comandó. Parte de la artillería de la Fiscalía contra el general Torres incluye 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios.
Uno de los más contundentes es el del teniente retirado Marco Fabián García, condenado a 22 años de cárcel por un falso positivo, quien dijo que a su comandante, Torres, “siempre se le tuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”. Aunque para la Fiscalía no existe duda de que Torres participó en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior” ahora es la JEP quien se encargará de resolver su caso.
Falta ver si como muchos miembros de la fuerza pública Torres Escalante quien fue capturado en 2018 y recluido en una unidad militar en el norte de Bogotá podrá enfrentar su juicio en libertad. De ser así la decisión proferida este jueves para resolver solo su solicitud tendría un efecto cascada entre muchos otros militares aprovecharán la excepción para también ellos conquistar beneficios tempranos por ahí.
Fuente: Semana.com
Con los resultados del preconteo, la Cámara de Representantes por Casanare estará ocupada por Arledy Alvarado Patiño y Diego Fernando García Alfonso.
Alvarado Patiño, quien aspiraba a la curul por el Partido Centro Democrático, de acuerdo al preconteo alcanzó 17.747 votos, de los 48.014 papeletas que obtuvo la colectividad, que a la postre fue la más votada en el departamento. En esa misma lista el candidato Álvaro Mariño obtuvo 12.622 votos, mientras que el pastor Wilmer Garcés ayudó con 8.760. El logo del Partido, que son los votos solo por la lista, alcanzó un total de 8.885 votos.
Por su parte García Alfonso, quien representaba a la Alianza por Casanare, conformada por el Partido Verde y el Partido En Marcha, logró 32.061 votos en el preconteo, convirtiéndose en el candidato más votado de la contienda. En esa misma lista la candidata Diana Rincón Leguizamón obtuvo 5.205 votos, mientras que el candidato Fabián Cordero Escobar colaboró con 2.700 votos. El logo de la Alianza alcanzó 1.824 votos. La lista total llegó a los 41.790 votos.
Ambos representantes se comprometieron a no parar su trabajo de campaña, y esta semana estarán visitando a sus electores en los diferentes municipios, de acuerdo con lo expresado luego de conocerse los resultados la noche anterior. Tanto Arledy Alvarado como Diego García señalaron que de inmediato iniciarán su trabajo para avanzar en diferentes temas, de cara a “no perder tiempo” en las gestiones que deben realizar desde sus curules.
La jornada electoral para elegir Senado de la República, Cámara de Representantes y consultas políticas se desarrolló con normalidad en Yopal, según el balance entregado por las autoridades al cierre de las votaciones.
Durante la jornada, que se extendió por ocho horas continuas, los ciudadanos acudieron a los diferentes puestos de votación habilitados en la ciudad para ejercer su derecho al voto. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el proceso transcurrió en un ambiente de participación ciudadana y sin alteraciones que afectaran el desarrollo de los comicios.
Una vez cerradas las urnas, los jurados de votación iniciaron el procedimiento establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que incluye la destrucción del material electoral sobrante y el conteo de votos en cada mesa. El proceso de preconteo se realizó siguiendo el orden definido por la autoridad electoral: primero las consultas, luego el Senado de la República y finalmente la Cámara de Representantes.
La secretaria de Gobierno ad hoc para temas electorales, Carina Rojas Barreto, destacó el comportamiento de los ciudadanos durante la jornada electoral y señaló que el proceso se desarrolló con tranquilidad y respeto por las normas del ejercicio democrático.
De acuerdo con el balance preliminar, aunque se registraron algunas manifestaciones políticas en las afueras de ciertos puestos de votación, estas no afectaron de manera significativa el desarrollo de la jornada ni el funcionamiento de los puestos habilitados.
Las autoridades recordaron que los resultados oficiales serán definidos en el proceso de escrutinio electoral, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.
En la vereda Buenos Aires Alto, jurisdicción de Villanueva, avanza la construcción de un dique de casi un kilómetro, específicamente 750 metros lineales, diseñado para mitigar los desbordamientos del río Upía. Esta obra es parte de las más de diez intervenciones en puntos críticos que el gobierno de César Ortiz Zorro ejecuta en el departamento de Casanare, buscando reducir el impacto de las lluvias y proteger a las comunidades rurales.
Los directores de Gestión del Riesgo de Desastres de Casanare, Wilson Porras, y de Villanueva, Edgar Mendoza, junto a líderes comunitarios, realizaron una inspección técnica al proyecto. Este sector ha sufrido afectaciones durante aproximadamente seis años, con el río desbordándose e inundando más de 40 predios y la vía que conecta a Caribayona, Santa Helena del Upía y parte de Buenos Aires.
José María Téllez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Buenos Aires Alto, ha relatado las recurrentes dificultades que enfrentan las familias. Las inundaciones han causado la pérdida de cultivos, la muerte de animales y severos problemas de movilidad para los campesinos que intentan acceder a sus viviendas, además de deteriorar constantemente la infraestructura vial.
El ingeniero Wilson Porras detalló que la estructura tendrá una pata de ocho metros, una corona de cuatro metros y dos metros de altura. Se concibe como un dique externo que no soporta el embate directo del río, sino que actúa como una barrera de contención para el agua desbordada. Su función es permitir que las inundaciones retornen al cauce principal, evitando así que sigan afectando viviendas, cultivos y la carretera.
Con esta obra, la administración departamental busca ofrecer una solución duradera a una problemática que ha impactado negativamente la economía y calidad de vida de los habitantes de esta zona rural de Villanueva, blindándolos ante futuras crecientes del río Upía.
