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El ‘trueque’ entre la JEP y General (R) acusado de falsos positivos en Casanare

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El alto oficial no ha podido recuperar su libertad

Sin mucho éxito la Jurisdicción Especial de Paz resolvió la solicitud que el general en retiro Henry Torres Escalante elevó hace unos meses a una de sus secciones. En ella, el oficial investigado por falsos positivos pedía que le concedieran la libertad condicionada sin cumplir con el tiempo estipulado por la ley -5 años- para poder acceder al beneficio.

Este jueves a través de un comunicado la Sección de Apelación, encargada de evaluar el recurso, le informó que no era posible acatar su solicitud, pero le dejó una ventana abierta. “Los miembros de la fuerza pública pueden acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento por una medida no privativa de la libertad, siempre y cuando hagan aportes de verdad tempranos, extraordinarios y exhaustivos, sujetos a un estricto régimen de condicionalidad”, se lee en el documento.

Si bien la JEP reiteró que la ley indica que los integrantes de la fuerza pública procesados por haber cometido crímenes graves en el conflicto deben estar detenidos al menos cinco años antes de acceder al beneficio de la libertad condicionada, también admitió términos para poder eventualmente hacer una excepción a la regla.

En ese sentido, los miembros de la Sección de Apelación incluyeron un nuevo término en su vocabulario: “verdad extraordinaria”. Desde su creación y el momento en que más de 2.126 miembros de la fuerza pública y casi 10.000 de la Farc se acogieron a la justicia transicional el país comenzó a escuchar los términos verdad temprana y exhaustiva como un requisito para acceder a los beneficios del sistema, pero no “extraordinaria” como se acentuó esta vez.

De alguna forma, entre líneas, los magistrados le propusieron un trueque al primer general que se somete a la JEP: información temprana, extraordinaria y exhaustiva sobre la mesa a cambio de una libertad condicionada antes de tiempo. Es decir, Torres Escalante podría recuperar su libertad casi dos años después de haber sido capturado en la medida que decida prender el ventilador y cooperar revelando todo lo que pueda saber sobre las ejecuciones extrajudiciales en las que está involucrado y otros altos mandos de la institución castrense. “La Sección precisó que el beneficio de la sustitución de la medida de detención preventiva, en los términos anotados, puede solicitarse cuando se lleve por lo menos un año de privación de la libertad”, puntualiza la JEP.

Así y solo así, los magistrados podrían entrar a evaluar el recurso con el que insistentemente Torres Escalante ha intentado recuperar su libertad. Si decide aceptar la oferta, el alto oficial se convertiría en uno de los primeros comparecientes que tendrían acceso a un proceso prioritario para resolver de manera pronta y definitiva su situación jurídica. Esto siempre y cuando entrega información valiosa que permita esclarecer el caso 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

Desde que en 2007 estalló el escándalo, más de 3.500 uniformados fueron detenidos, acusados de haber asesinado a cerca de 6.000 personas para presentarlas como bajas de la guerrilla. De ese número cerca del 80 por ciento son soldados o suboficiales. Solo en 2016 un grupo de 12 oficiales superiores, con grados de teniente coronel y coronel, fueron detenidos y están bajo investigación.

Torres Escalante es uno de ellos, la Fiscalía lo acusa por la muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, acribillados en marzo de 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se trataba de miembros de la XVI Brigada del Ejército en Casanare comandada por el alto oficial que hace un año firmó el acta de sometimiento ante la justicia transicional.

Si bien a Torres se le enjuicia por esos dos homicidios, el expediente contiene 85 casos más de ejecuciones cometidas por miembros de la brigada que comandó. Parte de la artillería de la Fiscalía contra el general Torres incluye 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios.

Uno de los más contundentes es el del teniente retirado Marco Fabián García, condenado a 22 años de cárcel por un falso positivo, quien dijo que a su comandante, Torres, “siempre se le tuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”. Aunque para la Fiscalía no existe duda de que Torres participó en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior” ahora es la JEP quien se encargará de resolver su caso.

Falta ver si como muchos miembros de la fuerza pública Torres Escalante quien fue capturado en 2018 y recluido en una unidad militar en el norte de Bogotá podrá enfrentar su juicio en libertad. De ser así la decisión proferida este jueves para resolver solo su solicitud tendría un efecto cascada entre muchos otros militares aprovecharán la excepción para también ellos conquistar beneficios tempranos por ahí.

Fuente: Semana.com

 

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Yopal recibe millonaria inversión para la salud pública

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Yopal aseguró una inversión de cerca de $7.000 millones gracias a la gestión del alcalde Marco Tulio Ruíz ante el Ministerio de Salud. Estos recursos están destinados a transformar la ESE Salud Yopal, elevando el estándar de atención para miles de familias que dependen de la red pública municipal con más equipos y mejor infraestructura.

La inversión principal, aprobada mediante tres resoluciones, incluye $2.347 millones para la adquisición de equipos biomédicos. Esta dotación busca fortalecer los servicios de la red pública, optimizando la capacidad diagnóstica y asegurando una atención más oportuna y precisa para los usuarios.

Además, se destinaron $3.809 millones para la implementación de sistemas solares fotovoltaicos en el Hospital Central de Yopal y siete Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). este proyecto reducirá costos energéticos, minimizará el impacto ambiental y mejorará la sostenibilidad en la prestación de servicios sanitarios.

Un monto de $519 millones se asignó para la adecuación del Puesto de Atención Primaria en Salud (PAPS) de Punto Nuevo, beneficiando a las familias del sector rural. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo mayor de la administración municipal para recuperar infraestructura sanitaria en zonas rurales y ampliar el acceso a servicios esenciales.

En paralelo, la administración ha habilitado el PAPS de Tacarimena, sumándose a los puestos de La Chaparrera, Quebradaseca y El Morro. El municipio también proyecta la construcción de nuevos puestos en El Taladro y Mata de Limón, superando la meta del plan de desarrollo en cuanto a intervenciones rurales y fortaleciendo la red pública.

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Finalmente, ¿Qué va a pasar con las facturas del Impuesto Predial en Yopal?

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FACTURA PREDIAL

La Alcaldía de Yopal ratificó ante el Concejo Municipal, que enfrenta un desafío significativo en la expedición de facturas del Impuesto Predial debido a inconsistencias en la base de datos catastral entregada por el operador Catasig. Según el asesor jurídico de la alcaldía, Édgar Paerez, se han detectado más de 16.000 errores en los registros, lo que ha generado preocupación entre los contribuyentes.

Errores detectados y respuesta de Catasig

Entre los errores detectados se encuentran avalúos en cero, cédulas de ciudadanos sin número de identificación y unidades habitacionales sin área de terreno de construcción. Catasig ha respondido que no corregirá los errores de oficio y que los ciudadanos deben presentar solicitudes individuales para corregirlos a través del mecanismo de conservación catastral. Es decir, a los contribuyentes cuyas facturas tengan errores por exagerados avalúos les corresponderá solicitar la revisión aportando todos los soportes que exige Catasig, incluida la topografía del predio.

Impacto en los contribuyentes y medidas de la alcaldía

Esto significa que cada ciudadano que detecte un error deberá presentar una solicitud con pruebas y documentos para que Catasig lo corrija. La alcaldía ha expresado su preocupación por el impacto que esto tendrá en los contribuyentes y ha anunciado que ante la premura aplicará la base de datos con los errores detectados, ya que no tiene la competencia para corregirlos. Los contribuyentes a quienes la factura sea muy elevada, deberán solicitar la revisión ante Catasig, si el error es por sobrevaloración o error del avalúo; y ante la Alcaldía, si el error es por mal aplicación de la tarifa.

Plazos y descuentos

Teniendo en cuenta que el tiempo ha corrido en 2026 y no se han expedido las facturas para que los contribuyentes cancelen, la Alcaldía de Yopal ha radicado un proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal para ampliar el calendario tributario y ofrecer alivios a los contribuyentes. La primera fecha de pago con descuento se ha pospuesto para el 31 de mayo.

Recomendaciones a los contribuyentes

La alcaldía recomienda a los contribuyentes revisar sus facturas cuidadosamente y presentar reclamaciones ante Catasig si detectan errores por avalúos. Es importante tener en cuenta que la alcaldía no puede modificar los errores catastrales y que los ciudadanos deben acudir a Catasig para resolverlos.

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Estos son los acuerdos logrados con el gobierno nacional y Perenco para garantizar suministro de gas en Casanare

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El gobierno nacional celebró el acuerdo logrado con autoridades locales, comunidades y empresas del sector energético de Casanare, que permitirá asegurar el abastecimiento temporal de gas natural mientras se avanza en la ampliación de redes de distribución en varios municipios del departamento. La medida beneficiará a usuarios rurales actualmente no formalizados en municipios como Aguazul, Maní, Yopal, Trinidad, San Luis de Palenque, Orocué y Paz de Ariporo.

El acuerdo se logró en una reunión de negociación directa para definir soluciones transitorias que permitan garantizar el abastecimiento de gas natural combustible y avanzar en la formalización de usuarios rurales. En el encuentro se acordó que la empresa Perenco Colombia Limited aportará temporalmente parte del gas natural que tiene contratado en el mercado mayorista para garantizar el abastecimiento durante el proceso de transición.

Asimismo, se coordinará el transporte del gas y se cubrirán los costos asociados a la conducción y suministro durante el periodo inicial mientras se consolidan soluciones estructurales para el servicio.

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