CASANARE
El ‘trueque’ entre la JEP y General (R) acusado de falsos positivos en Casanare
El alto oficial no ha podido recuperar su libertad
Sin mucho éxito la Jurisdicción Especial de Paz resolvió la solicitud que el general en retiro Henry Torres Escalante elevó hace unos meses a una de sus secciones. En ella, el oficial investigado por falsos positivos pedía que le concedieran la libertad condicionada sin cumplir con el tiempo estipulado por la ley -5 años- para poder acceder al beneficio.
Este jueves a través de un comunicado la Sección de Apelación, encargada de evaluar el recurso, le informó que no era posible acatar su solicitud, pero le dejó una ventana abierta. “Los miembros de la fuerza pública pueden acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento por una medida no privativa de la libertad, siempre y cuando hagan aportes de verdad tempranos, extraordinarios y exhaustivos, sujetos a un estricto régimen de condicionalidad”, se lee en el documento.
Si bien la JEP reiteró que la ley indica que los integrantes de la fuerza pública procesados por haber cometido crímenes graves en el conflicto deben estar detenidos al menos cinco años antes de acceder al beneficio de la libertad condicionada, también admitió términos para poder eventualmente hacer una excepción a la regla.
En ese sentido, los miembros de la Sección de Apelación incluyeron un nuevo término en su vocabulario: “verdad extraordinaria”. Desde su creación y el momento en que más de 2.126 miembros de la fuerza pública y casi 10.000 de la Farc se acogieron a la justicia transicional el país comenzó a escuchar los términos verdad temprana y exhaustiva como un requisito para acceder a los beneficios del sistema, pero no “extraordinaria” como se acentuó esta vez.
De alguna forma, entre líneas, los magistrados le propusieron un trueque al primer general que se somete a la JEP: información temprana, extraordinaria y exhaustiva sobre la mesa a cambio de una libertad condicionada antes de tiempo. Es decir, Torres Escalante podría recuperar su libertad casi dos años después de haber sido capturado en la medida que decida prender el ventilador y cooperar revelando todo lo que pueda saber sobre las ejecuciones extrajudiciales en las que está involucrado y otros altos mandos de la institución castrense. “La Sección precisó que el beneficio de la sustitución de la medida de detención preventiva, en los términos anotados, puede solicitarse cuando se lleve por lo menos un año de privación de la libertad”, puntualiza la JEP.
Así y solo así, los magistrados podrían entrar a evaluar el recurso con el que insistentemente Torres Escalante ha intentado recuperar su libertad. Si decide aceptar la oferta, el alto oficial se convertiría en uno de los primeros comparecientes que tendrían acceso a un proceso prioritario para resolver de manera pronta y definitiva su situación jurídica. Esto siempre y cuando entrega información valiosa que permita esclarecer el caso 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
Desde que en 2007 estalló el escándalo, más de 3.500 uniformados fueron detenidos, acusados de haber asesinado a cerca de 6.000 personas para presentarlas como bajas de la guerrilla. De ese número cerca del 80 por ciento son soldados o suboficiales. Solo en 2016 un grupo de 12 oficiales superiores, con grados de teniente coronel y coronel, fueron detenidos y están bajo investigación.
Torres Escalante es uno de ellos, la Fiscalía lo acusa por la muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, acribillados en marzo de 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se trataba de miembros de la XVI Brigada del Ejército en Casanare comandada por el alto oficial que hace un año firmó el acta de sometimiento ante la justicia transicional.
Si bien a Torres se le enjuicia por esos dos homicidios, el expediente contiene 85 casos más de ejecuciones cometidas por miembros de la brigada que comandó. Parte de la artillería de la Fiscalía contra el general Torres incluye 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios.
Uno de los más contundentes es el del teniente retirado Marco Fabián García, condenado a 22 años de cárcel por un falso positivo, quien dijo que a su comandante, Torres, “siempre se le tuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”. Aunque para la Fiscalía no existe duda de que Torres participó en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior” ahora es la JEP quien se encargará de resolver su caso.
Falta ver si como muchos miembros de la fuerza pública Torres Escalante quien fue capturado en 2018 y recluido en una unidad militar en el norte de Bogotá podrá enfrentar su juicio en libertad. De ser así la decisión proferida este jueves para resolver solo su solicitud tendría un efecto cascada entre muchos otros militares aprovecharán la excepción para también ellos conquistar beneficios tempranos por ahí.
Fuente: Semana.com
Las autoridades mantienen una alerta preventiva en Casanare ante posibles acciones de grupos armados ilegales y anunciaron que reforzarán los operativos de control en puntos estratégicos de Yopal. En ese contexto, fue activado un plan candado en la ciudad, con sobrevuelos y revisión de cámaras de seguridad, para establecer la ruta de escape de dos hombres que perpetraron un atentado con explosivos en la capital.
El ataque ocurrió la noche del martes contra la empresa de Seguridad Avizor, ubicada en la calle 11 con carrera 31, sobre la vía a Sirivana, a pocos metros de la Estación de Policía Yopal. Según testigos, los responsables se movilizaban en una motocicleta NKD y vestían prendas negras, además portaban cascos del mismo color.
De acuerdo con el coronel Pablo Galindo, comandante del Departamento de Policía Casanare, los sujetos lanzaron, al parecer, una granada contra las instalaciones de la empresa. La explosión causó daños materiales en ventanales y parte de la estructura del inmueble, pero no dejó personas heridas.
La información preliminar indica que el hecho podría estar relacionado con un presunto caso de extorsión. El oficial señaló que horas antes la empresa habría recibido una llamada a su línea corporativa por WhatsApp; sin embargo, hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal por exigencias económicas ante las autoridades.
Un hombre identificado como Bladimir Castillo Urintive, conocido con el alias de “Blacho”, fue asesinado la tarde del miércoles en inmediaciones de Torres de San Marcos, en Yopal. De acuerdo con información preliminar, la víctima recibió cuatro impactos de arma de fuego en la región torácica y, aunque fue trasladado de urgencia a un centro médico por dos hombres en motocicleta, ingresó sin signos vitales.
Versiones iniciales indican que antes del ataque se habría presentado un altercado con un individuo y no se descarta un posible ajuste de cuentas por temas de microtráfico. Según las autoridades, Castillo Urintive registraba antecedentes judiciales por hurto, receptación, porte ilegal de armas y tentativa de homicidio. Además, en 2023 fue judicializado por el ataque contra Jéferson Pidiache, hecho que dejó a la víctima en condición de discapacidad.
Según fuentes extraoficiales, el hoy occiso habría estado vinculado recientemente a actividades de microtráfico en el sector, situación que es materia de verificación por parte de las autoridades judiciales. Tras el crimen comenzó a circular un panfleto con membrete atribuido a las disidencias de las antiguas Farc, en el que se le señalaba como supuesto “objetivo militar”. Panfleto donde también figura el nombre del hombre asesinado la noche del lunes en la Marginal de la Selva, en inmediaciones del sitio donde se construye el nuevo Terminal de Transportes de Yopal.
Las autoridades investigan la autenticidad del documento y si el homicidio estaría relacionado con disputas delincuenciales en la zona. El caso quedó en manos de los organismos de investigación, que adelantan labores para esclarecer los móviles del hecho y dar con los responsables.
Sobre la media noche del martes 24 de febrero, en el sector de San Rafael de Morichal en Yopal, hombres armados ingresaron a un predio privado e incineraron una retroexcavadora perteneciente a la empresa Trimex, utilizada para cargar material de río a volqueteros. En el lugar fue hallada una bandera de Colombia con grafitis alusivos a disidencias de las Farc.
Los responsables se identificaron como integrantes de disidencias de las antiguas Farc, y las autoridades orientan las pesquisas hacia el Frente 28, estructura que delinque en la región. No se descarta que el ataque esté relacionado con presuntas exigencias extorsivas contra la empresa propietaria de la maquinaria o los dueños del predio.
Alejandro Durán, coordinador de seguridad de la Secretaría de Gobierno de Yopal, confirmó que unidades judiciales realizaron la inspección técnica para recolectar elementos materiales probatorios y verificar si existían amenazas previas. Señaló que se desplegó un operativo conjunto para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables.
