CASANARE
El ‘trueque’ entre la JEP y General (R) acusado de falsos positivos en Casanare
El alto oficial no ha podido recuperar su libertad
Sin mucho éxito la Jurisdicción Especial de Paz resolvió la solicitud que el general en retiro Henry Torres Escalante elevó hace unos meses a una de sus secciones. En ella, el oficial investigado por falsos positivos pedía que le concedieran la libertad condicionada sin cumplir con el tiempo estipulado por la ley -5 años- para poder acceder al beneficio.
Este jueves a través de un comunicado la Sección de Apelación, encargada de evaluar el recurso, le informó que no era posible acatar su solicitud, pero le dejó una ventana abierta. “Los miembros de la fuerza pública pueden acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento por una medida no privativa de la libertad, siempre y cuando hagan aportes de verdad tempranos, extraordinarios y exhaustivos, sujetos a un estricto régimen de condicionalidad”, se lee en el documento.
Si bien la JEP reiteró que la ley indica que los integrantes de la fuerza pública procesados por haber cometido crímenes graves en el conflicto deben estar detenidos al menos cinco años antes de acceder al beneficio de la libertad condicionada, también admitió términos para poder eventualmente hacer una excepción a la regla.
En ese sentido, los miembros de la Sección de Apelación incluyeron un nuevo término en su vocabulario: “verdad extraordinaria”. Desde su creación y el momento en que más de 2.126 miembros de la fuerza pública y casi 10.000 de la Farc se acogieron a la justicia transicional el país comenzó a escuchar los términos verdad temprana y exhaustiva como un requisito para acceder a los beneficios del sistema, pero no “extraordinaria” como se acentuó esta vez.
De alguna forma, entre líneas, los magistrados le propusieron un trueque al primer general que se somete a la JEP: información temprana, extraordinaria y exhaustiva sobre la mesa a cambio de una libertad condicionada antes de tiempo. Es decir, Torres Escalante podría recuperar su libertad casi dos años después de haber sido capturado en la medida que decida prender el ventilador y cooperar revelando todo lo que pueda saber sobre las ejecuciones extrajudiciales en las que está involucrado y otros altos mandos de la institución castrense. “La Sección precisó que el beneficio de la sustitución de la medida de detención preventiva, en los términos anotados, puede solicitarse cuando se lleve por lo menos un año de privación de la libertad”, puntualiza la JEP.
Así y solo así, los magistrados podrían entrar a evaluar el recurso con el que insistentemente Torres Escalante ha intentado recuperar su libertad. Si decide aceptar la oferta, el alto oficial se convertiría en uno de los primeros comparecientes que tendrían acceso a un proceso prioritario para resolver de manera pronta y definitiva su situación jurídica. Esto siempre y cuando entrega información valiosa que permita esclarecer el caso 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
Desde que en 2007 estalló el escándalo, más de 3.500 uniformados fueron detenidos, acusados de haber asesinado a cerca de 6.000 personas para presentarlas como bajas de la guerrilla. De ese número cerca del 80 por ciento son soldados o suboficiales. Solo en 2016 un grupo de 12 oficiales superiores, con grados de teniente coronel y coronel, fueron detenidos y están bajo investigación.
Torres Escalante es uno de ellos, la Fiscalía lo acusa por la muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, acribillados en marzo de 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se trataba de miembros de la XVI Brigada del Ejército en Casanare comandada por el alto oficial que hace un año firmó el acta de sometimiento ante la justicia transicional.
Si bien a Torres se le enjuicia por esos dos homicidios, el expediente contiene 85 casos más de ejecuciones cometidas por miembros de la brigada que comandó. Parte de la artillería de la Fiscalía contra el general Torres incluye 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios.
Uno de los más contundentes es el del teniente retirado Marco Fabián García, condenado a 22 años de cárcel por un falso positivo, quien dijo que a su comandante, Torres, “siempre se le tuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”. Aunque para la Fiscalía no existe duda de que Torres participó en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior” ahora es la JEP quien se encargará de resolver su caso.
Falta ver si como muchos miembros de la fuerza pública Torres Escalante quien fue capturado en 2018 y recluido en una unidad militar en el norte de Bogotá podrá enfrentar su juicio en libertad. De ser así la decisión proferida este jueves para resolver solo su solicitud tendría un efecto cascada entre muchos otros militares aprovecharán la excepción para también ellos conquistar beneficios tempranos por ahí.
Fuente: Semana.com
En una operación coordinada en el terminal de transporte del municipio de Paz de Ariporo, unidades de la Seccional de Investigación Criminal SIJÍN, junto al Ejército Nacional, incautaron cinco costales que contenían 475 buzos militares tipo híbrido. El procedimiento se registró este lunes 29 de junio de 2026.
Según las autoridades, el material de intendencia provenía de la ciudad de Bogotá y tenía como destino el departamento de Arauca. Las investigaciones preliminares señalan que estos elementos estarían dirigidos a grupos armados organizados al margen de la ley que delinquen en la zona limítrofe entre Casanare y Arauca.
Las autoridades identificaron como posibles destinatarios al ELN y al Frente 28 de las FARC. El material incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía para continuar con las diligencias judiciales.
El caso fue vinculado a una noticia criminal matriz que se adelanta en contra de estas estructuras armadas por su accionar delictivo en la región fronteriza de los dos departamentos.
Las primeras indagaciones adelantadas por personal especializado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal señalan que una posible falla eléctrica habría originado el incendio estructural que consumió el Almacén El Imperio, ubicado en la carrera 20 entre calles 12 y 13, en pleno centro de la ciudad. Así lo confirmó el comandante de la institución, teniente Rafael Rojas, quien explicó que las labores de inspección permitieron establecer que el fuego se inició en el tercer piso de la edificación, utilizado como bodega.
Según el oficial, en ese nivel se almacenaba una gran cantidad de materiales altamente combustibles, entre ellos plástico, papel, textiles y otros elementos que facilitaron la rápida propagación de las llamas. Aunque la investigación continúa para establecer con certeza las causas de la conflagración, la principal hipótesis que manejan las autoridades corresponde a una falla en el sistema eléctrico del inmueble.
La evaluación preliminar de la infraestructura determinó que el primer y segundo piso no presentan afectaciones de consideración y podrían volver a utilizarse una vez se adelanten las adecuaciones y reparaciones necesarias. En contraste, el tercer piso sufrió daños estructurales severos, por lo que, en las condiciones actuales, no podrá ser utilizado debido al alto nivel de deterioro ocasionado por el incendio.
El teniente Rafael Rojas destacó la solidaridad demostrada por la comunidad yopaleña durante la emergencia. Resaltó el apoyo de los organismos de socorro, instituciones y comerciantes del sector, quienes unieron esfuerzos tanto en las labores de extinción del incendio como en la posterior remoción de escombros, una colaboración que ha sido fundamental para atender la emergencia y avanzar en la recuperación de la zona afectada.
La Gobernación de Casanare realizó el Primer Comité Departamental de Lucha Contra el Contrabando y Comercio Ilícito de Licores, Cervezas y Cigarrillos de 2026, con el propósito de coordinar acciones de prevención, control y vigilancia frente a estas actividades que afectan los ingresos del departamento y representan un riesgo para la salud de la población. Durante la jornada se expusieron estrategias para enfrentar las modalidades de comercialización ilegal.
Las entidades participantes acordaron trabajar de manera coordinada en tres frentes: cultura ciudadana, control y vigilancia, y procesos de aprehensión y decomiso de mercancías.
Como parte de los compromisos, el Ejército Nacional y la Policía Nacional apoyarán las labores de inteligencia, mientras que el equipo anticontrabando, en coordinación con la Federación Nacional de Departamentos, fortalecerá las jornadas de fiscalización y capacitación. El objetivo es combatir las redes dedicadas al contrabando, proteger los recursos del departamento y prevenir la comercialización de productos ilegales.
La secretaria de Hacienda, Gloria Lucía Rivera, señaló que el trabajo conjunto con la Federación Nacional de Departamentos y las entidades participantes permitirá fortalecer las acciones contra el contrabando de licores, cervezas y cigarrillos, con el fin de proteger los recursos públicos, la legalidad y la salud de los ciudadanos.
