CASANARE
El ‘trueque’ entre la JEP y General (R) acusado de falsos positivos en Casanare
El alto oficial no ha podido recuperar su libertad
Sin mucho éxito la Jurisdicción Especial de Paz resolvió la solicitud que el general en retiro Henry Torres Escalante elevó hace unos meses a una de sus secciones. En ella, el oficial investigado por falsos positivos pedía que le concedieran la libertad condicionada sin cumplir con el tiempo estipulado por la ley -5 años- para poder acceder al beneficio.
Este jueves a través de un comunicado la Sección de Apelación, encargada de evaluar el recurso, le informó que no era posible acatar su solicitud, pero le dejó una ventana abierta. “Los miembros de la fuerza pública pueden acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento por una medida no privativa de la libertad, siempre y cuando hagan aportes de verdad tempranos, extraordinarios y exhaustivos, sujetos a un estricto régimen de condicionalidad”, se lee en el documento.
Si bien la JEP reiteró que la ley indica que los integrantes de la fuerza pública procesados por haber cometido crímenes graves en el conflicto deben estar detenidos al menos cinco años antes de acceder al beneficio de la libertad condicionada, también admitió términos para poder eventualmente hacer una excepción a la regla.
En ese sentido, los miembros de la Sección de Apelación incluyeron un nuevo término en su vocabulario: “verdad extraordinaria”. Desde su creación y el momento en que más de 2.126 miembros de la fuerza pública y casi 10.000 de la Farc se acogieron a la justicia transicional el país comenzó a escuchar los términos verdad temprana y exhaustiva como un requisito para acceder a los beneficios del sistema, pero no “extraordinaria” como se acentuó esta vez.
De alguna forma, entre líneas, los magistrados le propusieron un trueque al primer general que se somete a la JEP: información temprana, extraordinaria y exhaustiva sobre la mesa a cambio de una libertad condicionada antes de tiempo. Es decir, Torres Escalante podría recuperar su libertad casi dos años después de haber sido capturado en la medida que decida prender el ventilador y cooperar revelando todo lo que pueda saber sobre las ejecuciones extrajudiciales en las que está involucrado y otros altos mandos de la institución castrense. “La Sección precisó que el beneficio de la sustitución de la medida de detención preventiva, en los términos anotados, puede solicitarse cuando se lleve por lo menos un año de privación de la libertad”, puntualiza la JEP.
Así y solo así, los magistrados podrían entrar a evaluar el recurso con el que insistentemente Torres Escalante ha intentado recuperar su libertad. Si decide aceptar la oferta, el alto oficial se convertiría en uno de los primeros comparecientes que tendrían acceso a un proceso prioritario para resolver de manera pronta y definitiva su situación jurídica. Esto siempre y cuando entrega información valiosa que permita esclarecer el caso 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
Desde que en 2007 estalló el escándalo, más de 3.500 uniformados fueron detenidos, acusados de haber asesinado a cerca de 6.000 personas para presentarlas como bajas de la guerrilla. De ese número cerca del 80 por ciento son soldados o suboficiales. Solo en 2016 un grupo de 12 oficiales superiores, con grados de teniente coronel y coronel, fueron detenidos y están bajo investigación.
Torres Escalante es uno de ellos, la Fiscalía lo acusa por la muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, acribillados en marzo de 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se trataba de miembros de la XVI Brigada del Ejército en Casanare comandada por el alto oficial que hace un año firmó el acta de sometimiento ante la justicia transicional.
Si bien a Torres se le enjuicia por esos dos homicidios, el expediente contiene 85 casos más de ejecuciones cometidas por miembros de la brigada que comandó. Parte de la artillería de la Fiscalía contra el general Torres incluye 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios.
Uno de los más contundentes es el del teniente retirado Marco Fabián García, condenado a 22 años de cárcel por un falso positivo, quien dijo que a su comandante, Torres, “siempre se le tuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”. Aunque para la Fiscalía no existe duda de que Torres participó en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior” ahora es la JEP quien se encargará de resolver su caso.
Falta ver si como muchos miembros de la fuerza pública Torres Escalante quien fue capturado en 2018 y recluido en una unidad militar en el norte de Bogotá podrá enfrentar su juicio en libertad. De ser así la decisión proferida este jueves para resolver solo su solicitud tendría un efecto cascada entre muchos otros militares aprovecharán la excepción para también ellos conquistar beneficios tempranos por ahí.
Fuente: Semana.com
La Alcaldía de Yopal presentó un balance de los avances en materia de seguridad ciudadana durante el más reciente Consejo de Seguridad. Se destacaron reducciones significativas en varios indicadores delictivos, así como las estrategias que continúan fortaleciéndose de manera articulada entre las autoridades locales y nacionales para consolidar la convivencia.
De acuerdo con el informe, en lo corrido de 2025 el municipio registró una reducción del 35 % en los casos de extorsión y del 53 % en el hurto al comercio. Las lesiones personales disminuyeron en un 89 % frente al año anterior, mientras que el hurto a personas, residencias y motocicletas mantiene una tendencia a la baja, con una alta tasa de recuperación de vehículos.
Durante el Consejo de Seguridad, el secretario de Gobierno, Jorge Andrés Rodríguez González, señaló la importancia de seguir fortaleciendo la capacidad institucional para la ejecución efectiva de medidas judiciales y administrativas. Se adelantan gestiones conjuntas con instancias departamentales para optimizar los mecanismos disponibles y garantizar una respuesta oportuna del Estado.
La Administración Municipal reiteró que la estrategia de seguridad no responde a acciones aisladas, sino a un enfoque planificado que incorpora experiencias implementadas en otras ciudades del país. Este enfoque está orientado a la prevención de la intolerancia y la violencia social, así como al fortalecimiento de la presencia institucional en el territorio.
Persisten hurto a celulares y violencia intrafamiliar
Las autoridades indicaron que, si bien los resultados son positivos, persisten desafíos que concentran la atención institucional, entre ellos el hurto de celulares y la violencia intrafamiliar, con especial seguimiento en sectores rurales. Estas situaciones hacen parte de los frentes priorizados de intervención, en los que se vienen reforzando acciones preventivas y de control.
La estrategia se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Administración Municipal. Se incluyen operativos conjuntos, control del espacio público, jornadas de recuperación de entornos y protección animal, al tiempo que se hace un llamado a la ciudadanía a denunciar los hechos delictivos y a confiar en las instituciones.
Yopal continúa ampliando su infraestructura de conectividad con la puesta en funcionamiento de nuevas zonas WiFi gratuitas en los sectores de La Niata y el barrio Dalel Barón. Esta iniciativa, liderada por el alcalde Marco Tulio Ruiz, busca acercar el acceso a internet a más comunidades y fortalecer las oportunidades educativas, sociales y económicas de la población.
Con la operación de estos puntos de conexión, estudiantes, jóvenes, emprendedores y habitantes en general cuentan ahora con acceso libre a internet en espacios públicos estratégicos. Esto facilita la consulta de información, el desarrollo de actividades académicas, la realización de trámites en línea y la comunicación permanente con diversos servicios digitales.
Las zonas WiFi instaladas funcionan mediante energía solar, lo que garantiza su sostenibilidad y continuidad. Además, cuentan con espacios habilitados para la carga de dispositivos móviles, ampliando las posibilidades de uso para la comunidad. Este tipo de infraestructura permite que los ciudadanos permanezcan conectados sin depender de servicios privados, especialmente en sectores donde el acceso a internet ha sido limitado.
Durante la verificación de los puntos, el alcalde encargado, Jorge Andrés Rodríguez, destacó que la Administración Municipal asumirá la prestación del servicio para garantizar su funcionamiento y propósito social. Por su parte, el secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, José Tobías Díaz Alarcón, explicó que estas zonas impactan el ámbito educativo, el emprendimiento y el acceso a la información.
El edil Gonzalo Salamanca hizo un llamado a los habitantes de La Niata y Dalel Barón para cuidar estos espacios y hacer un uso responsable de la infraestructura. Resaltó que la corresponsabilidad ciudadana es clave para que este tipo de proyectos se mantengan en el tiempo y continúen beneficiando a más personas.
La puesta en marcha de estas zonas WiFi forma parte de una estrategia integral impulsada por el alcalde Marco Tulio Ruiz, orientada a reducir las brechas digitales y a garantizar que más sectores del municipio puedan acceder a la educación, la información y los servicios tecnológicos. Complementariamente, se avanza en la identificación de nuevos puntos para zonas rurales como Alemania y Aracal.
Un proyecto de infraestructura clave para la conectividad entre Boyacá y Casanare, abandonado desde hace años, se hará realidad gracias a un acuerdo entre el gobernador César Ortiz Zorro y el alcalde de Tauramena, Javier Álvarez. Se trata de la finalización del puente sobre el río Cusiana, en la vereda Visinaca.
Esta obra conectará las veredas Monterralo, El Paraíso, Los Lirios (Aguazul) y Visinaca (Tauramena), beneficiando a más de 65 mil personas que dependen de este corredor vial para la comercialización de sus productos agropecuarios, como leche, queso, yuca, plátano y panela.
El puente sobre el río Cusiana, ubicado en el corredor vial Monterrey – Tauramena – Monterralo, se construirá con una estructura metálica de 125 metros de luz, complementada con obras adicionales necesarias para su funcionamiento.
La obra, que asciende a $37.302.185.890, será cofinanciada por la Gobernación de Casanare, con $14.151.092.945, y la Alcaldía de Tauramena, que destinará $23.151.092.945. La ejecución de este importante proyecto estará a cargo del Instituto Financiero de Casanare (IFC) mediante recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
Óscar Javier Araque, gerente del IFC, subrayó la importancia de este puente al señalar que “esta obra es muy importante porque va a permitir que Tauramena se interconecte con el departamento de Boyacá, generando progreso, prosperidad y dinamismo para el municipio”.
Líderes de Visinaca expresaron su agradecimiento al gobernador Zorro por cumplir su compromiso y lograr el “desembotellamiento” de varias veredas, fundamentales para el desarrollo económico de los municipios. Previo al inicio de la construcción, la Secretaría de Infraestructura de Casanare ha estado realizando mejoras en las vías terciarias del corredor.
