CASANARE
El ‘trueque’ entre la JEP y General (R) acusado de falsos positivos en Casanare
El alto oficial no ha podido recuperar su libertad
Sin mucho éxito la Jurisdicción Especial de Paz resolvió la solicitud que el general en retiro Henry Torres Escalante elevó hace unos meses a una de sus secciones. En ella, el oficial investigado por falsos positivos pedía que le concedieran la libertad condicionada sin cumplir con el tiempo estipulado por la ley -5 años- para poder acceder al beneficio.
Este jueves a través de un comunicado la Sección de Apelación, encargada de evaluar el recurso, le informó que no era posible acatar su solicitud, pero le dejó una ventana abierta. “Los miembros de la fuerza pública pueden acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento por una medida no privativa de la libertad, siempre y cuando hagan aportes de verdad tempranos, extraordinarios y exhaustivos, sujetos a un estricto régimen de condicionalidad”, se lee en el documento.
Si bien la JEP reiteró que la ley indica que los integrantes de la fuerza pública procesados por haber cometido crímenes graves en el conflicto deben estar detenidos al menos cinco años antes de acceder al beneficio de la libertad condicionada, también admitió términos para poder eventualmente hacer una excepción a la regla.
En ese sentido, los miembros de la Sección de Apelación incluyeron un nuevo término en su vocabulario: “verdad extraordinaria”. Desde su creación y el momento en que más de 2.126 miembros de la fuerza pública y casi 10.000 de la Farc se acogieron a la justicia transicional el país comenzó a escuchar los términos verdad temprana y exhaustiva como un requisito para acceder a los beneficios del sistema, pero no “extraordinaria” como se acentuó esta vez.
De alguna forma, entre líneas, los magistrados le propusieron un trueque al primer general que se somete a la JEP: información temprana, extraordinaria y exhaustiva sobre la mesa a cambio de una libertad condicionada antes de tiempo. Es decir, Torres Escalante podría recuperar su libertad casi dos años después de haber sido capturado en la medida que decida prender el ventilador y cooperar revelando todo lo que pueda saber sobre las ejecuciones extrajudiciales en las que está involucrado y otros altos mandos de la institución castrense. “La Sección precisó que el beneficio de la sustitución de la medida de detención preventiva, en los términos anotados, puede solicitarse cuando se lleve por lo menos un año de privación de la libertad”, puntualiza la JEP.
Así y solo así, los magistrados podrían entrar a evaluar el recurso con el que insistentemente Torres Escalante ha intentado recuperar su libertad. Si decide aceptar la oferta, el alto oficial se convertiría en uno de los primeros comparecientes que tendrían acceso a un proceso prioritario para resolver de manera pronta y definitiva su situación jurídica. Esto siempre y cuando entrega información valiosa que permita esclarecer el caso 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
Desde que en 2007 estalló el escándalo, más de 3.500 uniformados fueron detenidos, acusados de haber asesinado a cerca de 6.000 personas para presentarlas como bajas de la guerrilla. De ese número cerca del 80 por ciento son soldados o suboficiales. Solo en 2016 un grupo de 12 oficiales superiores, con grados de teniente coronel y coronel, fueron detenidos y están bajo investigación.
Torres Escalante es uno de ellos, la Fiscalía lo acusa por la muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, acribillados en marzo de 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se trataba de miembros de la XVI Brigada del Ejército en Casanare comandada por el alto oficial que hace un año firmó el acta de sometimiento ante la justicia transicional.
Si bien a Torres se le enjuicia por esos dos homicidios, el expediente contiene 85 casos más de ejecuciones cometidas por miembros de la brigada que comandó. Parte de la artillería de la Fiscalía contra el general Torres incluye 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios.
Uno de los más contundentes es el del teniente retirado Marco Fabián García, condenado a 22 años de cárcel por un falso positivo, quien dijo que a su comandante, Torres, “siempre se le tuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”. Aunque para la Fiscalía no existe duda de que Torres participó en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior” ahora es la JEP quien se encargará de resolver su caso.
Falta ver si como muchos miembros de la fuerza pública Torres Escalante quien fue capturado en 2018 y recluido en una unidad militar en el norte de Bogotá podrá enfrentar su juicio en libertad. De ser así la decisión proferida este jueves para resolver solo su solicitud tendría un efecto cascada entre muchos otros militares aprovecharán la excepción para también ellos conquistar beneficios tempranos por ahí.
Fuente: Semana.com
CASANARE
Incautan licor ilegal y cierran establecimiento comercial en operativo interinstitucional en Aguazul
En un esfuerzo articulado por proteger la salud de los ciudadanos y combatir la ilegalidad, el Grupo Anticontrabando de la Dirección de Rentas de la Gobernación de Casanare, en trabajo conjunto con la Secretaría de Salud departamental, la Secretaría de Gobierno, los Gestores de Convivencia, la Policía Nacional y las oficinas de Protección al Consumidor e Inspección de Urbanismo, logró la incautación de mercancía que no cumplía con los requisitos legales para su comercialización.
Durante los operativos de inspección, vigilancia y control realizados en el municipio de Aguazul, las autoridades interceptaron 30 bolsas de base para granizado. Tras la verificación física del producto se constató que contiene licor; sin embargo, al momento de la inspección, no fue posible determinar la graduación alcohólica exacta mediante el alcoholímetro.
La principal irregularidad detectada radica en que el producto no cumplía con las especificaciones técnicas exigidas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), al carecer del correspondiente registro sanitario o su radicado.
Riesgo para la salud y evasión fiscal
Esta falta de registro impide que el producto sea considerado legal y, lo más grave, hace imposible garantizar que sea apto para el consumo humano, representando un riesgo latente para la comunidad.
Debido a la presencia de alcohol en la sustancia, la Secretaría de Salud procedió a dejar la mercancía a disposición de la Dirección de Rentas Departamental. Esta entidad se encargará de:
• Verificar técnicamente los grados de alcohol de la sustancia.
• Iniciar el proceso administrativo correspondiente por la evasión al impuesto al consumo.
Como resultado de este hallazgo y tras evidenciar diversas anomalías durante la inspección sanitaria efectuada por el equipo interinstitucional, la Secretaría de Salud determinó aplicar la medida de cierre temporal del establecimiento comercial. El lugar no podrá reabrir sus puertas al público hasta que subsane la totalidad de las novedades registradas en el acta de inspección.
Las autoridades departamentales y locales reiteran su compromiso con la legalidad, e invitan a los comerciantes a cumplir con las normas sanitarias y tributarias vigentes, así como a la ciudadanía a denunciar cualquier producto sospechoso que ponga en riesgo su bienestar.
El departamento de Casanare planteó la meta de convertirse en el primero del país en implementar la trazabilidad total del ganado, durante una reunión realizada este jueves entre la gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Paula Andrea Cepeda Rodríguez, y representantes del sector ganadero del departamento. El propósito se apoya en la implementación de la plataforma SINIGAN V6, que entró en operación el pasado 20 de abril.
Durante el encuentro, el ICA informó que la plataforma ha expedido 203.268 guías de movilización desde su puesta en marcha. Tras conocer estos resultados, representantes del Comité Regional de Ganaderos de Yopal y del Comité Departamental de Ganaderos manifestaron su intención de liderar en Casanare el proceso de trazabilidad total, mediante la actualización de información de los productores y la identificación de los animales con Dispositivos de Identificación Nacional (DIN).
La reunión también permitió aclarar aspectos relacionados con el primer ciclo de vacunación de 2026. El ICA anunció que a partir de la próxima semana comenzará el cargue de la información correspondiente a esta jornada, proceso que servirá para la normalización de datos de los productores. La entidad precisó que actualmente la movilización de ganado puede realizarse sin haber cumplido con este ciclo de vacunación y que no existen sanciones vigentes por esta situación.
Como resultado del encuentro, el ICA se comprometió a fortalecer las jornadas de capacitación y normalización de información, además de revisar la atención prestada en las oficinas locales. Por su parte, los ganaderos acordaron acompañar a los productores que aún no se encuentran registrados en la plataforma. Según la entidad, la actualización de SINIGAN V6 permitirá avanzar en la trazabilidad del sector, contribuir al control del abigeato y facilitar el acceso de la carne colombiana a nuevos mercados.
Un total de 151 familias de las veredas Campanero, Fronteras, Guayanas, Guafal y Macuco, en el municipio de Maní, fueron beneficiadas con una nueva jornada de atención integral desarrollada por el Equipo Básico de Salud N° 4 de Red Salud Casanare, con el propósito de acercar los servicios de salud a las comunidades rurales.
A pesar de las dificultades en las vías de acceso y de las condiciones climáticas propias de la temporada, los profesionales de la salud recorrieron sectores apartados del municipio para garantizar la prestación de servicios en el marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), financiada por el gobierno nacional.
Durante la jornada se llevaron a cabo actividades enfocadas en la promoción de hábitos saludables, la prevención de enfermedades y el fortalecimiento del bienestar comunitario. Los habitantes recibieron atención en medicina, enfermería, psicología, vacunación, lectura de resultados de laboratorio y acompañamiento en diferentes trámites relacionados con su salud.
De igual manera, estas acciones permiten acercar la oferta institucional a las comunidades rurales, facilitando el acceso oportuno a los servicios de salud e identificando de manera temprana necesidades que requieren seguimiento y atención.
El trabajo realizado por el Equipo Básico de Salud contribuye a fortalecer las estrategias orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población, mediante una atención integral y cercana en cada sector visitado.
Finalmente, la jornada permitió brindar servicios de salud a habitantes de cinco veredas del municipio de Maní, llevando atención médica, psicológica, de enfermería y vacunación directamente a los hogares de 151 familias rurales.
