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El ‘trueque’ entre la JEP y General (R) acusado de falsos positivos en Casanare

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El alto oficial no ha podido recuperar su libertad

Sin mucho éxito la Jurisdicción Especial de Paz resolvió la solicitud que el general en retiro Henry Torres Escalante elevó hace unos meses a una de sus secciones. En ella, el oficial investigado por falsos positivos pedía que le concedieran la libertad condicionada sin cumplir con el tiempo estipulado por la ley -5 años- para poder acceder al beneficio.

Este jueves a través de un comunicado la Sección de Apelación, encargada de evaluar el recurso, le informó que no era posible acatar su solicitud, pero le dejó una ventana abierta. “Los miembros de la fuerza pública pueden acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento por una medida no privativa de la libertad, siempre y cuando hagan aportes de verdad tempranos, extraordinarios y exhaustivos, sujetos a un estricto régimen de condicionalidad”, se lee en el documento.

Si bien la JEP reiteró que la ley indica que los integrantes de la fuerza pública procesados por haber cometido crímenes graves en el conflicto deben estar detenidos al menos cinco años antes de acceder al beneficio de la libertad condicionada, también admitió términos para poder eventualmente hacer una excepción a la regla.

En ese sentido, los miembros de la Sección de Apelación incluyeron un nuevo término en su vocabulario: “verdad extraordinaria”. Desde su creación y el momento en que más de 2.126 miembros de la fuerza pública y casi 10.000 de la Farc se acogieron a la justicia transicional el país comenzó a escuchar los términos verdad temprana y exhaustiva como un requisito para acceder a los beneficios del sistema, pero no “extraordinaria” como se acentuó esta vez.

De alguna forma, entre líneas, los magistrados le propusieron un trueque al primer general que se somete a la JEP: información temprana, extraordinaria y exhaustiva sobre la mesa a cambio de una libertad condicionada antes de tiempo. Es decir, Torres Escalante podría recuperar su libertad casi dos años después de haber sido capturado en la medida que decida prender el ventilador y cooperar revelando todo lo que pueda saber sobre las ejecuciones extrajudiciales en las que está involucrado y otros altos mandos de la institución castrense. “La Sección precisó que el beneficio de la sustitución de la medida de detención preventiva, en los términos anotados, puede solicitarse cuando se lleve por lo menos un año de privación de la libertad”, puntualiza la JEP.

Así y solo así, los magistrados podrían entrar a evaluar el recurso con el que insistentemente Torres Escalante ha intentado recuperar su libertad. Si decide aceptar la oferta, el alto oficial se convertiría en uno de los primeros comparecientes que tendrían acceso a un proceso prioritario para resolver de manera pronta y definitiva su situación jurídica. Esto siempre y cuando entrega información valiosa que permita esclarecer el caso 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

Desde que en 2007 estalló el escándalo, más de 3.500 uniformados fueron detenidos, acusados de haber asesinado a cerca de 6.000 personas para presentarlas como bajas de la guerrilla. De ese número cerca del 80 por ciento son soldados o suboficiales. Solo en 2016 un grupo de 12 oficiales superiores, con grados de teniente coronel y coronel, fueron detenidos y están bajo investigación.

Torres Escalante es uno de ellos, la Fiscalía lo acusa por la muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, acribillados en marzo de 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se trataba de miembros de la XVI Brigada del Ejército en Casanare comandada por el alto oficial que hace un año firmó el acta de sometimiento ante la justicia transicional.

Si bien a Torres se le enjuicia por esos dos homicidios, el expediente contiene 85 casos más de ejecuciones cometidas por miembros de la brigada que comandó. Parte de la artillería de la Fiscalía contra el general Torres incluye 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios.

Uno de los más contundentes es el del teniente retirado Marco Fabián García, condenado a 22 años de cárcel por un falso positivo, quien dijo que a su comandante, Torres, “siempre se le tuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”. Aunque para la Fiscalía no existe duda de que Torres participó en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior” ahora es la JEP quien se encargará de resolver su caso.

Falta ver si como muchos miembros de la fuerza pública Torres Escalante quien fue capturado en 2018 y recluido en una unidad militar en el norte de Bogotá podrá enfrentar su juicio en libertad. De ser así la decisión proferida este jueves para resolver solo su solicitud tendría un efecto cascada entre muchos otros militares aprovecharán la excepción para también ellos conquistar beneficios tempranos por ahí.

Fuente: Semana.com

 

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Avanza legalización para demolición de Torres del Silencio, la próxima semana iniciarían las obras

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Las familias beneficiarias del proyecto Torres del Silencio en Yopal informaron que el proceso para iniciar la demolición de las 40 estructuras se encuentra en su fase final de legalización, luego de que el contrato fuera adjudicado y se avanzara en los trámites administrativos pendientes. Según Eduardo Salcedo, vocero de la comunidad junto con la presidenta del Barrio La Esmeralda, las pólizas del contratista ya fueron aprobadas y actualmente se adelantan los procesos relacionados con la interventoría y el cumplimiento de obligaciones tributarias exigidas para la firma del acta de inicio.

Salcedo explicó que la documentación correspondiente a la interventoría ya fue publicada en la plataforma SECOP II y que, de acuerdo con los cronogramas de la Unidad de Contratación, se espera que la próxima semana queden completamente legalizados los procesos restantes para dar paso al inicio de las labores. Con estas actuaciones, la comunidad considera que se desvirtúan versiones que señalaban que la empresa adjudicataria no tendría la capacidad de ejecutar la demolición y que estaría buscando a última hora una firma local para asumir el proyecto.

De acuerdo con la información suministrada por el contratista, la demolición tendrá una duración de 45 días y se desarrollará de manera continua, incluyendo fines de semana y festivos. Los trabajos contemplan el uso de maquinaria amarilla, retiro permanente de escombros y la realización previa de visitas técnicas y actas de vecindad para proteger a los habitantes de los sectores aledaños.

Los líderes comunitarios reiteraron además el llamado a la Gobernación de Casanare para que avance simultáneamente en los trámites de la nueva fase constructiva, teniendo en cuenta que los recursos para el proyecto ya habrían sido garantizados. El objetivo, señalaron, es que una vez concluya la demolición se inicie de inmediato la construcción de las nuevas viviendas, evitando más retrasos para cerca de 400 familias que esperan una solución definitiva.

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Comunidad de Paz de Ariporo interviene jarillón afectado por bachacos

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Un jarillón de más de tres kilómetros que protege predios rurales en la vereda Elvecia, municipio de Paz de Ariporo, puso a prueba la unión de la comunidad. Durante la temporada seca, el gobierno de César Ortiz Zorro, mediante Gestión del Riesgo, rehabilitó y reforzó 2,5 kilómetros de esta estructura.

Sin embargo, un tramo cercano a los 500 metros, que había permanecido en buen estado por más de una década gracias al cuidado de campesinos como Arsenio Romero, fue afectado por la presencia de bachacos. Estos insectos provocaron filtraciones que debilitaron cerca de 20 metros del dique.

Ante el riesgo que esta situación representaba para varias viviendas y fincas del sector, los habitantes convocaron un convite comunitario durante el fin de semana. Esta iniciativa fue acompañada por la Dirección de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Casanare y contó con el apoyo de la Alcaldía de Paz de Ariporo.

Los trabajos actuales consisten en la construcción de un muro de contención utilizando sacos y material de río para recuperar el tramo afectado. Los sacos son llenados manualmente, trasladados hasta donde pueden ingresar las camionetas y, posteriormente, transportados en carretillas y al hombro hasta el punto de intervención.

A la fecha, se lleva un avance del 60% en la recuperación del jarillón, y esta semana se realizará otra jornada comunitaria para concluir la misión. La comunidad ha demostrado un gran compromiso y esfuerzo, transportando bultos que superan las siete arrobas de peso.

Wilson Porras, director departamental de Gestión del Riesgo, lideró el convite y destacó el trabajo conjunto entre comunidad e instituciones. Señaló que los seis diques ejecutados por el gobierno departamental durante la temporada seca continúan cumpliendo su propósito de proteger a las familias casanareñas que por años sufrieron afectaciones.

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Casanare refuerza medidas contra tabaco y vapeadores para proteger a jóvenes

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La Secretaría de Salud de Casanare continúa fortaleciendo las acciones de prevención frente al consumo de tabaco, cigarrillos electrónicos y vapeadores. El enfoque principal está en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con el propósito de proteger su salud y promover entornos libres de humo y aerosoles.

Según el médico Pedro Cruz, estos productos están lejos de ser inofensivos. Explicó que, aunque se promocionan como alternativas menos dañinas, contienen nicotina y otras sustancias químicas que pueden generar dependencia y afectar el funcionamiento de los pulmones, el corazón y el cerebro.

En Colombia, el tabaquismo está asociado a cerca de 34.800 muertes cada año, lo que lo convierte en uno de los principales problemas de salud pública prevenibles. Por ello, el departamento continúa fortaleciendo las estrategias de prevención, educación y sensibilización orientadas a reducir el consumo de estos productos y sus consecuencias.

Para enfrentar esta problemática, se han socializado los lineamientos del Programa de Cesación de Tabaco con las IPS del departamento, capacitando al talento humano en salud y desarrollando campañas educativas a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), incluyendo la difusión de la cartilla “En tus manos, felizmente saludable”.

Las EPS también se han sumado a este esfuerzo, realizando actividades de información y educación sobre los riesgos asociados al consumo de cigarrillos convencionales, vapeadores y otros productos. Asimismo, se fortalecen las acciones de promoción y vigilancia de los espacios libres de humo y aerosoles en los municipios del departamento.

Los resultados de las encuestas nacionales de consumo de sustancias psicoactivas evidencian avances: mientras en 2019 el 10,5% de la población entre 12 y 65 años reportaba consumo de tabaco, para 2023 esta cifra se redujo al 5,3% de la población de 10 años o más. El municipio de Monterrey expidió el Decreto 069 de 2025, que prohíbe a menores de edad el uso, porte, distribución, préstamo, alquiler, venta y consumo de estos productos.

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