REGIÓN
El país tiene nuevo convenio para fortalecer protección de la niñez
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ejército Nacional firmaron un convenio interadministrativo para fortalecer la protección integral de los derechos de la niñez, la adolescencia y el fortalecimiento familiar en condición de vulnerabilidad.
“El convenio permitirá que todos los niños, niñas y adolescentes bajo Protección del ICBF y vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) regularicen su situación militar de manera prioritaria; también podremos difundir mensajes de sensibilización a través de las emisores y plataformas digitales del Ejército. Esta iniciativa también va a impulsar que los jóvenes con declaratoria de adoptabilidad puedan acceder a becas completas para cursar la carrera militar”, señaló la Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi.
Por su parte, el Comandante del Ejército Nacional, General Nicacio Martínez señaló que las dos instituciones tienen propósitos comunes que coinciden en la importancia de realizar acciones conjuntas para generar espacios educativos, talleres, charlas y campañas donde las familias militares, niños, niñas y adolescentes, reciban herramientas para la prevención de la violencia intrafamiliar.
El convenio también permite desarrollar procesos de formación y capacitación en promoción y prevención de violencias contra niños, niñas y adolescentes con énfasis en violencia sexual, embarazo adolescente, trabajo infantil, violencia intrafamiliar o la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA). También en prevención del reclutamiento forzado, el consumo de sustancias psicoactivas y la socialización de rutas de atención en los casos de vulneración de derechos.
La Directora del ICBF destacó que actualmente el Instituto atiende a 230 niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales en un programa especializado que ha permitido el restablecimiento de sus derechos a la salud, educación, alimentación, entre otros. Desde 1999, ICBF ha atendido 6.732 menores de edad desvinculados.
Mientras en 2017 cada mes ingresaban cerca de 24 menores de edad al programa de desvinculados del ICBF, para el 2018 esta cifra bajó a 16 ingresos mensuales y para 2019 se reporta un promedio mensual de 15 ingresos.
En los primeros ocho meses de este año, 125 menores de edad han ingresado al Programa de Atención Especializado para el Restablecimiento de Derechos a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Reclutamiento Ilícito que se desvinculan de grupos armados organizados al margen de la ley.
“Si bien trabajamos articuladamente con el Ejército Nacional en la prevención del reclutamiento se hace necesario la participación de todos los sectores para el desarrollo regional y la consolidación territorial”, dijo Juliana Pungiluppi.
“De tiempo atrás, las dos entidades han realizado acciones en pro de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y las familias, pero estas se hacían de manera espontánea, sin un plan de acción que fijara metas, responsables y resultados esperados en un tiempo. Con este convenio se da una planeación y articulación organizada, con metas sistemáticas, que reflejan el esfuerzo del Estado”, agregó la Directora.
Fuente: ICBF
REGIÓN
Investigan al exgobernador de Boyacá Ramiro Barragán por contratar obras con Fondos Mixtos
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.


