CASANARE
Ecopetrol y comunidades de Casanare trabajan en la protección de más de 4 mil hectáreas de bosque
Para contribuir a la mitigación del cambio climático, la protección de la biodiversidad y el recurso hídrico, Ecopetrol, en alianza con 278 familias rurales de Casanare, impulsa la conservación de 4.200 hectáreas de bosques en el piedemonte llanero.
A través de esta estrategia, la Empresa establece acuerdos de conservación con personas naturales, propietarios y poseedores de predios rurales, para aislar y proteger áreas de alta sensibilidad y fragilidad ambiental, como bosques, nacimientos de agua y rondas hídricas en sus fincas. A cambio, reciben asesoría técnica e incentivos para mejorar la infraestructura, la producción y la calidad nutricional de sus unidades productivas, con aportes en maquinaria, sistemas agroforestales y silvopastoriles, bancos mixtos de forraje, trapiches, estufas ecoeficientes, huertos leñeros, polos apícolas, entre otros.
Esta iniciativa hace parte de la estrategia ambiental de Ecopetrol en su pilar de ‘Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos’, alineado con el cumplimiento legal de la inversión y compensación ambiental, en el área de influencia de sus operaciones en Casanare.
“Estamos entusiasmados con el impacto positivo de estos acuerdos en la conservación de la biodiversidad. Este es un gran paso hacia el equilibrio entre desarrollo productivo y la protección ambiental en Casanare, al mejorar la conectividad entre potreros y áreas boscosas, creando un corredor biológico que aumentará la diversidad ecológica y, a su vez, fortalecerá la producción sostenible en las fincas de los participantes”, destacó Luz Andrea Campos, coordinadora Ambiental de la Regional Piedemonte de Ecopetrol.
Entre el 2017 y 2024, Ecopetrol ha suscrito 278 acuerdos en los municipios de Aguazul, Tauramena, Yopal y Maní, en el departamento de Casanare.
Estos acuerdos buscan restaurar y proteger áreas naturales en las diferentes microcuencas de la subzona hidrográfica del río Cravo Sur en Yopal y en las fuentes hídricas asociadas a la subzona hidrográfica del río Cusiana en Aguazul, Maní y Tauramena, con acciones puntuales sobre los principales afluentes en donde se desarrollan actividades, entre ellos: los caños Manoguía y La Calle, los ríos Únete, Chiquito, Chitamena, Caja y Cusiana, entre otros cuerpos de agua.
Del total de acuerdos, 119 corresponden al establecimiento de sistemas silvopastoriles y agroforestales en los que los beneficiarios reciben asistencia técnica con el acompañamiento de Fedegan o Fedecacao; además de los mantenimientos para asegurar un desarrollo que alcance no menos del 90% de supervivencia de las plantas establecidas.
La estrategia incluye un plan de seguimiento y monitoreo en el que participa la Fundación Orinoquia Biodiversa, con la toma de ortofotografías que permitirán analizar el cambio del paisaje a lo largo de la ejecución de los acuerdos de conservación y la instalación de parcelas de monitoreo para controlar los cambios de diversidad de las áreas de conservación.
Jorge Eliecer López, beneficiario de los acuerdos y propietario de la finca Buenos Aires en Aguazul describe cómo su finca ha cambiado: “Antes mi finca era ganadera y teníamos cultivos de pancoger para un restaurante que tenemos. Actualmente, con el proyecto de Ecopetrol, con la siembra del cacao y el plátano, tenemos otra visión diferente que nos está proyectando a una agricultura más práctica y tecnificada. Este es un proyecto muy bueno y a futuro, económicamente, va a ser muy rentable y benéfico. Queremos que sea como un modelo para mostrarle a las personas que aquí en la sabana podemos tener cultivos como este”.
Los acuerdos de conservación se constituyen en una apuesta de Ecopetrol, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, para promover la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la región. A la vez, permiten la formación de las comunidades locales en prácticas agrícolas sostenibles y la implementación de proyectos de preservación de la biodiversidad.
Fuente: Ecopetrol
CASANARE
Deuda de Enerca con Sayop sigue creciendo, ya son cerca de $9 mil millones de pesos
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
CASANARE
Alertan sobre comercialización ilegal de Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.



