META
Ecopetrol inauguró en el Meta planta de generación de energía a gas
Ecopetrol puso en operación una moderna planta de generación de energía eléctrica en el departamento del Meta que funciona con gas y evitará la emisión de 44 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) anualmente a la atmósfera, equivalente a la siembra de 308 mil árboles.
Esta obra, cuya construcción fue calificada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como un ‘proyecto de innovación’, servirá para abastecer parte de la energía que requieren los campos petroleros Chichimene, Apiay, CPO-9 y Castilla, ubicados en el Meta.
La planta, en la que se realizaron inversiones por 50 millones de dólares (equivalentes a cerca de 190.000 millones de pesos), cuenta con la capacidad para generar energía eléctrica hasta 9.2 megavatios (MWp), equivalente al consumo de electricidad de alrededor de 9.800 hogares.
La moderna infraestructura aprovecha parte de los gases que se disponen, de manera segura, a través de la tea de la estación Chichimene, ubicada en el municipio de Acacías, tiene capacidad de procesar hasta 5 millones de pies cúbicos de gas por día, en la que reciben tratamiento y quedan en condiciones para ser utilizados en la generación de energía eléctrica.
“Ese gas que antes quemábamos se convirtió en la fuente para generar 9,2 MW de electricidad que nos sirven para el autoconsumo y la operación de los campos Castilla, Chichimene, Apiay y CPO-09, y lo más importante: evitará la emisión de 44 mil toneladas de CO2 al año, que equivalen a la siembra de más de 300 mil árboles, lo que demuestra nuestro compromiso con la transición energética”, dijo Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.
Ecopetrol realizó la construcción de la obra en un tiempo de nueve meses y generó empleo para 586 personas, de los cuales el 13% fueron mujeres y el 88% fueron trabajadores residentes del municipio de Acacías, como compromiso con la generación de empleo para la mano de obra local.
Fuente: Ecopetrol
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
